No paso por ser experto en Derecho Político, pero que la propia Constitución Española obligue en el art 61 al Rey, la más alta institución del Estado, a respetar los derechos de los ciudadanos y de las CCAA, hace que éstas se conviertan en sujetos de derecho, y por tanto, no nos debe extrañar que los estados autonómicos reclamen sus propios derechos, uno de ellos el de autodeterminación.
Es entonces cuando nos llevamos las manos a la cabeza, indignados por las constantes provocaciones de los nacionalismos al conjunto de los españoles.
Empecemos por el principio: ¿qué es eso de que las CCAA tengan derechos susceptibles de ser respetados?¿cuáles son esos derechos? Los derechos de los ciudadanos sí quedan recogidos en la CE, pero los de las CCAA, a mí se me deben haber pasado por alto.
Puesto que el independentismo requiere algo más que cobertura jurídica, continuemos con la cobertura social. El mismo derecho a la independecia que reclaman el gobierno vasco o el catalán, lo niegan en los territorios que supuestamente estarían comprendidos en los nuevos estados independientes. Es deir, Álava o Gerona no tendrían derecho a independizarse de Vascongadas o Cataluña. Curiosa contradicción.
Para obtener el respaldo social a la iniciativa de la élite dominante y dominadora, se ejerce una política de exclusión creando una conciencia colectiva artificial que, con el paso de los años, terminará por conformar una identidad propia donde no existía, aunque ello implique conculcar derechos individuales, violar obligaciones o tergiversar la Historia.
Entre los derechos individuales claramente conculcados el más importante es el de utilizar el castellano en determinados territorios de España: Baleares, Cataluña, Vascongadas o Galicia, son regiones de España donde este derecho permanentemente es inducido a no ser ejercido por la población. Este quebranto cada vez que se produce un relevo generacional, obviamente tiene menos rechazo.
El mandato constitucional recogido en el mismo art 3 de la CE que obliga a todos los españoles a conocer el castellano es una dejación de obligaciones instada desde las administraciones autonómicas, consecuencia de la negación del anterior derecho.
A partir de ahí, puesto que la lengua es el vehículo de comunicación por excelencia entre las personas, se producen situaciones dantescas como es que los ciudadanos que no conozcan la lengua propia de la región correspondiente tiene serios problemas para relacionarse con la Administración, y así, en vez de ser la Administración la que facilite su relación con los administrados, son éstos los que deben sufrir el totalitarismo lingüístico de sus administraciones.
Como para todo lo que se hace en política es necesario dotarse de legitimidad, desde la élite totalitaria nacionalista se reinventa la Historia de forma que se consideran pueblos con Historia propia, como si la Historia de Vascongadas o Cataluña se puediera entender sin la Historia de España, cuando es parte de ella. ¿Qué tal si los fenicios reclaman los derechos históricos sobre España?¿Y antes de ellos los tartessos?¿Y antes que ellos los descendientes de Atapuerca? Claro que bien pensado, a lo mejor Ibarreche proviene de ahí y por ello su insistencia.
Una vez se tiene a la población idiotizada con mensajes permanentes en el sentido de la identidad propia, y se percibe la madurez necesaria, se apela al derecho de las personas a decidir sobre su futuro, precisamente el mismo derecho que permanentemente han estado negando a la población, a través de referenda de autodeterminación (el término independencia, por peyorativo, se cuidan mucho de no utilizarlo). Cuando el Estado invasor español, hace cumplir la Ley, la élite totalitaria incide con más fuerza en el argumento de la invasión reforzando el derecho a decidir sobre su futuro.
El problema es que el futuro de los vascongados o los catalanes es también el futuro del resto de los españoles, por tanto si se quieren convocar referenda, que se haga en todo el terrritorio español para que todos decidamos sobre nuestro futuro, y no que unos pocos decidan sobre el futuro de los demás.
Y es que el menos común de los sentidos, el sentido común, queda siempre apartado cuando las aspiraciones totalitarias salen a flote. Si los pueblos tienen derecho a decidir sobre su futuro, ¿cada cuánto tiempo se debería preguntar a esos pueblos si se quieren o no separar de España?
Si se produjera el famoso referéndum de Ibarrche y los vascongados decidieran apartarse de España, ¿sería ésta una consulta definitiva por siempre y para siempre?¿Y si los siguientes ciudadanos quisieran integrarse de nuevo en España, les preguntarían de nuevo?
Son tan endebles los argumentos del nacionalismo que me pregunto cómo es posible que la sociedad siga dando pábulo a semejantes dirigentes políticos.
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