Diálogo social: la pamema de los incompetentes

Conocida es mi aversión a la práctica que en España se hace del sindicalismo pero menos conocida es mi idéntica aversión al supuesto papel que la CEOE desempeña, por lo que resulta fácil adivinar que esto del diálogo social me parece una pamema de polítiquillo de segunda.

Ya desde la primera legislatura de Aznar, parece que se ha institucionalizado que el Gobierno no gobierne en materia de Trabajo y Seguridad Social, y que el sustituto sea una suerte de teatro de títeres que llaman diálogo social, por el que sindicatos CEOE y Gobierno llegan a "acuerdos" en estas materias, como si sindicatos y patronal fueran los representantes universales de trabajadores y empresarios. Teniendo en cuenta que ni autónomos ni autopatronos ni grandes corporaciones están representados y que en la mayoría de empresas de España, no existe representación sindical, que estos chupatintas amantes de la alfombra y el coche oficial se les dé categoría de representantes de todos los trabajadores y todos los empresarios resulta, como mínimo pomposo, y sin exagerar, estridente y carente de legitimidad.

El primer error consiste en considerar que existen dos intereses y además contrapuestos: los intereses de los pobres asalariados explotados por los intereses aviesos de los explotadores empresarios. Sin embargo, el interés es común y la negociación debería plantearse en términos de sindicatos + patronal frente al Gobierno. El problema es que eso políticamente no tiene sustento, pero la relación empresario trabajador debe ser de simbiosis y no de parasitismo. Esto no es un juego de suma cero (lo que se le da a uno se le quita al otro).

Otro problema es el de la legitimidad de las partes, ya que ni patronal ni sindicatos representan ni a la totalidad ni a la mayoría de colectivo que pretenden representar, y en ninguna parte aparece escrito que este "diálogo" deba producirse, o al menos no debería producirse más que con otro tipo de políticas, como educación, energía o, no digamos nada sobre aborto o justicia, por lo que parece lógico pensar que es la "foto" el objtivo de la negociación del Gobierno (de éste y de otros), mientras que estos dos sindicatos concretos reciben cuantiosísimas cantidades de dinero (que es el peaje a pagar para obtener su incondicionalidad), mientras que la patronal, auténtico ogro frente a la sociedad, recibe un estatus que no tendría en otros términos, además de ser actor obligado, sino la foto no sería completa.

A esto hay que añadir la oportunidad del momento: en plena crisis, con un Gobierno despilfarrador que viene de dejarse un montón de millones de euros en la negociación de la financiación autonómica. No es de extrañar que el margen económico de la negociación sea pírrico.

Y no es que no sea necesario emprender reformas estructurales, que es necesario y fundamental, como bien explicó hace poco Rajoy en los cursos de verano de la Complutense en San Lorenzo de el Escorial, y por supuesto que es necesario que el Gobierno pulse a la sociedad para conocer la situación y actuar, o sea gobernar, pero no se puede excluir a colectivos tan importantes como los autónomos y las microempresas de menos de siete trabajadores, que son muchísimas en España, y no tienen representación sindical (la mayoría de más de siete tampoco, ni los únicos sindicatos en España son CCOO y UGT). Y prefiero no entrar en los trabajadores sin contrato (un tercio del total), que directamente están a expensas del ciclo económico.

Por tanto, exijo al Gobierno que primero escuche a la representación real de los trabajadores y empresarios y después gobierne, a los sindicatos y patronal les exijo que se pongan de acuerdo en las propuestas de mejora a presentar al Gobierno, y a todos les pediría, por pudor, que hagan menos el ridículo, que se nos ve fuera de España, y tengan una mayor consideración a la inteligencia media de los trabajadores y empresarios.

