Recién estamos estrenando, al menos, la primera línea del Gobierno, pues quedan por decidir las segundas, terceras líneas y los miembros de algunas instituciones que tienen su importancia. El perfil de los nuevos Ministros o reministros (pues algunos regresan a sus antiguas Carteras) puede dar confianza, pero esta confianza tiene las patas muy cortas, tan cortas como el tiempo que lleve tomar las primeras decisiones del Consejo de Ministros. Hay mucho que hacer y las primeras decisiones son importantes: control exhaustivo del gasto, elegir bien las inversiones, reducir el déficit, aumentar nuestra credibilidad en Europa y el resto del mundo. Es importante empezar a tomar medidas duras a todos los niveles, una de ellas que acabamos de conocer congela el salario mínimo, otras tienen que ver con la congelación de salarios públicos, la práctica anulación de oferta de empleo público y, para la primavera se prevén las medidas más impactantes, una vez que se hayan celebrado las elecciones en Andalucía.
Sin embargo, lo que me pregunto es si España está preparada o concienciada para aceptar y acatar las reformas necesarias, si seremos conscientes de que nos están sacando de nuestro error, de que el nivel de vida que disfrutábamos era insostenible y que "papá Estado" ha dejado de ser omnipresente y omnipudiente. Los particulares, las empresas, las Administraciones, todas deben entrar por la senda de la racionalización del gasto: las familias y las empresas ya lo vienen haciendo desde hace años, sin embargo, esas mismas personas y empresas siguen exigiendo del Estado el mismo nivel de gasto, y eso, se diga como se diga, es insostenible.
Las políticas basadas en la permanente subvención, el despilfarro acumulado de sindicatos, partidos políticos, televisiones públicas, cajas de ahorros, nos llevan a una cultura de exigencia permanente hacia el Estado que debe finalizar; pero no solo cortando esos grifos será suficiente. Es hora de poner el foco en las actitudes personales.
La educación, la sanidad, los llamados asuntos sociales, la justicia, no pueden ser universalmente gratuitos ni permanentemente gratuitos. Los españoles deben saber lo que cuesta una plaza educativa, una consulta médica, una hospitalización, un proceso judicial, o un viaje del imserso, y además de conocer el coste de tantos y tantos servicios que universalmente han sido dispensados, los españoles debemos empezar a responsabilizarnos de que cada servicio gratuito, en realidad es un servicio sostenido por todos y recibido por uno. Por ello, los responsables públicos, además de reducir los gastos de su propia gestión, deben empezar por pedir responsabilidades pecuniarias a los ciudadanos: las plazas educativas públicas podrían dejar de ser gratuitas cuando el alumno repita curso, los pacientes que asistan a consulta o deban ser hospitalizados para ser atendidos por causas sobrevenidas o imprudencias, es decir, todo aquello que nos achaque que nosotros mismos hayamos favorecido (accidentes por imprudencia, consecuencias del tabaco, el alcohol, las drogas, etc), que participen del coste de la atención. Éstas y otras similares son medidas impopulares, que ningún político que quiera seguir siéndolo adoptaría, pero que son las únicas que resuelven la situación en la que nos encontramos. Otra medida sería la de acotar el universo del servicio: ¿debemos asumir el coste de todos estos servicios a cualquier persona que se encuentre en España independientemente de su procedencia y situación legal?¿Se debería adquirir la condición de ciudadano español tras el correspondiente tiempo de permanencia en España?
No parece que este Gobierno pueda acometer las reformas necesarias sin coger de verdad el toro por los cuernos. Todo lo demás será parchear una situación de la que sin duda saldremos pero, ¿con cuántas víctimas inocentes?¿Cuántos puestos de trabajo destruidos, carreras profesionales truncadas, familias separadas podemos asumir por no poner cada cosa y a cada uno en su sitio?
miércoles, 28 de diciembre de 2011
viernes, 18 de noviembre de 2011
Cuando hablar de España se hace doloroso
España es y será siempre lo que los españoles quieran que sea, un país, una nación, muchas naciones, muchos estados, un solo Estado. Por muchas administraciones que en ella convivan y se solapen, no es más que lo que sus ciudadanos sean y quieran ser. Y esto que parece obvio, en absoluto es baladí.
España, inicia una nueva etapa marcada por el desastre económico, la falta de confianza, ausencia de la inversión y el consumo, altas tasas de paro con una más creciente inflación (¿nos encaminamos hacia un periodo de stagflacion?, y lo que es peor, los españoles han dejado de tener sueños, los jóvenes prefieren no hacer proyectos y parece que nos abocamos a un duro proceso de autocrítica similar a lo ocurrido en el 98... En 1898.
El Gobierno que salga de las urnas tiene un duro trabajo y debe adoptar aún más duras decisiones, sobre todo en los ámbitos políticos y económicos. El nuevo Presidente deberá hacer todo el trabajo de "venta" de la marca España (visto que la Corona no está pasando por sus mejores momentos de popularidad). Y es importante que fuera de España nos perciban como un mercado de oportunidades, que debe hacer una serie de reformas de hondo calado: ley electoral, reforma del mercado de trabajo, ley de libertad sindical, reforma de las pensiones y de la Seguridad Social, ley de huelga, ley de enjuiciamiento, entre otras. Debemos hacer atractiva España "a los de fuera", pero eso no será posible si no lo hacemos atractivo "para los de dentro", y para ello, es importante reforzar el sentimiento nacional, la idea de una nación que lucha unida por salir adelante, y por ello, se hace idispensable la recuperación de los símbolos nacionales que nos representan a todos: una mayor presencia de España en la vida de los españoles es crítico para que los españoles se sientan partícipes de una misión que va más allá de su propio interés, y esa misión es España.
Pero, duele hacerse la siguiente presunta ¿serán capaces los nuevos dirigentes de abanderar esta misión? Todos sabemos que hay decisiones urgentes que se deben tomar, pero ello no es óbice para que no se tomen las decisiones importantes, y éstas lo son. No se trata de hacer apología filonacionalista, sino de hacer entender a todos (incluidas algunas administraciones regionales)de que en este barco todos reman, y además lo hacen en la misma dirección.
El cambio que se aventura no puede ser un simple cambio de personas, debe incluir un gran cambio de proyectos, de valores, de iniciativas, en definitiva, un cambio general y profundo. Ya hemos conocido lo que el socialismo revolucionario ha hecho por España y por los españoles: menos idea de España (dentro y fuera), menos expectativas, más desigualdad (curiosa nueva clase de ricos en España: los banqueros defenestrados) y un futuro más negro. Que estamos ahora peor que hace ocho años no creo que nadie sea capaz de ponerlo en duda, pero ¿serán capaces lo snuevos dirigentes de aventurarse por los derroteros liberales en lo económico y democristiano en lo social? Eso queda por ver
España, inicia una nueva etapa marcada por el desastre económico, la falta de confianza, ausencia de la inversión y el consumo, altas tasas de paro con una más creciente inflación (¿nos encaminamos hacia un periodo de stagflacion?, y lo que es peor, los españoles han dejado de tener sueños, los jóvenes prefieren no hacer proyectos y parece que nos abocamos a un duro proceso de autocrítica similar a lo ocurrido en el 98... En 1898.
