La necesidad de un partido nacional que no existe

Son pocas las formaciones políticas que, a lo largo del periodo constitucional se han declarado nacionales. En los inicios allá en el s XVIII, los partidos no eran más que círculos pequeños de hombres poderosos en torno a un notable que se presentaba como líder de la formación. Más tarde, surgieron los partidos de masas, correlativos al movimiento obrero, que se configuraban como un agregador de intereses comunes, dentro de una misma ideología política, en los que los afiliados a los partidos se encargaban de canalizar esos intereses y, a través de sus aparatos burocráticos capilares por todo el territorio, distribuir el mensaje de los líderes, en función de los intereses del partido.

Más tarde, estos partidos, además de dirigirse a su electorado, decidieron emprender el convencimiento al resto de la población, es decir, trataban de incrementar el público objetivo, sin duda, facilitado por la igualación en términos intelectuales y sociales de las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Es el fen´´omeno conocido como partidos atrapalotodo, catch-all party (refrerido al alectorado, no a lo que hoy se hace)

El desarrollo de los medios de comunicación masivos ha llevado a los partidos a evolucionar en tornoa la "democracia de audiencia", donde el papel del afiliado queda muy disminuida y el aparato del partido cierra sus poros para que sean los electores y no los afiliados los que pongan y quiten líderes, de forma que el aparato se convierte en valladar del líder. Ello supone un resguardo , pero perderá su condición en la medida que pierde elecciones, y supone a la vez la renuncia a la detección de nuevos talentos.

Esta evolución, sucintamente contada, de los partidos políticos en estados constitucionales, ha sido similar en todos sitios. La principal diferencia entre el sistema de partidos de España con el resto de Estados es, entre otras, que en España no existe un auténtico partido nacional.

El sistema autonómico español, único en el mundo, desarrollado al albur de las negociaciones de los partidos de izquierda con los partidos nacionalistas y de una más que discutible interpretación de la norma constitucional por parte del Tribunal en los últimos treinta años, no ha tenido el necesario contrapeso por parte de quien se debería haber erigido como un auténtico partido nacional.

El actual Partido Popular, antes Coalición Popular y antes Alianza Popular, se ha configurado, de facto, como un partido cuasifederal, en el que las burocracias territoriales se cierran en torno a sus intereses parciales y someten al líder a un constante aprisionamiento en la toma de decisiones. El líder ya no puede tomar decisiones políticas globales y empiezan a aparecer idiomas autonómicos, como se ha demostrado en las reformas estatuarias de Andalucía, Cataluña y Valencia.

A su vez, estos líderes o casi caciques autonómicos (pomposamente llamados barones), que eran propios de los partidos de izquierda (acordémonos de los famosos barones socialistas), resulta que aparecen por motivos propios en el Partido Popular, intentando asegurar su cuota de poder, a costa de perder una visión global de España.

Y no quiero decir, con esto que no sea necesario implementar políticas acordes al terreno político que se pisa, sino que éstas deben ser coherentes con una idea global de España. De ahí que no se entienda, más que en un marco totalmente autonómico del PP, que las reformas estatutarias consentidas o encabezadas por el PP lleven en sí mismas tantas contradicciones.

Hace años, el PP se jactaba de que podía dar el mismo mensaje en cualquier parte de España, a diferencia del resto de partidos. Hoy se constata que no hay nadie en el PP capaz de decir lo mismo fuera de su territorio, mientras el líder nacional queda secuestrado de quien le mantiene en su sitio. Una cárcel de oro si se quiere y cierta comodidad, además de anuencia, porque nadie está obligado a consentirlo, pero en cualquier caso, la izquierda española ha conseguido de nuevo torcer la voluntad de la sociedad española. España no quería ser autonómica, como lo demuestran todas las encuestas del CIS desde 1979, pero hoy lo es. La mayoría de los españoles se consideraban españoles antes que vascos, catalanes, andaluces o asturianos, pero España hoy es un aglomerado de estados nacionales, por mucho que me pese. Se necesitaba un fuerte contrapeso que aglutinara el sentir mayoritario de los españoles, y ese contrapeso debía ser el PP, pero este PP, que no quería ser autonómico, que no tiene esa vocación, hoy lo es.

