viernes, 30 de mayo de 2008

La independencia de nuestro poder judicial

López Tena es un miembro del CGPJ a propuesta del Congreso, que además escribe en el periódico imparcial Público. Garzón es un juez de la Audiencia Nacional que, además y entre otras cosas, escribe libros que le presenta el Presidente del Gobierno.

Son solo dos ejemplos de la mentirosa imparcialidad de nuestro poder judicial. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, según reza el art 1 de la CE, y es muy difícil creer que, en España, las Administraciones, y en concreto el Gobierno se encuentran sujetos a las leyes de la misma forma que el resto de los ciudadanos.

Son los jueces los encargados de interpretar aquello que sale del Parlamento o del Consejo de Ministros en forma de norma legislativa y, jueces como éstos ponen en seria duda que puedan ser imparciales llegado el caso.

El primero propone la ilegalización del PP, curiosamente no propone la de PCTV o ANV, y el juez Garzón prefiere que ZP avale lo escrito en su libro.

No es que me afecten especialmente las actitudes de estos jueces, pero sí es totalmente recriminable que un Presidente del Gobierno, en ejercicio de sus funciones participe de los actos privados comerciales de un juez. Simplemente es nauseabundo. En cuanto a la perorata de López Tena, es mejor no malgastar demasiado tiempo con gente de su ralea.

El problema subyacente es la sumisión de todos los poderes al Ejecutivo. Algunos autores hablan de preeminencia del Ejecutivo, pero yo lo calificaría directamente como autoritarismo de partido. Es, simplemente, una dictadura de partido consentida por la ciudadanía, convenientemente adoctrinada y adormecida o más bien anestesiada.

Existen soluciones a este tipo de situaciones que no afectan a la ética personal de determinadas personas, por muy presidentes del Gobierno que sean, y se pueden establecer mecanismos que vayan en la dirección de una auténtica labor imparcial de los Tribunales de Justicia.

Particularmente no estoy a favor de que los nombramientos de los miembros de algunos tribunales se hagan por parte de la ciudadanía, al estilo estadounidense, pero sí apelo al sufragio restringido de determinados Tribunales (Constitucional, Supremo, Superiores de Justicia de las CCAA), con derecho a elegir por parte de todos los Magistrados en ejercicio, y el derecho a ser elegidos por parte de aquellos Magistrados que posea ciertos méritos, estableciendo una escala meritoria entre los Magistrados. Esta escala permitiría medir cuantitativamente los méritos de los Magistrados, y aquéllos que posean una cierta calificación podrían optar a ser miembros de un Tribunal a través de un sufragio restringido a los Magistrados. La duración de ese magisterio sería vitalicio, entendiendo por ello, mientras las condiciones físicas y/o mentales lo permitan.

De esta forma, los jueces no le deberán nada a los políticos, nos aseguraríamos que para determinados Tribunales, los mejores accederían voluntariamente a su Tribuna, y su ejercicio no se vería constreñido más que a la Ley, interpretada según la propia conciencia del Magistrado.

Quienes tienen la facultad de actuar en esta línea o en líneas parecidas son los legisladores que, mientras tienen mayorías parlamentarias, prefieren controlar los órganos judiciales que la búsqueda de la imparcialidad judicial, como correspondería a un auténtico Estado de Derecho.

jueves, 29 de mayo de 2008

La excesiva importancia de los medios de comunicación

En estos días estamos asistiendo al juicio entre Ruiz Gallardón y Jiménez Losantos referente a una supuesta intromisión en el honor del primero por parte del segundo.

En mi opinión este esperpento mediático esconde un problema mucho más acuciante, y es el poder que los medios de comunicación masivos tienen en el debate político. Ellos establecen los temas de debate, ellos se tranforman en expertos del tema que se trate, ya sea economía, política exterior, defensa, agricultura, medio ambiente o infraesteucturas, y ellos evitan el debate con auténticos analistas expertos, precisamente para que no queden al aire las vergüenzas de encumbrados periodistas.

Y es que el periodista ya no cuenta noticias; opina, editorializa, pero lo hace de forma inmediata, superficial y constreñida a unos presupuestos algunas veces autoimpuestos. Por ejemplo, haga bien o haga mal Esperanza Aguirre, es difícil encontrar al mencionado Losantos críticas a las mismas actitudes autoritarias que le critica a Rajoy: ¿le pedirá Losantos a Aguirre las mismas primarias en el Congreso Regional?¿Le pedirá a la Presidenta que flexibilice las normas para que existan otros candidatos?

No se deben olvidar algunos aspectos que son fundamentales: primero, la prioridad de todos estos líderes mediáticos es ganar dinero, objetivo muy respetable aunque poco loable. Segundo, cuando hablan, aunque parezca que sientan cátedra, no dejan de expresar una opinión, normalmente personal, no sujeta a análisis previo y sujeta a los peajes propios de los medios de comunicación, es decir, siempre opinan sobre lo que está pasando en cada momento, por lo que pierden perspectiva en su análisis y normalmente queda circunscrito a la inmediatez de la noticia: opinar sobre lo ocurrido hace más de un día no es noticiable y por tanto no es opinable. El problema es que, para tener una opinión contrastada, es necesario un análisis previo que requiere tiempo, y eso no es de lo que disponen los autodenominados analistas polítios. Tercero, y más importante: son generadores de opinión. Tan inmediatos son los análisis que hacen y tan rápido cambian de tema que hacen que los oyentes o televidentes solo puedan seguir la opinión generada, dándola por aceptable, y negando a la opinión pública la generación de su propio análisis y por tanto de su propia opinión.

Con todo ello, creo oportuno llamar la atención de lo importante que es contrastar la información que se radia o transmite, que se lee o se escucha, porque en muchos casos, esta información está altamente contaminada por el sesgo del comunicador.

No es habitual encontrar personas que sean capaces de leer más de un periódico, escuchar más de una emisora de radio o ver un informativo en más de una cadena de televisión, y además siempre se lee, se escucha o se ve la información en la misma fuente de infomación. Es decir, el oyente tradicional de la SER, raramente oirá la COPE, y el lector de ABC pocas o ninguna vez leerá El País.

Hoy, gracias a internet es posible contrastar información, es posible ver, leer o escuchar más de una fuente de información. El problema reside en la virtud cívica de los ciudadanos, ya que esta opción requiere una actitud proactiva de búsqueda y análisis, mientras que de otra forma nos convertimos en meros consumidores de información precocinada, lista para servir. Esto implica una actitud responsable antes de la opinión, y puesto que esto no se hace asiduamente, quienes sí lo hacen, aunque sea de forma tan burda, se convierten en reyes tuertos en el país de los ciegos.

Y el problema es que, cada cierto periodo de tiempo, se nos pide opinión, a través de las elecciones, para que decidamos quién debe dirigir y gestionar nuestros intereses, y lo hacemos desde la más inocente ignorancia.

La prueba irrefutable de lo que digo es lo difícil que resulta escuchar o leer lo que los políticos dicen o hacen sin la censura previa del comunicador que extracta lo que quiere y da la visión de lo que quiere, sin importar ni el contexto ni la totalidad del presupuesto. Sólo en internet tenemos a disposición largos discursos escritos que requieren algo más que virtud para analizarlos. ¿Para cuándo debates políticos fuera de campaña electoral realiados por los propios políticos?Los pocos programas de debate existentes (recuerdo el programa Asamblea, y alguno más) se hacen en horario de mínima audiencia y en fomatos que hasta los propios intervinientes acaban dormitando por el plató.

Nunca más que ahora, está vigente el argumento principal que Ortega describía en su libro La Rebelión de las Masas, que desde aquí recomiendo, para darnos cuenta de lo fácil que es caer en la falacia de pensar que, responsablemente tomamos deciciones autónomas ajustando nuestro criterio de decisión a los medios de comunicación.

miércoles, 28 de mayo de 2008

El centro reformista

En el día de ayer, Mariano Rajoy quería hacer del PP un partido de centro reformista. Realmente dijo que quería volver al partido de centro reformista que ganó las elecciones del 96.

