En la España de la pandereta y el chikilicuatre todo es posible, por ejemplo que un empresario de tinte populista como lo fue Jesús Gil puiera llegar a ser Alcalde de Marbella. Con ello, además de los intereses particulares que hubiera, requirió comprar apoyos que le permitieron "colocar" a personas afines a su nivel de dignidad en varios ayuntamientos de la Costa del Sol y Ceuta.
Ello derivó a que los julianeslópez de turno estén casi todos sentenciados por delitos urbanísticos. El caso del Alcalde de Estepona, éste socialista y alcalde gracias a lo que queda del GIL, es un caso más de quien siendo un corrupto, se metió donde había.
Y esto es lo que me interesa destacar. Uno no es político y se corrompe. Uno es corrupto y procura alcanzar el poder político para "desarrollar su personalidad en plenitud".
En España, en 1999 se eligieron 65.265 concejales (Fuente: Ministerio del Interior. No se dispone de datos posteriores) de lo que se desprende que la salud cívica del concejal español es muy buena, y resulta difícil detectar a tiempo quiénes son o no corruptos.
Más allá de la corrupción urbanística, el problema reside en el futuro del municipalimo, su financiación y el modelo de servicio público que se pretende adoptar. Por un lado, los vecinos de cada municipio demandan de sus alcaldes y concejales unos servicios cada vez mayores y de mejor calidad: instalaciones deportivas, festejos, servicios asistenciales son algunos de los servicios que crecientemente se vienen demandando en el nivel municipal, y esto se ha de financiar, y no se hace en su totalidad con los impuestos y tasas municipales.
Las transferencias del Estado son una parte, más bien exigua de la financiación municipal (0,6 euros por habitante empadronado y mes), por lo que queda en la venta de activos fijos (suelo fundamentalmente) la vía de financiación fundamental de los ayuntamientos.
El problema reside en aquellos municipios que, por sus características geográficas no disponen de suelo suficiente para vender, como le ocurre a mi querido San Lorenzo de El Escorial, para atender a la demanda de suelo de los vecinos del municipio.
Esto hace que el precio el suelo, y por tanto de la vivienda suba, y que los jóvenes que nacieron y se criaron en estos municipios emigren a otros donde el suelo, por su mayor abundancia, sea más barato.
La consecuencia es clara: con el paso de los años, estos municipios verán incrementada alarmantemente su edad media de población, y este desajuste provoca nuevas demandas asistenciales que tampoco se pueden cubrir con el ingreso por impuestos y tasas a personas en edades de jubilación.
Por ello, es urgente que, a través de la Federación Nacional de Municipios, se realice una proposición no de ley, para que en las Cortes se pueda modificar la actual Ley de Bases del Régimen Local de 1985 de cara a afrontar el actual problema de financiación municipal.
Un aspecto que ayudaría a mejorar esta financiación es, sin duda, la agrupación de municipios limítrofes. En España el tamaño de los municipios es extremadamente pequeño en su inmensa mayoría que no consiguen generar las escalas suficientes para hacer rentables ni siquiera en términos sociales, mucho menos económicos, servicios que sí lo son en municipios de mayor tamaño.
Actualmente el único criterio que se sigue a la hora de dotar financieramente a un municipio es el de su población empadronada, sin tener en cuenta aspectos tan importantes como las características geográficas antes señalada o la población flotante del municipio, que requiere de servicios municipales, como limpieza, seguridad y asistencia.
Éste es un aspecto capital, en el que los municipios deberían tener mucho que decir y los grandes partidos ponerse de acuerdo en actualizar una Ley que, actualmente está superada por la realidad social.
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