El trasfuguismo político y la reforma electoral

Hoy se culmina el proceso de moción de censura en Benidorm, por el que el PSOE se convierte en equipo de gobierno en detrimento del PP. No es la primera vez que mediada la legislatura esta localidad alicantina cambia de alcalde como consecuencia de una moción de censura. Hace dieciocho años ocurrió también, pero de forma inversa y el entonces concejal, Eduardo Zaplana, se convirtió en Alcalde, y desde entonces el PP no ha dejado de gobernar Benidorm y la carrera personal de Zaplana se puede decir que cambió súbitamente, como todos sabemos. Tentador reclamo, sin duda.


PP y PSOE andan a la gresca sobre si es o no democrática esta moción o si se cumple o no esa pamema del pacto antitrasfuguismo, y la verdad es que el ridículo que hacen sendos dirigentes no puede ser más explícito, sobretodo porque ellos tienen la llave para que esto no vuelva a suceder.


La moción de censura es un mecanismo de control del cuerpo legislativo, elegido por el pueblo, sobre el ejecutivo, que a su vez se elige de forma indirecta a través de los representantes de los legislativos en las tres administraciones: generales, autonómicas y locales. Se trata de un mecanismo de control recogido en la Constitución; si es malo elimínese del texto, y si es bueno o recomendable no protesten cuando les perjudique.


Sin embargo, al cuerpo electoral se le suele quedar cara boba cuando la norma electoral les obliga a elegir entre candidaturas cerradas y bloqueadas, pero el escaño es "propiedad" del representante que, si decide dejar la formación política por la que se presentó, el escaño va con él. Ésta es una Ley Orgánica, que se puede modificar por mayoría absoluta del Congreso, luego ¿por qué en vez de firmar pactos que ellos mismos se encargan de no cumplir, no modifican la ley electoral? Simplemente por el estúpido argumento del "hoy por ti, mañana por mí". A las élites de los partidos les interesa tener el control de los integrantes en las listas electorales y no parece que deseen modificar la ley para incluir listas abiertas o parcialmente abiertas, y modificar la ley para que en caso de que un representante quiera dejar la formación, deje su escaño, supone quebar las bases sobre las que se asienta el sistema representativo y el miedo a introducir modificaciones en un ley sin modificar determinados criterios de proporcionalidad o tipos de listas, que la presión ciudadana les exigiría, impide que se inicie una inexcusable reforma de la Ley.


Por tanto, resulta pueril definir y firmar un pacto antitrasfuguismo que se resolvería por modificación de la Ley Electoral, LOREG; más infantil si cabe es que cuando no lo cumple ninguno de los firmantes encima se echen los trastos a la cabeza... ¿Pensarán estos politiquillos que somos tan tontos?


No es la primera vez que describo un sistema de listas parcialmente abiertas por el que el 10% de los cargos electos se elijan de forma abierta, lo que obligaría a los candidatos a darse a conocer y a que existan diferentes opciones de elección, mientras que el 90% restante sea una lista cerrada y bloqueada, pero elegible entre varias opciones por el cuerpo de afiliados del partido, de forma que esos escaños sería "propiedad" del partido y del representante, y en el caso de moción de censura, si el escaño es del grupo de representantes de lista abierta no podrían formar parte del nuevo ejecutivo, para el caso de administración local, y pasarían al Grupo Mixto. En el caso de los representantes de lista cerrada, si un representante avala la moción de censura en contra de su partido, éste debería cesar en su cargo de representante del partido.



De esta forma, se avanza en la democracia directa sin menoscabo del insoportable aumento del coste electoral que supondría una lista totalmente abierta y el papel de los afiliados de base ve incrementada su responsabilidad y los candidatos tendrían que convencer a sus bases y éstas ser lideradas con su consentimiento para aceder a los cargos electos.


Estas modificaciones no pueden ir solas. Pero resultaría incauto tratar en estas líneas de definir un nuevo procedimiento electoral, pero sí sirve para plantear el espíritu que debe guiar la reforma: limitar el control de las élites políticas sobre los candidatos electos, facilitar que nuevos políticos puedan acceder a los cargos públicos sin rendir la actual obligada pleitesía rindiendo únicamente ante los afiliados y asegurar que el voto del ciudadano realmente se corresponde con su elección y que el partido no pueda después modificar el sentido de la mayoría.


La pregunta clave es ¿quién le pone el cascabel al gato?