El Gobierno que salga de las urnas tiene un duro trabajo y debe adoptar aún más duras decisiones, sobre todo en los ámbitos políticos y económicos. El nuevo Presidente deberá hacer todo el trabajo de "venta" de la marca España (visto que la Corona no está pasando por sus mejores momentos de popularidad). Y es importante que fuera de España nos perciban como un mercado de oportunidades, que debe hacer una serie de reformas de hondo calado: ley electoral, reforma del mercado de trabajo, ley de libertad sindical, reforma de las pensiones y de la Seguridad Social, ley de huelga, ley de enjuiciamiento, entre otras. Debemos hacer atractiva España "a los de fuera", pero eso no será posible si no lo hacemos atractivo "para los de dentro", y para ello, es importante reforzar el sentimiento nacional, la idea de una nación que lucha unida por salir adelante, y por ello, se hace idispensable la recuperación de los símbolos nacionales que nos representan a todos: una mayor presencia de España en la vida de los españoles es crítico para que los españoles se sientan partícipes de una misión que va más allá de su propio interés, y esa misión es España.
Pero, duele hacerse la siguiente presunta ¿serán capaces los nuevos dirigentes de abanderar esta misión? Todos sabemos que hay decisiones urgentes que se deben tomar, pero ello no es óbice para que no se tomen las decisiones importantes, y éstas lo son. No se trata de hacer apología filonacionalista, sino de hacer entender a todos (incluidas algunas administraciones regionales)de que en este barco todos reman, y además lo hacen en la misma dirección.
El cambio que se aventura no puede ser un simple cambio de personas, debe incluir un gran cambio de proyectos, de valores, de iniciativas, en definitiva, un cambio general y profundo. Ya hemos conocido lo que el socialismo revolucionario ha hecho por España y por los españoles: menos idea de España (dentro y fuera), menos expectativas, más desigualdad (curiosa nueva clase de ricos en España: los banqueros defenestrados) y un futuro más negro. Que estamos ahora peor que hace ocho años no creo que nadie sea capaz de ponerlo en duda, pero ¿serán capaces lo snuevos dirigentes de aventurarse por los derroteros liberales en lo económico y democristiano en lo social? Eso queda por ver
viernes, 23 de septiembre de 2011
¿SUPONEN LAS POLÍTICAS IDENTITARIAS UNA AMENAZA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES? PRIMER ACERCAMIENTO
“A la hora de abordar el espinoso tema, los derechos colectivos, la gran mayoría de teóricos liberales denotan un asombroso acuerdo en términos de ignorancia e, incluso, animadversión”. Para comenzar con la discusión teórica de la posición del federalismo asimétrico o de los Estados multiculturales, he elegido esta cita de Juan Jesús Mora como muestra de qué les ocurre a los que no comparten un punto de vista o, más concretamente, su punto de vista acerca de este visceral asunto: o se es ignorante o no te mueves por principios del método científico, sino con las vísceras.
He echado en falta, en la producción literaria de este profesor sevillano, la explicación de qué es un colectivo, cómo se accede a él, cómo se deja de pertenecer, quién reconoce al colectivo, qué características ha de cumplir un colectivo para ser considerado como tal por los poderes públicos, por qué esas características y no otras, qué derechos se han de reconocer, por qué esos y no otros, qué ordenamiento jurídico lo debe recoger, qué sistema representativo está bajo este ordenamiento jurídico, y por tanto, quiénes son los representados.
Me surgen muchas preguntas que no obtienen respuesta, ni en el prólogo ni a lo largo de la obra en la que se realiza la cita. Y, efectivamente, en mi caso, es de aplicación la ignorancia, pero desde luego, no la animadversión. Sin embargo, también he estudiado y me cabe el honor de conocer personalmente a alguno de los teóricos referenciados, como es mi admirado profesor De Blas y, desde luego, ellos ni son ni parecen ignorantes, ni se han olvidado de establecer sus tesis sin la escrupulosidad que el método científico obliga, por tanto, y a priori, aprecio cierto estado de incitación a la gresca intelectual. Quien la provoca, desde luego no tiene el prestigio que tiene quien es prologado, Will Kymlicka, posiblemente el teórico de los derechos colectivos de las minorías más renombrado actualmente.
Kymlicka se define, precisamente como liberal, aunque Mora lo considere una voz discordante entre los liberales, y mantiene que no tiene por qué existir una contradicción entre los derechos individuales y los derechos colectivos, porque todos caben en el marco protector del liberalismo. Quisiera guardarme esta afirmación para el final de mi exposición teórica, pues es la base de este análisis y objeto de mi refutación.
El mismo autor, esta vez acompañado de Banting, dos años más tarde, desea establecer la relación entre los derechos de grupo y los derechos individuales, en lo concerniente a la naturaleza de la ciudadanía y de la comunidad política y a la relación entre el liberalismo, el nacionalismo y el pluralismo cultural.
Comienza por catalogar de errónea una postura tradicional del Estado de neutralidad frente a la etnoculturalidad, porque la capacidad de permanecer como tales depende de las políticas gubernamentales que incluyan cuestiones como los derechos lingüísticos, la política migratoria, el diseño de los confines subestatales y la fijación de las fiestas oficiales. Acusa al nacionalismo estatalista de realizar esfuerzos deliberados de construcción nacional que incluyeron la consolidación y difusión de una cultura común basada en una lengua común usada en las instituciones sociales, y el conocimiento de una Historia compartida.
Denomina “minorías nacionales” a los grupos no inmigrantes concentrados, cuyo territorio histórico ha sido incorporado a un Estado más amplio y, por tanto, dichos Estados no son Estados- nación, sino Estados multinacionales.
La religión, o mejor dicho, su expresión, es parte de la cultura de los pueblos. En España, la inmensa mayoría de las fiestas nacionales y locales, como expresión de la cultura más popular, hacen referencia a algún hecho religioso o se instaura por devoción a un motivo religioso. De forma que el Estado no puede ser neutral ante las expresiones procesionales de Semana Santa, las romerías religiosas u otras, y además de ser elementos aglutinadores de la identidad, es una buena fuente de ingresos para España la visita de sus monumentos religiosos: catedrales o iglesias, como manifestación del arte de un pueblo que posee, disfruta y conserva una determinada cultura, expresada en muchas formas artísticas: pintura, arquitectura, cine, música, y hasta cocina si del caso se tratara. Así que esta separación más hecha con escalpelo que de forma natural, no me parece tan obvia como le parece a Kymlicka.
Así que creo poder demostrar que la expresión religiosa compartida por un mismo pueblo (existen por toda España, cofradías de la Virgen del Rocío), es un elemento aglutinador de un sentimiento de pertenencia a una nación y que preexiste a la misma existencia del Estado nacional, y por tanto, muy anteriores a las pretensiones neofederalistas o a las directamente secesionistas. Por tanto, y en el caso español, el Estado no es neutral en materia religiosa ni lo puede ser, pues se conforma como garante del ejercicio de libertad religiosa. Es la religión católica la mayoritaria, no la única desde luego, en España desde los reinados visigóticos, declarada oficial en diferentes periodos de la Historia de España, por lo que la religión se convierte en un elemento integrador de toda la nación española (posiblemente con las excepciones de Ceuta y Melilla), y por tanto no se utiliza como cleavage tradicional en España y los mismos autores que demandan reconocimiento etnoterritorial niegan a la expresión religiosa el carácter distintivo de un colectivo.