Debe ser que la memoria ya flaquea, pero en el 96, los apoyos del PP fueron de 9.716.006 votos, un 38,79% del sufragio, mientras que en el 2008 los apoyos fueron de 10.169.973 votos, un 40,11% de los votos (Fuente: Ministerio del Interior).

En ambos casos, Mariano Rajoy se presentaba, y si bien en el 96 el encargado de aprobar la estrategia definitiva era Aznar, en el 2008 ha sido él. Por ello no entiendo que el partido se encuentre en estos momentos donde él no quiere.

Por otro lado, en el 96 el PP no ganó porque fuera un partido más o menos de centro, sino porque el PSOE estaba tan ocupado de defender a ministros que mentían en la cárcel que no podía ganar más elecciones, y eso comenzó con las europeas del 94.

No, Sr. Rajoy. El PP no ganará las próximas elecciones porque su presidente quiera cambiar de "sitio" político al partido. Llamarse de centro reformista y no explicar qué carallo significa eso, implica simplemente que se avergüenza denominarse liberal conservador, desconcertar a su base electoral y desanimarles en su apoyo. Puede que así gane apoyos de algunos indecisos, que algunos de ellos se abstendrán, pero es seguro que perderá apoyos tradicionales que se abstendrán sin ninguna duda. Ud no obtendrá 3 millones de votos adicionales, sino que perderá más de un millón. llámele voto de castigo, desconfianza o lo que quiera, pero renunciar a los principios es renunciar a la esencia de lo que es un partido político.

En Europa, no existen partidos de centro reformista. Lo más cercano a eso serían la CDU- CSU alemana o algún partido danés , y esos partidos están más cerca de la democracia cristiana que del libralismo conservador, y el PP tenía la virtud de, en el mismo partido, hacer convivir a unos y otros, porque las diferencias entre liberales y democristianos quedaban en un segundo plano y ambas tendencias habían sido capaces de acercar posturas que flexibilizaran sus creencias en pos de un proyecto más amplio.

Hoy, sin embargo, se presenta ante el partido para decir que el PP no debe seguir donde usted mismo lo ha llevado y que usted lo quiere llevar de nuevo donde se supone que estaba en el 96.

Yo le recomiendo que revise qué significa ser de centro reformista (y de paso cuando lo sepa nos lo cuenta a los demás, por favor), qué implica dejar de ser liberal conservador y qué piensa hacer con los democrsitianos del partido, por ejemplo, personas como Mayor Oreja.

Efectivamente es necesario hablar de ideas, plantear un debate ideológico concretándolo en temas de interés a medio y largo plazo, que es como actúan las ideologías: nacionalismo vs centralismo, liberalismo vs intervencionismo, igualdad vs integración, feminismo liberal vs feminismo radical, familia vs individualismo, libertad de pensamiento vs adoctrinamiento colectivo, libertad de educación vs educación controlada, libertad de religion versus laicismo obligatorio, modernismo liberal vs posmodernismo, libertad de pensamiento vs pensamiento inducido.

Si lo desea, tengo más.

martes, 27 de mayo de 2008

400 euros, 400 mentiras

Fue el simpar Alcalde de Madrid, Tierno Galván, el que acuñó la frase "las promesas electorales se hacen para no cumplirse", y es exactamente lo que el PSOE viene haciendo desde que gobierna.

Desde este rincón he afirmado que, para el PSOE las elecciones se convierten en un fin en sí mismas: hay que ganar las elecciones sea como sea, y si para ello hay que mentir, pues se miente, ya trataremos de convencer a los españoles que la culpa del incumplimiento es de Estados Unidos, el precio del petróleo, de Aznar, de Esperanza Aguirre o de los Obispos. Cualquiera vale para ser causa de la mentira.

400 euros al año prometió Rodríguez, hace menos de tres meses, a todos los trabajadores y pensionistas. Esa promesa ha quedado reducida a que once millones de trabajadores y pensionistas no reciban esa cantidad prometida, y es lógico que así sea, puesto que la situación económica no está para que el Gobierno se dedique a las dádivas universales propias de otros tiempos.

El problema es que el PSOE sabía, era consciente de que resultaría imposible cumplir esta promesa. Ellos conocen los datos macro necesarios para saber que el ciclo actual no permite políticas fiscales expansivas, con el fin de amortiguar la inflación, y con esta medida, lo que el Gobierno hace es inyectar en el mercado más dinero, pero de forma desordenada y a destiempo.

Por otra parte, ese desembolso provoca un problema de liquidez en un momento en que la Administración va a atener que hacer frente a una situación cercana a la estagflación (inflación + paro), lo que requiere hacer frente a prestaciones económicas por desempleo y aumento de las jubilaciones y la pérdida de ingresos por parte de IRPF e impuesto de sociedades. El problema de tesorería se está resolviendo echano mano de reservas, que como es obvio, no son infinitas, sino todo lo contrario.

Todo ello era conocido por el PSOE antes de las elecciones, pero daba igual, el precio del petróleo, la burbuja inmobiliaria, la sequía, ... Alguien o algo tendrá la culpa.

Lo que me parece más alucinante del caso, es que haya sido esta promesa lo que haya dado, entre otras causas, la victoria al PSOE. Medidas económicas que, desde la transición, el PSOE en 22 años de Gobierno jamás ha cumplido. Nunca, con un Gobierno socialista ha terminado una legislatura mejor que la empezó en términos económicos, pero ahí están, haciendo promesas mentirosas que la gente, cada vez más preocupada por el titular que por el análisis, más preocupada por lo superficial que por la profundidad, es capaz de creer.

Si de verdad quieren ayudar a las familias y empresas a atenuar el ciclo, influido sin duda por causas exógenas, por qué no fomentan la productividad en las empresas, por qué no aplican exenciones fiscales a la iniciativa empresarial.

Sin embargo, creo que el problema no está en las medidas que a corto, medio y largo plazo se deban tomar. El verdadero problema está en las prioridades de gasto de este Gobierno, más preocupado en la perpetuidad del partido en el poder que en identificar y promover medidas que permitan mejorar la situación de las familias. Eso no es lo importante, lo crítico es saber vender una promesa, y saber contar quién es el culpable de que el Gobierno no la haya podido cumplir.

Aún queda mucha legislatura, y por tanto muchas promesas por incumplir, pero tiempo tendremos de conocer los ifeentes culpables del incumplimiento. Ellos, mientras tanto, a idear nuevas mentiras.

viernes, 23 de mayo de 2008

De las espantadas y la táctica política

Sin duda es difícil manejar los tiempos en política. El periodo plebiscitario prácticamente es un continuo y no hay margen para el paréntesis sosegado que permita parar, analizar el pasado, observar el presente y trazar una estrategia de futuro.

Si se tuviera que elegir un instante, todos convendríamos que éste es el lugar y el momento, cuando se han producido unas elecciones generales. Éste es el momento en que los dirigentes de los partidos deben plantear sus opciones de futuro.

En el caso del PP, cabe ecir que este proceso se está llevando a cabo de forma lamentable, aunque no creo que toda la culpa sea del Presidente del partido, Mariano Rajoy, y sí creo que muchos dirigentes del mismo tienen mucho interés en permanecer en sus poltronas, y otros decididamente están intentando influir en la dirección del partido porque, honestamente piensan que el rumbo debe ser otro. El problema es identificar quién está en esta tesitura.

Y la cosa se resuelve de forma muy sencilla: con la rotación de cargos. En el momento que ningún dirigente pueda estar desempeñando su función durante más de ocho años y además lo desempeñen con una edad mínima de cuarenta años, ocurrirán dos cosas: primero que los llamados a ser líderes deberán preocuparse antes por desarrollar su carrera profesional fuera del partido, y dedicarse a la política por vocación, renunciando a su desarrollo profesional, y segundo al estar un máximo de ocho años en el desempeño del puesto, o cambian de puesto o tendrán que regresar a su carrera profesional.

