El Racismo Ideológico de la Izquierda en España

Que cuando la izquierda en este país pierde unas elecciones, se lanza a la calle a generar conflicto social no es una casualidad, como tampoco lo es que, los grupos de presión de izquierdas se alíen con las estructuras políticas para exacerbar posturas políticas en la sociedad, con el único fin de ahondar en la conflictividad social.

La acción política de la izquierda, tanto en el Gobierno como en la oposición, pasa por establecer unas pautas sociales con fuerte carga ideológica, establecer como únicamente válidos sus presupuestos y denunciar, como si de un delito se tratara, a aquél o aquéllo que no se ajusta a sus principios ideológicos.A esta práctica política la denomino, racismo ideológico.

Pongamos ejemplos concretos a estas tesis: la izquierda se autoproclama defensora de la educación pública en este país, mientras que el PP es el partido que quiere acabar con la educación pública. Esta bandera, largamente flameada por la izquierda, encierra una de las mentiras más flagrantes de nuestra historia política reciente. España, desde hace décadas, cada vez presenta peores resultados en lo que a calidad de la educación se refiere y todas las leyes de educación vigentes desde hace cuarenta años han sido socialistas, fueron los socialistas los que, en vez de invertir en los centros de educación pública apostaron por el concierto de centros religiosos, fueron ellos los que acabaron con la Formación Profesional, y fueron ellos los que apostaron por el desarrollo geográfico de la universidad, pero con nula aplicación de criterios de calidad en sus recursos y su gestión, de ahí que solo algunas facultades de universidades muy concretas tengan cierto prestigio reconocido internacionalmente. Pero, he ahí la izquierda, cuando no está en el poder, por más que la legislación vigente sea suya,  que se presenta como adalid de la educación pública con el eslogan: La Educación pública no se vende, se defiende. Y la defienden ellos, claro.

La Sanidad es otro de los patrimonios que los españoles nos hemos dado desde hace más de cien años, pero ahora nos quieren hacer entender que es la izquierda su única y verdadera defensora. Sin embargo, resulta que fue el PSOE quien, a través de la mutualidad de funcionarios civiles y miltares (MUFACE e ISFAS), negó a los funcionarios ser atendidos en centros públicos y, hoy día, cualquier funcionario solo puede elegir entre los centros médicos privados su atención médica y la de sus familias, es decir, los garantes de la sanidad pública de calidad impide a sus funcionarios ser atendidos en los hospitales públicos. Raro, raro,...Pero, lo clamoroso del caso, no es esta contradicción. Desde que la competencia de sanidad fue transferida a las CCAA, resulta sencillo comparar las políticas de gestión sanitaria entre comunidades de un signo y otro, y aquí nuevamente se desliza la siguiente desfachatez. Los modelos de gestión privada en centros públicos se viene realizando en Andalucía, País Vasco, Cataluña o Madrid desde hace décadas (he citado cuatro CCAA con diferentes partidos en el Gobierno), nadie se extrañó, ni siquiera los socialistas, de una práctica que generaba  reducción de costes sin merma de calidad asistencial y generaba confianza entre los pacientes. Sin embargo, cuando recientemente se cambió de modelo de gestión en algunos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, la izquierda más casposa, junto con el sindicalismo más ramplón, se fueron a la calle, y asaltando a enfermos y ancianos en las puertas de los hospitales,decidieron dar la batalla contra un modelo de gestión que ellos mismos venían realizando en Andalucía desde hace décadas, por seguir con el ejemplo. Evidente ejercicio de hipocresía.

A estos ejemplos, bien les podían acompañar otros sobre al unidad de España y sus bandazos ideológicos en Cataluña y País Vasco, su continua falta de respeto a la Constitución, con ataques a la Corona y los símbolos de España con la profusión de banderas inconstitucionales en sus actos políticos, o los derechos sociales, casi llevados a la bancarrota por el Gobierno Zapatero.

