Quién puede estar en contra de los objetivos de unas personas que, libremente, deciden , dedicar parte de su tiempo a velar por los intereses de todos los demás trabajadores. Quién puede estar en contra de unas personas que deciden renunciar generosamente a mejoras individuales en sus carreras profesionales, en sus condiciones económicas, en sus jornadas laborales, en pos de mejoras coletivas que, les pejudican individualmente. Quién puede estar en contra de quien se enfrenta a los centros de poder y decisión autoritarios e injustos de las empresas y de empresarios explotadores aun a costa de su propio perjuicio en la relación con sus pagadores.
Desde luego muy poca gente. El problema es que esas personas son como Peter Pan: solo existen en los cuentos que algunos incautos prefieren creer. Y no me refiero al sindicalista reivindicador de creencia y corazón. Ése que, además de su jornada laboral entera, saca tiempo para mejorar las condiciones de todos, ése que procura llegar a la excelencia en su trabajo para ser ejemplo ante sus compañeros, ése que procura levantar el ánimo del compañero y del jefe o empleador cuando las cosas vienen torcidas, ése que lidera una posición de máxima entrega en momentos de crisis de forma conjunta, ése que conoce las adversidades de su empresa y decide no ser parte del problema y ayudar a buscar la solución. Ése no es un liberado, no rehúye el trabajo y no desea ser considerado entre sus compañeros y empleadores como "un tío listo" que se ha buscado las vueltas para vivir sin dar palo al agua.
Pero la peor calaña entre los sindicalistas la encontramos en las cúpulas de los sindicatos: una panda de liberados cuya única misión es justificar ante sus líderes sindicales y políticos su posición de liberado, una panda de liberados que han decidido hacer política, pero sin presentarse a unas elecciones, sin presentar un programa político y sin interés por hacerlo. Esa panda es un grupo de presión a favor del poder establecido, esta vez, en la Moncloa.
Ahora han decidido que hay que defender en Madrid la escuela pública y la sanidad pública. Será porque un profesor en la escuela pública cobra más (hasta un 30% más), trabaja menos (un 15% de horas semanales), no tiene que rendir cuentas ante nadie del resultado de su trabajo y su empleo, haga lo que haga mientras no sea delito, no corre peligro.
Por supuesto en Madrid no está en peligro nada de eso. Ni, como decía el líder socialista madrileño," los madrileños tendrán que ir a los centros médicos en vez de con la tarjeta sanitaria con la tarjeta de crédito en la boca", ni los centros de enseñanza, por desgracia dejarán de ser públicos.
Y digo, por desgracia porque, si bien la enseñanza debe ser pública, es decir debe asegurarse el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la enseñanza, a la mejor enseñanza posible, los centros educativos no tienen porqué ser gestionados por personal funcionario. No tenemos porqué estar pagando los despilfarros que se producen en estos centros, ni la falta de profesionalidad de algunos (no todos) profesionales instalados en la mentalidad carca del funcionario ramplón que piensa que merece su sueldo por ir al trabajo o por ganar unas oposiciones. Flaco favor hace al resto de compañeros cumplidores y comprometidos con la enseñanza y con el deseo de servicio público, que haberlos háylos.
A estos traidores de la cosa pública y del espíritu funcionarial y sindicalista les están dando, desde las instancias políticas más mezquinas, todo el protagonismo, y solo se hace en Madrid por dos razones: la primera es de orden local: Tomás Gómez, lider socialsta madrileño, no es diputado regional y no puede enfrentarse a Aguirre en la Asamblea, y por tanto necesita el guirigai de los liberados para que los medios de comunicación "le den bola". El segundo es de orden nacional: Madrid es la joya de la Corona popular y es el ansiado trofeo que quieren los socialistas, y como en las urnas no ha podido ser, piensan que polarizando a la población, los socialistas en masa votarán en las próximas autonómicas, pero claro, Madrid, no es la primera Comunidad de España porque sus ciudadanos sean tontos, y el PSOE sigue tratándonos como tales, y claro, así les va.
miércoles, 27 de mayo de 2009
lunes, 18 de mayo de 2009
La reforma inaplazable de la LOREG
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General es la norma básica que establece y desarrolla los distintos tipos de elecciones a representantes de los ciudadanos en nuestro país. Esta Ley data de 1985 y convendremos que, desde entonces y como se dice vulgarmente, ha llovido mucho. Los imberbes demócratas de entonces, en la línea pactista de la Constitución sancionada pocos años antes, establece un maremágnum de componendas políticas basadas en una serie de principios representativos útiles en aquel momento y que se demuestran insuficientes en estos tiempos para lo que debe ser el objetivo fundamental de esta norma: asegurar la legitimidad de una victoria electoral.