De esta forma, los burócratas del partido, que en todos los partidos existen, a los que no se les conoce experiencia profesional alguna, y a los que quieren seguir sintiendo el pelo de la moqueta, no les quedaría más remedio que, abandonar el partido o asegurarse un currículum adecuado.

Resulta vergonzoso observar cómo personas sin ninguna formación política, ninguna experiencia profesional y que han vivido a expensas del erario público, se erigen en capacitados líderes que afirman conocer los problemas de los españoles y que son ellos y no otros los que realmente pueden solucionarlos.

Y es que el principal problema de los partidos políticos en España reside en la identificación del talento político. Y es que el encargado de identificarlo probablemente deseará rodearse de ineptos aunque eficientes pelotas, antes que identificar y potenciar el talento político. Y no me refiero a los políticos de primera línea que, en general, y salvando las deshonrosas excepciones, y sobre todo en el PP, tienen unos expedientes vitales muy consierables. Pero, ¿qué ocurre con las segundas y terceras filas? Ahí encontramos los problemas. Generalmente gente muy sumisa, fiel, y condenadamente inútil. De esta forma, los líderes se aseguran su permanencia. ¿Quién podría hacerles sombra?

Mucho se habla de democracia, mucho demócrata reclama primarias y modificaciones de estatutos, los mismos que a su vez no cambian los estatutos regionales o locales para a su vez fomentar el debate en su ámbito. Pero cuando se ha tocado pelo, nadie quiere dejar el calor de la lumbre del poder y pasar al frío mundo real.

María San Gil. deja la presidencia del PP vascongado. Sin duda con honor, pero a mi modesto entender de forma francamente mejorable. José Ortega Lara deja la militancia: cada uno tendrá sus razones, pero hasta el día de hoy no se puede decir que haya sido porque el PP no defienda a las víctimas del terrorismo, habida cuenta que Ortega Lara era militante años antes de ser secuestrado, y precisamente por ser del PP. Él más que nadie, debería seguir defendiendo los valores que le hicieron ser secuestrado.

Mucho oportunismo político, y poco o nulo talento para gestionar situaciones de crisis. De todo se aprende, pero en la vida, no todo puede hacerse por el método "prueba y error". Los errores de este calibre tardan muchos, demasiados años en remendarse, y España, no lo olvidemos, necesita más que nunca al Partido Popular. Es España, no el PP lo que importa. El PP surge por necesidad de España, y no por necesidad de unos políticos más preocupados por la marca de su coche oficial y por un abono en el Bernabeu que por los problemas de los españoles.

miércoles, 21 de mayo de 2008

La educación y el derecho de huelga

Hoy aproximadamente 600.000 niños de la Comunidad de Madrid no tendrán clase porque sus profesores han decidido ejercer su derecho de huelga.

El derecho de huelga que tienen los trabajadores es un derecho político y social que, en nuestra sociedad, tiene preeminencia con respecto a otros derechos de los ciudadanos.

En este caso, el derecho del personal docente a estar en huelga choca, evidentemente con el derecho de los niños a recibir la educación correspondiente.

Como es sabido por todos, los huelguistas pretenden mejorar sus condiciones laborales y para ello, sin menoscabo de la labor social de la que se trate, se fijan unos servicios mínimos que garantizan que el derecho de unos, no interfiere en el derecho de otros.

En la huelga que hoy me ocupa coadyuvan varios aspectos que hacen que esta huelga sea, como suelen serlo en su mayoría, despreciable por quienes la promueven en sus intenciones, que intentan mantener determinado status quo movilizando a trabajadores que, en unos casos por inercia, en otros por un falso compañerismo, en otros por no ser menospreciado por los compañeros, y en otros por simple ignorancia, participan de este engaño.

Las huelgas en España, y atendiendo a la LOLS, establece que los trabajadores, en el ámbito de la negociación colectiva de sus condiciones laborales tendrán el derecho a ejercer la huelga si lo consideran oportuno, y una vez logrado el acuerdo, se comprometen a velar por la paz social.

En los colegios públicos , durante el día de ayer se ha estado explicando a los niños de diez, o doce años, las causas por las que hoy no tendrían que venir al colegio.

Las causas explicadas han sido, en palabras de un alumno de quinto de primaria de San Lorenzo de El Escorial que, "Esperanza Aguirre va a cerrar los colegios públicos para hacer colegios privados muy bonitos para los ricos y que cada vez habrá menos colegios públicos, y que los niños como vosotros estaréis "apiñados" en las clases". Esto se lo contó su profesora de "cono".

Sin dar más credibilidad de la debida a esta declaración, lo cierto es que en el colegio en cuestión, CEIP Antoniorrobles de San Lorenzo de El Escorial, se reparten unos folios explicativos, por supuesto sin firmar por parte de ningún sindicato, ni junta de profesores ni nadie identificable, pero con la aquiescencia del centro, que la huelga pretende hacer reflexionar a la Presidenta de la Comunidad para que no privatice la gestión de los centros públicos, es decir, los profesores funcionarios quieren, por encima de todo, seguir siendo funcionarios.

Para ello no hay recato alguno, engañan a los niños, de forma anónima tergiversan la realidad a los padres, y lo cierto es que los servicios mínimos consisten en que los niños, en el día de hoy, estén jugando en los patios del colegio.

Da igual estar a final de curso, donde hay alumnos que se juegan aprobar o no el curso, total, ahora eso ya no es importante. Simplemente se aprovecha la oportunidad política en la que se encuentra el PP para crear un conflicto donde no lo había, teniendo en cuenta que la política educativa de Esperanza Aguirre es la misma desde hace cinco años cuando accedió a la Presidencia.

No es que yo esté en contra del derecho del huelga, pero sí es cierto que es necesaria una revisión profunda, sosegada pero intensa para asegurar que los derechos de los trabajadores no menoscaben los derechos del resto de ciudadanos.

Todos, en alguna ocasión hemos sufrido las consecuencias de estas huelgas, y no parece que el aguante sea la actitud propia de quienes se sienten demócratas. El derecho de huelga es el síntoma inequívoco de la dictadura de una minoría y del menoscabo del respeto a la ley y a los derechos de los demás. Y se lo dice quien ha negociado tres convenios colectivos, con una Dirección de la Empresa y los sindicatos mayoritarios de UGT y CCOO.

Y, si como dicen los sindicatos, con las "cosas del comer" no se juega, oigan ustedes, con las "cosas del saber tampoco".

lunes, 19 de mayo de 2008

Montesquieu está muy muerto

En el día de ayer moría Roberto García-Calvo, Magistrado del Tribunal Consitucional, de esos llamados del bloque conservador, para distinguirlo del llamado bloque progresista.

Y es que en el Tribunal Constitucional español, también existen corrientes de pensamiento: progresista y conservadora, de forma que este Tribunal sirve de correa de transmisión de los intereses de los partidos en el Parlamento.

La formación de este Tribunal se fija en la Constitución (Título IX), siendo sus Magistrados nombrados por las Cámaras, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial.

Posiblemente sea este Tribunal la mayor amenaza y el mayor fracaso de la ideología liberal en España. Si bien para el PSOE, la administración de justicia no deja de ser una herramienta al servicio de los intereses políticos, para un político liberal, la Justicia debería ser un fin en sí misma. Asegurar que la Justicia se administra de acuerdo con la Ley, con independencia y ajenos a la práctica política es uno de los pilares básicos del liberalismo.

Salvo en contadas excepciones, las Sentencias del Tribunal Consitucional, que no olvidemos sientan Jurisprudencia, interpretan el articulado constitucional cuando se apela a Él en base a dos procedimientos: amparo o cuestiones de inconstitucionalidad.