Por tanto, cabe concluir que la religión es un elemento distintivo de la identidad grupal, pues su ejercicio es, en el caso católico, de celebración colectiva. Es importante, en este punto, que los sacerdotes, presbíteros, obispos y el resto de la jerarquía eclesiástica, ya no celebran sus actos en latín, pero sí lo hacen en español de forma mayoritaria en todas las regiones, incluidas las nacionalistas, precisamente para asegurar que todos entienden el mensaje.
El otro elemento que tanto Kymlicka, como Requejo o Fossas reclaman para la identificación de un determinado colectivo que denominan nacional, es la lengua. Éste es el argumento que considero más estéril de todos, no porque la lengua no sea un elemento identificador de un pueblo, que lo es y es el principal, sino que no son las lenguas regionales ni las más utilizadas habitualmente ni son consideradas como lengua materna, vehicular o de uso común por la mayoría de las poblaciones en las que existe el reconocimiento de una lengua cooficial: Cataluña, Vasconia, Baleares, Galicia, parcialmente en Navarra y Comunidad Valenciana
En concreto, Requejo considera la política lingüística un elemento esencial en el proceso de “nation building” y que éstas no se llevan a cabo con el fin de promover una homogeneización cultural, sino para consolidar la identidad nacional, y establece como ejemplo de coexistencia de lenguas a Cataluña y Escocia, cita como divisiones culturales los casos de Vasconia y Gales, y sitúa en un estadio intermedio a Quebec . El concepto abstracto de identidad nacional aparece de consuno, para estos autores, como la justificación de las políticas identitarias, no solo lingüísticas.
Observo que en Cataluña, Vasconia , Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y Navarra, todas ellas tiene reconocida la cooficialidad de las lenguas, lo que ocurre es que la lengua más utilizada, la lengua vehicular, es el español que, siguiendo las consideraciones de Jon Juaristi me permito denominar idioma español, por ser en toda España donde se habla, y en algunas de ellas seguramente la segunda lengua más hablada y cada vez con más diferencia, y por razones obvias más pragmáticas que románticas, es el inglés. Por tanto, es por la vía de la imposición por parte de los Gobiernos regionalistas nacionalistas excluyentes desde donde se exige el uso de la lengua cooficial aún a costa de prohibir, directamente de prohibir, el uso del español, en una pretendida y necesitada discriminación positiva a favor de la lengua propia, como principal impulsora y protectora de la cultura minoritaria.
Por tanto, no parece que la lengua propia no sea más que un activo cultural objeto de especial promoción y protección, pero no es una reivindicación ni necesaria ni obligatoria pues la mayoría de la población, aunque la conoce ni mucho menos la usa, por lo que se podría llegar a la conclusión de que esta reivindicación se está construyendo, donde no la había, a partir de la imposición institucional y gubernativa, y por tanto de limitación de derechos otorgados y consolidados constitucionalmente.
He echado en falta, en la producción literaria de este profesor sevillano, la explicación de qué es un colectivo, cómo se accede a él, cómo se deja de pertenecer, quién reconoce al colectivo, qué características ha de cumplir un colectivo para ser considerado como tal por los poderes públicos, por qué esas características y no otras, qué derechos se han de reconocer, por qué esos y no otros, qué ordenamiento jurídico lo debe recoger, qué sistema representativo está bajo este ordenamiento jurídico, y por tanto, quiénes son los representados.
Me surgen muchas preguntas que no obtienen respuesta, ni en el prólogo ni a lo largo de la obra en la que se realiza la cita. Y, efectivamente, en mi caso, es de aplicación la ignorancia, pero desde luego, no la animadversión. Sin embargo, también he estudiado y me cabe el honor de conocer personalmente a alguno de los teóricos referenciados, como es mi admirado profesor De Blas y, desde luego, ellos ni son ni parecen ignorantes, ni se han olvidado de establecer sus tesis sin la escrupulosidad que el método científico obliga, por tanto, y a priori, aprecio cierto estado de incitación a la gresca intelectual. Quien la provoca, desde luego no tiene el prestigio que tiene quien es prologado, Will Kymlicka, posiblemente el teórico de los derechos colectivos de las minorías más renombrado actualmente.
Kymlicka se define, precisamente como liberal, aunque Mora lo considere una voz discordante entre los liberales, y mantiene que no tiene por qué existir una contradicción entre los derechos individuales y los derechos colectivos, porque todos caben en el marco protector del liberalismo. Quisiera guardarme esta afirmación para el final de mi exposición teórica, pues es la base de este análisis y objeto de mi refutación.
El mismo autor, esta vez acompañado de Banting, dos años más tarde, desea establecer la relación entre los derechos de grupo y los derechos individuales, en lo concerniente a la naturaleza de la ciudadanía y de la comunidad política y a la relación entre el liberalismo, el nacionalismo y el pluralismo cultural.
Comienza por catalogar de errónea una postura tradicional del Estado de neutralidad frente a la etnoculturalidad, porque la capacidad de permanecer como tales depende de las políticas gubernamentales que incluyan cuestiones como los derechos lingüísticos, la política migratoria, el diseño de los confines subestatales y la fijación de las fiestas oficiales. Acusa al nacionalismo estatalista de realizar esfuerzos deliberados de construcción nacional que incluyeron la consolidación y difusión de una cultura común basada en una lengua común usada en las instituciones sociales, y el conocimiento de una Historia compartida.
Denomina “minorías nacionales” a los grupos no inmigrantes concentrados, cuyo territorio histórico ha sido incorporado a un Estado más amplio y, por tanto, dichos Estados no son Estados- nación, sino Estados multinacionales.
La religión, o mejor dicho, su expresión, es parte de la cultura de los pueblos. En España, la inmensa mayoría de las fiestas nacionales y locales, como expresión de la cultura más popular, hacen referencia a algún hecho religioso o se instaura por devoción a un motivo religioso. De forma que el Estado no puede ser neutral ante las expresiones procesionales de Semana Santa, las romerías religiosas u otras, y además de ser elementos aglutinadores de la identidad, es una buena fuente de ingresos para España la visita de sus monumentos religiosos: catedrales o iglesias, como manifestación del arte de un pueblo que posee, disfruta y conserva una determinada cultura, expresada en muchas formas artísticas: pintura, arquitectura, cine, música, y hasta cocina si del caso se tratara. Así que esta separación más hecha con escalpelo que de forma natural, no me parece tan obvia como le parece a Kymlicka.
