En fechas recientes nuestro Rey, D. Juan Carlos I, tuvo a bien conceder unas declaraciones a un periodista que estaba trabajando en un artículo sobre el Presidente del Gobierno. Este periodista tuvo la oportunidad de pedir su opinión al Jefe del Estado acerca de la figura del Presidente y éste consideró oportuno fijar una posición claramente política y muy por encima de sus atribuciones.
Este hecho me permite establecer cuál es mi posición con respecto a la forma del Estado y de gobierno en España.
El articúlo 1.3 de la CE establece que " La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria". A mí me parece más correcto el término Monarquía Constitucional, al estilo de la Constituión danesa, y conforme a los argumentos esgrimidos por los Diputados Sres, Gómez de las Roces, Morodo y Gastón (enmiendas 36, 455 y 76) o la fórmula propugnada por los los Senadores Cela, Marías y Sánchez Agesta de "monarquía constitucional y parlamentaria" (enmiendas 128, 227 y 319).
Fuera de estos conceptos más técnicos jurídicos que políticos, lo que parece oportuno es determinar las competencias y funciones de la Corona en nuestro sistema político y en nuestro ordenamiento jurídico.
Entendida la Corona, no solo en la figura del Rey, sino también en la del Sucesor, de forma que parece ya inevitable configurar un Estatuto de la Corona, en el que se recojan estas competencias, funciones y límites a la acción del Rey, Regente, Heredero, Consorte del Rey y Consorte del Heredero, así como del Tutor del Rey menor.
El Rey, en mi opinión, es una figura ajena a la confrontación política cristalizada en el Parlamento, que es la sede de representación del pueblo español, por tanto debe quedar fuera de la contienda política, de ahí lo inoportuno e improcedente de las declaraciones a las que he aludido al inicio.
Si el máximo representante de la Monarquía entra en el debate político, además de romper su estatus, lo hace en superioridad de condiciones. ¿Cómo puede la oposición contrarrestar las declaraciones políticas del Rey?
El debate sobre la idoneidad de la Monarquía hereditaria como forma política de un Estado, frente a una fórmula presidencialista está candente y hay opiniones para todos los gustos.
En mi opinión, no existe una forma política de Estado mejor que otra, sino un forma "más adecuada", en función de las caracterísitcas sociales temporales del Estado. Es decir, lo que puede ser adecuado hoy no tiene por qué serlo mañana.
Hoy por hoy, creo que la más adecuada es la Monarquía Constitucional, aunque asumo como menor mal la Monarquía Parlamentaria que actualmente goza España, debido fundamentalmente a la función contrarrestadora de un elemento aglutinador, como es la Monarquía, frente a las fuerzas disgregadoras que representan los nacionalismos exacervados que pretenden la independencia de algunos territorios y poblaciones españolas.
Además, y en un mundo cada vez más interconectado y con mayores necesidades de cooperación, la figura apartidista del Rey puede ayudar en estas relaciones con dirigentes de otros Estados.
Sin embargo, las actuaciones que viene llevando a cabo el Rey son, en muchos casos desmedidas: unas por exceso y otras por defecto. Dentro de la categoría de acciones por exceso figuran entre otras las prebendas de toda la Familia Real (desde Infantas a consortes), la estrafalaria imagen de cercanía que quiere dar la Familia Real (p.e de las hijas del Prícipe de Asturias) o las relaciones puramente económicas y especulativas de "los amigos del Rey", sin contar el desagradable "por qué no te callas". En este sentido comparto las tesis del Profesor González Cuevas. (El Catoblepas, núm 73)
Pero son las acciones por defecto las que más me preocupan: que el Rey no pueda visitar las Vascongadas mas cuando sea invitado por el Lehendakari, que visite oficialmente Cataluña como si fuera un Jefe de un Estado extranjero, su nula aportación al caos institucional judicial que representan el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, su nula aportación
a la desintegración de la identidad de España, su escasa influencia para remendar los desaguisados diplomáticos de ZP con Estados Unidos o Reino Unido son ejemplos de acciones desmedidas por defecto de nuestro Rey.
Pero, por otra parte, se hace necesario que el Rey, así como el Príncipe, puedan actuar libremente dentro de unas competencias definidas, que no las tienen, sometiéndose a la Ley, y solo a la Ley y sin entrar en la dirección política del país, que es competencia del Ejecutivo. Sí deben tener mayor protagonismo en lo concerniente a la representación insitucional de España, dentro y fuera de sus fronteras, el arbitrio de los diferentes poderes, tal vez lo más difícil, tal y como se eligen los prícipales órganos judiciales y la cohesión de las diferentes opciones políticas mientras éstas sean legítimas (no parece sensato que el Rey comparta las tesis independentistas por muy legales que éstas sean). Un ejemplo de lo que digo podría haber sido una contestación sin ambages a la declaración de ZP "tenemos un Rey muy republicano". El Rey hizo "mutis por el foro".
Las relaciones exteriores de España van más allá de la estrategia política de un Gobierno, y más alla de las competencias del Gobierno, por tanto, la Corona debería disponer de su propio Cuerpo Diplomático. En el interior, debe asegurar la cohesión de todos los españoles, convencernos de que somos todos iguales y que todos somos España. Como ejemplo de ello debería exigir que la bandera de España y el himno nacional estén presentes allí donde el Rey asista, y digo exigir conforme a ley, no pedir, no solicitar, no negociar que sea así.
Su experiencia internacional y su incuestinable amor por España no puede quedar, como parece supeditado a intereses familiares particulares o a intereses políticos partidistas. Si eso sigue así, ¿quién necesita un Rey?
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