Lo cierto es que los empresarios tienen problemas muy serios para competir con empresas de otros países porque los costes salariales, por un lado, y el impuesto a la producción por otro, restan competitividad frente a empresas de nuestro entorno. Y, por otro lado, el pagano de los erores del Gobierno y de la situación económica no puede ser el trabajador, porque éste tiene una doble función: trabaja y consume. Si le quitas el trabajo, ni aporta al erario, sino que detrae de él, ni consume, lo que afecta a otros empresarios y otros trabajadores.

Por tanto, se debe proteger la competitividad de las empresas únicas responsables de generar empleo, y los sindicatos hacen bien en proteger el empleo, pero muy mal en proteger el desempleo. Por tanto, la negociación no se debe plantear en términos de despido libre, sino de abaratar la contratación y reducir la fiscalidad de la producción, que es la más alta de nuestro entorno y causa principal de nuestra endémica tasa de paro, siempre superior al resto de países. Además, se debe trabajar en la mejora de la productividad de los trabajadores, por vía del reciclaje y la formación continua. Se deben mejorar las condiciones de trabajo, establecer nuevas formas de contratación a tiempo parcial y avanzar en el teletrabajo, para mejorar tanto la productividad y la competitividad como proteger a la auténtica unidad vertebradora de la sociedad: la familia.

Educación para la Ciudadanía: niños violadores y padres irresponsables

Los últimos casos que están descarnando a la sociedad española acerca de las violaciones entre menores reavivan la vieja controversia sobre la necesidad o no de modificar la Ley del Menor, sobretodo para determinados tipos de delitos. Sin embargo, y a raíz de los últimos acontecimientos y vista la inútil nueva disputa de PP y PSOE acerca de esta Ley, me hago las siguientes reflexiones:

La primera de ellas es mi sorpresa acerca de la nula responsabilidad de los padres sobre los actos de los hijos menores. Nadie ha reclamado la responsabilidad subsidiaria de unos padres que, por desgracia, han demostrado su incompetencia en la educación de sus hijos y creo que cabría exigir responsabilidades penales a estos padres. Y me refiero a los padres de los violadores, que han creído que saldrían indemnes de esta acción, como los padres de una niña disminuida psíquica que a altas horas de la madrugada campaba con nadie sabe quién.

La segunda reflexión hace referencia a la edad a la que se debe considerar a una persona responsable de sus actos. Nuestro ordenamiento jurídico, como en el Derecho comparado, es proclive a dictar fechas concretas, edades mínimas y plazos estrictos. En concreto, nuestro ordenamiento fija la edad legal para obrar a los dieciséis años y la edad mínima para exigir responsabilidades penales a los catorce. Hoy muchas personas reclaman rebajar esa edad a los doce, y yo creo que es un error, al igual que lo es establecerla a los catorce. Debe ser cada caso concreto el que sería necesario evaluar en función de si la persona menor es consciente o no de sus actos y sus consecuencias, sea cual sea su edad. Otro problema distinto será el tipo de pena a imponer a él o a sus responsables legales, que son sus padres, lo que enlazaría con mi reflexión anterior, si esa pena debe o no llevar impuesta una privación de libertad o no y cómo debe resarcirse de su delito.

La tercera reflexión, consecuencia de las dos anteriores, tiene que ver con el hecho de que si se exigen responsabilidades subsidiarias a los padres, éstos deben tener entonces la libertad de educación sobre sus hijos, incluyendo las medidas coactivas pertinentes, lo que incluye el castigo incluso físico, con las limitaciones propias de la protección de la salud y la dignidad de las personas, lo que incluiría el típico pescozón a tiempo y la exigencia de respeto a la autoridad progenitora. Esto no se encuentra en ningún manual de EpC y ningún político sería capaz de exigirlo aunque lo hagan en sus hogares.