Así que creo poder demostrar que la expresión religiosa compartida por un mismo pueblo (existen por toda España, cofradías de la Virgen del Rocío), es un elemento aglutinador de un sentimiento de pertenencia a una nación y que preexiste a la misma existencia del Estado nacional, y por tanto, muy anteriores a las pretensiones neofederalistas o a las directamente secesionistas. Por tanto, y en el caso español, el Estado no es neutral en materia religiosa ni lo puede ser, pues se conforma como garante del ejercicio de libertad religiosa. Es la religión católica la mayoritaria, no la única desde luego, en España desde los reinados visigóticos, declarada oficial en diferentes periodos de la Historia de España, por lo que la religión se convierte en un elemento integrador de toda la nación española (posiblemente con las excepciones de Ceuta y Melilla), y por tanto no se utiliza como cleavage tradicional en España y los mismos autores que demandan reconocimiento etnoterritorial niegan a la expresión religiosa el carácter distintivo de un colectivo.
Por tanto, cabe concluir que la religión es un elemento distintivo de la identidad grupal, pues su ejercicio es, en el caso católico, de celebración colectiva. Es importante, en este punto, que los sacerdotes, presbíteros, obispos y el resto de la jerarquía eclesiástica, ya no celebran sus actos en latín, pero sí lo hacen en español de forma mayoritaria en todas las regiones, incluidas las nacionalistas, precisamente para asegurar que todos entienden el mensaje.
El otro elemento que tanto Kymlicka, como Requejo o Fossas reclaman para la identificación de un determinado colectivo que denominan nacional, es la lengua. Éste es el argumento que considero más estéril de todos, no porque la lengua no sea un elemento identificador de un pueblo, que lo es y es el principal, sino que no son las lenguas regionales ni las más utilizadas habitualmente ni son consideradas como lengua materna, vehicular o de uso común por la mayoría de las poblaciones en las que existe el reconocimiento de una lengua cooficial: Cataluña, Vasconia, Baleares, Galicia, parcialmente en Navarra y Comunidad Valenciana
En concreto, Requejo considera la política lingüística un elemento esencial en el proceso de “nation building” y que éstas no se llevan a cabo con el fin de promover una homogeneización cultural, sino para consolidar la identidad nacional, y establece como ejemplo de coexistencia de lenguas a Cataluña y Escocia, cita como divisiones culturales los casos de Vasconia y Gales, y sitúa en un estadio intermedio a Quebec . El concepto abstracto de identidad nacional aparece de consuno, para estos autores, como la justificación de las políticas identitarias, no solo lingüísticas.
Observo que en Cataluña, Vasconia , Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y Navarra, todas ellas tiene reconocida la cooficialidad de las lenguas, lo que ocurre es que la lengua más utilizada, la lengua vehicular, es el español que, siguiendo las consideraciones de Jon Juaristi me permito denominar idioma español, por ser en toda España donde se habla, y en algunas de ellas seguramente la segunda lengua más hablada y cada vez con más diferencia, y por razones obvias más pragmáticas que románticas, es el inglés. Por tanto, es por la vía de la imposición por parte de los Gobiernos regionalistas nacionalistas excluyentes desde donde se exige el uso de la lengua cooficial aún a costa de prohibir, directamente de prohibir, el uso del español, en una pretendida y necesitada discriminación positiva a favor de la lengua propia, como principal impulsora y protectora de la cultura minoritaria.
Por tanto, no parece que la lengua propia no sea más que un activo cultural objeto de especial promoción y protección, pero no es una reivindicación ni necesaria ni obligatoria pues la mayoría de la población, aunque la conoce ni mucho menos la usa, por lo que se podría llegar a la conclusión de que esta reivindicación se está construyendo, donde no la había, a partir de la imposición institucional y gubernativa, y por tanto de limitación de derechos otorgados y consolidados constitucionalmente.
lunes, 19 de septiembre de 2011
ESPAÑA ¿ Pluralismo lingüístico, religioso y económico?
El Reino de España ocupa la mayor parte de la península Ibérica, incluye las Islas Baleares, las Islas Canarias, y las ciudades de Ceuta y Melilla al norte de África. Su población actual es de aproximadamente 47.150.819 habitantes de derecho (CIS, 2010), de los que el 85% (casi cuarenta y un millones) son nacidos en España. De ellos, aproximadamente el 25% tienen una lengua materna diferente del español. Cataluña, Vasconia, Galicia, Baleares y la Comunidad Valenciana poseen una lengua cooficial a la lengua española . Navarra es un caso distinguido y único, pues dispone de lengua cooficial sólo en parte de su territorio, lo que ya pasa por el localismo más trepidante.
En términos globales, la población catalana habla en cada uno de los dos idiomas en una proporción de 35.5% en catalán y 46% en español . En el caso de Vasconia, la relación es de un 17% para el uso principal del euskera y un 76% para el uso principal del español . En el caso de Galicia la relación es de 60% para el gallego y 40% para el español . En Baleares, el uso es de un 30% para el catalán y un 50% para el español . Y, por último, en el caso de la Comunidad Valenciana, los usos lingüísticos se dividen en 35% para el valenciano y un 65% para el español . De forma genérica podemos tomar como punto de acercamiento global que el 25% de los españoles hablan habitualmente en la lengua cooficial y el 75% lo hace en español . También es significativo que, según los datos consultados, el 95,5% de la población de estas CCAA conoce el español y el 70% conoce su lengua cooficial, lo que contrasta con los deseos de su uso. (Datos procedentes de las diferentes Agencias de Estadística de las Comunidades Autónomas)
Con respecto a la religión, la mayoría de españoles se declaran pertenecer a la tradición católica el 73,4%, a otras religiones el 1,7%, y no creyentes o ateos el 22,6% . A excepción de las ciudades de Ceuta y Melilla en las que los musulmanes representan el 30% de la población, la religión católica se desarrolla mayoritaria y uniformemente en todas las CCAA. La Constitución consagra la libertad de credo y el Estado ha firmado acuerdos de cooperación con católicos, musulmanes, judíos y protestantes, si bien explicita acuerdos con la Santa Sede, debido al hecho de que la gran mayoría de la población española dice sentirse católica.
En términos económicos, las diferencias entre CCAA no son grandes, por lo que la economía no representa un cleavage diferenciador de la población española. La Renta Per Cápita varía desde los 16.579 euros en Extremadura a los 30.662 de Vasconia. La media española se sitúa en los 22.946 euros . Ello supone que los casos más alejados suponen una relación 2:1. (Datos INE)
Desde el punto de vista jurídico institucional, España se encuentra bajo el amparo de la Constitución sancionada y ratificada en 1978. Se estructura bajo un estado unitario con altas dosis de descentralización política que afecta a todo su conjunto, y que guarda reminiscencias del modelo regional italiano. El modelo político español no debe ser confundido con un sistema federal, aunque muchos son los autores que lo declaran como cuasi federal, pero lo cierto es que el pluralismo político se acepta tácitamente, pues hasta la CE no declara un modelo explícito de distribución territorial. Por ello, resulta necesario exponer los argumentos que unos y otros declaran a favor de la consideración de estado unitario compuesto o de estado federal.
