Democracia en España

Me permito parafrasear el título de la obra de Tocqueville, Democracia en América, para hacer notar que, en el caso español, como en muchos de los países de nuestro entorno, el sistema político actual se puede llamar de cualquier forma menos democrático.

La democracia no consiste únicamente en la celebración de elecciones periódicas. Ésa es la base de un sistema representativo, no de un sistema democrático. La democracia implica que las decisiones se toman de acuerdo al principio mayoritario. Es decir, el demos es dueño de sus propias decisiones.

En su estado primigenio, estaríamos hablando de un sistema asambleario, con rotación de puestos y asignación de dichos puestos mediante sorteo. Este sistema, desde hace siglos, es inviable por múltiples razones, sobre todo de carácter operativo y de eficiencia.

Para ello, se estableció el sistema representativo, en el que el demos delega en una representación la toma de decisiones mientras que el poder se ejerce según el principio del consentimiento, y para ello, de forma periódica se celebran elecciones para determinar los representantes del pueblo, a través de un corpus electoral.

No voy a entrar en estos momentos en la evolución sufrida por la democracia ni los sistemas representativos, ni siquiera por la evolución del corpus electoral, pero me voy a detener por el resultado final de esa evolución en la que hoy nos encontramos, concretamente en España.

El principal déficit democrático que padecemos es la preeminencia del poder ejecutivo sobre el resto de poderes en nuestro sistema político. Ello es debido porque este poder no es elegido por los ciudadanos, sino por el Presidente del Gobierno, que a su vez tampoco es elegido directamente por los ciudadanos, sino por los diputados.

La producción legislativa del Ejecutivo, muy superior a la de las Cortes, la capacidad de nombramiento de multitud de órganos de otros poderes, fundamentalmente del poder judicial, la capacidad de legislación y ejecución administrativa, y la disciplina de partidos dentros de los grupos parlamentarios, hacen que nuestro sistema democrático se acerque más a una dictadutra de partido que a una democracia.

Hoy día, en España, el único contrapeso a la acción del Gobierno lo constituye la opinión púlica, de ahí el especial interés de los partidos en el Gobierno de controlar los medios de comunicación oficiales, y en el caso concreto del PSOE, de facilitar y apoyar los medios privados y mediante técnicas clientelistas quedar favorecido por esos medios autoproclamados independientes.

Mediante el control de los medios. el Gobierno, a través fundamentalmente de la publicidad institucional y de informaciones y entrevistas exclusivas, favorece a unos frente a otros, por lo que la percepción de los ciudadanos de la acción de gobierno queda, así, mediatizada e inducida.

De ello se desprende, a mi juicio, la falacia que supone que el PSOE sea un partido socialdemócrata, porque será lo quiera menos demócrata. En este sentido, en España ningún partido podría llamarse demócrata, al menos atendiendo al significado tradicional del término.

¿Cómo cambiar esta situación? Sin duda sería necesario modificar todo el sistema político español, lo que implica no solo la modificación de las estructuras estatales sino el propio comportamiento político de la sociedad. Eso se me antoja utópico, pero sí se pueden ir dando pequeños pasos en la dirección correcta.

Para ello, reclamo las siguientes modificaciones, consciente de que algunas son de más difícil factura:

1. modificación de la Ley Electoral, para que los representantes elegidos sean realmente representativos
2. modificación de la Constitución para que el número de representantes en el Congreso no sea fijo ( entre 300 y 400 diputados) y se base en la población real de España. Actualmente tenemos el mismo número de diputados que hace treinta años pero con doce millones más de ciudadanos
3. modificación del corpus electoral. Todavía no alcanzo a comprender porqué una persona de diecisiete años no puede decidir sobre los representantes que van a tomar decisiones que le afectan directamente, y no hay limitación alguna para personas de nula capacidad para elegir, por razón de enfermedad o, en mucha menor medida, por razón de cultura
4. dar al poder legislativo preeminencia sobre el Ejecutivo, y al poder judicial independencia total sobre el resto de poderes, lo que modifica la tradicional visión de Montesquieu.
5. manteniendo el bicameralismo, modificar sustancialmente las funciones y capacidades legislativas de ambas cámaras, así como los mecanismos de elección de sus componentes
6. modificar el papel de la Corona, así como las funciones del resto de miembros de la Familia Real

En futuras entradas, iré desgranando cada una de estas medidas, intentando explicar su justificación y objetivo, pero, dejando ya muy claro, que, la democracia, en mi opinión no es el valor a resguardar, sino el medio para preservar la libertad, la justicia y la igualdad de oportunidades y de trato frente al Estado, que son los principios básicos para una convivencia en paz.