El recurso de amparo lo solicitan personas, que ven lesionados sus derechos constitucionales, y solicitan del Tribunal que vele por esos derechos. En este tipo de recursos, suele existir unanimidad al afirmar que las Sentencias están revestidas de total consentimiento por las partes, por entenderse que el arbitrio del Tribunal se hace conforme a Derecho, y que nadie más cualificados que los Magistrados pueden dictaminar en uno u otro sentido.

Sin embargo, las cuestiones de inconstitucionalidad que los diferentes órganos pueden plantear al Tribunal hacen referencia a la posible contradicción que una norma puede tener con la Constitución, y en este tipo de actuaciones, el Tribunal siempre, siempre actúa en función de la correlación de fuerzas que estas dos corrientes tengan en cada momento de forma que, siguiendo con una disciplina casi parlamentaria, los miembros del Tribunal votan sus Sentencias atendiendo a este criterio.

No es descabellado afirmar que nuestra Constitución es el conjunto de artículos que la componen y el conjunto de Sentencias del Tribunal Constitucional. Si bien los artículos quedaron refrendados por el pueblo español en 1978, las STC que vienen mutando el espíritu, la forma y el contenido constitucional, queda al albur de la negociación política coyuntural, lo que da una idea del uso torticero del Derecho ( que diría Alfonso X el Sabio) que está institucionalizado en España.

Cuando John Locke, primero, y Montesquieu después impulsaron la separación de poderes, lo que pretendían no era que los poderes del Estado fueran independientes, sino que lo entre ellos existieran mecanismos de control, de forma que ninguno de ellos pudiera prevalecer sobre los otros y se asegurara que, quien dicta la norma fuera distinto de quien la ejecute y distinto del que juzgue según esa norma.

Hoy podemos aseverar que Montesquieu está muy muerto: el Gobierno impulsa la disciplina de partido en las Cámaras, la producción legislativa corresponde en su mayoría al Gobierno y los miembros de los altos Tribunales de Justicia son nombrados por Gobierno y Parlamento... Y nadie hace nada. Todos viven cómodos con su cuota de poder omnímodo y nadie cambia, cuando puede hacerlo, esta forma de actuar.

Creo firmemente que se deben seguir dos mecanismos de forma prioritaria para encaminar la auténtica independencia de los administradores de Justicia: el mecanismo de elección y la carácter vitalicio de su desempeño.

En mi opinión, la elección de los miembros del Tribunal Supremo, Constitucional y CGPJ, debe ser realizada por los miembros de la carrera judicial, a la que, como sabemos se accede por vía del mérito y la capacidad a través de oposiciones al Cuerpo. Se debe fijar, como ahora, una experiencia reconocida de al menos quince años y no pueden haber desempeñado cargo político alguno, ni estar afiliado a partido político o sindicato ni pertenecer a ninguna asociación profesional.

Por otra parte, el desempeño será vitalicio, es decir, que mientras conserven las condiciones físicas adecuadas al puesto, seguirán desempeñando su función, para que sean ajenos a la servidumbre y la confrontación política.


De esta forma, se puede iniciar una senda marcada por la verdadera independencia judicial, que permita que los ciudadanos reciban una administración de Justicia guiada por la razón y el Derecho, y no por el servilismo o el corporativismo.

Sí, Montesquieu está muy muerto y nada podemos hacer nosotros por él, pero sí podemos hacer algo con su legado. Solo, y no parece poco, se requieren principios y voluntad política.

miércoles, 14 de mayo de 2008

ETA: Delincuencia organizada

Hoy ETA ha vuelto a matar. Lo hace cuando quiere y cuando puede. Son delicuentes organizados, lo han sido siempre y lo seguirán siendo.

Sin embargo tienen una característica muy particular que los diferencia del resto de asesinos comunes: el respaldo social. Hasta tal punto es importante en estos casos el lenguaje que, el término terrorismo empieza a suponer un cambio de apreciación, dos puntos de vista diferentes: el de la parte de la sociedad que lo condena y la otra parte que lo comprende, aunque no lo comparta.

Si frente a un extorsionador o asesino, el rechazo social es unánime, en el caso del asesinato en nombre de un supuesto ideal político presupone que, si bien los medios no son adecuados e incluso son condenables, sí es legítimo lo que plantean, y en esa trampa ideológica son capaces de seguir delinquiendo durante cerca de cuarenta años.

No es el terrorismo etarra muy diferente de otros terrorismos. Unos apelan a razones políticas, otros a razones religiosas, y lo cierto es que se trata de un negocio muy lucrativo para aquéllos que lo ejercen, salvando las distancias de sus consecuencias, pero el sustrato excusativo es el mismo: apelar a una supuesta legitimidad histórica no atendida por un Estado, y actuar violentamente con el fin de influir en ese Estado, pero ¿alguien piensa que si un Estado accediera a esas pretensiones imposibles, dejarían de existir? Pidiendo la Luna se asegurar perpetuarse en la sociedad: es un negocio.

Hasta tal punto se pervierte el mensaje que, hoy día existe un debate no solo a nivel político sino a nivel social, de si es recomendable o incluso necesario negociar con ETA, y el debate, creo que no debe ser ése. Negociar, claro que es necesario negociar: cómo entregar las armas, como declarar la disolución de la banda, etc. Eso es necesario negociarlo, y para ello es necesario entablar contactos con los asesinos. Lo que no es posible es contemplar a unos asesinos como interlocutores políticos, no ya para ceder o no ceder ante sus pretensiones, que sin duda es imposible de hacer, sino adjudicarles la categoría de actor político con opinión, con voz propia, la voz de las armas. Eso no es Estado de Derecho.

En cualquier caso, el final de esta lacra social, solo vendrá desde el desarme del apoyo social a la banda, y en esto tiene mucho que ver el papel desempeñado por el PNV. Su ambigüedad en el trato a los terroristas los convierte inexorablemente en cómplices: no hay medias tintas, no existen gradaciones grises. o se combate el terrorismo o se está con él y por ello pienso que el PNV facilita la acción y desarrollo de ETA, porque lo legitima socialmente, aunque condene sus medios.

Hoy será el típico día en el que todos los dirigentes políticos se encontrarán muy cerca de las víctimas y sus familias, hoy todos clamarán contra ETA y se pedirán cadenas perpetuas, cumplimiento íntegros de las penas, cese de negociaciones, y otra serie de alaridos parecidos, pero todos los días muere la libertad en España, todos los días deberíamos exigir el fin de ETA. Al Gobierno le compete en exclusiva el uso de la coerción física legalizada a través de las Fuerzas de Seguridad, precisamente para asegurar ésta a todos los ciudadanos, y ningún Gobierno ha sido capaz de garantizar ni la seguridad ni la libertad, y ello debido al apoyo social que sustenta el terrorismo.

En España hay quienes por tener una determinada opinión tienen que ir con escolta, sus hijos no pueden ir al colegio siguiendo el mismo camino y sus familiares debe pasar inadvertidos mirando siempre atrás: deben ser muertos en vida, y parte de la sociedad lo transige, y parte de la clase política lo alienta, y eso no es ni bueno ni justo y nunca, nunca esta sociedad podrá pagar a las víctimas, muertas o no, lo que han perdido, porque la libertad no tiene precio. Es el príncipal síntoma de la ausencia de valores de una sociedad: si la libertada no se valora, no se protege, no se preserva, no es posible la vida. Vivir supone tomar decisiones que te acercan a tu destino y si esas decisiones no toman libremente, otros viven por ti, tu vida no es tuya, no te pertenece y, entonces, ¿para qué vivirla?

