Recién estamos estrenando, al menos, la primera línea del Gobierno, pues quedan por decidir las segundas, terceras líneas y los miembros de algunas instituciones que tienen su importancia. El perfil de los nuevos Ministros o reministros (pues algunos regresan a sus antiguas Carteras) puede dar confianza, pero esta confianza tiene las patas muy cortas, tan cortas como el tiempo que lleve tomar las primeras decisiones del Consejo de Ministros. Hay mucho que hacer y las primeras decisiones son importantes: control exhaustivo del gasto, elegir bien las inversiones, reducir el déficit, aumentar nuestra credibilidad en Europa y el resto del mundo. Es importante empezar a tomar medidas duras a todos los niveles, una de ellas que acabamos de conocer congela el salario mínimo, otras tienen que ver con la congelación de salarios públicos, la práctica anulación de oferta de empleo público y, para la primavera se prevén las medidas más impactantes, una vez que se hayan celebrado las elecciones en Andalucía.
Sin embargo, lo que me pregunto es si España está preparada o concienciada para aceptar y acatar las reformas necesarias, si seremos conscientes de que nos están sacando de nuestro error, de que el nivel de vida que disfrutábamos era insostenible y que "papá Estado" ha dejado de ser omnipresente y omnipudiente. Los particulares, las empresas, las Administraciones, todas deben entrar por la senda de la racionalización del gasto: las familias y las empresas ya lo vienen haciendo desde hace años, sin embargo, esas mismas personas y empresas siguen exigiendo del Estado el mismo nivel de gasto, y eso, se diga como se diga, es insostenible.
Las políticas basadas en la permanente subvención, el despilfarro acumulado de sindicatos, partidos políticos, televisiones públicas, cajas de ahorros, nos llevan a una cultura de exigencia permanente hacia el Estado que debe finalizar; pero no solo cortando esos grifos será suficiente. Es hora de poner el foco en las actitudes personales.
La educación, la sanidad, los llamados asuntos sociales, la justicia, no pueden ser universalmente gratuitos ni permanentemente gratuitos. Los españoles deben saber lo que cuesta una plaza educativa, una consulta médica, una hospitalización, un proceso judicial, o un viaje del imserso, y además de conocer el coste de tantos y tantos servicios que universalmente han sido dispensados, los españoles debemos empezar a responsabilizarnos de que cada servicio gratuito, en realidad es un servicio sostenido por todos y recibido por uno. Por ello, los responsables públicos, además de reducir los gastos de su propia gestión, deben empezar por pedir responsabilidades pecuniarias a los ciudadanos: las plazas educativas públicas podrían dejar de ser gratuitas cuando el alumno repita curso, los pacientes que asistan a consulta o deban ser hospitalizados para ser atendidos por causas sobrevenidas o imprudencias, es decir, todo aquello que nos achaque que nosotros mismos hayamos favorecido (accidentes por imprudencia, consecuencias del tabaco, el alcohol, las drogas, etc), que participen del coste de la atención. Éstas y otras similares son medidas impopulares, que ningún político que quiera seguir siéndolo adoptaría, pero que son las únicas que resuelven la situación en la que nos encontramos. Otra medida sería la de acotar el universo del servicio: ¿debemos asumir el coste de todos estos servicios a cualquier persona que se encuentre en España independientemente de su procedencia y situación legal?¿Se debería adquirir la condición de ciudadano español tras el correspondiente tiempo de permanencia en España?
No parece que este Gobierno pueda acometer las reformas necesarias sin coger de verdad el toro por los cuernos. Todo lo demás será parchear una situación de la que sin duda saldremos pero, ¿con cuántas víctimas inocentes?¿Cuántos puestos de trabajo destruidos, carreras profesionales truncadas, familias separadas podemos asumir por no poner cada cosa y a cada uno en su sitio?