Son cinco los comicios electorales a los que los ciudadanos tienen el dereho a pronunciarse periódicamente y esta llamada al ejercicio del derecho político activo se caracteriza por:
En mi opinión, este sistema presenta múltiples disfunciones, pero las más importantes son las siguientes:
Para las próximas elecciones al Parlamento europeo del 7 de junio, el PSC va a presentar una lista electoral en la que determinados candidatos que se presentan no aparecen en la lista, bajo el pretexto de una supuesta regionalización de la lista, lo que a todas luces constituye un fraude de ley y que la junta Electoral Central debería prohibir, porque los ciudadanos van a elegir una lista mientras que los candidatos seleccionados serán otros. Éste es un ejemplo más de lo inadecuado de esta norma y su necesaria e inaplazable reforma.
Esta reforma requiere el consenso de la mayor parte de la población, o de los partidos si se prefiere, pero de forma ponderada. En mi opinión la reforma debería recoger estos principios genéricos:
Ésta o cualquier otra alternativa es planteable y debatible, pero la inacción es, sobre todo, criticable.
Son cinco los comicios electorales a los que los ciudadanos tienen el dereho a pronunciarse periódicamente y esta llamada al ejercicio del derecho político activo se caracteriza por:
- listas cerradas: por las que los ciudadanos eligen formaciones políticas cerradas y bloqueadas, excepto para el senado y donde no existe ni la prelación (orden de puestos) ni la elección directa (que sí cabe en el senado)
- el sistema proporcional de recuento basado en una variante de la ley D´Hont: que asegura una mayor representatividad del legislativo
- circunscripciones electorales provinciales: a excepción de las municipales, donde la circunscripción es el municipio y las europeas en las que lo es la nación
- diferentes techos electorales en función del tipo de comicio
En mi opinión, este sistema presenta múltiples disfunciones, pero las más importantes son las siguientes:
- en un sistema político de preeminencia del ejecutivo sobre el legislativo, el pueblo no elige directamente al presidente del Gobierno o al Alcalde
- cada comicio es diferente en función de la cámara que se elija: así en el municipio y en el Congreso la totalidad de concejales o diputados se eligen en función de las listas que presentan los partidos, en el Senado, parte de los senadores los elige el pueblo directamente y parte los eligen las CCAA, en la elecciones al Parlamento europeo, el colegio es nacional, por lo que los partidos nacionalistas no ven representada su opción, los techos electorales son diferentes (3 o 5%, según el caso)
- exceso de celo en la representación de partidos nacionalistas, correctamente representados a nivel provincial y muy sobrerrepresentados a nivel nacional.
Para las próximas elecciones al Parlamento europeo del 7 de junio, el PSC va a presentar una lista electoral en la que determinados candidatos que se presentan no aparecen en la lista, bajo el pretexto de una supuesta regionalización de la lista, lo que a todas luces constituye un fraude de ley y que la junta Electoral Central debería prohibir, porque los ciudadanos van a elegir una lista mientras que los candidatos seleccionados serán otros. Éste es un ejemplo más de lo inadecuado de esta norma y su necesaria e inaplazable reforma.
