López Tena es un miembro del CGPJ a propuesta del Congreso, que además escribe en el periódico imparcial Público. Garzón es un juez de la Audiencia Nacional que, además y entre otras cosas, escribe libros que le presenta el Presidente del Gobierno.
Son solo dos ejemplos de la mentirosa imparcialidad de nuestro poder judicial. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, según reza el art 1 de la CE, y es muy difícil creer que, en España, las Administraciones, y en concreto el Gobierno se encuentran sujetos a las leyes de la misma forma que el resto de los ciudadanos.
Son los jueces los encargados de interpretar aquello que sale del Parlamento o del Consejo de Ministros en forma de norma legislativa y, jueces como éstos ponen en seria duda que puedan ser imparciales llegado el caso.
El primero propone la ilegalización del PP, curiosamente no propone la de PCTV o ANV, y el juez Garzón prefiere que ZP avale lo escrito en su libro.
No es que me afecten especialmente las actitudes de estos jueces, pero sí es totalmente recriminable que un Presidente del Gobierno, en ejercicio de sus funciones participe de los actos privados comerciales de un juez. Simplemente es nauseabundo. En cuanto a la perorata de López Tena, es mejor no malgastar demasiado tiempo con gente de su ralea.
El problema subyacente es la sumisión de todos los poderes al Ejecutivo. Algunos autores hablan de preeminencia del Ejecutivo, pero yo lo calificaría directamente como autoritarismo de partido. Es, simplemente, una dictadura de partido consentida por la ciudadanía, convenientemente adoctrinada y adormecida o más bien anestesiada.
Existen soluciones a este tipo de situaciones que no afectan a la ética personal de determinadas personas, por muy presidentes del Gobierno que sean, y se pueden establecer mecanismos que vayan en la dirección de una auténtica labor imparcial de los Tribunales de Justicia.
Particularmente no estoy a favor de que los nombramientos de los miembros de algunos tribunales se hagan por parte de la ciudadanía, al estilo estadounidense, pero sí apelo al sufragio restringido de determinados Tribunales (Constitucional, Supremo, Superiores de Justicia de las CCAA), con derecho a elegir por parte de todos los Magistrados en ejercicio, y el derecho a ser elegidos por parte de aquellos Magistrados que posea ciertos méritos, estableciendo una escala meritoria entre los Magistrados. Esta escala permitiría medir cuantitativamente los méritos de los Magistrados, y aquéllos que posean una cierta calificación podrían optar a ser miembros de un Tribunal a través de un sufragio restringido a los Magistrados. La duración de ese magisterio sería vitalicio, entendiendo por ello, mientras las condiciones físicas y/o mentales lo permitan.
De esta forma, los jueces no le deberán nada a los políticos, nos aseguraríamos que para determinados Tribunales, los mejores accederían voluntariamente a su Tribuna, y su ejercicio no se vería constreñido más que a la Ley, interpretada según la propia conciencia del Magistrado.
Quienes tienen la facultad de actuar en esta línea o en líneas parecidas son los legisladores que, mientras tienen mayorías parlamentarias, prefieren controlar los órganos judiciales que la búsqueda de la imparcialidad judicial, como correspondería a un auténtico Estado de Derecho.
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