Lejos de hacer autocrítica sobre sus modelos de gestión, seleccionar nuevo talento político o revisar algunos supuestos ideológicos que se han demostrado ineficaces y trasnochados, la izquierda, en la oposición, alienta la práctica del scrattche, se dedica al asalto de la propiedad pública (como el jaleado efecto Gordillo o la presión ejercida sobre dirigentes del PP en actos públicos), o directamente y sin tapujos engañan a la sociedad a través de las llamadas mareas blanca y verde.

¿Qué ocurriría si un Alcalde del PP  atracara un supermercado, o si cientos de militantes del PP acosaran en su domicilio a Zapatero o Rublacaba, o si Nuevas Generaciones impidiera que líderes socialistas hablaran en la Universidad mediante empujones y gritos, o si "voluntarios" del PP se dedicaran en colegios y hospitales a "informar" a niños y ancianos sobre las políticas del PSOE? ¿Qué día de qué año los ciudadanos de este país le otorgamos a la izquierda el derecho a campar por España a su antojo al margen de la Ley?

Que aquél que no piensa como la izquierda de este país es tachado de fascista, retrógrado, neocon, por éstos no es noticia. Estamos tan acostumbrados al racismo ideológico que, algunos piensan que ése es el estado natural en el que España debe vivir, y algunos no estamos dispuestos a pasar por ese aro.

La corrupción, un problema intrínseco a la acumulación de poder

Durante los últimos años, proliferan los casos de corrupción política en España. Así, Según reza en el Informe de Abril 2013 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los Juzgados y Tribunales tramitan un total de 2.173 procedimientos de especial complejidad, de los cuales 1.661 afectan a tipos penales de corrupción política y económica: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, estafas o apropiaciones indebidas, entre otros.

Por este motivo, no es de extrañar que los españoles consideren la corrupción política, como uno de los principales problemas de España, sólo por detrás del paro y la situación económica (Datos del CIS, mayo 2013). Además la percepción de España como un país de corruptos supera en casi el doble, 70%, frente a la percepción que tienen de nosotros en el resto de Europa, un 35%, según datos del Informe del Instituto Elcano, lo que tampoco nos debe extrañar, toda vez que siempre los españoles hemos sido el pueblo más autocrítico jamás conocido.

No debe cabe duda que ser corrupto u honrado es un rasgo de la personalidad y, por tanto, son las personas y no las instituciones, partidos, organizaciones o Gobiernos, las que son o no corruptas, aunque ese rasgo de la personalidad se potencia cuando la persona acumula poder, y aunque los corruptos no están asociados a ninguna actividad específica, lo cierto es que cuando un persona posee una posición de poder en una relación o en una actividad de ejercicio de poder,  de ahí que puede dar la falsa sensación de que los políticos, por el hecho de ser políticos, son corruptos, y debo asegurar que, no todos los corruptos son políticos, ni todos los políticos son corruptos.

Con ello, quiero hacer notar que las persona demostramos nuestra falta de honradez cuando, cada día, decidimos no cumplir con nuestras obligaciones laborales o económicas, cuando decidimos no pagar, o no cobrar el IVA en nuestras compraventas, y, por otro lado, hacer entender que los políticos son personas extraídas de nuestra propia sociedad, por lo que no es justo no cierto asimilar la corrupción a los políticos.

Pero, qué duda cabe, que los políticos basan su actividad en el ejercicio del poder y ello provoca que se den multitud de situaciones proclives a actos corruptos, por lo que se hace imprescindible que la sociedad se dote de mecanismos que impidan o dificulten la práctica corrupta, pues si criticable es esa actitud en cualquier persona, resulta imperdonable en los políticos, pues ellos gestionan recursos ajenos, no lo suyos propios, y desarrollan su actividad gracias a la confianza que el resto de la sociedad deposita en ellos, y por tanto, es necesario que las personas corruptas que se dedican a la res pública, sean expulsadas y fuertemente castigadas por sus delitos.