Esta reforma requiere el consenso de la mayor parte de la población, o de los partidos si se prefiere, pero de forma ponderada. En mi opinión la reforma debería recoger estos principios genéricos:
- sistema mixto de elección directa y lista cerrada: de forma que el 25% de las listas electorales sean de elección directa de una lista propuesta por el partido, y el resto de la lista lo sea de una lista cerrada y bloqueada, y además, para el caso de las elecciones generales, el candidato a Presidente del Gobierno, sea elegible en todas las circunscripciones y de forma directa
- circunscripción electoral para la Comunidad Autónoma, eliminando a la provincia como circunscripción electoral
- selección de senadores realizada por las CCAA modificando las funciones y competencias del Senado
- elevación del techo electoral al 5% del total de la nación de forma que los partidos nacionalistas requieran presentarse por más CCAA de lo que lo hacen, o se tengan que coaliar, teniendo en cuenta que un representante lo es de todo el territorio al que se presenta.
Ésta o cualquier otra alternativa es planteable y debatible, pero la inacción es, sobre todo, criticable.
jueves, 14 de mayo de 2009
El derecho a asesinar por el gobierno de la muerte
Este Gobierno de la muerte hoy, a golpe de BOE, fijará por ley el derecho a que las mujeres puedan asesinar. Para ello, reviste el asesinato de las palabras derecho y mujer, de forma que cualquier persona que esté en contra del asesinato, lo estará en contra de la ampliación de derechos y de la mujer.
Este pueril, burdo, inmoral y antinatural argumento vuelve a esconder las mismas maldades que con el anuncio de la otra estúpida medida de la dispensación sin control médico o paterno de la pildora asesina: ganar votos entre los jóvenes que en las próximas elecciones estarán en edad de votar por primera vez.
Pero como yo no me escondo, prefiero atacar de frente estas maldades. Para empezar me gustaría que cualquier erótico- progre de estos me explicara qué hay del derecho del ser no nacido a vivir, qué hay del derecho a la paternidad, que hay de la igualdad y no discriminación por razón de sexo, por qué el asesinato debe ser financiado por todos y qué razón existe ahora para que una mujer no decida matar a otras personas incluida ella misma (que, se supone, puede hacer con su cuerpo lo que le venga en gana).
Y es que, estos sucios amantes de los derechos aún más sucios, no tienen en cuenta que el derecho no es una mayor libertad, sino todo lo contrario, es una limitación. Ésa y no otra es la razón por la que algunos pensamos que cuanto menos interfiera el Estado en la vida de las personas, de mejor forma las personas desarrollan su libertad.
El derecho de una persona acaba donde lo establezca la Ley y el derecho de los demás, y el derecho de una niña a matar, choca con el derecho del no nacido a la vida, el derecho del padre a serlo, el derecho de la niña a ser educada por sus padres, entre otras cosas porque son responsables de sus actos, y el derecho a la propiedad privada de todos los demás, ya que este asesinato legal se financia con el dinero de los ciudadanos.
Hoy es un día triste para quienes apostamos por la vida, para quienes pensamos que las personas deben ser responsables de sus actos y no hacer responsables de sus actos a los demás, para quienes defendemos la libertad de las personas, para quienes creemos en la igualdad de las personas ante los derechos, para quienes defendemos la libertad, para quienes la moral queda por encima de la acción sectaria y partidista de los políticos, para quienes distinguimos la generosidad del egoísmo, para quienes defendemos la naturaleza, sus reglas y vivimos conforme a ellas.
Hoy disfrutarán los asesinos, los egoístas, los sexistas, los ecologistas de tres al cuarto, los sectarios, los irresponsables y los embaucadores.
Yo estoy muy triste. Hoy mi país lo dirige un Gobierno de la muerte.
Este pueril, burdo, inmoral y antinatural argumento vuelve a esconder las mismas maldades que con el anuncio de la otra estúpida medida de la dispensación sin control médico o paterno de la pildora asesina: ganar votos entre los jóvenes que en las próximas elecciones estarán en edad de votar por primera vez.
Pero como yo no me escondo, prefiero atacar de frente estas maldades. Para empezar me gustaría que cualquier erótico- progre de estos me explicara qué hay del derecho del ser no nacido a vivir, qué hay del derecho a la paternidad, que hay de la igualdad y no discriminación por razón de sexo, por qué el asesinato debe ser financiado por todos y qué razón existe ahora para que una mujer no decida matar a otras personas incluida ella misma (que, se supone, puede hacer con su cuerpo lo que le venga en gana).
