Los Ayuntamientos: sus problemas y su falta de soluciones

Es la Administración local la que dicen que es la más cercana al ciudadano, y por tanto la que debe ser más sensible a las necesidades de éstos. De esta afirmación ampliamente aceptada yo solo estoy de acuerdo en que, efectivamente, los Ayuntamientos disponen de elementos para detectar y averigüar las principales necesidades de los ciudadanos con mayor facilidad que el resto de administraciones. Sin embargo discrepo en la cercanía de la Administración local al ciudadano.


Hoy día, educación, sanidad, seguridad son los servicios públicos más demandados, junto con vivienda, que en el ámbito público es un servicio menor en comparación con el que aporta el sector privado, y esos servicios son responsabilidad y competencia de las CCAA, para mí las verdaderas portadoras de responsabilidad y a las que, en caso de que no se recuperen determinadas competencias en el ámbito central, se les debe exigir resultados y compromisos.


Sin embargo, los Ayuntamientos tienen una posición de extrema debilidad frente a sus ciudadanos. El esquema municipal es simplemente aberrante, con más de ocho mil municipios, en los que el 80% de la población reside en el 20% de municipios (muy en la línea de la regla de Pareto), poseen un marco legal que data de 1985 (LBRL) cuando las competencias de las CCAA en su mayoría no estaban siquiera tranferidas.


En dicho marco, además de no ajustarse a la realidad actual en lo competencial, tampoco ofrece solución en la gestión de ingresos y gastos municipales, lo que ha obligado a muchos Ayuntamientos a financiarse a través de la venta de suelo municipal, debido entre otras cosas a la creciente demanda de servicios públicos municipales por parte de los ciudadanos, que medían el éxito del Gobierno municipal en términos de cuántos nuevos servicios proporciona el Ayuntamiento: piscinas climatizadas, clases de yoga o pintura al óleo, amén de servicios de seguridad, prestaciones asistenciales, etc.


Sin duda las prestaciones sociales han sido la gran apuesta de los Ayuntamientos, legítima por cierto por esa cercanía de la que hablaba, pero que es necesario mantener y financiar, y el caso es que los Ayunamientos no tienen esa competencia atribuida, si bien rige en España el principio de competencia general por la que se la autoatribuyen (todo lo que no esté expresamente atribuido a instancias superiores, el Ayuntamiento se la atribuye). El problema es que los ayuntamientos no han sabido, por regla general, medir el nivel asistencial que podían mantener en momentos de "vacas flacas".

Siempre que existen problemas económicos, se vuelve al tradicional debate acerca del estado del bienestar y dónde está el límite de la acción pública, teniendo en cuenta que las administraciones soportan los servicios públicos, fundamentalmente aunque no exclusivamente, de su capacidad impositiva, y en momentos de dificultad, cuando más falta hacen los servicios públicos más problemas tienen las administraciones para recaudar y más gasto se produce por las consecuencias del paro, entre otras causas.

Pero, si de establecer prioridades se trata, y asumimendo cada administración el papel que le toca, a la Administración General del Estado (AGE) le compete modificar urgentemente la ley de régimen local, que se ha demostrado incapaz, incompleta, obsoleta y que no responde ni a las necesidades de los ciudadanos ni a las posibilidades los ayuntamientos. A la Administración provincial, un profundo debate sobre su necesaria revisión, y en su caso, eliminación habida cuenta su práctico vacío compentencial y su nula aportación a la convivencia ciudadana. A las CCAA les corresponden las competencias más sensibles, y si bien creo que lo más importante que habría que hacer es revisar las competencias autonómicas, lo más urgente es establecer los límites de la acción autonómica y ampliar la delegación a los ayuntamientos, sobre todo a los mayores de veinticinco mil habitantes. En cuanto a los ayuntamientos, lo más urgente hoy día es revisar el mapa de servicios que presta y que éstos estén acordes con su situación financiera real.

Esto supone que ciertos servicios públicos deberían desaparecer si, como ocurre,no pueden mantenerlos. Un ejemplo muy típico y descabellado es que se estén manteniendo determinados servicios deportivos o de fiestejos subvencionados y que los proveedores del ayuntamiento no puedan cobrar lo que se les adeuda. En estos momentos se hace mejor favor pagando a los proveedores que no prestando determinados servicios. El problema es el rédito pólítico que esto supone y que muy pocos Alcaldes están dispuestos a asumir.