Para ello, sería necesario recuperar el sentido de la responsabilidad de las personas de forma adecuada a sus edad, una revisión profunda de la escala de valores de una sociedad por la que dos personas de dieciséis años, un violador y una violada, el uno pasará algunos años en un centro de reclusión para menores y la otra podrá abortar sin ni siquiera contárselo a sus padres, y por último la recuperación de la jerarquía en la unidad familiar. Los padres deben tener esa responsabilidad y la libertad suficiente para poder ejercer su obligación de educar a sus hijos con responsabilidad y de acuerdo a sus creencias y el respeto a la Ley y a los demás.

El problema es que este esquema es frontalmente contrario a las tesis posmodernistas de control de la juventud por parte de la Nueva Izquierda, que considera estos casos como efectos colaterales y que, por tanto no requieren de actuación ad hoc, según hemos podido escuchar a la infausta Secretaria de Organización del PSOE, más preocupada por la bolsa de votos potenciales que supone el segmento de edad de los dieciséis años, nuevos votantes en las próximas elecciones, y siempre objeto de especial interés por parte del PSOE.

UPyD: Un proyecto falto de solvencia política

Unión, Progreso y Democracia es una joven formación política que pretende emerger entre los posicionamientos ideológicos del PSOE y el PP, o eso dicen, pero lo cierto es que a este proyecto le faltan demasiados fundamentos políticos como para que pueda ser alternativa de Gobierno en ninguna Administración a corto y medio plazo, y debe concretar demasiados elementos imprescindibles, desde su fundamento ideológico hasta su estrategia política, lo que supone la revisión de su estructura organizativa y el grueso de sus principales dirigentes. Pero vamos a desgranarlo por partes.

El posicionamiento ideológico de UPyD, dicen ellos y así se transmite tanto en sus siglas como en su color corporativo, quiere estar entre los dos grandes partidos, a modo de bisagra para tener la libertad de pacto en cualquier Administración local, autonómica o nacional. Unión, por ser el cajón de sastre de todos los desencantados de los dos principales partidos, Progreso por el guiño que este partido le hace a los seguidores de la Nueva Izquierda, que es ahí donde este partido realmente se posiciona, en la izquierda política, y Democracia porque hoy ése parece ser el principal valor defendido por todos en Política, y en mi opinión, defender la Democracia es como defender el sistema métrico decimal: la igualdad, la libertad, derechos concretos sí pueden ser, y de hecho son, objeto de defensa, pero la Democracia no deja de ser la forma en la que se organiza el proceso de toma de decisiones políticas, de ahí que crea que se le da demasiada importancia a un mecanismo de organización de la decisión. El color magenta, mezcla de rojo y azul, es un elemento más oportunista que propio y responde a la necesidad de buscar apoyos en un mayor espectro de votantes que el natural de los desencantados del PSOE, y de esta forma atraer a los desencantados del PP: el problema es que los segundos no se sentirán representados por los posicionamientos ideológicos de Rosa Díez y una vez pasado el "rebote" inicial, el votante se dará cuenta de que sus planteamientos ideológicos, que todo el mundo tiene, no caben en una formación de izquierda clásica: mayor intervención del Estado e igualitarismo en los resultados y no en las oportunidades.

Hoy, cuando todavía no han pasado tres años desde su fundación, UPyD ha cambiado sus Estatutos nada menos que para redefinir su esencia política: abogan por una España unida, progresista y laica. Abogar por una España unida es suponer que no lo está y eso no es cierto, que sea progresista es "obligar" a los españoles a una forma de pensamiento preestablecido y no dejar al español decidir su forma de pensar (en la línea de la izquierda clásica) y que sea laica es un clásico anhelo de la izquierda. Insisto en que España, institucionalmente debe ser laica, pero no los españoles que serán lo que quieran ser, pero UPyD identifica el Estado con España, otra vez en la línea del pensamiento de izquierda clásico.

Sí coinciden UPyD y PP en denunciar que la deriva autonomista que se ha hecho en España debido fundamentalmente a los periodos de debilidad en el Gobierno central, ha provocado diferencias esenciales entre los españoles que ven cómo se está imponiendo un sistema dual de ciudadanos de primera, con una capacidad de decisión y ciudadanos de segunda con otro nivel de decisión diferente. Pero esta coincidencia, como muchas otras, no supone identificación de valores, sino coincidencia coyuntral. ¿Existiría UPyD si Rosa Díez hubiera sido elegida Secretaria General del PSOE?