Cuándo entenderán los dirigentes políticos que la lucha contra ETA no es propiedad de un Gobierno concreto. El Gobierno deberá ejecutar aquello que las fuerzas política acuerden para acabar con el terrorismo. No se trata, como pretende el PSOE, de que la oposición apoye al Gobierno en su acción, se trata de que el Gobierno ejecute un acuerdo entre las formaciones políticas con posibilidad de Gobierno, sea quien sea el que tenga esa responsabilidad, y de ahí, del acuerdo previo, surgirá el apoyo posterior.

martes, 13 de mayo de 2008

La democracia en los partidos políticos

"Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos." art 6 de la CE.
El Partido Popular está pasando por un periodo necesario de transición, como corresponde a quien, teniendo vocación y siendo alternativa real de gobierno, ha perdido dos elecciones generales consecutivas.
sin embargo el proceso está atravesando por fases más o menos trasparentes y por otras decididamente oscuras.
Pienso que se equivocan los que piden la celebración de primarias para la elección del Presidente del partido, porque no es la celebración de unas elecciones lo único que imprime democracia al proceso. Seguramente sería bueno la celebración de unas primarias, pero no de esta forma.
Para ello sería necesario que cualquiera pudiera presentarse en igualdad de condiciones y que, desde luego no sea necesario que, el candidato, sea avalado por la firma de quienes se supone después tienen que emitir un voto que se presume secreto. Eso sería un secreto a voces.
Sin embargo, sí soy partidario de un aval económico recuperable si se consigue un número mínimo de votos, que quedaría por determinar, y con la sola intención de evitar protagonismos suicidas o huecos, de forma que cada uno libremente pueda presentar su proyecto político y el corpus electoral pueda dar su voto, éste ya sí secreto.
Por otro lado, ¿qué inconveniente hay en que puedan votar todos los militante? ¿Por qué es necesaria la figura de los compromisarios? Y lo más importante de todo: creo que no es posible decidir una estrategia política sin conocerla con la suficiente antelación. El debate no se está dando, y lo que se va a votar no es un proyecto sino a la persona encargada de llevarlo a cabo, lo que se traduce en un cheque en blanco a su gestión. Eso no lo quiero para España y tampoco lo quiero para el partido.
El debate ideológico es necesario, oportuno y debería ser múltiple. Sus ponentes deberían defender sus posiciones y argumentar el porqué de sus pensamientos, de forma que el partido pueda tomar decisiones desde la responsabilidad y no desde la fe ciega.
En estos días, muchos dirigentes del PP están publicando en los medios de comunicación, más que sus propuestas, sus frustraciones y descontentos, y eso no es bueno. Discrepemos de las ideas, de las propuestas, pero no de las personas. Para eso ya están el resto de partidos y casi todos los medios de comunicación.
La democracia es el menos malo de los mecanismos de toma de decisiones. Consideramos que si una mayoría toma una decisión, ésta es legítima, que no correcta, y si pensamos que las decisiones y funcionamientos internos de los partidos deben ser democráticos, debemos facilitar la discrepancia política, porque lo que se quiere preservar es la legitimadad de las decisiones y no su otros considerandos. Somos la mayor fuerza política de España y, aunque solo sea por simple estadística, tenemos el mayor potencial y talento político de España. Lo que deben hacer los líderes políticos del PP es identificar ese talento, encauzarlo, consensuar una postura común y defenderla ante la sociedad. De esta forma podríamos conjugar democracia (legitimidad) y eficacia. Para bien y para mal, eso es lo que nos dimos en la Constitución.

lunes, 12 de mayo de 2008

Un monarca que reina, no gobierna pero opina

En fechas recientes nuestro Rey, D. Juan Carlos I, tuvo a bien conceder unas declaraciones a un periodista que estaba trabajando en un artículo sobre el Presidente del Gobierno. Este periodista tuvo la oportunidad de pedir su opinión al Jefe del Estado acerca de la figura del Presidente y éste consideró oportuno fijar una posición claramente política y muy por encima de sus atribuciones.
Este hecho me permite establecer cuál es mi posición con respecto a la forma del Estado y de gobierno en España.
El articúlo 1.3 de la CE establece que " La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria". A mí me parece más correcto el término Monarquía Constitucional, al estilo de la Constituión danesa, y conforme a los argumentos esgrimidos por los Diputados Sres, Gómez de las Roces, Morodo y Gastón (enmiendas 36, 455 y 76) o la fórmula propugnada por los los Senadores Cela, Marías y Sánchez Agesta de "monarquía constitucional y parlamentaria" (enmiendas 128, 227 y 319).
Fuera de estos conceptos más técnicos jurídicos que políticos, lo que parece oportuno es determinar las competencias y funciones de la Corona en nuestro sistema político y en nuestro ordenamiento jurídico.
Entendida la Corona, no solo en la figura del Rey, sino también en la del Sucesor, de forma que parece ya inevitable configurar un Estatuto de la Corona, en el que se recojan estas competencias, funciones y límites a la acción del Rey, Regente, Heredero, Consorte del Rey y Consorte del Heredero, así como del Tutor del Rey menor.
El Rey, en mi opinión, es una figura ajena a la confrontación política cristalizada en el Parlamento, que es la sede de representación del pueblo español, por tanto debe quedar fuera de la contienda política, de ahí lo inoportuno e improcedente de las declaraciones a las que he aludido al inicio.
Si el máximo representante de la Monarquía entra en el debate político, además de romper su estatus, lo hace en superioridad de condiciones. ¿Cómo puede la oposición contrarrestar las declaraciones políticas del Rey?
El debate sobre la idoneidad de la Monarquía hereditaria como forma política de un Estado, frente a una fórmula presidencialista está candente y hay opiniones para todos los gustos.
En mi opinión, no existe una forma política de Estado mejor que otra, sino un forma "más adecuada", en función de las caracterísitcas sociales temporales del Estado. Es decir, lo que puede ser adecuado hoy no tiene por qué serlo mañana.
Hoy por hoy, creo que la más adecuada es la Monarquía Constitucional, aunque asumo como menor mal la Monarquía Parlamentaria que actualmente goza España, debido fundamentalmente a la función contrarrestadora de un elemento aglutinador, como es la Monarquía, frente a las fuerzas disgregadoras que representan los nacionalismos exacervados que pretenden la independencia de algunos territorios y poblaciones españolas.
Además, y en un mundo cada vez más interconectado y con mayores necesidades de cooperación, la figura apartidista del Rey puede ayudar en estas relaciones con dirigentes de otros Estados.
Sin embargo, las actuaciones que viene llevando a cabo el Rey son, en muchos casos desmedidas: unas por exceso y otras por defecto. Dentro de la categoría de acciones por exceso figuran entre otras las prebendas de toda la Familia Real (desde Infantas a consortes), la estrafalaria imagen de cercanía que quiere dar la Familia Real (p.e de las hijas del Prícipe de Asturias) o las relaciones puramente económicas y especulativas de "los amigos del Rey", sin contar el desagradable "por qué no te callas". En este sentido comparto las tesis del Profesor González Cuevas. (El Catoblepas, núm 73)
Pero son las acciones por defecto las que más me preocupan: que el Rey no pueda visitar las Vascongadas mas cuando sea invitado por el Lehendakari, que visite oficialmente Cataluña como si fuera un Jefe de un Estado extranjero, su nula aportación al caos institucional judicial que representan el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, su nula aportación
a la desintegración de la identidad de España, su escasa influencia para remendar los desaguisados diplomáticos de ZP con Estados Unidos o Reino Unido son ejemplos de acciones desmedidas por defecto de nuestro Rey.
Pero, por otra parte, se hace necesario que el Rey, así como el Príncipe, puedan actuar libremente dentro de unas competencias definidas, que no las tienen, sometiéndose a la Ley, y solo a la Ley y sin entrar en la dirección política del país, que es competencia del Ejecutivo. Sí deben tener mayor protagonismo en lo concerniente a la representación insitucional de España, dentro y fuera de sus fronteras, el arbitrio de los diferentes poderes, tal vez lo más difícil, tal y como se eligen los prícipales órganos judiciales y la cohesión de las diferentes opciones políticas mientras éstas sean legítimas (no parece sensato que el Rey comparta las tesis independentistas por muy legales que éstas sean). Un ejemplo de lo que digo podría haber sido una contestación sin ambages a la declaración de ZP "tenemos un Rey muy republicano". El Rey hizo "mutis por el foro".
Las relaciones exteriores de España van más allá de la estrategia política de un Gobierno, y más alla de las competencias del Gobierno, por tanto, la Corona debería disponer de su propio Cuerpo Diplomático. En el interior, debe asegurar la cohesión de todos los españoles, convencernos de que somos todos iguales y que todos somos España. Como ejemplo de ello debería exigir que la bandera de España y el himno nacional estén presentes allí donde el Rey asista, y digo exigir conforme a ley, no pedir, no solicitar, no negociar que sea así.
Su experiencia internacional y su incuestinable amor por España no puede quedar, como parece supeditado a intereses familiares particulares o a intereses políticos partidistas. Si eso sigue así, ¿quién necesita un Rey?