Y es que entre todos la mataron y ella sola se murió.

La política exterior de España es un desastre

El Ministerio de Defensa es una de las carteras más cómodas que habitan el Cosejo de Ministros. Casi todas las decisiones se adoptan fuera de nuestras fronteras, y las de carácter técnico o industrial las toman los militares, por lo que el titular de la cartera, más bien debe canalizar las necesidades de unos Ejércitos que no andan muy sobrados de recursos.

Sin embargo, desde Bono, este Ministerio ha querido significarse por su componente político de signos. Primero con la retirada anticipada de Iraq, después con la desastrosa gestión del Cougar y ahora, toda vez que los culpables de la falta de relaciones en los últimos cinco años con EEUU eran los yankees, resulta que con el cambio de Presidente, lo primero que hacemos antes de reunirnos con él es volver a desertar, o al menos intentarlo.

Cierto es que, si bien no reconocemos la soberanía autoproclamada de Kosovo, lo coherente es no participar en dicha misión, pero si te has comprometido a hacerlo, y quieres dejarlo, oiga usted, lo mínimo que se le puede decir es que lo consensúe con quienes se tienen que quedar a partir de entonces en nuestras posiciones.

El problema es que para este Gobierno titiritero, más preocupado por el aplauso que por los resultados de su gestión, los compromisos internacionales son como para Chávez la propiedad privada: algo totalmente prescindible. El resultado: no somos fiables.

Si nuestro Ejército, mejor dicho, sus dirigentes políticos, no son fiables, no nos dejarán participar de las decisiones que se adopten en el seno de las acciones coordinadas de los distintos ejércitos, es decir, cada vez pintamos menos en el mundo.

Simpre podrán echarle la culpa a Bush o Aznar (¡ Anda, si éstos ya no están!) pues vaya palo, porque San Obama ya nos ha puesto "de vuelta perejil ", "deplorable" es el término más mono que el Presidente de la Comisión europea nos ha dedicado, y ojo, no hablan de Zapatero, hablan de España, para nuestra desgracia.

Ya fue insultante la retirada anticipada de Iraq, lo que supuso que soldados americanos que llevaban dieciocho meses en Iraq y que iban a ser relevados, tuvieron que quedarse seis meses más porque Zapatero tuvo el capricho de no retirarse cuando acordó. Entonces se podía decir que el malo de Bush era un ....Pero ahora, ya no está Bush, está Obama y no parece especialmente contento con el Presidente de ese país que solo sabe tocar las pelotas.

Pero estos yankees no se dan cuenta de que aquí lo que impera es el "signo", y si he perdido Galicia, y la economía es un desastre y si el 90% de los parados europeos son españoles, lo que toca es hacer "signos" para la galería progre: a retirarse de Kosovo.

Bien es cierto, que lo hacen para irse a Afganistán, y probablemente porque no tengamos dinero para tener más tropas fuera, pero eso, ¿a quién le importa?

Las incompatibilidades políticas

Mi sobrina es auxiliar de enfermería. Trabaja desde hace años en un hospital privado de Madrid, y desde hace unos meses se "pluriempleó" al comenzar a trabajar como personal laboral temporal en un hospital de la red pública madrileña. Estos días ha recibido una notificación de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, por la que le obligan a elegir entre sus dos trabajos.

Hasta donde sé, nuestro sistema laboral no prohíbe el pluriempleo, más aún cuando éste se realiza "además de", es decir, en el caso de mi sobrina, trabajando dieciséis horas diarias en turnos. Sin embargo, la clase política considera que existe incompatibilidad en el desempeño de los trabajos que viene realizando.

Por otro lado, los cargos electos, en España, están sujetos a un régimen de incompatibilidades bastante exigente sobre el papel, en la teoría jurídica, pero como los "garzones y michavilas" nos muestran, la práctica pseudopolítica y pseudolaboral hacen que esta norma, muy laxa en sus controles, sea papel mojado. Además, no se trata, como en el caso de mi sobrina de un "además de" sino de un "en vez de". Esto se manifiesta en los deplorables aspectos que presentan las cámaras legislativas desiertas la mayoría de las veces.