A esta debacle ideológica coadyuva que UPyD es un partido de "desencantados" y no de seguidores convencidos, y esto resulta difícil de gestionar. Si bien reconozco que Rosa es una política "de raza", también hemos de convenir que una cosa es predicar y otra dar trigo: muy democrático no parece que sea el funcionamiento interno del partido. El problema es que además no lo puede ser. Es decir, en estos momentos las decisiones deben ser centralizadas, como debe serlo el mensaje, en este caso alrededor de una persona con gran capacidad de liderazgo, pero claro, como el partido se declara demócrata, sus responsables piensan que cualquiera puede tomar decisiones y así no funcionan las llamadas "start up", y este partido todavía está en esa prefase política.

Animo a Rosa y al resto de integrantes a seguir en su empeño, pero también llamo la atención de los "desencantados" del PP: Rosa Díez no es la solución, se convertiría antes o después en parte del problema.

Ponga un gay en su vida

Esta semana pasada ha sido la semana "del orgullo gay", en la que unos individuos, individuas o como se quieran llamar han paseado su pluma por Madrid. Todos están de acuerdo que la fiesta no es reivindicativa porque en España ya no hay nada que reivindicar, y se trata de una fiesta de concienciación y recuerdo por aquéllos perseguidos en otros países donde el homosexual es literalmente un delincuente.

Resulta curiosa la forma en la que los gays que participan del evento reclaman derechos para los perseguidos: en carroza, con mucha música, drogas, alcohol y sexo. A mí se me ocurre alguna otra forma de reivindicar derechos para otros de mi misma condición que están perseguidos, pero a quién le amarga una fiesta si además está pagada por todos los madrileños.

Es igual de evidente que no todos los homosexuales sienten simpatía por ese estrambote, más propio de la década hippie que de una auténtica reivindicación del siglo XXI, y desde luego no pareció que hubiese recuerdo alguno para los perseguidos en otros países. Por tanto, podemos concluir que es más una excusa para divertirse a costa del erario que de reivindicar derechos. Se trata, pues, de un lobby objeto de especial protección por parte del político débil que necesita contentar a todos sea cual sea el motivo del lobby para que quede contento.

Esto me lleva a preguntarme si una formación política debe o no tener una posición determinada ante el hecho homosexual. Algunos políticos, con sus acciones y declaraciones creen que sí; la prueba la tenemos en el Alcalde de Madrid. También Mariano Rajoy en el programa "Tengo una pregunta para usted" comentó que si su hijo fuera homosexual lo querría igualmente.

En el segundo ejemplo yo habría respondido con otra pregunta ¿Querría usted a su hijo si fuera obeso? Y es que la condición sexual de las personas debe importar a los políticos lo mismo que el peso, color de pelo o número de dientes que tienen los ciudadanos. Si la sexualidad de una persona se vive según el respeto a los derechos de los demás, no creo que ninguna administración tenga que venir a discriminar positivamente a nadie. ¿Se imagina alguien una cabalgata de gordos reclamando mayor espacio en los medios de transporte o en la anchura de puertas, o de altos, o de bajitos, o de ciegos, o de pelirrojos, o de mellados, o de tullidos? Desde luego tendrían, al menos, los mismos motivos para reivindicar sus derechos.

El problema reside en la poca fiabilidad que algunos políticos tienen de sus propias convicciones. Si el Alcalde de Madrid confiara más en la persona y la respetara totalmente no necesitaría estar permanentemente justificando su aprobación del hecho homosexual. Eso faltaba, que no lo hiciera. Igual ocurre con la condición de mujer, por la que todos los políticos corren a ver quién es más feminista, o de ayuda al inmigrante, a ver quién es más tolerante. Estupideces.