jueves, 8 de mayo de 2008

Empiezan las reformas: que Dios nos coja confesados

La Vicepresidenta del Gobierno anunció ayer lo que parece va a ser la agenda política para los próximos años: reforma constitucional, reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), reformas a Ley del Aborto, Ley de las Confesiones Religiosas y Ley de la Igualdad de trato. Desde luego, valentía no se puede negar.
Pero vayamos por partes, porque aquí se están mezclando churras, merinas y de paso algún zopenco.
La reforma de la Constitución requiere voluntad inequívoca de consenso, puesto que no es posible modificar la Ley principal del Estado sin que toda la sociedad, los representantes primero y los representados después, estén mayoritariamente de acuerdo.
Puesto que parece que será necesario modificar el Título II, lo que lleva aparejado entre otras cosas, la disolución de las Cortes, supongo que hasta el final de la legislatura no verá la luz el texto reformado.
La reforma de la LOREG es, además de necesaria, perentoria sobre todo en lo que afecta a las elecciones generales, pero también las autonómicas y municipales.Mucho se ha estudiado sobre ello, y parece pueril que, aquí plantee un argumentario serio sobre la reforma, pero sí me atrevo a apuntar dos elementos fundamentales: la modificación de la circuscripción (actualmente la provincia) para que fuera la Comunidad Autónoma y que la barrera electoral, es decir el número mínimo de votos por los que un partido o coalición puedan tener representación se sitúe en el 5% en vez del 3% actual, al estilo de las elecciones municipales. Otros asuntos menores podrían ser la necesidad de un aval si no se obtiene representación, aunque solo sea para pagar los gastos de papel de aquellos partidos qe se presentan tan solo para disponer del censo electoral y poder utilizarlo después a su antojo. Tiempo tenré para desgranar estas propuestas y otras y argumentar el porqué de ellas.
Hasta aquí las churras, las reformas estructurales, las que podríamos llamar las reglas del juego. Ahora llegan las merinas, el auténtico argumentario político de la izquierda: aborto, laicidad y falsa igualdad.
Que el PSOE quiera abrir este debate es una auténtica oportunidad para el PP para confrontar modelos de sociedad diferentes. El modelo del PSOE presenta unos valores como son la prevalencia del, hasta ahora inexistente derecho de la mujer a abortar ( a matar) frente el derecho del no nacido a nacer (a vivir), la laicidad del Estado, que no está en duda, que servirá de excusa para socavar la moral del cristiano (ojo, cristianos, no solo católicos) defendiendo el derecho de los agnósticos, como si laico y agnóstico fuera lo mismo. Y no, no es lo mismo. El laico es el neutro, como debe ser el Estado, que como conjunto de instituciones no pueden tener ideología o creencia religiosa alguna, puesto que eso solo compete a la persona.
El agnóstico sí tiene ideología y sí profesa doctrina: la negación de la existencia de Dios, y ésa es la doctrina de la izquierda, y contra ella es necesario que el PP defienda los derechos y libertades de los que sí pensamos que existe Dios. El agnóstico, hasta donde sé, puede pensar como quiera, opinar como quiera, elegir la educación que quiere para sus hijos, mantener la solidaridad con quien quiere y no ser tachado socialmente como retrógrado como ocurre con los católicos. ¿Qué derecho adicional se le debe reconocer al agnóstico y solo al agnóstico, Sra De la Vega?
Hecho distinto será el de la financiación, en el que me declaro tajante: son los fieles de cada congregación los que deben mantener sus jerarquías e Iglesias (entendida no como templos sino como asamblea de creyentes). Pero eso sí, tampoco, con mis impuestos, el Estado va a decidir qué ONG´s se llevarán subvenciones y en qué cuantía. Eso se le dejamos a la solidaridad personal del ciudadano, por lo que espero que desaparezca de la tributación la famosa X, ya seré yo quien ponga la X donde considere. para eso no necesito tutela del Estado. Y por cierto, las labores y funciones que realiza la Iglesia Católica en educación, sanidad, obra social o mantenimiento del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional remunérese, como también se hace con las ONG´s.
Pero insisto, el problema no debe ser tanto de financiación, cuanto de debate ideológico de distinguir la laicidad del Estado con la preeminencia del agnóstico, muy en la línea masónica de este PSOE.
Y por último, llega la Ley de la Igualdad de Trato, que ya en su proclamación en el programa electoral del PSOE muestra su más evidente contradicción: ""fomentar el reconocimiento de la diversidad como un activo social, impulsando y completando el marco legislativo europeo". Oiga ud, si reconocemos la diversidad, estamos reconociendo que no somos iguales sino diversos y como no somos todos iguales, no se nos puede tratar a todos igual.
Si el PSOE quiere hablar de igualdad, hablemos de la igluadad de la que puede hablar el Estado: la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato ante la ley. Les doy, señores del PSOE dos ejemplos: ley de oportunidades: que los españoles puedan tener la misma igualdad de oportunidades para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos en toda España, y dos, que los padres sean tratados en términos de igualdad ante los jueces en situación de disolución de matrimonios con hijos. Con perdón de la expresión, en muchas ocasiones los cornudos y apaleados son ellos, y encima no pueden ni ver, ni educar ni vivir con sus hijos.
¿Qué les parece empezar por ahí?

miércoles, 7 de mayo de 2008

El aborto y la hipocresía española

En el día de ayer, la Mesa del Congreso admitía a trámite una propuesta de ERC, IPC e IU (5 escaños) para que se debatiera en una subcomisión dentro de la Comisión de Igualdad la ampliación de los supuestos y plazos de aborto. Ésta es la primera propuesta. El PP se ha opuesto, a través del Vicepresidente Tercero del Congreso, jorge Fernández Díaz. Pero se ha opuesto porque el PP quiere que se debata en la Comisión de Justicia.

La diferencia no es baladí. El PP pretende circunscribir el debate en círculos jurídicos y la izquierda, incluida el PSOE, aunque a través de la comparsa ERC, IPC, IU, quieren llevarlo al terreno de lo social.

El debate es necesario, y espero que de una vez por todas el PP tenga una posición clara al respecto y no haga como hasta ahora, votar en contra de una ley (Ley del Aborto) y cuando tiene responsabilidades de gobierno la mantiene. Eso es hipocresía.

Pero si de hipocresía se trata, más hipócrita es establecer determinados supuestos en los que legalmente se puede interrumplir voluntariamente un embarazo (vamos, que es legal matar) y además se establecen plazos legales para hacerlo.

En cuanto a los supuestos, cabe decir que existen cuatro situaciones en los que la sociedad moralmente establece que matar un ser vivo es legal, a saber: malformación del feto, embarazo a causa de una violación, riesgo para la vida de la madre y un cuarto supuesto que afecta al estado sicológico de la madre ante el embarazo. En realidad, las cifras oficiales dicen que los abortos practicados en España, legalmente se ajustan en un 95% al cuarto supuesto, que en la práctica supone el aborto libre en las primeras semanas.

