Es la Administración local la que dicen que es la más cercana al ciudadano, y por tanto la que debe ser más sensible a las necesidades de éstos. De esta afirmación ampliamente aceptada yo solo estoy de acuerdo en que, efectivamente, los Ayuntamientos disponen de elementos para detectar y averigüar las principales necesidades de los ciudadanos con mayor facilidad que el resto de administraciones. Sin embargo discrepo en la cercanía de la Administración local al ciudadano.
Hoy día, educación, sanidad, seguridad son los servicios públicos más demandados, junto con vivienda, que en el ámbito público es un servicio menor en comparación con el que aporta el sector privado, y esos servicios son responsabilidad y competencia de las CCAA, para mí las verdaderas portadoras de responsabilidad y a las que, en caso de que no se recuperen determinadas competencias en el ámbito central, se les debe exigir resultados y compromisos.
Sin embargo, los Ayuntamientos tienen una posición de extrema debilidad frente a sus ciudadanos. El esquema municipal es simplemente aberrante, con más de ocho mil municipios, en los que el 80% de la población reside en el 20% de municipios (muy en la línea de la regla de Pareto), poseen un marco legal que data de 1985 (LBRL) cuando las competencias de las CCAA en su mayoría no estaban siquiera tranferidas.
En dicho marco, además de no ajustarse a la realidad actual en lo competencial, tampoco ofrece solución en la gestión de ingresos y gastos municipales, lo que ha obligado a muchos Ayuntamientos a financiarse a través de la venta de suelo municipal, debido entre otras cosas a la creciente demanda de servicios públicos municipales por parte de los ciudadanos, que medían el éxito del Gobierno municipal en términos de cuántos nuevos servicios proporciona el Ayuntamiento: piscinas climatizadas, clases de yoga o pintura al óleo, amén de servicios de seguridad, prestaciones asistenciales, etc.
Sin duda las prestaciones sociales han sido la gran apuesta de los Ayuntamientos, legítima por cierto por esa cercanía de la que hablaba, pero que es necesario mantener y financiar, y el caso es que los Ayunamientos no tienen esa competencia atribuida, si bien rige en España el principio de competencia general por la que se la autoatribuyen (todo lo que no esté expresamente atribuido a instancias superiores, el Ayuntamiento se la atribuye). El problema es que los ayuntamientos no han sabido, por regla general, medir el nivel asistencial que podían mantener en momentos de "vacas flacas".
Siempre que existen problemas económicos, se vuelve al tradicional debate acerca del estado del bienestar y dónde está el límite de la acción pública, teniendo en cuenta que las administraciones soportan los servicios públicos, fundamentalmente aunque no exclusivamente, de su capacidad impositiva, y en momentos de dificultad, cuando más falta hacen los servicios públicos más problemas tienen las administraciones para recaudar y más gasto se produce por las consecuencias del paro, entre otras causas.
Pero, si de establecer prioridades se trata, y asumimendo cada administración el papel que le toca, a la Administración General del Estado (AGE) le compete modificar urgentemente la ley de régimen local, que se ha demostrado incapaz, incompleta, obsoleta y que no responde ni a las necesidades de los ciudadanos ni a las posibilidades los ayuntamientos. A la Administración provincial, un profundo debate sobre su necesaria revisión, y en su caso, eliminación habida cuenta su práctico vacío compentencial y su nula aportación a la convivencia ciudadana. A las CCAA les corresponden las competencias más sensibles, y si bien creo que lo más importante que habría que hacer es revisar las competencias autonómicas, lo más urgente es establecer los límites de la acción autonómica y ampliar la delegación a los ayuntamientos, sobre todo a los mayores de veinticinco mil habitantes. En cuanto a los ayuntamientos, lo más urgente hoy día es revisar el mapa de servicios que presta y que éstos estén acordes con su situación financiera real.
Esto supone que ciertos servicios públicos deberían desaparecer si, como ocurre,no pueden mantenerlos. Un ejemplo muy típico y descabellado es que se estén manteniendo determinados servicios deportivos o de fiestejos subvencionados y que los proveedores del ayuntamiento no puedan cobrar lo que se les adeuda. En estos momentos se hace mejor favor pagando a los proveedores que no prestando determinados servicios. El problema es el rédito pólítico que esto supone y que muy pocos Alcaldes están dispuestos a asumir.
Y es que entre todos la mataron y ella sola se murió.
1 comentario:
En tres décadas de democracia han pasado por el Congreso todo tipo de personajes. La mayoría, políticos preocupados por cumplir honestamente su trabajo. Pero también felones y necios. En estas categorías hay dos sujetos que destacan por encima de todos sus pares: José María Aznar y José Bono. El primero nunca debió pasar de inspector de Hacienda en Logroño, mientras que el tope profesional del segundo era ser secretario del Ayuntamiento de Salobre. Que Aznar haya llegado a La Moncloa y Bono sea presidente del Congreso demuestra cómo, en ocasiones, los dioses ciegan a los hombres. De ambos ojos.
La penúltima necedad que se le ha ocurrido a Bono es rechazar la reforma de la Ley Electoral que propone el Consejo de Estado con el argumento de que “no se debe pretender ganar en las leyes lo que no se gana en las urnas”. A ver, melón, eso es precisamente lo que ocurre ahora y lo que la reforma electoral debería corregir. Cualquier persona que sepa sumar, restar y sacar un porcentaje, llega a la conclusión de que PSOE y PP ganan gracias a “las leyes” escaños que no ganan en “las urnas”, exactamente lo contrario de lo que le ocurre a Izquierda Unida. La legislación actual es tremendamente injusta y debe ser modificada, porque no es admisible que los dos principales partidos logren un diputado por cada 60.000 votos, mientras que IU obtiene un escaño por cada medio millón de papeletas.
Como hay pruebas de que Bono sumar sí que sabe –lleva años sumando patrimonio, incluida una hípica cuyas facturas son tan escurridizas como las de los trajes de Camps-, sólo cabe concluir que el presidente del Congreso quiere engañar a los ciudadanos. El muy necio.
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