Incoherencias de la política económica del Gobierno

Mientras que la Unión Europea toma medidas que incidan sobre el consumo y la inversión, con una bajada de tipos histórica y con una inflación contenida, los diferentes países de la alianza deben fomentar una política expansiva del mismo signo.
La principal herramienta que tienen los gobiernos es la fiscalidad, y por ello resulta incoherente intentar aumentar la renta neta disponible de empresas y familias para formentar el consumo y la inversión, lo que redundaría en creación de empleos a medio plazo y disminución de la destruccción de empleo neto a corto plazo, y por otro lado, a través de subidas de impuestos disminuir esa renta neta disponible.

Esa es la razón fundamental que esgrime el Partido Popular para bajar los impuestos, lo contrario de lo que quiere hacer este Gobierno: mezclar medidas expansivas con medidas contractivas.

A priori no veo mal que se aumente la fiscalidad de los ahorros, para que estos afloren en el mercado no financiero, pero hay familias que han tenido que vender sus viviendas para obtener liquidez y comprar viviendas más baratas, y a esas personas no se les puede aumentar los impuestos porque han obtenido plusvalías, ya que esas plusvalías son para subsistir.

Por otro lado, se está haciendo que las empresas desembolsen el IVA de las facturas que emiten, muchas de ellas sin haberlas cobrado, y a su vez siendo las Administraciones Públicas las principales deudoras de ese IVA que reclaman.

Sigue además este Gobierno sin reducir el gasto público, y pide esfuerzo solidarios quien no ha reducido la financiación a partidos políticos, sindicatos o televisiones públicas. Y lo pide quien tiene exención fiscal sobre el 75% de sus ingresos brutos. Así yo también soy solidario.

Resulta preocupante que condonemos una deuda externa con bolivia sin ningún tipo de garantías ni de facilidades para que las empresas españolas puedan invertir allí. Más allá de eso se les advierte de que tendrán que ser socios de un gobierno populista. Y mientras condonamos deuda externa sin garantías, mientras se subvencionan los partidos, sindicatos, televisiones, el cine español y ONG´s de dudosa acción social, se pide esfuerzo al pagano de siempre.

Pero lo peor de todo es que no se atisba ni un proyecto, ni un equipo capaz de sacarnos de esta situación rápidamente. Más al contrario solo contamos con el liderazgo de un incompetente en materia económica, como es el Presidente, rodeado de aduladores y grupos de presión, más preocupados por mantener su status que por flexibilizar sus posturas en materia de legislación laboral. Triste panorama: más impuestos solidarios, mientras algunos siguen despilfarrando con el dinero de los demás.

Arenas del Monte no quiere dejar de ser española

En Arenas del Monte, provincia de Barcelona, se ha realizado una consulta popular por la que su Ayuntamiento preguntaba a los vecinos si querían seguir siendo parte de España o querían renunciar a serlo.

El hecho en sí es ridículo por varios motivos, entre otros porque ni se le ha contado a los vecinos lo que suponen cada una de las opciones, ni existe un debate sobre cada opción, ni nadie ha defendido otra opción que la segregacionista, entre otras cosas porque eso sería dar carta de naturaleza a una consulta contra lex y contra natura.

Aún así, ha votado el 41% de los vecinos, que es lo mismo que decir que el 59% de los vecinos no lo han hecho, lo que permite pensar que ni en Arenas del Monte sus vecinos quieren dejar de ser españoles. El dato contrasta con la última encuesta de la Generalidad, realizada en julio de este año, por la que solo el 19% de la población catalana estaría a favor de una supuesta independencia, dato similar al mostrado cinco años antes, en octubre de 2004, dato no muy difundido por los medios e instituciones catalanes ni de ámbito nacional.

Y esto tiene que ver con la Razón, que es un rector de la acción humana que no puede ser atravesado por la ideología o por el Estado, por muy intervencionista que éste sea.

Sin embargo, sí me produce estupor y, no consigo acostumbrarme a él, que la citada consulta se realizó sobre un censo que incluía a los mayores de dieciséis años, y no a la mayoría de edad legal, como obligaría cualquier ley electoral del mundo, lo que da idea del grado de adoctrinamiento que esta ideología totalitaria despliega sobre los jóvenes. Y en estas tintas, la izquierda y la derecha nacionalista se encuentran. Puede más el cleavage nacionalista que el izquierda- derecha, y ello tiene que ver con una de las más antiguas bajezas del ser humano: el ansia de poder, consustancial al hombre desde posiciones hobbesianas, y siempre controlada por la Razón, como la ideología liberal siempre ha descrito.