Estos son los datos, sin embargo las élites nacionalistas abogan por lo que autodenominan "inmersión lingüística", y que bien podríamos llamar simple y llanamente "obligación lingüística". De forma y manera que los españoles que desean expresarse en el idioma de todos se ven perseguidos y maltratados desde las instituciones, y con evidentes problemas para que sus hijos puedan estudiar en el idioma que sus padres desean. Es una clara conculcación del artículo 3 de nuestra Constitución, pero no parece que eso importe a nadie, y menos ahora que nos encontramos en periodo preelectoral, cuando ya el candidato del PSOE, que sabe que Barcelona dio la última victoria a este partido, incluso defiende el modelo lingüístico de los nacionalistas, lo que da idea de lo timorato que este partido puede llegar a ser en su defensa de España y de los españoles, y lo mezquino que se presenta con tal de llegar al poder. Son malos tiempos para España, y no solo en lo económico. Mayor Oreja ya lo advertía hace años: nos encontramos ante una profunda crisis, pero de valores.
miércoles, 7 de septiembre de 2011
ESPAÑA, NACIÓN HISTÓRICA
España es el país sobre el que más se ha discutido sobre su propio ser histórico, muchas veces desde el extremismo y con no mucha lucidez, y casi siempre desde el pesimismo. Esta autocrítica severa se ha agudizado en el último siglo como consecuencia de la proliferación de los nacionalismos excluyentes, lo que ha llevado consigo, como consecuencia principal, la resistencia a la adaptación de las estructuras del Estado a los nuevos tiempos.
Para el profesor Luis González, el revisionismo histórico realizado desde estas regiones ha traído como consecuencia que “… cada doctrina nacionalista y cada historiografía nacionalista ha aportado su propio espejo deformante, fabricado a base de sus particulares emociones.” Para el autor la historia de cada pueblo de occidente tiene sus propias particularidades y que, España no es más original que otros pueblos, pues ni sus rasgos esenciales ni los de sus regiones pueden entenderse fuera de la luz de la Historia general del Occidente europeo. El pecado que las visiones nacionalistas cometen es el de caer en la tentación narcisista de situar el universo de su estudio en unas coordenadas espacio-temporales hechas a la medida.
El desarrollo de España, como nación histórica, pasa por tres hitos secuenciales históricos: el primero es el de la consolidación en la España medieval de reinos separados con estructuras políticas diferentes, aunque no opuestas, pues se desarrollan insertas en las coordenadas que marca la época.
El segundo hito debemos situarlo en los siglos XVI y XVII debido al conservadurismo practicado por los Austrias que provoca la anormal permanencia de modelos heredados del Medievo, lo que provocó que en las puertas del XVIII los modos políticos, jurídicos y sociales fueran más arcaicos en unas regiones que en otras, lo que ha dado pábulo a doctrinas mitificadoras y equívocas sobre los motivos de tales diferencias, con lo peligroso que el resulta para la Historia los mitos políticos.
El tercer hito lo constituye el retraso en la entrada del espíritu liberal en el XIX, que retrasó la construcción del Estado contemporáneo y vertebrar la “nación española”, al ejemplo de Francia, también de raíces milenarias y cuya existencia nadie pone en duda. El liberalismo español, cicatero y amedrentado, permitió la persistencia de arcaísmos propios del Antiguo Régimen, con la disculpa de encontrar la pacificación entre absolutistas y liberales, lo que no fue exclusivo de España, pero que en el resto de países se resolvía con nuevas oleadas revolucionarias (1830- 1848), mientras que en España se resolvía a través de concesiones al pasado. Ello sigue pesando en la actualidad.
Esta indeseable cohabitación de modelos facilitó el desarrollo de la mitología romántica nacionalista acerca de las Españas, que engendraron y alimentaron a los regionalismos conservadores, con una muy peculiar visión de su historia local, o de cada reino medieval, si se prefiere.
El problema en sí de la deformación de la imagen colectiva de España no viene de los problemas históricos pasados por España sino en la interpretación que los nacionalismos hacen de esos problemas. Como afirma García de Cortázar, los nacionalismos imponen un designio colectivo que entra en conflicto con el derecho de la persona a elegir su propio proyecto de vida, de ahí que el nacionalismo vasco, en el caso estudiado por Cortázar, se configure como un memorial de agravios contra España .
En 1996, el político nacionalista Durán i Lleida afirmaba que “ni por lengua, ni por cultura, ni por historia podemos hablar de España como una nación”, mientras exigía aceptar la plurinacionalidad del Estado para adaptarlo a la realidad del siglo XXI. Se recuperaba la vieja idea barroca de la “nación de naciones”: Cataluña es una nación, pero España no. España es “una cosa” formidable y muy importante . Para el Presidente Ardanza, “aquí no se pueden resolver las cosas hasta que no se supere la idea de nación española”. Son ejemplos de la negación histórica, de la exclusión manifiesta, pues Cataluña es nación, pero no lo es Canarias, ni lo es Asturias: los son Galicia, Vasconia y Cataluña.
Para el profesor Luis González, el revisionismo histórico realizado desde estas regiones ha traído como consecuencia que “… cada doctrina nacionalista y cada historiografía nacionalista ha aportado su propio espejo deformante, fabricado a base de sus particulares emociones.” Para el autor la historia de cada pueblo de occidente tiene sus propias particularidades y que, España no es más original que otros pueblos, pues ni sus rasgos esenciales ni los de sus regiones pueden entenderse fuera de la luz de la Historia general del Occidente europeo. El pecado que las visiones nacionalistas cometen es el de caer en la tentación narcisista de situar el universo de su estudio en unas coordenadas espacio-temporales hechas a la medida.
El desarrollo de España, como nación histórica, pasa por tres hitos secuenciales históricos: el primero es el de la consolidación en la España medieval de reinos separados con estructuras políticas diferentes, aunque no opuestas, pues se desarrollan insertas en las coordenadas que marca la época.
El segundo hito debemos situarlo en los siglos XVI y XVII debido al conservadurismo practicado por los Austrias que provoca la anormal permanencia de modelos heredados del Medievo, lo que provocó que en las puertas del XVIII los modos políticos, jurídicos y sociales fueran más arcaicos en unas regiones que en otras, lo que ha dado pábulo a doctrinas mitificadoras y equívocas sobre los motivos de tales diferencias, con lo peligroso que el resulta para la Historia los mitos políticos.
El tercer hito lo constituye el retraso en la entrada del espíritu liberal en el XIX, que retrasó la construcción del Estado contemporáneo y vertebrar la “nación española”, al ejemplo de Francia, también de raíces milenarias y cuya existencia nadie pone en duda. El liberalismo español, cicatero y amedrentado, permitió la persistencia de arcaísmos propios del Antiguo Régimen, con la disculpa de encontrar la pacificación entre absolutistas y liberales, lo que no fue exclusivo de España, pero que en el resto de países se resolvía con nuevas oleadas revolucionarias (1830- 1848), mientras que en España se resolvía a través de concesiones al pasado. Ello sigue pesando en la actualidad.
Esta indeseable cohabitación de modelos facilitó el desarrollo de la mitología romántica nacionalista acerca de las Españas, que engendraron y alimentaron a los regionalismos conservadores, con una muy peculiar visión de su historia local, o de cada reino medieval, si se prefiere.