Y es que, estos sucios amantes de los derechos aún más sucios, no tienen en cuenta que el derecho no es una mayor libertad, sino todo lo contrario, es una limitación. Ésa y no otra es la razón por la que algunos pensamos que cuanto menos interfiera el Estado en la vida de las personas, de mejor forma las personas desarrollan su libertad.
El derecho de una persona acaba donde lo establezca la Ley y el derecho de los demás, y el derecho de una niña a matar, choca con el derecho del no nacido a la vida, el derecho del padre a serlo, el derecho de la niña a ser educada por sus padres, entre otras cosas porque son responsables de sus actos, y el derecho a la propiedad privada de todos los demás, ya que este asesinato legal se financia con el dinero de los ciudadanos.
Hoy es un día triste para quienes apostamos por la vida, para quienes pensamos que las personas deben ser responsables de sus actos y no hacer responsables de sus actos a los demás, para quienes defendemos la libertad de las personas, para quienes creemos en la igualdad de las personas ante los derechos, para quienes defendemos la libertad, para quienes la moral queda por encima de la acción sectaria y partidista de los políticos, para quienes distinguimos la generosidad del egoísmo, para quienes defendemos la naturaleza, sus reglas y vivimos conforme a ellas.
Hoy disfrutarán los asesinos, los egoístas, los sexistas, los ecologistas de tres al cuarto, los sectarios, los irresponsables y los embaucadores.
Yo estoy muy triste. Hoy mi país lo dirige un Gobierno de la muerte.
martes, 12 de mayo de 2009
La píldora abortiva pre-debate sobre el estado de la nación
Tenían que ser las Ministras de cuota las que salieran a la palestra a calentar los motores de la opinión pública justo la tarde antes del debate sobre el estado de la Nación con el anuncio electoral de dispensar la píldora abortiva del día después sin receta y sin control de edad.
La primera pregunta que me hago es si existe una edad mínima para pedir un medicamento en una farmacia, la segunda si esta medida será la puerta abierta para que ocurra lo mismo con otros medicamentos, por ejemplo para adelgazar, ansiolíticos, antidepresivos, eufóricos, etc, la tercera si, puesto que no es necesario pauta médica para este medicamento, se puede tomar como el que toma aspirina o caramelos de mentol, la cuarta es si a partir de ahora serán los políticos los que determinen qué se puede tomar, cuándo y a partir de qué edad.
Lo primero que voy a hacer es no llamar a eso medicamento. Los medicamentos curan, éste producto químico provoca abortos por la vía del impedimento de un embrión que no puede desarrollarse al no poder anidar en el útero materno, por lo que es expulsado. Por tanto, lo llamaré simplemente producto.
Este producto además, no es inocuo y provoca alteraciones hormonales en quien lo toma,y puesto que es de libre dispensación, ¿qué pasa si lo toman lo hombres o los que tienen antecedentes trombóticos, o los ancianos? la Ministra, en un ejercicio de irresponsabilidad intolerable, porque no solo es política sino que incluso podría ser penal, afirma que este medicamento no tiene contraindicación ninguna, pero acto seguido recomienda que no se tome en demasía. Señora Ministra, ¿cuánto es demasiado?¿qué puede pasar si se toma demasiado?
La aberración llega al punto de que, además no se dice nada acerca del conflicto moral que se le traslada al farmacéutico, que sabe que está dispensando un medicamento que puede ser perjudicial, a un menor y para algo tan poco ético como abortar.
Espero que los Colegios Profesionales de Médicos y Farmacéuticos digan algo al respecto, porque si no es así, se pueden considerar corresponsables de los resultados.
Pasado el argumentario ético-médico, me queda analizar las causas políticas de esta médida, y así, de primeras, encuentro dos razones fundamentales para este anuncio: la primera es su oportunidad política, justo antes del debate del estado de la nación, sin duda para que los partidos de izquierdas empiecen el debate en un ambiente de "mejor ánimo" de apoyo a la gestión del Gobierno, y la segunda razón, más importante, es su carácter electoralista. Esta medida y la anterior acerca del aborto libre en niñas de dieciséis años inciden en un segmento de población muy apetitoso para el PSOE: los que en 2012 votarán por primera vez. Los chavales del entorno de quince a dieciocho años, que todavía no han votado, suponen la cantera de votos socialistas del futuro inmediato, y a ellos se dirigen estas medidas.