Ahora viene lo más hipócrita de todo: el periodo a partir del cual es legal hacerlo o no (me refiero a matar al no nacido). El límite temporal se mide en semanas, concretamente 12 semanas, que es una medida médica tan burda como útil a efectos de controlar la evolución de un proceso continuo que es un embarazo que, aproximadamente dura cuarenta semanas a contar nadie sabe a partir de cuándo.

Esta medida burda de las semanas es la medida legal utilizada: 12 semanas. ¿Qué ocurre 12 semanas y un día después para que ese feto tenga derecho a vivir?¿Qué ocurre 12 semanas menos un día para que ese mismo feto no tenga ningún derecho? Fisiológicamente, clínicamente, científicamente, nada, políticamente, socialmente, jurídicamente, todo.

Jamás he visto tanta hipocresía junta. Aceptamos moralmente matar porque unos políticos deciden cuándo es legal o no hacerlo.

Puedo entender que la izquierda valore la vida como tracidionalmente lo ha hecho: supeditarla a intereses políticos. Se pretende dar supremaciá al derecho de la madre a tomar una decisión que no solo le afecta a ella, frente a la protección de un ser indefenso a que pueda seguir viviendo. Esto es tradicional en la izquierda desde que se conformó. Pero, ¿qué opina el PP? Si el aborto es libre, seamos valientes y digámoslo: fuera supuestos estúpidos que lo único que favorecen son las prácticas ilegales y fuera los plazos estúpidos para lavar conciencias aún más estúpidas.

Pero si estamos de acuerdo en que cuando un embarazo es confirmado, el embrión es vida con derecho inherente y preexistente (pensamiento liberal) y que el Estado debe proteger, ningún supuesto salvo el riesgo de vida para la madre es justificable.

En este supuesto, no cabe establecer plazo ninguno (esto no es católico, y por tanto también estoy en contra, pero políticamente se trataría de preservar una vida a costa de otra cuando las dos no se pueden asegurar), pero en el resto de supuestos no existe justificación alguna para que el Estado no proteja los derechos que le corresponden a un no nacido. Y en este tema no caben medias tintas ni posiciones ambiguas.

La vida se debe proteger desde que ésta existe. Un embrión es vida, y una sociedad que se autolegitima para acabar con esa vida se autolegitima para acabar con otras vidas, por ejemplo las de los enfermos terminales que, supongo será la próxima iniciativa de estos pacifistas de pacotilla, moralmente rastreros, o la de personas con dolencias crónicas que no cumplan los requisitos que la izquierda establezca, p.e. personas con síndrome de Dawn, escleróticos, etc, en fin, muy al estilo de Hitler con la supremacía de la raza blanca pero en sano. El melón moral de la muerte legal estaría abierto y seguro que encontramos justificaciones hipócritas que permitan legislar en ese sentido.

Solo espero que el PP fije clara su posición, que nadie nos llevemos a engaño y que el PP no se vea arrastrado, como tantas veces, a tomar decisiones marcadas desde la supuesta superioridad moral de la izquierda. Ser progresista no es matar al indefenso, antiguamente eso se llamaba cobardía.

martes, 6 de mayo de 2008

La crisis económica y la capacidad de previsión del gobierno

Según el "Informe sobre Posición Cíclica de la Economía Española 2008" que el Ministerio de Economía y Hacienda ha hecho público, España "no tirará" hasta 2011. Lo que impresiona de este informe, de carácter estratégico, no es ya tanto si el output gap ( diferencial entre lo que se puede producir y lo que realmente se produce) es negativo o no, es decir, si se aprovechan todas las potencialidades productivas españolas, sino que el Vicepresidente Económico sea capaz de adelantar previsiones a tres años vista, habida cuenta su capacidad para predecir algunas cifras macroeconómicas cada vez que presenta en el Congreso sus Presupuestos Generales. Datos sobre PIB, inflación, paro, precio del petróleo, etc son permanentemente machacados por la realidad, y siempre se maneja el Ministro Vicepresidente en el escenario más óptimo, que dirían los expertos, el más fantástico que diría yo.
Si curiosa resulta la nula capacidad de comunicar a la opinión pública una predicción correcta ( y no será porque no cuenta con expertos), más curioso resulta que nadie le pida explicaciones por tales desaguisados, desde la oposición hasta las patronales, pasando por las asociaciones empresariales o los sindicatos.
Y es que el asunto es serio, tanto como que estamos hablando de " las cosas del comer". La confianza del consumidor está en mínimos de los últimos quince años, lo que afecta directamente a la propensión marginal al consumo: es decir, se acabaron las compras compulsivas o el consumismo irracional (fundamentalmente en hostelería, ropa, calzado, viajes), lo que sin duda controlará los precios de bienes no indispensables. Que el euribor esté en máximos en ese mismo periodo nos indica que, fundamentalmente las familias no pueden hacer frente a grandes gastos (vivienda, coches, viajes, educación) y que la inflación no esté controlada, no por el consumo interno que poco a poco se adecuará a la situación, sino por el precio de las materias primas y el petróleo, provoca que, en este caso, las empresas ajusten sus planes de inversión.
Todo lo anterior, al final se traduce en ajuste entre oferta y demanda, lo que en términos humanos quiere decir ajuste de la mano de obra, vamos, que aumentará el paro. Y con el paro, las demandas de recursos públicos a través de prestaciones de desempleo, lo que no es infinito.
Esta situación no es nueva, se han conocido otras anteriores, y vendrán situaciones similares. Las causas serán idénticas o no, pero las consecuencias de los ajustes del mercado sí son las mismas, y es en casos como éste cunado en mayor medida se justifica la intervención del Estado, no por vía de la asunción de costes o el incremento de la presión fiscal sobre el que trabaja para ayudar al que no trabaja, sino para favorecer las condiciones de mejora en las que empresas y familias no pueden intervenir por sí solas: educación, I+D, regulación, etc.
El modelo circular de la renta nos viene a decir que el dinero ni se crea ni se destruye, sino que pasa de manos. Si la vivienda subió como lo hizo, no fue solo por el aumento del precio del suelo para que los Ayuntamientos pudieran financiarse, sino porque, además, se dieron tres circunstancias que coadyuvaron a que la vivienda fuera la más cara de la historia, y a la vez la más asequible: tipos de interés históricamente bajos ( del 15% al 2%), periodos de amortización duplicados (de quince a treinta años) y la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, que supuso incrementar la renta neta disponible de las familias biparentales. Con estas tres circusntancias, la capacidad de endeudamiento de las familias se triplicó. Ello hizo que el mercado inmobiliario activara toda la economía productiva española. Casi todos ganaban: las familias biparentales tenían mejores viviendas, las parejas jóvenes podían comprar casa, los bancos se hinchaban a conceder hipotecas y gestionar el negocio familiar, a través de pólizas de seguros, gestión de activos financieros, etc. El dinero corría de mano en mano, pero nadie se ocupó de dos elementos: las familias monoparentales , que no disponían de esa segunda fuente de ingresos, cada vez más numerosas gracias entre otros a las políticas antifamiliares del PSOE, y la productividad del sector: se construía, pero cada vez con peor calidad y más márgenes comerciales, ya que estos se repercutían a los compradores a treinta años.
A esta situación añadimos el paso de la peseta al euro, que tuvo especial repercusión en la conciencia ciudadana y ello benefició a los sectores de la hostelería, calzado o ropa, hasta que la gente aprendió lo que era un euro, que no eran cien pesetas.
En menor medida afecta por ahora el precio del petróleo, debido a que está parcialmente contrarrestado por el tipo de cambio favorable del euro frente el dólar, pero esto es coyuntural, ya que más pronto que tarde la UE necesitará favorecer la exportación. No son soportables los desequilibrios existentes en las Balanzas por Cuenta Correinte de los países miembros, especialmente España.
Siguiendo con la economía doméstica, hoy ya no es posible incrementar los ingresos familiares (salvo que los progenitores decidan incorporar a los hijos al sostenimiento familiar), lo que seguramente repercutirá en el número de divorcios, ya no es posible mantener los tipos de interés en los niveles anteriores, no parece que el precio del petróleo baje de los cien dólares nunca más, no creo que las hipotecas, de forma masiva se amorticen en más años (aunque ya hay hipotecas a más de ciencuenta años) y no se espera una nueva conversión monetaria, por lo que ya están todas las cartas boca arriba.
Pero tranquilos, esta situación no es permanente, aunque se trata se dejar el menor número de víctimas posible. Para ello, España de una vez por todas necesita apostar por la competitividad. Se ha dicho muchas veces, pero no se hace nada. España no dispone de recursos energéticos suficientes, pero tiene otros activos muy importantes: sus empresas son fuertes, sus dirigentes preparados, somos capaces de abrir nuevos mercados y son muchas las experiencias de éxito, tenemos un clima y una oferta turística de primer orden, recursos naturales agrícolas, forestales y pesqueros importantes, y tenemos un tejido industrial suficiente aunque necesitado de reconversión urgente. Invirtamos en competitividad, a través de la I+D, a través de la formación de empresarios y trabajadores. Ajustemos el sistema educativo a la realidad que nos rodea, con una Formación Profesional de calidad y una Universidad más cercana a la realidad empresarial. El Estado no debe fomentar la cultura del subsidio, sino la cultura de la búsqueda activa del trabajo, reduciendo los periodos de percepción y debe incrementar la persecución del fraude fiscal. Los trabajadores a su vez deben estar mejor remunerados: no fomentamos la competencia entre trabajadores, entre otras cosas porque ningún trabajador europeo quiere trabajar en un país con este nivel de ingresos, y solo importamos mano d obra barata y de baja calidad. Es necesario aumentar, pues el nivel salarial, aunque esto parezca ir en contra de la inflación, lo cierto es que provocará mayor capacidad de consumo, lo que quiere decir mayor capacidad de intercambio, de comercio. Es necesario rebajar la carga fiscal sobre empresas y familias, que sean ellas las que reactiven la economía. El Estado debe velar por hacer más competitivas las empresas y ello supone no intervenir en el mercado, sobretodo en el inmobiliario, e invertir en fuentes de energía alternativas al petróleo (por diferentes razones, nuclear, solar y eólica), debe reducir los costes de comunicación móviles y de internet y debe propiciar seguridad jurídica al consumidor y a las empresas.
En fin, Sr Vicepresidente: todavía estoy estupefacto de cómo en apenas dos meses hemos pasado de negar una situación clara de crisis a hacer previsiones a tres años vista, aunque éstas nunca se cumplan.