El problema en sí de la deformación de la imagen colectiva de España no viene de los problemas históricos pasados por España sino en la interpretación que los nacionalismos hacen de esos problemas. Como afirma García de Cortázar, los nacionalismos imponen un designio colectivo que entra en conflicto con el derecho de la persona a elegir su propio proyecto de vida, de ahí que el nacionalismo vasco, en el caso estudiado por Cortázar, se configure como un memorial de agravios contra España .
En 1996, el político nacionalista Durán i Lleida afirmaba que “ni por lengua, ni por cultura, ni por historia podemos hablar de España como una nación”, mientras exigía aceptar la plurinacionalidad del Estado para adaptarlo a la realidad del siglo XXI. Se recuperaba la vieja idea barroca de la “nación de naciones”: Cataluña es una nación, pero España no. España es “una cosa” formidable y muy importante . Para el Presidente Ardanza, “aquí no se pueden resolver las cosas hasta que no se supere la idea de nación española”. Son ejemplos de la negación histórica, de la exclusión manifiesta, pues Cataluña es nación, pero no lo es Canarias, ni lo es Asturias: los son Galicia, Vasconia y Cataluña.
martes, 30 de agosto de 2011
La necesaria reforma constitucional
Que la Constitución Española debe ser reformada no es un deseo, más al contrario parece una necesidad, tanto democrática como institucional. Desde un punto de vista democrático, la actual Constitución Española fue votada y ratificada en condiciones muy precarias de cultura política en la España de 1978, y cabe destacar que la mayoría del censo político de la España actual no votó esa Constitución. También institucionalmente se reuiere de revisión: el papel del senado, El Ejecutivo, la Corona, los Tribunales Constitucional y Supremo. Casi todas las instituciones más importantes del Estado requieren de profunda revisión y actualización.
España cada vez cede más soberanía, bien sea a niveles regionales bien a niveles supranacionales. Lo hace debido a sus obligaciones internacionales en el segundo caso, pero desde luego no en el primer caso.
En 1978 no existían las Comunidades Autónomas, ni existía internet, ni los fenómenos derivados de la globalización. España no era un país receptor de inmigrantes, y no tenía conciencia democrática.
En sus inicios era una democracia atípica en cuanto que, la mayoría de la población adulta de aquellos últimos años setenta del siglo anterior, había vivido siempre privada de libertades civiles y políticas. Los españoles desconocían la competencia política, el pluralismo de partidos e ideologías, no sabían lo que significaban los derechos individuales ni para qué podía servir una Constitución, limitados estos conceptos a élites intelectuales, políticas y académicas. En esa situación tan precaria desde el punto de vista de la cultura política, las élites dirigentes del momento que, aún habiéndose desarrollado con la Dictadura, anhelaban la Democracia, fue extraordinariamente coherente en los principios que pretendía establecer.
De forma generosa y casi temeraria depositaron su confianza en el pueblo español- un pueblo homogéneo en lo cultural y uniforme en lo religioso, con escasos focos de reacción a lo legalmente impuesto, con una tasa de analfabetismo del 25% entre los mayores de dieciséis años , con muy poca experiencia en cuanto a la tenencia de un pensamiento crítico en términos políticos y neófita en términos democráticos, que debía ratificar toda una Constitución que, por un lado, garantizaba un completo catálogo de derechos individuales, civiles y políticos, ofrecía la posibilidad de pecar religiosamente, con el reconocimiento del derecho al divorcio y la libertad de credo, y establecía una Monarquía como forma de Estado: una Monarquía parlamentaria; y le otorgaba al pueblo la fuente legítima de soberanía, al estilo del resto de democracias europeas occidentales. Todo ello era, más o menos comprensible.
Pero, además, esa Constitución, que este pueblo falto de preparación y experiencia políticas debía ratificar, establecía una forma de organización territorial del Estado, y en ella se introduce el concepto de autonomías, que nadie sabía lo que eran o significaban ya que no existían ni habían existido, y se hablaba de nacionalidades, que tampoco se sabía muy bien qué podían suponer para una convivencia pacífica en la mayor parte de España, y que en el acerbo español se identificaba con las regiones existentes.
Por último y no menos importante, los españoles tenían un miedo compartido: que se volviera a anteriores periodos de confrontación y lucha fratricida. Esta Constitución avalaba una convivencia pacífica y eran ellos, los españoles sin distinción, quienes iban a votar, lo que fue suficiente para que mayoritariamente se echaran a la calle a refrendar aquel texto que muy pocos leyeron y que, prácticamente nadie lo acertaba a entender en su totalidad.
El pueblo, ya soberano, desconocía el sistema de pactos que permitió que todas las formaciones políticas, embriones de los actuales partidos políticos, se sintieran cómodas votando sí o, al menos permitir con su abstención que el Texto Constitucional saliera adelante en el trámite parlamentario constituyente . Tampoco los constituyentes eran conscientes de lo que el desarrollo y evolución del sistema político daría de sí al abrigo de esta Constitución y está fuera de toda duda, científica y moral, el sentido de Estado de aquellos políticos que, con más generosidad que ambición, dieron una oportunidad a una nueva versión de España, que en menos de ochenta años había vivido dos Dictaduras, una República, una Monarquía cuasi absolutista y, por último, una Monarquía parlamentaria.
Sí, ya parece llegado el momento de reformar un texto garantista y ya casi acabado, donde los Tribunales interpretan el Texto con tal libertad que muchas veces nos recuerdan quiénes y por qué los pusieron ahí. Estamos en el siglo XXI, la era de la comunicación global, el momento de los movimientos sociales apegados a la tecnología y la economía, los dos grandes ignorados por nuestros políticos, incapaces de relacionarse en otro idioma que el suyo propio y con una aversión a los momentos de cambio que estamos sufriendo que les provoca pánico e inmovilismo. Es momento de cambiar, pero de hacerlo de verdad, sin miedo, sosegadamente y con la participación de todos, y desde luego no para hacerlo a finales de agosto y por un Presidente que ya no preside.
España cada vez cede más soberanía, bien sea a niveles regionales bien a niveles supranacionales. Lo hace debido a sus obligaciones internacionales en el segundo caso, pero desde luego no en el primer caso.
En 1978 no existían las Comunidades Autónomas, ni existía internet, ni los fenómenos derivados de la globalización. España no era un país receptor de inmigrantes, y no tenía conciencia democrática.
En sus inicios era una democracia atípica en cuanto que, la mayoría de la población adulta de aquellos últimos años setenta del siglo anterior, había vivido siempre privada de libertades civiles y políticas. Los españoles desconocían la competencia política, el pluralismo de partidos e ideologías, no sabían lo que significaban los derechos individuales ni para qué podía servir una Constitución, limitados estos conceptos a élites intelectuales, políticas y académicas. En esa situación tan precaria desde el punto de vista de la cultura política, las élites dirigentes del momento que, aún habiéndose desarrollado con la Dictadura, anhelaban la Democracia, fue extraordinariamente coherente en los principios que pretendía establecer.