Es un segmento de población fácilmente contentable, toda vez que llevan tiempo sufriendo un sistema educativo que les impide tener criterio propio fuera del pensamiento único y además han crecido sobre la máxima de la negación de la autoridad paterna y/o materna, de forma que una niña de dieciséis años no tiene porqué comunicar a sus padres que mantiene relaciones sexuales, ni que se ha quedado embarazada ni requiere permiso para abortar, y sobre esos preceptos, se les incita desde las instacias sociales izquierdistas al libre albedrío, hurtando a los padres su derecho de educación, siendo sustituidos por el entorno erótico festivo, sin duda más estimulante que la responsabilidad de sus actos y la madurez de pensamiento.
Como elemento coalteral a la situación que estas Ministras de cuota provocarán, si esta ley saliera adelante es la de responsabilizar a la mujer del resultado de una relación sexual a costa de su salud. Ya no será necesario que el chico tome precauciones: que sea ella la que tome la píldora esa: bienvenidos otra vez al mundo de las enfermedades de transmisión sexual y al machismo en las relaciones afectivas. Enhorabuena Ministras de cuota.
La primera pregunta que me hago es si existe una edad mínima para pedir un medicamento en una farmacia, la segunda si esta medida será la puerta abierta para que ocurra lo mismo con otros medicamentos, por ejemplo para adelgazar, ansiolíticos, antidepresivos, eufóricos, etc, la tercera si, puesto que no es necesario pauta médica para este medicamento, se puede tomar como el que toma aspirina o caramelos de mentol, la cuarta es si a partir de ahora serán los políticos los que determinen qué se puede tomar, cuándo y a partir de qué edad.
Lo primero que voy a hacer es no llamar a eso medicamento. Los medicamentos curan, éste producto químico provoca abortos por la vía del impedimento de un embrión que no puede desarrollarse al no poder anidar en el útero materno, por lo que es expulsado. Por tanto, lo llamaré simplemente producto.
Este producto además, no es inocuo y provoca alteraciones hormonales en quien lo toma,y puesto que es de libre dispensación, ¿qué pasa si lo toman lo hombres o los que tienen antecedentes trombóticos, o los ancianos? la Ministra, en un ejercicio de irresponsabilidad intolerable, porque no solo es política sino que incluso podría ser penal, afirma que este medicamento no tiene contraindicación ninguna, pero acto seguido recomienda que no se tome en demasía. Señora Ministra, ¿cuánto es demasiado?¿qué puede pasar si se toma demasiado?
La aberración llega al punto de que, además no se dice nada acerca del conflicto moral que se le traslada al farmacéutico, que sabe que está dispensando un medicamento que puede ser perjudicial, a un menor y para algo tan poco ético como abortar.
Espero que los Colegios Profesionales de Médicos y Farmacéuticos digan algo al respecto, porque si no es así, se pueden considerar corresponsables de los resultados.
Pasado el argumentario ético-médico, me queda analizar las causas políticas de esta médida, y así, de primeras, encuentro dos razones fundamentales para este anuncio: la primera es su oportunidad política, justo antes del debate del estado de la nación, sin duda para que los partidos de izquierdas empiecen el debate en un ambiente de "mejor ánimo" de apoyo a la gestión del Gobierno, y la segunda razón, más importante, es su carácter electoralista. Esta medida y la anterior acerca del aborto libre en niñas de dieciséis años inciden en un segmento de población muy apetitoso para el PSOE: los que en 2012 votarán por primera vez. Los chavales del entorno de quince a dieciocho años, que todavía no han votado, suponen la cantera de votos socialistas del futuro inmediato, y a ellos se dirigen estas medidas.
