Hay políticos que se presentan a las elecciones y no gobiernan (socialistas zapateristas), hay políticos que no se presentan a las elecciones y gobiernan (sindicatos). Yo, como la mayoría de españoles, no voté ni a sindicatos ni a patronales y exijo que los que tienen la responsabilidad de gobernar, simplemente que lo hagan.
Estare más o meno de acuerdo con lo que este Gobierno estipule, posiblemente estaré en desacuerdo en muchas cosas, pero cuando llegue el momento de rendir cuentas, la decisión más importante en términos políticos de la legislatura: la reforma laboral, no podrá ser objeto de evaluación por parte de los votantes porque, hete ahí, es una reforma pactada, y si no llegara producirse el pacto, pues no habrá reforma, y por tanto no hay evaluación posible.
"España es uno de los países de la Unión Europea con menos trabajadores afiliados a los sindicatos (sólo el 15% del total) y con un mayor número de empresas inscritas en las patronales (el 72%), según un informe sobre las relaciones industriales en los Veintisiete publicado hoy (el 9/02) por la Comisión. Pese a este desequilibrio, el 83% de los trabajadores españoles están cubiertos por convenios colectivos". (Fuente literal: Europa Press). Estos convenios colectivos se firman por trabajadores de las empresas que normalmente no están afiliados, pero que se apoyan en los sindicatos para aprovechar su estructura y experiencia, pero lo cierto es que priman los intereses de los sindicatos a los de los propios trabajadores (y lo digo por experiencia, que he participado con CCOO y UGT en diferentes mesas de negociación como asesor de la mesa)que, para empeza prestan sus recursos no por apoyar al trabajador sino para que ese Comité de Empresa se presente con sus siglas, con lo que ello supone, entre otros, económicamente.
Si los trabajadores no se quieren afiliar, ¿por qué han conseguido los sindicatos esas cuotas de poder y por qué el gobierno es incapaz de tomar decisiones sin su aquiescencia? Simplemente porque los sindicatos se conforman también como la principal cantera de candidatos políticos de los partidos de izquierda, y como la izquierda ha gobernado tanto desde la reinstauración de la democracia, esas consecuencias vivimos.
Pero lo cierto es que ha habido varias huelgas generales en diferentes gobiernos y con diferentes Presidentes(principal arma perturbadora de los sindicatos) y ninguna de ellas tuvo influencia alguna en los resultados electorales posteriores.
Y esta cantina tiene su escaso sentido cuando gobierna la izquierda (que es casi siempre y así nos luce el pelo), pero lo pierde totalmente cuando lo hace la derecha. Es en este momento cuando debo decir, ¿y yo qué haría si tuviera esa responsabilidad? Desde luego, oír a las partes, a los sindicatos, a las patronales y patronales de autónomos, pero desde luego movería la maquinaria gubernamental (CIS, fundamentalmente) para averigüar el sentir de los ciudadanos, y a partir de ahí, decidiría con mi equipo de Gobierno, le guste al que le guste y le siente mal al que le siente mal, y que en las próximas elecciones sean los ciudadanos, que fueron los que me votaron, los que decidan nuevamente con su voto el resultado de mi gestión.
Ésa sería la forma (que, por desgracia, hoy tiene al gobierno totalmente paralizado, pero ¿y el fondo, qué reformas emprendería? En este caso tendríamos que distinguir lo que se debe hacer de lo que por desgracia hoy solo se puede hacer. Las famosas reformas estructurales, las más importantes, solo se pueden hacer con menos tasas de paro para poder financiarlas, en estos momentos caben, sobre todo acciones paliativas. La primera asegurar una pensión mínima de subsistencia a todo aquél que se quede sin prestación por desempleo (o comenzarán los problemas de inseguridad ciudadana, como el caso del robo de ayer en una farmacia con una pistola de juguete), poner toda la maquinaria inspeccionadora a perseguir el delito fiscal y reducir la economía sumergida tanto como se pueda con los recursos que se tienen. Bajar la carga impositiva al trabajador, de forma que la cuota máxima de IRPF no supere el 40% y que para la mayoría de los trabajadores de este país no supere el 25%, y al empresario reducirle el IAE del 35% actual al 25%, o al 15% si está en proceso de inversión´, y reducir las cuotas de la seguridad social un 50% al empresario que contrate, durante tres años, devolviendo el empresario esta reducción en caso de despido posterior durante tres años adicionales o durante el ejercicio. En materia formativa, desde luego no incrementaría un 20% los precios de matriculación en las escuelas oficiales de idiomas, como ha hecho el PSOE este año, para que los desempleados puedan aprender otros idiomas, entre ellos el español, y gestionaría mucho mejor, vamos simplemente mejor, la formación empresarial y la formación profesional, la gran olvidada y menospreciada de la izquierda.
A escala educativa, que los padres de alumnos de centros públicos o concertados y que hayan repetido curso por segunda vez, paguen la totalidad de la escolaridad (la Constitución no dice nada de pagar la educación a vagos eternamente o malgastar recursos económimcos en alumnos y padres que no desean aprender), por supuesto, manteniendo la obligatoriedad de terminar sus estudios. En caso contrario, tendrán que responder ante el juez por no cumplir el precepto constitucional.
A los empresarios, obligarles a dedicar un porcentaje de los recursos (variable según el tamaño de la empresa y el número de traajadores y su especialización)a formación.
Y, por supuesto, llega el delicado tema de la cuota a liquidar en caso de despido (¿45, 33, 22?). Pues ni una ni otra. Dependerá de la edad del trabajador, de los años de antigüedad y del riesgo de permanecer más o menos tiempo en paro en caso de despido. No es lo mismo despedir a un trabajador menor de treinta años con tres años de antigüedad en la empresa, que a un trabajador de cuarenta y ocho, con veinticinco años de antigüedad en la misma. Al primero, aproximadamente cuarenta o incluso cincuenta días por año trabajado y al segundo, aproximadamente veiticinco o veinte por año trabajado, pero a éste último el empresario que quiera volver a contratarlo dispondrá de mayores rebajas fiscales para su contratación que si contratara al primero.
Seguramente, los expertos en cuentas públicas se llevarían las manos a la cabeza con estas cifras, pero si seguramente los datos requirieran ajuste, la dirección de las medidas, considero que es la adecuada para mejorar el ritmo de creación de empleo en España y acabar con el paro, la verdadera esclavitud del siglo XXI.
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