De forma generosa y casi temeraria depositaron su confianza en el pueblo español- un pueblo homogéneo en lo cultural y uniforme en lo religioso, con escasos focos de reacción a lo legalmente impuesto, con una tasa de analfabetismo del 25% entre los mayores de dieciséis años , con muy poca experiencia en cuanto a la tenencia de un pensamiento crítico en términos políticos y neófita en términos democráticos, que debía ratificar toda una Constitución que, por un lado, garantizaba un completo catálogo de derechos individuales, civiles y políticos, ofrecía la posibilidad de pecar religiosamente, con el reconocimiento del derecho al divorcio y la libertad de credo, y establecía una Monarquía como forma de Estado: una Monarquía parlamentaria; y le otorgaba al pueblo la fuente legítima de soberanía, al estilo del resto de democracias europeas occidentales. Todo ello era, más o menos comprensible.
Pero, además, esa Constitución, que este pueblo falto de preparación y experiencia políticas debía ratificar, establecía una forma de organización territorial del Estado, y en ella se introduce el concepto de autonomías, que nadie sabía lo que eran o significaban ya que no existían ni habían existido, y se hablaba de nacionalidades, que tampoco se sabía muy bien qué podían suponer para una convivencia pacífica en la mayor parte de España, y que en el acerbo español se identificaba con las regiones existentes.
Por último y no menos importante, los españoles tenían un miedo compartido: que se volviera a anteriores periodos de confrontación y lucha fratricida. Esta Constitución avalaba una convivencia pacífica y eran ellos, los españoles sin distinción, quienes iban a votar, lo que fue suficiente para que mayoritariamente se echaran a la calle a refrendar aquel texto que muy pocos leyeron y que, prácticamente nadie lo acertaba a entender en su totalidad.
El pueblo, ya soberano, desconocía el sistema de pactos que permitió que todas las formaciones políticas, embriones de los actuales partidos políticos, se sintieran cómodas votando sí o, al menos permitir con su abstención que el Texto Constitucional saliera adelante en el trámite parlamentario constituyente . Tampoco los constituyentes eran conscientes de lo que el desarrollo y evolución del sistema político daría de sí al abrigo de esta Constitución y está fuera de toda duda, científica y moral, el sentido de Estado de aquellos políticos que, con más generosidad que ambición, dieron una oportunidad a una nueva versión de España, que en menos de ochenta años había vivido dos Dictaduras, una República, una Monarquía cuasi absolutista y, por último, una Monarquía parlamentaria.
Sí, ya parece llegado el momento de reformar un texto garantista y ya casi acabado, donde los Tribunales interpretan el Texto con tal libertad que muchas veces nos recuerdan quiénes y por qué los pusieron ahí. Estamos en el siglo XXI, la era de la comunicación global, el momento de los movimientos sociales apegados a la tecnología y la economía, los dos grandes ignorados por nuestros políticos, incapaces de relacionarse en otro idioma que el suyo propio y con una aversión a los momentos de cambio que estamos sufriendo que les provoca pánico e inmovilismo. Es momento de cambiar, pero de hacerlo de verdad, sin miedo, sosegadamente y con la participación de todos, y desde luego no para hacerlo a finales de agosto y por un Presidente que ya no preside.
miércoles, 3 de agosto de 2011
De vuelta
Queridos blogueros
Largo ha sido el periodo de inactividad de este blog, y de justicia es que explique el motivo: una dolencia de espalda. Me ha traído por la calle de la amargura, pero, como todo en la vida: ni bien ni mal, cien años dura. No es que me encuentre recuperado, porque la dolencia es crónica, pero al menos, puedo escribir estas líneas.
Y, ya de vuelta, creo oportuno hacer un repaso a la situación política y social de España, que no es muy halagüeña. En los últimos años nos hemos convertido en los tristes protagonistas de una de las mayores crisis sociales, económicas y políticas de los últimos cien años. Insisto en que es la más grave y profunda porque, a diferencia de las anteriores, esta sociedad nuestra es más rica en lo material y más débil en lo moral, al contrario de lo que ocurrió aproximadamente hace cien años.
Nos encontramos con una sociedad acostumbrada a "lo bueno", que en typical spanish significa "ganar más haciendo menos", una sociedad acrítica consigo misma, con poca capacidad de adaptación y con mucha tendencia a la subvención. En el otro extremo, unos poderes públicos liderados por políticos de medio pelo, salvo honrosas excepciones, en los que prima más la captación del voto a través del clientelismo político que de la gestión responsable. Y en medio del desaguisado, los que manejan los hilos económicos del païs: empresarios y sindicatos.
Entremos algo más en detalle: Las Administraciones Públicas (AAPP) se encuentran en una situación financiera tan desastrosa que les resulta difícil cumplir con sus propias atribuciones y responsabilidades. A nivel central, muchas de las competencias han tenido que ser cubiertas por las CCAA, diputaciones, cabildos y ayuntamientos, bien sea en materia de seguridad, con la creación de las policías autonómicas, o en materia de servicios sociales, como las ayudas a mayores que viven solos o mujeres y niños maltratados o medioambiente por poner algunos ejemplos. En el caso de las CCAA, junto con los ayuntamientos, han entrado en una deriva de gasto público para cumplir con la estúpida regla de " en mi comunidad o ayuntamiento, más", lo que ha provocado una espiral de servicios prestados desde las Administraciones, que bien deberían estar cubiertas por la iniciativa privada, que en multitud de ocasiones debe quedar fuera porque no es posible competir con la Administración en régimen de igualdad, y cuando se pretende invertir la cuota de mercado ni siquiera lo permite, habida cuenta que las Administraciones son dueñas del suelo. Así, vemos cómo los empresarios no pueden competir en materias tan dispares como el deporte, con esos fabulosos polideportivos municipales que irán quedando desfasados, o la televisión, con esas magníficas tecnologías audiovisuales, que en poco tiempo se privatizarán, la cultura o la prestación de servicios. El resultado, no puede ser más explícito: deuda, deuda y expulsión de la iniciativa privada en multitud de mercados locales y regionales. Todo perfecto cuando la rueda avanza, pero es que la rueda está parada, y nos preguntamos ¿quién asumen esto ahora?
Asistimos a una sesión de desinversiones públicas de mucho impacto en el servicio público, y el criterio de desinversión no suele ser el cumplimiento de las competencias aribuidas, sino a quéllas que menos impacto electoral tenga. Así, se desinvierte, por ejemplo a nivel local, en asfaltado de viales antes que en festejos. En el caso de la sanidad, aumentarán las listas de espera, en materia de RRHH, se amortizarán las plazas laborales y los funcionarios se recolacarán en tareas que, en el mejor de los casos, intentarán desarrollar competentemente, en otros por desgracia... ¡Que Dios nos coja confesados!
En el otro extremo, una sociedad que traga con ruedas de molino, a la espera de que el temporal escampe, pero manteniendo una actitud pasiva ante el cambio. Y el cambio sólo desde la propia sociedad se puede producir. El problema subyacente es si esta sociedad tiene los reaños para hacerlo. Los jóvenes más avispados tienden a mirar fuera de España, los otros, intentarán vivir de sus mayores el mayor tiempo posible. Los mayores, reacios a la formación continua, descartan la recolocación sobretodo la geográfica, y los más mayores, asisten perplejos a una crisis que, en otros tiempos, si les pillara con algunas décadas menos... A todo esto, la población inmigrante, mucho más acostumbrada a este tipo de situaciones, se amolda con mayor facilidad, lo que se debería convertir en un acicate para el resto. Caso aparte merecen los inmigrantes ilegales que nadie parece dispuesto a echar, porque siguen detrayendo recursos del sistema, sin apenas aporte, pues el dinero sigue saliendo, no pagan impuestos y siguen disfrutando de sanidad, educación, justicia, ...