Es un segmento de población fácilmente contentable, toda vez que llevan tiempo sufriendo un sistema educativo que les impide tener criterio propio fuera del pensamiento único y además han crecido sobre la máxima de la negación de la autoridad paterna y/o materna, de forma que una niña de dieciséis años no tiene porqué comunicar a sus padres que mantiene relaciones sexuales, ni que se ha quedado embarazada ni requiere permiso para abortar, y sobre esos preceptos, se les incita desde las instacias sociales izquierdistas al libre albedrío, hurtando a los padres su derecho de educación, siendo sustituidos por el entorno erótico festivo, sin duda más estimulante que la responsabilidad de sus actos y la madurez de pensamiento.
Como elemento coalteral a la situación que estas Ministras de cuota provocarán, si esta ley saliera adelante es la de responsabilizar a la mujer del resultado de una relación sexual a costa de su salud. Ya no será necesario que el chico tome precauciones: que sea ella la que tome la píldora esa: bienvenidos otra vez al mundo de las enfermedades de transmisión sexual y al machismo en las relaciones afectivas. Enhorabuena Ministras de cuota.
lunes, 11 de mayo de 2009
¡Catalanes, con la Educación no se juega!
Parece que, si nadie lo impide, y no creo que sea así, para el próximo curso lectivo los escolares catalanes empezarán a percibir el conocimiento de la lengua española como una "asignatura maría", amén de que la CE les obligue a conocerla.
El problema planteado por esta ley no es tanto la aberración que supone que a los alumnos se les hurte un derecho fundamental, lo que ya es grave, sino que el desarrollo de un Estuto de Autonomía, que todavía se encuentra en fase de ratificación por parte del Tribunal Constitucional (TC), lo permita. Y todavía es peor que, quien tiene la responsabilidad de velar por la igualdad de los españoles en lo que en materia de legislación sobre derechos fundamentales se refiere, que son las Cortes Generales, lo hayan permitido.
Si tuviéramos que personalizar a los causantes de este desaguisado aparecen dos nombres por encima de cualquier otros: Montilla y Zapatero. Ambos del mismo partido, ambos han pertenecido al mismo Ejecutivo y ambos tienen la misma vocación seccionadora de los españoles.
La Educación no es una competencia exclusiva de las CCAA, se trata de una competencia concurrente, que significa que corresponde al Estado la promulgación de una ley básica, que contenga las líneas generales de igualalción nacional, y corresponde a las CCAA las leyes de desarrollo, así como la potestad reglamentaria y la ejecución.
Toda vez que la penosa y perjudicial LOGSE, por desgracia aún vigente, ha permitido que una CA sea insolidaria con sus propios ciudadanos y promulgue una ley como la citada Ley de Educación Catalana, es necesario que las Cortes actúen. El Partido Popular ha avanzado que recurrirá la ley ante el TC, lo que está en su obligación de hacer, pero también puede, y debería hacer, es que legislativamente las Cortes recuperaran el terreno perdido a través de una ley de armonización, por la que el Estado Central se reserva la potestad de velear por la igualdad de todos los españoles cuando la legislación de las CCAA, en materia de derechos fundamentales (en este caso, educación e idioma español) provoquen desigualdad y atenten contra los derechos fundamentales de los españoles, en este caso catalanes.
El problema es que, la única experiencia anterior de estas características fue la LOAPA en 1983, que fue echada por tierra por el TC, lo que no anima a repetir la experiencia, pero el PP debe forzar al Ejecutivo de Zapatero a que se pronuncie para que el resto de la ciudadanía constate que, con este Presidente, los derechos de los españoles son materia de cambio ante intereses partidistas y de poder.
El problema planteado por esta ley no es tanto la aberración que supone que a los alumnos se les hurte un derecho fundamental, lo que ya es grave, sino que el desarrollo de un Estuto de Autonomía, que todavía se encuentra en fase de ratificación por parte del Tribunal Constitucional (TC), lo permita. Y todavía es peor que, quien tiene la responsabilidad de velar por la igualdad de los españoles en lo que en materia de legislación sobre derechos fundamentales se refiere, que son las Cortes Generales, lo hayan permitido.