lunes, 5 de mayo de 2008

La eterna transición

En el día de ayer moría un hombre, que será recordado por lo ocurrido en España justo cuando iba a ser investido Presidente del Gobierno de España un 23 de febrero de 1981. Pertenecía este hombre a un partido político, la UCD, en cuyo seno militaban correligionarios procedentes del régimen franquista que vieron la necesidad de redirigir España a la senda del constitucionalismo.

Este encauzamiento se vino a denominar Transición, por lo que ello significaba transitar de un régimen dictatorial a otro constitucional. Sin embargo el tránsito no iba a ser tarea fácil. Era un proceso en el que intereses muy diversos pretendían verse cubiertos.

Los nacionalismos recalcitrantes, y las izquierdas obstinadas participaron, con intereses en muchos casos contrapuestos, en esta transición, amén de una derecha que todavía estaba por conformarse alejándose de la herencia falangista.

Por espíritu de la transición se entendía el esfuerzo consensual que los diferentes grupos políticos debieron hacer para llegar a un acuerdo plasmado en lo que hoy es la Constitución Española, y es que cuando una Constitución no es fruto de la razón, sino del consenso, más temprano que tarde, los problemas afloran, en cuanto las personas o los consensos se desgastan o desaparecen.

Los intereses personales se convirtieron en el fin de los objetivos políticos, mientras que la Monarquía, la democracia, la libertad sobre todo la de opinión y el desarrollo de los partidos políticos y los sindicatos serían los contrapesos para un endeble sistema político y una más endeble sociedad, más acobardada que decidida, que sirvieron de herramienta útil para que la sociedad transigiera en la consecución de estos intereses personalistas: la autodeterminación y la implantación del socialismo.

El llamado desarrollo autonómico, vieja pretensión del nacionalismo catalán y vasco, provocó que en la Constitución se recogieran hasta cuatro modelos distintos de acceso al establecimiento autonómico de las regiones, rompiendo en su propia defiinición, la igualdad de las personas en función de la región a la que pertenecían.

El culmen del despropósito lo podemos observar en el art. 61.1 del texto constitucional: "El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas".

Es decir, se hace jurar al Rey por una serie de derechos que parecen tener las CCAA cuando éstas, en el momento del juramento, no estaban siquiera constituidas y a las que se les hace sujetos de derecho. Territorios con derechos.

En muchos artículos de nuestra Constitución, como el citado, se pueden encontrar artículos más fruto de la negociación de estos intereses que de la manida visión de Estado que nos han intentado trasladar desde entonces los pólíticos contemporáneos de la Constitución.

No pretendo, en esta reflexión hacer un análisis del articulado de la Constitución, pero sí pretendo denunciar la perversión del lenguaje realizada, fundamentalmente por el PSOE y poco refutada por el PP, cuando se apela al neologismo del "Espíritu de la Transición". Parece que esta transición todavía está inconclusa. No se trataba de darnos un excelente catálogo de derechos fundamentales, sin duda la parte dogmática de la Constitución, a excepción del Título 2, es el articulado del que más orgulloso nos podemos sentir, sino de aprovechar un marco constitucional, y por tanto solemne y constitutivo, como fuente de Derecho, para el mercadeo estatutario que todavía persiste.

Los Suárez, Calvo-Sotelo o Cisneros tuvieron que tragar con ruedas de molino para aparecer acompañados en la comparsa de la Transición con personas como Carrillo o Arzallus, muy demócratas y con altas miras para España. Revestidos de una Monarquía totalmente sustituible y de la legitimidad formal que supone un Tribunal Cosntitucional, era necesario encauzar al pueblo español para que, con su aprobación mediante referéndum, éste no puediera manifestar su decepción ante el engaño que ha supuesto esta Constitución.

Dos ejemplos de lo fácil que resulta pasarse la Constitución por el forro de los pantalones: el primero la formación de la comunidad autónoma andaluza, que requería la aceptación por referéndum de cada provincia andaluza para el establecimiento de la Comunidad Autónoma: Almería votó en contra, la Comunidad andaluza existe y Almería dentro de ella. El segundo, aún más clamoroso, la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional, recogidos en el Título X, como hemos visto, no ha ido con la actual Presidenta.

Como éstos, se podrían citar múltiples casos por los que se ha producido en España una mutación constitucional, en la que la Constitución aparece como excusa ante el pueblo español para que la clase política siga en la deriva de la eterna transición.

¿Y cuándo concluirá? Sin duda cuando los políticos de Cataluña y el País Vasco consigan su propósito: la independencia de España.

Cuando esta se consiga, ya veremos lo espiritual de la transición, pero como ejemplo un botón: Cataluña exige su derecho a la autodeteminación en su Estatuto, pero niega este derecho a los territorios que la componen, es decir, Gerona no puede decidir si es parte o no de Cataluña o si quiere seguir siéndolo.

Calvo-Sotelo ha muerto, como antes murió Gabriel Cisneros, personas con un sentido de España que hoy simplemente no existe.