La acción política de la izquierda, tanto en el Gobierno como en la oposición, pasa por establecer unas pautas sociales con fuerte carga ideológica, establecer como únicamente válidos sus presupuestos y denunciar, como si de un delito se tratara, a aquél o aquéllo que no se ajusta a sus principios ideológicos.A esta práctica política la denomino, racismo ideológico.
Pongamos ejemplos concretos a estas tesis: la izquierda se autoproclama defensora de la educación pública en este país, mientras que el PP es el partido que quiere acabar con la educación pública. Esta bandera, largamente flameada por la izquierda, encierra una de las mentiras más flagrantes de nuestra historia política reciente. España, desde hace décadas, cada vez presenta peores resultados en lo que a calidad de la educación se refiere y todas las leyes de educación vigentes desde hace cuarenta años han sido socialistas, fueron los socialistas los que, en vez de invertir en los centros de educación pública apostaron por el concierto de centros religiosos, fueron ellos los que acabaron con la Formación Profesional, y fueron ellos los que apostaron por el desarrollo geográfico de la universidad, pero con nula aplicación de criterios de calidad en sus recursos y su gestión, de ahí que solo algunas facultades de universidades muy concretas tengan cierto prestigio reconocido internacionalmente. Pero, he ahí la izquierda, cuando no está en el poder, por más que la legislación vigente sea suya, que se presenta como adalid de la educación pública con el eslogan: La Educación pública no se vende, se defiende. Y la defienden ellos, claro.
La Sanidad es otro de los patrimonios que los españoles nos hemos dado desde hace más de cien años, pero ahora nos quieren hacer entender que es la izquierda su única y verdadera defensora. Sin embargo, resulta que fue el PSOE quien, a través de la mutualidad de funcionarios civiles y miltares (MUFACE e ISFAS), negó a los funcionarios ser atendidos en centros públicos y, hoy día, cualquier funcionario solo puede elegir entre los centros médicos privados su atención médica y la de sus familias, es decir, los garantes de la sanidad pública de calidad impide a sus funcionarios ser atendidos en los hospitales públicos. Raro, raro,...Pero, lo clamoroso del caso, no es esta contradicción. Desde que la competencia de sanidad fue transferida a las CCAA, resulta sencillo comparar las políticas de gestión sanitaria entre comunidades de un signo y otro, y aquí nuevamente se desliza la siguiente desfachatez. Los modelos de gestión privada en centros públicos se viene realizando en Andalucía, País Vasco, Cataluña o Madrid desde hace décadas (he citado cuatro CCAA con diferentes partidos en el Gobierno), nadie se extrañó, ni siquiera los socialistas, de una práctica que generaba reducción de costes sin merma de calidad asistencial y generaba confianza entre los pacientes. Sin embargo, cuando recientemente se cambió de modelo de gestión en algunos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, la izquierda más casposa, junto con el sindicalismo más ramplón, se fueron a la calle, y asaltando a enfermos y ancianos en las puertas de los hospitales,decidieron dar la batalla contra un modelo de gestión que ellos mismos venían realizando en Andalucía desde hace décadas, por seguir con el ejemplo. Evidente ejercicio de hipocresía.
A estos ejemplos, bien les podían acompañar otros sobre al unidad de España y sus bandazos ideológicos en Cataluña y País Vasco, su continua falta de respeto a la Constitución, con ataques a la Corona y los símbolos de España con la profusión de banderas inconstitucionales en sus actos políticos, o los derechos sociales, casi llevados a la bancarrota por el Gobierno Zapatero.
Lejos de hacer autocrítica sobre sus modelos de gestión, seleccionar nuevo talento político o revisar algunos supuestos ideológicos que se han demostrado ineficaces y trasnochados, la izquierda, en la oposición, alienta la práctica del scrattche, se dedica al asalto de la propiedad pública (como el jaleado efecto Gordillo o la presión ejercida sobre dirigentes del PP en actos públicos), o directamente y sin tapujos engañan a la sociedad a través de las llamadas mareas blanca y verde.
¿Qué ocurriría si un Alcalde del PP atracara un supermercado, o si cientos de militantes del PP acosaran en su domicilio a Zapatero o Rublacaba, o si Nuevas Generaciones impidiera que líderes socialistas hablaran en la Universidad mediante empujones y gritos, o si "voluntarios" del PP se dedicaran en colegios y hospitales a "informar" a niños y ancianos sobre las políticas del PSOE? ¿Qué día de qué año los ciudadanos de este país le otorgamos a la izquierda el derecho a campar por España a su antojo al margen de la Ley?
Que aquél que no piensa como la izquierda de este país es tachado de fascista, retrógrado, neocon, por éstos no es noticia. Estamos tan acostumbrados al racismo ideológico que, algunos piensan que ése es el estado natural en el que España debe vivir, y algunos no estamos dispuestos a pasar por ese aro.