Si tuviéramos que personalizar a los causantes de este desaguisado aparecen dos nombres por encima de cualquier otros: Montilla y Zapatero. Ambos del mismo partido, ambos han pertenecido al mismo Ejecutivo y ambos tienen la misma vocación seccionadora de los españoles.
La Educación no es una competencia exclusiva de las CCAA, se trata de una competencia concurrente, que significa que corresponde al Estado la promulgación de una ley básica, que contenga las líneas generales de igualalción nacional, y corresponde a las CCAA las leyes de desarrollo, así como la potestad reglamentaria y la ejecución.
Toda vez que la penosa y perjudicial LOGSE, por desgracia aún vigente, ha permitido que una CA sea insolidaria con sus propios ciudadanos y promulgue una ley como la citada Ley de Educación Catalana, es necesario que las Cortes actúen. El Partido Popular ha avanzado que recurrirá la ley ante el TC, lo que está en su obligación de hacer, pero también puede, y debería hacer, es que legislativamente las Cortes recuperaran el terreno perdido a través de una ley de armonización, por la que el Estado Central se reserva la potestad de velear por la igualdad de todos los españoles cuando la legislación de las CCAA, en materia de derechos fundamentales (en este caso, educación e idioma español) provoquen desigualdad y atenten contra los derechos fundamentales de los españoles, en este caso catalanes.
El problema es que, la única experiencia anterior de estas características fue la LOAPA en 1983, que fue echada por tierra por el TC, lo que no anima a repetir la experiencia, pero el PP debe forzar al Ejecutivo de Zapatero a que se pronuncie para que el resto de la ciudadanía constate que, con este Presidente, los derechos de los españoles son materia de cambio ante intereses partidistas y de poder.
lunes, 4 de mayo de 2009
Corrupción política: del Caso Gürtel y otros "affairs"
Que la corrupción política no es patrimonio de ningún partido político ya lo he expresado con anterioridad. Que la corrupción política es propia de personas y no de organizaciones carece, por obvio, de cualquier interés, pero que las personas corruptas se corrompen cuando tienen poder o que las personas corruptas se acercan al poder, creo que requiere alguna reflexión.
Hoy día está instalada en la opinión pública la percepción negativa de la acción política, de forma que se intuye que tras la aparente bondad del político que se dedica a la res pública, se esconden turbios intereses particulares de enriquecimiento personal o de tráfico de intereses particulares.
En algunas ocasiones se ha debatido que el político debe ser profesional, es decir, remunerado y bien remunerado porque es la forma de evitar la tentación del enriquecimiento ilícito a través del ejercicio del poder. Creo que eso es un error. Si bien creo que el político debe estar remunerado y sin duda mejor de lo que lo está, ello no impide que el corrupto quiera más.
Hobbes ya planteó esta cualidad humana del egoísmo en su Leviathan, y lo cierto es que se deben establecer una serie de controles que dificulten la acción de los corruptos. No creo que sean las instancias judiciales las que exijan responsabilidades políticas a través de la inhabilitación de derechos políticos, que debe corresponder a los ciudadanos, aunque sí deben ser causados penalmente por el ejercicio corrupto de la política, con penas además de máxima privación de libertad.
Oro debate que aparece es el de dónde terminan las responsabilidades políticas en los casos de corrupción; si los superiores políticos del corrupto deben o no asumir sus responsabilidades políticas y mi opinión es que dependerá del caso concreto.
Soy contrario al exceso de cargos de designación política. Creo que un medidor de la calidad democrática de un país es el número de personas que cobran del erario público sin ser cargo electo o personal de la administración (funcionario o laboral) y, si el corrupto es un cargo de designación política, su mentor debe asumir como regla general su responsabilidad. En el caso de un cargo electo, la cosa cambia y dependerá de la situación concreta, pero en general, la responsabilidad política queda en el corrupto.
La pregunta que me hago es qué significa asumir la responsabilidad política. ¿Renunciar al cargo?¿Dimitir?En cualquier caso, desde luego es asumir la responsabilidad ante la opinión pública, reconocer el error de la designación y retirar la confianza política del corrupto, pero queda en la ciudadanía a través de las urnas el veredicto final de la responsabilidad política.
