No cabe duda, la crisis económica la padecemos dos veces: primero en la actividad económica propia de empresas y particulares, con un IPC desbordado, aumentos de tipos de interés y fragilidad en el empleo, y la segunda crisis, a la que me quiero referir es la que padecemos todos como consecuencia que el impacto de dicha situación económica tiene en las diferentes Administraciones del Estado, Ayuntamientos, administraciones provinciales, CCAA y Administración Central.
La causa es bien sencilla: las Administraciones son, en España más que en otros lugares, agentes económicos de primer orden, no solo por ser el regulador, sino porque actúan como los principales demandantes de inversión y gasto corriente y los principales proveedores de servicios.
Es decir, las inversiones más cuantiosas, los gastos más grandes y la provisión de los servicios más caros los generan las diferentes adiministraciones.
Sus fuentes de ingresos son múltiples, pero a nadie se le escapa que su principal input son los impuestos de las empresas y los ciudadanos, amén de otras partidas no menos importantes como son las transferencias de unas administraciones a otras y de la UE.
Pero, al decaer la actividad comercial, los ingresos por IAE, IRPF, IVA, y resto de impuestos han descendido, mientras que las obligaciones de gasto como consecuencia de prestaciones por desempleo aumentan, como las prestaciones sobre pensiones como consecuencia del aumento del IPC, o el aumento del precio del combustible para el parque móvil de las administraciones y Ejércitos, por poner algunos ejemplos.
Resultado: reducción en la prestación de los servicios a los ciudadanos, que se traduce, por ejemplo, en menor seguridad porque la polícía en la calle cuesta más dinero, menos personal atendiendo necesidades básicas en sanidad y reducción drástica de inversiones en infraestructuras. Además, en breve, todas las administraciones harán lo único que saben hacer, lo más fácil: subir impuestos y tasas. Pagano: el ciudadano y el empresario.
Por ello, a la crisis que las familias y empresas padecen tenemos que llamar la atención sobre el próximo aumento de impuestos y tasas acompañada de una reducción de los servicios que las Administraciones proveían.
No es que en estas circunstancias se pueda hacer demasiado, ya que era en tiempos mejores cuando se deberían haber tomado medidas previsoras de lo que, desde 2006 se viene anunciando, y por ello en España estamos sufriendo el impacto de la crisis con mayor virulencia que en el resto de Estados de nuestro entorno, pero no parece que el aumento del gasto público, con las tasas de interés como están, sea una solución aconsejable y es la qe el PSOE a nivel nacional anuncia.
Calificar el gasto como social, puede resultar demagógicamente biensonante, pero económicamente desastroso. El PP, acertadamente propone reducir el gasto público, prácticamente a lo que la obligación de la prestación de servicios requiere, teniendo en cuenta que, las prestaciones por desempleo se acaban y los perceptores inmigrantes que tienen en ellas su única fuente de ingresos y que tienen familias que mantener no van a entender fácilmente que hace menos de un año, el infausto Ministro de Trabajo, Typex Caldera, alentara por esos mundos de Dios a los inmigrantes que llegaran a España porque se necesitaba su fuerza de trabajo.
Se sentirán engañados, y con razón. Más aún, se sentirán estafados en sus expectativas, y por mucho que el PSOE predique la integración del inmigrante, y los reciba con las manos abiertas, el inmigrante comprobará que esas manos abiertas están vacías, y lo que reclamará será trabajo, no un discurso hueco y sin soluciones. Los españoles, es que a eso, ya estamos acostumbrados.
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