El homosexual, la mujer, el inmigrante, el gordo, el bajito y el tullido son personas y como a tales hay que tratarlos, y no sería necesaria ninguna reivindicación ni discriminación positiva ni tontería semejante, que nada le cuesta al político y sí mucho al contribuyente, si las administraciones nos tratarran a todos como personas. Y el gordo debe tener protegido su derecho al libre acceso a los medios de transporte como cualquier otro, y la mujer derecho a trabajar como cualquier otro y el homosexual a serlo como yo a no serlo, y por ello no soy ni menos tolerante, ni menos feminista ni sandeces similares.

Sí hay mucho interés económico por parte de algunos que viven muy bien haciendo gala de su homosexualidad y como único mérito el haberlo publicado, y mucho político débil que piensa que de esta forma es políticamente correcto, y en lo que se convierte es en un ser profundamente injusto. Y esto es peor en aquéllos que además se declaran liberales y defensores de los derechos individuales. Algo menos de oportunidad politica y algo más de repaso de sus propias convicciones es lo que le hace falta a algunos ilustres políticos de esta España nuestra.

Otra Semana Trágica en Cataluña

Fue la última semana de julio de 1909 cuando los anarcosindicalistas, con la excusa de protestar contra el envío de tropas de reemplazo a África, y de buenas a primeras, empezaron a incendiar cualquier edificio que "oliera" a católico. Empezaron por los colegios Maristas y siguieron con 13 iglesias, 44 conventos y monasterios, matando monjas, curas, frailes, y todo por lo la misma razón de siempre desde que existe la izquierda: el control de la educación.La izquierda republicana de la época deseaba una educación laica y mixta. Hoy eso está conseguido y amortizado.

El anarquista de entonces, Ferrer Guardia (pájaro millonario pesudoprogre de la época, que ya controlaba los medios de comunicación), fue ejecutado por la instigación y elevado a los altares de los mártires de la causa de la izquierda, y cien años más tarde, los catalanes de izquierda han asesinado a toda España culturalmente, nuevamente previo control de los medios de comunicación (el esquema es siempre el mismo).

Hoy, el español, la lengua española, la lengua de todos los españoles, la lengua que tenemos la obligación de conocer y el derecho a usar, está más protegida en Nueva Zelanda que en España. Somos el único país del mundo y es la primera vez en la Historia de la Humanidad en la que el idioma de un país está negado por Ley. Sus ciudadanos no tienen derecho a usarlo, sus ciudadanos serán perseguidos si intentan rotular sus comercios en español, si intentan dar sus clases en español, si se dirigen desde la Administración en español, pero esdo no será necesario porque dentro de pocas generaciones, nadie conocerá el español en Cataluña y por tante nadie tendrñá lña percepción de que su derecho es conculcado.

Y el objetivo no es, como torpemente creen algunos a primera vista, el principio de la independencia y la protección a un signo de identidad nacional, sino en primera instancia, el control de la educación. Esta Ley de Educación Catalana, como siempre hace la izquierda, eleva a rango de Ley una estrafalaria norma, pero que tiene otro objetivo, éste menos explicitable: el control de la educación en Cataluña por parte de la izquierda.

Aquéllo que siempre criticó la izquierda de la Iglesia Católica es precisamente el objetivo prioritario: controlar la Educación, controlar a los jóvenes. Esta Ley deja al Gobierno catalán libertad absoluta para establecer el currículo educativo. Adiós a la igualdad de los españoles. España estudiará Historia, y los catalanes inventarán la Historia que quieran enseñar a sus jóvenes. Ese fomento del odio hacia lo español (hay que recordar que los catalanes de izquierda siempre se han quejado de que desde el Centro de España se ha fomentado el odio hacia Cataluña), es el segundo objetivo, precisamente cuando se generalice el odio hacia lo español, cuando no conozcan el español, cuando el caldo de cultivo sea el idóneo (previo saqueo del erario español a través de financiación privilegiada), entonces será el momento, por las buenas y si no por las malas, como está acostumbrado a hacerlo la izquierda, como ya hizo hace cien años, será el momento de la independencia: Cataluña, el primer estado de pensamiento único de izquierda del mundo.

