Parece que, si nadie lo impide, y no creo que sea así, para el próximo curso lectivo los escolares catalanes empezarán a percibir el conocimiento de la lengua española como una "asignatura maría", amén de que la CE les obligue a conocerla.
El problema planteado por esta ley no es tanto la aberración que supone que a los alumnos se les hurte un derecho fundamental, lo que ya es grave, sino que el desarrollo de un Estuto de Autonomía, que todavía se encuentra en fase de ratificación por parte del Tribunal Constitucional (TC), lo permita. Y todavía es peor que, quien tiene la responsabilidad de velar por la igualdad de los españoles en lo que en materia de legislación sobre derechos fundamentales se refiere, que son las Cortes Generales, lo hayan permitido.
Si tuviéramos que personalizar a los causantes de este desaguisado aparecen dos nombres por encima de cualquier otros: Montilla y Zapatero. Ambos del mismo partido, ambos han pertenecido al mismo Ejecutivo y ambos tienen la misma vocación seccionadora de los españoles.
La Educación no es una competencia exclusiva de las CCAA, se trata de una competencia concurrente, que significa que corresponde al Estado la promulgación de una ley básica, que contenga las líneas generales de igualalción nacional, y corresponde a las CCAA las leyes de desarrollo, así como la potestad reglamentaria y la ejecución.
Toda vez que la penosa y perjudicial LOGSE, por desgracia aún vigente, ha permitido que una CA sea insolidaria con sus propios ciudadanos y promulgue una ley como la citada Ley de Educación Catalana, es necesario que las Cortes actúen. El Partido Popular ha avanzado que recurrirá la ley ante el TC, lo que está en su obligación de hacer, pero también puede, y debería hacer, es que legislativamente las Cortes recuperaran el terreno perdido a través de una ley de armonización, por la que el Estado Central se reserva la potestad de velear por la igualdad de todos los españoles cuando la legislación de las CCAA, en materia de derechos fundamentales (en este caso, educación e idioma español) provoquen desigualdad y atenten contra los derechos fundamentales de los españoles, en este caso catalanes.
El problema es que, la única experiencia anterior de estas características fue la LOAPA en 1983, que fue echada por tierra por el TC, lo que no anima a repetir la experiencia, pero el PP debe forzar al Ejecutivo de Zapatero a que se pronuncie para que el resto de la ciudadanía constate que, con este Presidente, los derechos de los españoles son materia de cambio ante intereses partidistas y de poder.
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