Luego Razón y lucha por el poder se encuentran frente a frente. La Razón, sentido común para algunos y el menos común de los sentidos para otros, conduce el deseo de bienestar y felicidad, que reside en la permanencia en España. El egoísmo y la avaricia conducen las ansias de poder de unos pocos que lo único que poseen, en este caso, es más altavoces que los que no han querido hablar, y que promueven una imposible independencia que han visto en estos tiempos de indolencia y de mediocridad política un momento idóneo para alborozar infames propuestas cargadas de ataduras a la Razón. Pobres incautos. Gente mucho más preparada que estos paralíticos intelectuales sucumbieron a la Razón, aunque siempre existen personas dispuestas a lo imposible con tal de vivir, aunque sea a costa de la indecencia, de situaciones que si no existieran difícilmente disfrutarían del rol social que desempeñan.

En definitiva, Arenas del Monte no quiere dejar de ser española.

Sobre putas y botellones

Estos días estamos asistiendo a diferentes esfuerzos hipócritas de una sociedad decadente en valores y principios morales, que no sean el relativismo y el egoísmo, por aparentar progresismo. Las víctimas de esta escala de valores instaurada gracias a los esfuerzos de la izquierda desde el fin de la dictadura son, como es natural, los más débiles en términos intelectuales: los niños y jóvenes.

Desde la muerte de Franco, la izquierda ha asumido un papel de liderazgo indiscutible en lo que a moral se refiere, solo contrapuesta por la Iglesia, mientras la derecha española ha escondido cobardemente la cabeza para que no la relacionaran ni con la iglesia ni como sucesores del régimen anterior. Parece que tengamos que estar pidiendo perdón permanente por un régimen del que yo no me considero heredero simplemente porque defendamos valores que a lo largo de la Historia se han demostrado que ampliaban la libertad de las personas.

Por su parte, la izquierda ha sido capaz de que la sociedad española se impregne de unos principios que será muy difícil desterrar. El aborto es un ejemplo sangriento del que he escrito muchas veces, pero hay otros igualmente declarativos de esta sociedad decadente.

Las fiestas patronales se han convertido en el escaparate de una amalgama de comportamientos que explican en parte hacia dónde nos dirigimos. La mezcla de actos religiosos, políticos y de puro ocio delincuente llenan los programas de fiestas, más eroticofestivos que de confraternización de la comunidad, que se supone que es el objetivo por el que las Administraciones locales financian, con el dinero de los vecinos, unas fiestas en honor de algún Santo o Santa, que si levantaran la cabeza, le estarían dando collejas al Alcalde y al Párroco hasta que se fueran del pueblo.

Durante las fiestas patronales en España, el alcohol y sus consecuencias (reyertas, destrozos, acosos sexuales, comportamientos depravados) son los auténticos protagonistas. El Alcalde es el corresponsable de lo que en su municipio ocurra en las Fiestas patronales, pero no es el único.

Los padres de menores permiten que sus hijos durante esos días se conviertan en aprendices de delincuentes o alcohólicos, la Policía y Guardia Civil son los cómplices necesarios de esta degeneración social y la izquierda se frota las manos de ver cómo una fiesta, en su origen religiosa, se convierte en una oda al laicismo y al relativismo moral. A ver si no quién en este país tiene los redaños necesarios para prohibir el consumo de alcohol, o el control de su consumo en menores o los comportamientos indecorosos o el derecho de descanso de quien no puede o no quiere participar, etc, etc. Nadie se atreve, porque al día siguiente tendría que dejar de ser Alcalde. Eso es lo que está instaurado en nuestra sociedad.

No culpo a los alcaldes que al día siguiente no dimiten, porque entonces se quedaría España sin regidores, pero éstos deberían promover la comunicación con sus vecinos y sobretodo con aquéllos que son padres de menores. Eso es responsabilidad del Alcalde.

En el último caso de Pozuelo, el Alcalde no puede justificar que sólo dos de los delincuentes arrestados sean del pueblo: ¡ Vaya consuelo! ¿Quiere decir el Alcalde que los pozueleños son más decorosos que el resto? ¿Piensa hacer autocrítica o solo piensa cómo hacer para que no le salpique la salsa que él mismo ha cocinado?