Mucho se critican unos políticos a otros acerca de la legitimidad de sus actos, pero qué lejos les quedan las preferencias e indiferencias de los ciudadanos.

El político profesional es el resultado de la necesaria especialización que se requiere para el sostenimiento del sistema político y social, pero el elitismo político ha provocado que esta profesionalización se convierta en un hervidero de intereses personales que son antepuestos a la tradicional labor desinteresada de lucha por el interés común que era el objetivo y la razón de ser la Política.

Es, por tanto, la dedicación exclusiva y limitada en el tiempo, el mecanismo fundamental de control de la avaricia personal de algunos políticos que "usan" su estatus político para su propio beneficio. Y esto no tienen color político alguno.

Si a la necesaria dedicación exclusiva, le añadimos la limitación de mandatos, la rotación en los cargos y la drástica limitación de cargos de designación política, estaremos en disposición de creer en la elección de nuestros dirigentes, en un más auténtico proceso democrtático y en un mayor acercamiento de la ciudadanía a la clase política, hoy tan alejada.

El problema es que , cuando se toca el pelo de la moqueta, cuando uno se sube el cómodo coche oficial, los aires de grandeza y superioridad anulan las ansias de benefacción, y por tanto, esto que desde fuera parece tan lógico, se torna insensato cuando es uno mismo quien debe tomar esa decisión. Ésa es la naturaleza humana, con sus honrosas excepciones, y es por ello que no es patrimonio de ningún partido político. De ahí que los ciudadanos se escandalicen cuando se muestran sesiones parlamentarias en las que se producen leyes con escasísima participación y debate, o la llamada "disciplina de voto" o el número indecente de coches oficiales que existen o el denigrante número de cargos no electos ni funcionarios que sin embargo cobran del erario público. Esto es lo que provoca desazón en la ciudadanía y lo que hace que muchos jóvenes, lejos de buscarse la vida por ellos mismos, lo hagan al abrigo de los partidos políticos y los sindicatos, para asegurarse una forma de vida: vivir de la política y no para la Política.

Cuántos politiquillos y politicastros consiguen del "cargo público" lo que por sus propios medios no hubieran conseguido fuera de la política.

El derecho a abortar no existe

La progresía del Gobierno ineficaz, ya ha tenido que sacar a pasear al cachorro político de Aído. Tres son sus aportaciones fundamentales a la mejora de la vida de los ciudadanos de este país: "miembra", el dispendio de subvenciones a las mujeres de la ceja torcida y su proyecto de ley sobre el aborto.

Me centraré en la tercera aportación política de semenjante hembra, que no es mía.
En España no existe y nunca ha existido el derecho de las mujeres a abortar. El aborto es y se considera un crimen, sin embargo, el legislador (siempre socialista) ha decidido despenalizar este crimen en una serie de situaciones. Es decir, reconoce que el aborto supone un crimen pero decide no juzgar a las mujeres y profesionales que lo realizan bajo unos supuestos de hecho.

La práctica abortiva ha derivado en un aborto libre debido a los laxos controles y la imprecisión de uno de los supuestos que ha llevado a que más del 90% de los abortos legales practicados en España se realicen bajo la suposición de riesgo mental para la futura madre.

Resultan curiosos varios hechos. El primero es considerar a la mujer que aborta como madre, pues ello supone que lo que lleva dentro es un hijo, al que mata, pero por el que no le juzgarán.

El segundo es que el padre no tiene derechos para decidir ser padre, pero sí tiene obligaciones si la madre decide no matar legalmente a su hijo (interesante debate para la igualdad).

El tercero es que el hijo lo es a partir de una determinada fecha que los políticos deciden. Antes de ello es un ente vivo no sujeto a derecho, y a partir de una supuesta fecha de gestación, por la gracia de ZP, ya tiene derecho a que el Estado le proteja. No he oído a los politicastros del "proyecto simio" rebuznar acerca de los derechos del feto que tienen el 100% del genoma humano, en vez de defender los derechos del simio.