El anticlericalismo ya no es bandera, ésa ya está conseguida. Ahora queda el nacionalismo revestida de derecho colectivo de identidad que se conseguirá a base del dinero del resto de los españoles y con la aquiescencia del resto de la izquierda española. pero eso no parece importar mucho al resto de clase política, miope e incomptente, más preocupada por el futuro personal de algunos de sus líderes, que por el futuro de España: ¡ Si Ortega, Cánovas, Maura, Dato... levantaran la cabeza...!

Liberados sindicales y otros cánceres

Los sindicatos en España, desde hace más de treinta años, consituyen el ejemplo "de libro" de lo que significa un "grupo de presión": organización estable que pretende influir en el Gobierno sin tener la pretensión de llegar a él. Bajo la cobertura de una necesidad como es la defensa del débil en la relación laboral empleador- empleado, los sindicatos se han convertido en los principales interlocutores en materia laboral entre las administraciones y entre las grandes y medianas empresas. El problema es que los sindicalistas, al igual que los políticos, han prostituido la esencia del sindicalismo, como los segundos de la Política.

La figura del trabajador sindicalista liberado es reciente en nuestro ordenamiento jurídico y el objetivo de su creación fue y es que determinadas personas queden liberadas de sus obligaciones contractuales con sus empleadores para la mejro defensa de los intereses de los trabajadores. resulta contradictoria esta figura dentro de la Administración Pública ya que el funcionario tiene unas diferencias con el resto de trabajadores que hacen que la figura sindical en la Administración resulte en sí inncesaria y estridente, porque ni el funcionario pasa por un proceso de selección arbitrario, sino sujeto a normas de oposición, es decir el gerente de la administración no puede negarse a incorporar a un opositor que haya "sacado su plaza", ni tienen porqué preocuparse por su estabilidad laboral independientemente de su calidad en el trabajo producido.

Pero si es estridente el sindicalismo en la Administración, resulta indignante la figura del liberado sindicalista funcionario, más preocupado por sus propios intereses político-sindicalistas que por el objetivo que, le supongo, le llevó a hacerse sindicalista. Y si esto resulta indignante, raya en la locurta aberrante propia de la deriva de la izquierda el número de liberados que campan a sus anchas en tiempos como los que corremos.

El ejemplo de "grupo de presión" mezquina y politizada lo tenemos en la Comunidad de Madrid. Con datos oficiales de la CAM: en la Administración regional de la Comunidad de Madrid hay nada más y nada menos que 3.242 liberados, que suponen más de tres millones y medio de horas pagadas. ¿CUÁNTO CUESTAN A LOS MADRILEÑOS LOS LIBERADOS SINDICALES? El dato es simplemente estremecedor: 77 millones de euros.

Hagamos, pues demagogia de la que le gusta hacer a la izquierda: ¿QUÉ SE PODRÍA HACER CON LO QUE CUESTAN LOS LIBERADOS? Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que se podría hacer con este dinero 77.155.160 EUROS

• Hospitales: 1
• Centros de Salud: 23
• Colegios: 15
• Escuelas infantiles: 44
• Plazas escuela infantil: 14.924
• Bibliotecas: 9
• Becas universitarias (matrícula, desplazamiento, libros): 51.000
• Plazas de mayores en residencia: 42.860

Y sigamos con la demagogia democrática: ¿podríamos los trabajadores madrileños (incluidos los autónomos que pagan a esta caterba de inútiles sin que se acuerden de ellos) decidir si queremos o necesitamos más de 3.200 liberados o más de 50.000 becas de estudios?