Cabe destacar que la corrupción no es patrimonio de los políticos españoles ni propio de nuestro tiempo. Se trata de una práctica extensamente realizada en el tiempo y en el espacio y siempre asociada al ejercicio del poder. De hecho, cabría destacar que tres cuartas partes de los europeos consideran la corrupción un problema creciente en su país, según muestran las encuestas de la Unión Europea. En 2012 se llevaron a cabo juicios de corrupción de alto perfil en Francia e Italia. Los escándalos políticos de corrupción implicaron gastos de miembros del parlamento (Reino Unido), fraude de pensiones (Noruega), clientelismo (República Checa, Rumania) y conflictos de interés (Bulgaria, Finlandia, Eslovenia), entre muchos otros casos.

Las causas más significativas que, a mi juicio, facilitan la práctica corrupta en la política española son las siguientes: 

• El consentimiento social de la práctica corrupta entre todos los españoles: quien más quien menos, todos consentimos que no nos cobre el IVA de una obra, que no se cumpla la legislación para abaratar costes, no cumplir con los horarios o las tareas asignadas. Es decir, de alguna manera, se hala instalada en nuestra sociedad la sensación de que estas prácticas son lógicas y por ello, socialmente permitidas.
• La falta de control y auditoría de los líderes políticos municipales y autonómicos: nadie replica lo que un Alcalde, Consejero, Presidente o Director General hace o dice, de forma que, aún en un sistema democrático como el que tenemos, en España el poder municipal y autonómico se parece más a una especia de absolutismo representativo, de forma que sólo cada cuatro años se rinde cuenta ante la sociedad, lo que no se corresponde con sociedades democráticas avanzadas y sí se corresponde con sociedades populistas. donde el caciquismo y el poder de los lobbies se acrecienta allí donde la sociedad civil se arruga o se acomoda.
• La opacidad de las relaciones Administración- Empresa, sobre todo en los procesos de adjudicación en los que los gerifaltes hace y deshacen a su antojo.
• La acumulación de cargos y mandatos: en el primer caso, porque el poder aumenta, y por tanto aumentas las posibilidades de prácticas corruptas, y en el segundo caso, con múltiples mandatos se crean y desarrollan redes clientelares al acomodo del líder, lo que degenera los principios de imparcialidad que debieran regir la práctica política.
• El nepotismo político: si es bien conocido el carácter vocacional de la Política, es menos conocida su capacidad de contagio, y es que parece que cuando alguien llega al poder, de forma misteriosa, los familiares del político rápidamente se ven contagiados de esta vocación, lo que resulta muy dañino para nuestro sistema político

Sin duda, hay más razones que favorecen la corrupción política, pero las anteriormente citadas están detrás de la mayoría de los casos de corrupción en nuestro país.

Por supuesto, es posible establecer medidas que dificulten o impidan estas prácticas nada recomendables, pero no parece que en el ánimo de muchos políticos esté dotarse de las siguientes medidas para atajar la corrupción:

• Más poder para el funcionario para que pueda controlar al político
• La agrupación de municipios
• Mejora de los mecanismos de control interno en los partidos y resto de organizaciones
• Limitación de cargos y mandatos propios y de familiares
• Separación real de los poderes políticos y judiciales
• Procesos de adjudicación y contratación externalizados
• Eliminación de beneficios e indultos a  los acusados por corrupción
• Mejora de los medios de la Fiscalía Anticorrupción

Estas medidas se llevan acometiendo en otros países con gran éxito, como Finlandia, Bélgica u Holanda, aunque la naturaleza humana, que fácilmente se predispone para hacer el mal, muy posiblemente encontraría nuevas formas de corrupción, pero de igual forma surgirían nuevas medidas para contrarrestarlas. ¿De qué depende todo? De un cambio en la conciencia nacional, que las sociedades deben ser conscientes que deber estar alerta en sus pueblos y ciudades y denunciar lo que consideren una mala praxis, y pedir explicaciones a nuestros dirigentes de sus medidas y adjudicaciones, y debemos comprender que la Política debe reunir en la persona los más excelsos principios del hombre: la generosidad, la capacidad de servicio, la honestidad y la competencia, y aquella persona que sea consciente de que no reúne estos considerandos no debe postularse para ser elegido y si, una vez llegado el caso, siente flaqueza en sus decisiones, debe dimitir de su cargo antes de producir más daño, pero claro, en este país, dimitir...