Y, como ya sabíamos, qué mejor forma de evitar que se hable de paro, de economía, de ineficiencia gubernativa, que dividiendo a la sociedad para que unos y otros se enzarcen en un debate inducido y conducido para tirarse los trastos a la cabeza.

La principal aberración consiste en establecer el derecho a abortar de las mujeres. Ahora ya no se habla de despenalizar, sino de otorgar el derecho a alguien sobre la vida de otro. El argumento no puede ser más pueril: que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo. ¿El siguiente derecho a otorgar a la mujer para decidir sobre su cuerpo es el del suicidio?¿Por qué puede una mujer matar a otro y no se puede matar ella misma?

Por otro lado, se fijan dos fechas un tanto artificiales y electorales: la fecha en el que la mujer adquiere el derecho a matar, dieciséis años, y la fecha en el que una persona tiene derecho a vivir, dieciséis semanas desde que existe.

La primera fecha es cuanto menos conflictiva. Pocas cosas se pueden hacer responsablemente con esa edad. Es decir, hacerse, se pueden hacer muchas cosas, pero que se sea legalmente responsable, es decir que se tenga capacidad jurídica para obrar, muy pocas. Con dieciséis años no se puede votar, comprar alcohol o tabaco, no deben ver películas violentas o de sexo, no se puede conducir un coche, no se pueden casar (Ministra, para casarse con dieciséis años es necesario el permiso paterno), no pueden firmarse las notas del colegio y no pueden ir al bingo. Pues bien, una cosa que sí podrán hacer ellas (no ellos) será matar legalmente. Coherente, muy coherente para quienes buscan el voto fácil entre las tiernas mentes juveniles. Ahora, pagaremos todos los españoles en términos morales, políticos, religiosos y económicos, los "descuidos" de esa mujer de dieciséis años del sábado por la noche. Porque digo yo, que sólo será un descuido de la mujer, porque si el hombre necesario también se considera que ha obrado, parece lógico pensar que también es sujeto de derecho , y como no lo es, entendemos que los chicos no son responsables de los embarazos no deseados. Bien, Ministra, bien.

La segunda fecha es un brindis al sol, porque nadie es capaz d determinarla con exactitud. Dieciséis semanas es una fecha algo así como "más o menos". No es muy exacta, pero tampoco es necesario que lo sea porque, total, el que va a morir no se puede defender, además su voto tampoco importa mucho, por lo que ¿a quién le importa?

Desde luego, parece que el socialismo, las feministas de pacotilla y la progresía intelectual subvencionada tienen carnaza para rato, vamos, hasta que nuestra situación económica escampe, que es para lo que sirven los debates morales en este país.

Yo estuve allí: no eran tiburones, eran boquerones

El pasado domingo 1 de marzo tuve el orgullo de ser apoderado del Partido Popular en un colegio de San Sebastìán. Desde Madrid partíamos más de trescientas personas con la inseguridad e ignorancia de lo que nos íbamos a encontrar y cuál sería la reacción de los nacionalistas a que los "extranjeros españoles" acudieran a unos comicios que ellos entendían que solo competía al País Vasco.


He de decir que la compañía de Rodrigo Rato, o de Luis Peral, Eva Durán, y otros muchos diputados regionales y cincuenta jóvenes de "Nuevas", fue motivadora y nos levantó el ánimo, que ya iba alto.


El día fue intenso, nuestro ánimo imperturbable y estábamos preparados para cualquier situación. Previamente habíamos sido informados sobre las particularidades concretas de las elecciones vascas, como el intento de "los de siempre" para votar con el ilegal DNI vasco o la presión a la que someten a los miembros de las mesas. Pero la realidad superó ampliamente la ficción.


Para empezar, el colegio no disponía de censo electoral, por lo que los ciudadanos que no recordaran o no tuvieran la tarjeta censal no podían buscar qué mesa les correspondía. En su lugar, el ayuntamiento de San Sebastián puso a una señorita que, previa identificación, te informaba de la mesa que te correspondía.


A las 8.30 las mesas debían estar consituidas, pero en algunas de ellas fue imposible. De los nueve miembros convocados (un presidente y dos vocales con dos suplentes por cada uno), solo había un vocal en una de ellas. Hasta las diez de la mañana no pudo empezar en esa mesa la votación, que fue cuando la policía vasca localizó y "trajo de las orejas" al presidente y vocal. Estaban realmente asustados.


