Hacia la reforma constitucional: un recorrido inaplazable

Treinta años hace que los españoles en edad de votar decidieron aprobar la actual Constitución Española, la que más tiempo de vigencia ha tenido.

Resultaría tedioso recordar aquí el proceso constituyente, pero es importante resaltar que nuestra Constitución, la norma que actualmente rige nuestro ordenamiento jurídico, nos ha acompañado prácticamente desde que vivimos nuestra última época democrática.

Esta norma suprema fue el resultado del denominado consenso (que yo prefiero llamar negociación) imbuidos del también denominado "espíritu de la transición". En aquel momento, sin duda y amén de ciertos errores de bulto, como bien citan Sánchez Agesta o Torres del Moral, el resultado solo lo puedo calificar de muy satisfactorio.

Sin embargo, y andados ya treinta años de recorrido constitucional, parece oportuno plantear mejoras sustanciales a la CE y aprovechar la coyuntura para subsanar esos errores de bulto (p.e. el del art 61, en el que se afirma "El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas", como si las CCAA tuvieran derechos).

Son muchos los cambios que creo necesarios, y casi todos ellos a partir del Título II, precisamente el de la Corona, ya que, considero que la parte más lograda del Texto son los Titulos Preliminar y I, pero considero inaplazable el debate acerca de la llamada España de las Autonomías y nuestro modelo de Estado.

Los españoles del 78 nunca dieron consentimiento, como nación, a la deriva autonomista que las vías estatutarias han abocado a España. Los Estatutos de Autonomía y las Sentencias del Tribunal Constitucional han sido los principales instrumentos de las instituciones para modificar, no solo el espíritu, sino el corpus y el fondo de la CE, y a eso, los españoles no han dado su consentimiento; es la llamada mutación constitucional.

Por ello, reclamo un debate serio, sincero, responsable, sin hipocresías y a ser posible, primero en ámbitos académicos y profesionales, y después en ámbitos políticos y sociales, acerca de qué tipo de nación queremos ser, recordar de dónde venimos para acordar a dónde queremos ir y asegurar que las modificaciones sustanciales del modelo de nación son aprobadas por el conjunto de los españoles, o ¿alguien piensa que en 1978, los españoles sabían y dieron consentimiento a la situación de descentralización política, administrativa, cultural y social por la que hoy pasa España?

Dos son, a mi humilde entender, las cuestiones principales a debatir:

• El grado de descentralización que queremos, lo que implicaría un adecuado catálogo de competencias por administración y la necesaria reforma de la segunda cámara ( o su disolución)
• El modelo de jefatura de Estado, hasta ahora resuelto a través de guerras o pronunciamientos, hasta la presente Constitución, pero que debería ser revisable cada cierto tiempo.

Debemos ser conscientes de que el consentimiento que los ciudadanos realizan en un momento dado, no puede ser perpetuo, por la simple razón de que esta decisión no puede ser una hipoteca de futuro, sino que debe afectar a los ciudadanos que dieron su consentimiento y no a sus sucesores. Los que en su día no pudimos decidir reclamamos el derecho a decidir nuestro presente y no ser esclavos de nuestro pasado.