Ayer, el Rey dio por iniciada la IX Legislatura. En su discurso apeló a los "acuerdos de Estado" y a hacer frente a la crisis económica en la que estamos inmersos.
Para llegar a "acuerdos de Estado", primero hay que identificar los asuntos sobre los que se espera llegar a un acuerdo. Éstos serían los "asuntos de Estado". La primera dificultad estriba en determinar cuáles son esos asuntos que, en mi opinión deberían ser aquellas cuestiones que son independientes de quién tenga la responsabilidad de gobierno y que, por la popia naturaleza del asunto, las consecuencias del acuerdo no se ajustan al periodo legislativo.
Mariano Rajoy consideró de Estado tres asuntos: la política exterior, la idea de España y la lucha antiterrorista. El Rey pretendía incorporar en su discurso de apertura un asunto más: la gestión económica. Y en mi opinión, diré que solo puedo estar de acuerdo en parte.
La política exterior y la gestión económica son precisamente los pocos argumentos que le quedan al Ejecutivo para justificar la necesidad del Estado- nación tal y como se viene conociendo, y por tanto creo que es obligación del Gobierno dirigir esa política y a las Cortes su control.
Sí considero como asuntos de Estado los siguientes: la organización del Estado en todas sus administraciones, incluida la organización del funcionariado público y militar, la financiación de las distintas Administraciones, en especial las municipales, la educación, incluida la universitaria, la gestión de los recursos naturales, la distribución de competencias exclusivas del Estado y de las Comunidades Autónomas, los Tratados Internacionales que vinculen a España fuera de sus fronteras y la política energética.
¿Y por qué no la lucha antiterrorista? Porque la lucha antiterrorista no debe instalarse en el debate político sino en la acción de los Cuerpos de Seguridad y en el Poder Judicial. Al terrorista se le aplica el Código Penal, no el Diario de Sesiones.
Asunto distinto, y en el que hoy no entraré, es el debate, este sí político, de los nacionalismos.
En estos asuntos, los grupos parlamentarios del PSOE y PP, como únicas fuerzas hoy día con posibilidades reales de formar mayorías parlamentarias cualificadas, deberían llegar a acuerdos estables, que queden fuera de la contienda política excepto cuando sea necesaria su revisión, es decir, no tienen porqué ser permanentes, dependerá de la evolución de nuestra sociedad y que sean objeto de control conjunto a través de Comisiones Parlamentarias permanentes.
El Ejecutivo sería el encargado de llevar a cabo las leyes que se aprueben en virtud de esos acuerdos, y las Cámaras controlarían esa ejecución y administración. Estos acuerdos serían revisables cada nueva legislatura, ya que los representantes serían distintos, y sería en campaña electoral cuando, en buena lid, todas las formaciones deberían posicionarse antes de concurrir a los comicios, y no después.
Sin embargo, las palabras tanto del Rey como del Presidente del Congreso, ayer de las Cortes, no parece que incidan en estos temas. Prefirieron las vaguedades y obviedades que lejos de concretar, solo sirvieron para dar un boato virtual a esta legislatura. Como muestra de lo vacío de los discursos de ayer, la comentada por los medios de comunicación del Presidente del Congreso proclamando defender la igualdad de todos los españoles, y esto dicho delante del Rey, curiosa paradoja.
2 comentarios:
La referencia al terrorismo da otro sentido a “ser liberal y no morir en el intento”. Sin embargo, es evidente que tema requiere una posición unificada de los principales agentes políticos. 3 razones:
- Los objetivos de ETA son políticos, aunque algunos de sus métodos sean criminales (usan en simultaneo otros métodos no violentos, como propaganda o la presencia institucional poco disfrazada a través de PCTV o ANV)
- ETA es antidemocrática. El consenso entre los partidos sería una reafirmación de la validez de la democracia como mecanismo primario de solución de conflictos en sociedad y del monopolio de la fuerza legitima como pilares del Estado de Derecho.
- La unidad de propósito y consenso sobre los métodos entre los partidos refuerza la efectividad de la acción policial.
intentaré responder a los tres argumentos.
Los objetivos de ETA: en mi opinión, los objetivos de ETA no son solo políticos, también son sociales, pues pretenden reconocimiento social, son económicos, pues requieren fondos para seguir matando, son políticos porque buscan una independencia orgánica, son culturales porque reclaman derechos históricos. En definitiva, creo que actualmente ETA ha pasado a ser una simple cantera de delincuentes, cuyo principal peligro reside en su "comprensión social".
ETA es antidemocrática: ETA no es antidemocrática, ni democrática.No se rige por esos términos porque es una organización militar, con fuertes jerarquías y obediencias debidas, y si alguien se la salta, simplemente desaparece. Los partidos políticos deben debatir sobre el nacionalismo y el reparto de competencia y no de cómo se debe tratar a los terroristas, por ello debe quedar fuera del ámbito político y circunscribirse al ámbito policial y judicial.
La unidad de propósito: la efectividad policial no debería reforzarse más que por el imperio de la ley. El uso torticero que de la ley pueda hacer el Gobierno a través de la Fiscalía General o su influencia en los Tribunales son los principales argumentos de la falta de legitimidad de un Gobierno para intentar hacerla cumplir por parte del resto de los ciudadanos. Lo que debe poner de acuerdo a los partidos es la aplicación de la ley y si la ley no gusta, cámbiese.
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