Pero no creo que el origen de la corrupción política quede exclusivamente en la naturaleza humana. El sistema que hoy hay implantado en los centros de poder estimula ese defecto humano. Por ello creo que son necesarios mecanismos de control y de procedimiento que contrarresten ese estímulo. El primero es descentralizar los núcleos de poder y la concentración de las decisiones, después limitar el número de mandatos favoreciendo la rotación de cargos y por último evitar la acumulación de cargos, por ejemplo, el miembro de un ejecutivo debe renunciar a su acta de diputado, el Alcalde no podrá ser senador o a la inversa, etc.
Por otro lado es necesario dotar de transparencia la acción de gobierno, y para ello debe tener un papel fundamental la oposición, por lo que el acceso a la información y a los medios de comunicación debe ser un requisito prioritario.
Que la corrupción ha existido, existe y existirá es consustancial al poder, lo que no podemos hacer es renunciar a combatirlo y no parece muy inteligente sacar pecho partidista de un caso de corrupción; mañana puede ser el otro el perjudicado.
Hoy día está instalada en la opinión pública la percepción negativa de la acción política, de forma que se intuye que tras la aparente bondad del político que se dedica a la res pública, se esconden turbios intereses particulares de enriquecimiento personal o de tráfico de intereses particulares.
En algunas ocasiones se ha debatido que el político debe ser profesional, es decir, remunerado y bien remunerado porque es la forma de evitar la tentación del enriquecimiento ilícito a través del ejercicio del poder. Creo que eso es un error. Si bien creo que el político debe estar remunerado y sin duda mejor de lo que lo está, ello no impide que el corrupto quiera más.
Hobbes ya planteó esta cualidad humana del egoísmo en su Leviathan, y lo cierto es que se deben establecer una serie de controles que dificulten la acción de los corruptos. No creo que sean las instancias judiciales las que exijan responsabilidades políticas a través de la inhabilitación de derechos políticos, que debe corresponder a los ciudadanos, aunque sí deben ser causados penalmente por el ejercicio corrupto de la política, con penas además de máxima privación de libertad.
Oro debate que aparece es el de dónde terminan las responsabilidades políticas en los casos de corrupción; si los superiores políticos del corrupto deben o no asumir sus responsabilidades políticas y mi opinión es que dependerá del caso concreto.
Soy contrario al exceso de cargos de designación política. Creo que un medidor de la calidad democrática de un país es el número de personas que cobran del erario público sin ser cargo electo o personal de la administración (funcionario o laboral) y, si el corrupto es un cargo de designación política, su mentor debe asumir como regla general su responsabilidad. En el caso de un cargo electo, la cosa cambia y dependerá de la situación concreta, pero en general, la responsabilidad política queda en el corrupto.
La pregunta que me hago es qué significa asumir la responsabilidad política. ¿Renunciar al cargo?¿Dimitir?En cualquier caso, desde luego es asumir la responsabilidad ante la opinión pública, reconocer el error de la designación y retirar la confianza política del corrupto, pero queda en la ciudadanía a través de las urnas el veredicto final de la responsabilidad política.
Pero no creo que el origen de la corrupción política quede exclusivamente en la naturaleza humana. El sistema que hoy hay implantado en los centros de poder estimula ese defecto humano. Por ello creo que son necesarios mecanismos de control y de procedimiento que contrarresten ese estímulo. El primero es descentralizar los núcleos de poder y la concentración de las decisiones, después limitar el número de mandatos favoreciendo la rotación de cargos y por último evitar la acumulación de cargos, por ejemplo, el miembro de un ejecutivo debe renunciar a su acta de diputado, el Alcalde no podrá ser senador o a la inversa, etc.
Por otro lado es necesario dotar de transparencia la acción de gobierno, y para ello debe tener un papel fundamental la oposición, por lo que el acceso a la información y a los medios de comunicación debe ser un requisito prioritario.
Que la corrupción ha existido, existe y existirá es consustancial al poder, lo que no podemos hacer es renunciar a combatirlo y no parece muy inteligente sacar pecho partidista de un caso de corrupción; mañana puede ser el otro el perjudicado.
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