Mientras, en Barcelona las putas campan a sus anchas. En Barcelona y en el resto de España. No sé porqué hay debate en Barcelona y no en el resto de poblaciones, porque haberlas haylas en toda España.

Me ha sorprendido mucho la postura de Esperanza Aguirre al declarar que se debería regular esta actividad: regular el delito no es una solución. Es simplemente inmoral. Querer cobrar impuestos de la prostitución es apetecible, pero indecoroso. Siguiendo ese argumento regulemos el tráfico de blancas, de drogas o de órganos, total, como han existido desde siempre... Si eso fuera la solución, ¿por qué entonces existe el contrabando de tabaco y el tráfico de marcas falsas?

La educación en otros valores, el desprestigio social y la acción conjunta del legislador, la policía y los Tribunales son y deben ser las herramientas para que estos comportamientos que siempre han exisitido y seguirán exisitiendo (como existe el crimen y el delito) sean socialemente repudiados, como lo es la violación, el asesinato o el terrorismo o como últimamente está siéndolo el correr demasiado con el coche o conducir bebido, lo que no significa que desaparezcan los conductores borrachos.

No es la comprensión ni la autocomplacencia, ni menos todavía una reivindicación feminista lo que debe guiar el debate sobre la prostitución, sino la libertad individual, la justicia y honor de las personas lo que se debe proteger. Esos comportamientos totalmente inmorales ya lo eran antes de Franco. No fue él quien deteminó esa condición, pero desde luego somos nosotros los que estamos permitiendo un nuevo significado a la palabra urbanidad. Los jóvenes ya están sufriendo en sus carnes las consecuencias del relativismo moral de sus padres.

Gripe A: un ejemplo de las ventajas de un estado descentralizado y no federal asimétrico

La gripe A está poniendo a prueba los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Sanidad (Administración General del Estado) y las diferentes Consejerías del mismo ramo en cada Comunidad Autónoma.

El Consejero Güemes, de la Comunidad de Madrid, pidió que las medidas tomadas a cabo por las Consejerías fueran las mismas en todos los territorios, con el fin de que no existieran diferencias en el trato al ciudadano en función de la Comunidad en la que se viva, aunque Navarra ya había empezado a actuar antes de la reunión de la Ministra con los Consejeros, lo que no auguraba nada positivo, y se podía entrar en una dinámica absurda de a ver quién era más displicente en la lucha contra la epidemia. Afortunadamente parece que todas las CCAA van a tomar las mismas medidas.

Esta necesidad ha puesto sobre la mesa la evidencia de que la Administración General del Estado (AGE) puede y debe pilotar la vertebración de España sin menoscabo de la descentralización administrativa de las CCAA, de forma que ahora serán las mesoadministraciones las encargadas de ejecutar las pautas marcadas desde el Ministerio, sin diferencias entre ciudadanos y sin absurdas comparaciones entre regiones. Y ha puesto de relieve algo más importante todavía, que existe una Admnistración General del Estado, que actúa y que consigue su objetivo de vertebración social y política, y que convive con diecisiete administraciones más sin menoscabo de la identidad territorial y sin perjuicio del trato al ciudadano que verá satisfechas mejor sus necesidades independientemente de donde resida.

Quienes argumentaban, como lo hacía Maragall, que España debía convertirse en un Estado federal asimétrico, que traducido significaba que los ciudadanos de unas regiones serían de primera y los de otras de segunda, tienen pocos argumentos para justificar las diferencias que se producen en materias que inexcusablemente debe ser competencia exclusiva del Estado: la política sanitaria sin duda es una de ellas, otras que igualmente deben serlo son educación, gestión de recursos naturales como costas, bosques, recursos fluviales y marítimos, mineros o energéticos, la política en materia de seguridad social o la investigación, entre otros.

Ello reclamaría una modificación del actual sistema de representación y mesogobiernos, pero no es posible que, desde la clase política se espere la iniciativa. Esta debe partir de la propia ciudadanía, que no olvidemos ostenta la soberanía, lo que implica que es fuente primaria de poder. Eso es democracia, el Gobierno del pueblo. El problema es determinar cuándo un pueblo es "mayor de edad" para tomar sus propias decisiones.