Habemus CGPJ. Los dos partidos mayoritarios han salido a la palestra a decir a los impávidos españoles que entre ellos han cocinado, horneado y ventilado el órgano de control de los Jueces y Magistrados. Y lo cuentan como el que ha conseguido un logro, que llevaba más de dos años sin producirse. Desde la infausta Ley Orgánica del 85, en la que un exultante Alfonso Guerra confirmó el fallecimiento de Montesquieu y por la que este órgano era íntegramente formado por el poder político, nadie ha tenido interés en que eso cambie.
El nombramiento de los miembros del CGPJ lleva asociado el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, órgano a su vez encargado de juzgar, llegado el caso, a los aforados, vamos a los mismos que lo han nombrado.
El liberalismo nació en Inglaterra a mediados del siglo XVII, en contra del poder absoluto del monarca. Sus primeras manifestaciones fueron las realizadas por los niveladores (levellers) y su principal lucha se basaba en limitar el papel del monarca en las vidas de las personas, limitando su poder y salvaguardando sus derechos.
Posteriormente, en 1689, John Locke en su obra Dos Ensayos sobre el Gobierno Civil, propone limitar el poder separándolo y asignándolo a diferentes órganos. Así propone la división del poder en legislativo, ejecutivo y federativo.
Ya, en los prolegómenos de lo que sería la peor puesta en acción por parte de la sociedad de los mejores pensamientos que el hombre ha dado, la Revolución Francesa, Montesquieu depuraba el concepto de Locke y propuso la separación de poderes que conocemos en la actualidad: legislativo, ejecutivo y judicial. El objetivo de éste no era tanto separar como que los poderes se pudieran controlar entre sí. Este concepto se basaba en la total independencia de unos sobre otros.
Y por fin llegamos a la España actual. Y aquí nuestro sistema político se basa en una seudodemocrácia débil, por la que los ciudadanos, mayores de edad, eligen a unos representantes para que sean éstos los que elijan al Presidente del Gobierno, es decir, se trata, la elección del Presidente, de una elección indirecta, delegada por los ciudadanos.
Después este Presidente tiene libertad absoluta (en la acepción política del término absoluto) para decidir quiénes y cuántos conformarán el poder Ejecutivo, el Gobierno. Esta elección queda fuera del alcance de los ciudadanos.
Por último nos queda la última esperanza, el Poder Judicial, cuyos órganos más importantes están representados por el Tribunal Constitucional, Supremo y Consejo General del Poder Judicial. Pues bien, la totalidad de estos Jueces y Magistrados están actualmente nombrados por las élites políticas, en este caso, por los líderes del PSOE y el PP.
A este sistema en España lo denominamos Democracia (¡Si Pericles levantara la cabeza!). El sistema de nombramiento no es lo peor del sistema, si efectivamente cada poder después fuera independiente. El principal problema es que los diputados deben su puesto, no a los ciudadanos, sino al líder de su partido por el carácter de lista cerrada de las candidaturas, los Ministros al Presidente del Gobierno y los Jueces, como se ha demostrado, deben pertencer a una Asociación Profesional afín a uno de los dos partidos mayoritarios. Y los ciudadanos a verlas venir.
Éstos son los que, sin cortarse un pelo, se autoproclaman demócratas. Nosotros, los demócratas, se llaman a sí mismos.
Es difícil conseguir que el Poder Legislativo se dedique a lo que le corresponde, que es legislar, porque para eso ya se encarga el Gobierno. Pero que además de legislar y ejecutar lo legislado, poseer la potestad reglamentaria, también nombren a los Jueces que, llegado el caso, les deberían juzgar a ellos o pronunciarse sobre las leyes que producen raya en lo inmoral.
Montesquieu ha muerto, pero el Absolutismo ha resucitado, ¡ Viva el neoabsolutismo!
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