Y nos faltan los cuerpos intermedios: sindicatos, patronales, banqueros,... Todos ellos han demostrado su capacidad de gestión: EREs, bancos rescatados, sindicatos comprados, vamos, el acabose.
Sí, la imagen actual no invita más que a la reflexión serena, y la acción. Este toro lo debe coger cada unos de nosotros, nosotros debemos torear esta situación, sin esperar de nuestros políticos actuales más que pongan otra piedra en el camino. Formación, recolocación laboral y geográfica, austeridad y perocupación por el trabajo bien hecho. España debe salir adelante sin rescates externos ni subvenciones, porque las herramientas están, las posibilidades existen, a pesar de nuestros polìticos y nuestras instituciones, a pesar de los grandes empresarios multimillonarios preocupados por pactar un buen expediente de regulación comprado a los sindicatos, con mecanismos de control y justicia al servicio del poder político, con un ICO al servicio de la deuda pública. No, no podemos esperar nada más que de nosotros mismos, y los que antes se enteren de ello, más posibilidades de éxito y satisfacción obtendrán.
Largo ha sido el periodo de inactividad de este blog, y de justicia es que explique el motivo: una dolencia de espalda. Me ha traído por la calle de la amargura, pero, como todo en la vida: ni bien ni mal, cien años dura. No es que me encuentre recuperado, porque la dolencia es crónica, pero al menos, puedo escribir estas líneas.
Y, ya de vuelta, creo oportuno hacer un repaso a la situación política y social de España, que no es muy halagüeña. En los últimos años nos hemos convertido en los tristes protagonistas de una de las mayores crisis sociales, económicas y políticas de los últimos cien años. Insisto en que es la más grave y profunda porque, a diferencia de las anteriores, esta sociedad nuestra es más rica en lo material y más débil en lo moral, al contrario de lo que ocurrió aproximadamente hace cien años.
Nos encontramos con una sociedad acostumbrada a "lo bueno", que en typical spanish significa "ganar más haciendo menos", una sociedad acrítica consigo misma, con poca capacidad de adaptación y con mucha tendencia a la subvención. En el otro extremo, unos poderes públicos liderados por políticos de medio pelo, salvo honrosas excepciones, en los que prima más la captación del voto a través del clientelismo político que de la gestión responsable. Y en medio del desaguisado, los que manejan los hilos económicos del païs: empresarios y sindicatos.
Entremos algo más en detalle: Las Administraciones Públicas (AAPP) se encuentran en una situación financiera tan desastrosa que les resulta difícil cumplir con sus propias atribuciones y responsabilidades. A nivel central, muchas de las competencias han tenido que ser cubiertas por las CCAA, diputaciones, cabildos y ayuntamientos, bien sea en materia de seguridad, con la creación de las policías autonómicas, o en materia de servicios sociales, como las ayudas a mayores que viven solos o mujeres y niños maltratados o medioambiente por poner algunos ejemplos. En el caso de las CCAA, junto con los ayuntamientos, han entrado en una deriva de gasto público para cumplir con la estúpida regla de " en mi comunidad o ayuntamiento, más", lo que ha provocado una espiral de servicios prestados desde las Administraciones, que bien deberían estar cubiertas por la iniciativa privada, que en multitud de ocasiones debe quedar fuera porque no es posible competir con la Administración en régimen de igualdad, y cuando se pretende invertir la cuota de mercado ni siquiera lo permite, habida cuenta que las Administraciones son dueñas del suelo. Así, vemos cómo los empresarios no pueden competir en materias tan dispares como el deporte, con esos fabulosos polideportivos municipales que irán quedando desfasados, o la televisión, con esas magníficas tecnologías audiovisuales, que en poco tiempo se privatizarán, la cultura o la prestación de servicios. El resultado, no puede ser más explícito: deuda, deuda y expulsión de la iniciativa privada en multitud de mercados locales y regionales. Todo perfecto cuando la rueda avanza, pero es que la rueda está parada, y nos preguntamos ¿quién asumen esto ahora?
Asistimos a una sesión de desinversiones públicas de mucho impacto en el servicio público, y el criterio de desinversión no suele ser el cumplimiento de las competencias aribuidas, sino a quéllas que menos impacto electoral tenga. Así, se desinvierte, por ejemplo a nivel local, en asfaltado de viales antes que en festejos. En el caso de la sanidad, aumentarán las listas de espera, en materia de RRHH, se amortizarán las plazas laborales y los funcionarios se recolacarán en tareas que, en el mejor de los casos, intentarán desarrollar competentemente, en otros por desgracia... ¡Que Dios nos coja confesados!
En el otro extremo, una sociedad que traga con ruedas de molino, a la espera de que el temporal escampe, pero manteniendo una actitud pasiva ante el cambio. Y el cambio sólo desde la propia sociedad se puede producir. El problema subyacente es si esta sociedad tiene los reaños para hacerlo. Los jóvenes más avispados tienden a mirar fuera de España, los otros, intentarán vivir de sus mayores el mayor tiempo posible. Los mayores, reacios a la formación continua, descartan la recolocación sobretodo la geográfica, y los más mayores, asisten perplejos a una crisis que, en otros tiempos, si les pillara con algunas décadas menos... A todo esto, la población inmigrante, mucho más acostumbrada a este tipo de situaciones, se amolda con mayor facilidad, lo que se debería convertir en un acicate para el resto. Caso aparte merecen los inmigrantes ilegales que nadie parece dispuesto a echar, porque siguen detrayendo recursos del sistema, sin apenas aporte, pues el dinero sigue saliendo, no pagan impuestos y siguen disfrutando de sanidad, educación, justicia, ...
Y nos faltan los cuerpos intermedios: sindicatos, patronales, banqueros,... Todos ellos han demostrado su capacidad de gestión: EREs, bancos rescatados, sindicatos comprados, vamos, el acabose.
Sí, la imagen actual no invita más que a la reflexión serena, y la acción. Este toro lo debe coger cada unos de nosotros, nosotros debemos torear esta situación, sin esperar de nuestros políticos actuales más que pongan otra piedra en el camino. Formación, recolocación laboral y geográfica, austeridad y perocupación por el trabajo bien hecho. España debe salir adelante sin rescates externos ni subvenciones, porque las herramientas están, las posibilidades existen, a pesar de nuestros polìticos y nuestras instituciones, a pesar de los grandes empresarios multimillonarios preocupados por pactar un buen expediente de regulación comprado a los sindicatos, con mecanismos de control y justicia al servicio del poder político, con un ICO al servicio de la deuda pública. No, no podemos esperar nada más que de nosotros mismos, y los que antes se enteren de ello, más posibilidades de éxito y satisfacción obtendrán.
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