A las nueve de la mañana cuando el resto de mesas se abrieron, entraron en el pequeño local donde se encontraban las cinco mesas electorales cerca de una veintena de proetarras que permanecieron dentro del mismo para comenzar su particular "presión".


A las nueve y diez, ya estaban las cabinas llenas de papeletas de la ilegal D3M y eliminadas las papeletas del PP y UpyD. Tras mi denuncia correspondiente comenzó la polícía vasca a identificar a los proetarras y a la detención de la "¿persona?" que ilegalmente colocaba y destruía papeletas.


A continuación, el circo. La policía vasca desapareció del colegio y solo apareció a las siete y veinte de la tarde, excepto dos momentos a las tres de la tarde, (que aprovechamos para que nos escoltaran para que fuéramos a comer) y otro momento posterior de cinco minutos.


Y allí estábamos los tres apoderados del PP, dos de UpyD , dos de EB y varios interventores de PSOE y PNV. Estos últimos fomentando la presión de los proetarras para que votaran con el DNI vasco. En las mesas que yo controlaba, no pudieron votar con ese documento. Ya iba "ganado amigos".


Ante nuestras denuncias, recibimos sus improperios, insultos y amenazas por parte tanto de los proetarras como del PNV y el consejo de un interventor del PSOE fue que me tranquilizara, porque, ..."podría salir (yo) de allí de un bombazo".


Como respuesta, aumenté la virulencia de mi firmeza para que se cumpliera la ley electoral y no permití que nadie votara ilegalmente en ninguna mesa, pero eso fue solo el principio.


Durante todo el día, y cuando conseguí que los proetarras salieran del colegio, unas ocho o diez ¿personas? hicieron una especie de guardia a las puertas del gimnasio donde se celebraban las elecciones pero dentro del recinto del colegio, de forma que me insultaban, amenazaban e intentaban amedrentarme. Cada vez que ellos avanzaban un paso, yo avanzaba otro. Tenía la impresión de estar en un acuario rodeado de tiburones, y la policía vasca no estaba allí. Ese tira y afloja durante todo el día fue agotador, pero revelador de su cobardía.


Al cierre de las mesas, la Ley indica que el colegio se debe cerrar, realizar el recuento del voto por correo y que los miembros de cada mesa voten, y una vez concluido, se vuelven a abrir las puertas, puesto que el recuento es público.


En esta ocasión, las puertas estuvieron cerradas con los proetarras dentro mientras que la polícia vasca fuera con la orden de que solo podían entrar si el presidente de una mesa se lo pedía. Todos fueron amenazados de que no lo hicieran. Yo les insistía en que si se sentían amenazados, pidieran la presencia policial.


Estábamos tres apoderados del PP y dos apoderados de UPyD defendiendo que el voto por correo se introdujera en las urnas. PNV y los proetarras querían directamente destruir ese voto que venía de los fascistas españoles. El PSOE calló cobardemente, y EB (Izquierda Unida) calló como si no fuera con ellos. Conseguimos que el voto fuera contabilizado.


Al final de la votación, los proetarras pretendían que los votos nulos fueran desglosados para que se contaran los votos de D3M. También me negué. El resultado fueron insultos, amenazas y la comprensión cómplice de los interventores del PNV.

Para entonces, yo ya estaba crecido. No admití que se incluyera ninguna incidencia acerca de los votos nulos, y mirando fijamente a estos energúmnos no tuvieron más remedio que salir por la puerta con el rabo entre las piernas y sin saber cuántas papeletas había entre esos votos nulos.

Comprobé que no eran tiburones. Eran boquerones.

Es necesario reconocer y agradecer lo que las personas que no piensan como ellos deben sufrir cada día. Yo lo sufrí solo un día, pero vivir así es vivir a medias, y es necesario que se les ayude, se les comprenda y hacer ver que las víctimas no son los aberchales, ni los nacionalistas, sino aquellos que, por pensar diferente tienen negado el derecho a opinar, a expresarse, como se puede hacer en cualquier otro lugar de España. Desde este rincón, mi mayor reconocimiento y afecto.