Nacionalismo y regionalismo: el cuento de nunca acabar

Durante la llamada Transición, que se sabe cuándo empezó, pero que parece más difícil ponerse de acuerdo acerca de cuándo terminó, si es que ha terminado, se retomó el debate sobre una antigua pretensión de la clase política de algunas regiones de España: Cataluña y Vascongadas.

Los denominados Acuerdos Autonómicos de primeros años de los 90, intentaron desarrollar lo que la Constitución Española, CE, no logró recoger debido a la falta de acuerdo en esta cuestión y que ponía en riesgo el objetivo último de dotar de un texto constitucional a España.

En este sentido, el Título VIII que recoge los artículos propios del desarrollo territorial, es probablemente la parte en la que se más se nota un resultado de mínimos, muy genérico, y que da rienda suelta a la imaginación del político de turno y de los miembros del Tribunal Constitucional.

Sin duda los partidos políticos y los dirigentes de entonces dejaron para más adelante la concreción de sus pretensiones, y ello cristaliza en dos momentos fundamentales: los acuerdos del 92 y las reformas estatutarias que actualmente se están llevando a cabo.

Parto de una premisa de partida: algunos pretenden mantener la unidad de España, a través de una visión holística del Estado, con evidentes deseos de descentralizar administrativamente el aparato estatal, y acercar la Administración al ciudadano. He de reconocer que yo me encuentro en esa tesitura.

Por otro lado, otros, apelando a supuestos deseos de la ciudadanía y aún más supuestos derechos autoproclamados históricos, desean romper su relación estatal con España, creando nuevos Estados. Esto ya lo intentaron políticos catalanes y vascos hace casi un siglo, y hoy sigue siendo el objetivo de los separatistas.

Y enmedio de ambas posiciones se mueve una escala de grises representados por políticos que llevan treinta años negociando transferencias competenciales del Estado a estas regiones, y que todavía no han acabado, precisamente por no posicionarse claramente en uno u otro bando.
La extraña organización del PSOE hace que la formación no pueda mantener coherencia en diferentes partes de España en su discurso, casi ultranacionalista en Castilla- La Mancha y Extremadura y casi separatista en Cataluña o Galicia donde no se reconocen ni las siglas del partido.
Esa extraña e incoherente posición la quieren trasladar al modelo de Estado, en el que si bien dentro de un partido, conviven (malamente) otros partidos, en un Estado, España, pueden convivir otros Estados.

Mientras, el PP vacila en su discurso, que no en sus principios, sobre cuál es su modelo de Estado en cuanto a las relaciones entre CCAA y Administración Central, cuál es el techo competencial de las CCAA, qué materias serán exclusivamente competencia del Estado y cómo recuperar, llegado el caso, competencias transferidas.

Entretanto el PP tiene muchos problemas de identidad en esas regiones, precisamente porque los ciudadanos directamente afectados no saben a qué atenerse. Los titubeos y vacilaciones en aspectos estructurales no caben en las coyunturas electorales y el modelo de Estado no debería ser objeto de negociación, sino de decisión de los españoles, de todos los españoles.

La lucha ahora se centra en la financiación autonómica, y los esquemas diferentes que se plantean, de forma que son las CCAA las que deciden cómo obtener financiación del Estado, y claro, cada una lo hace en función de sus intereses particulares, y todos apelando a criterios de justicia.

Enfrente un ejecutivo débil, esclavo del PSC por el rédito electoral conseguido y del PSV y PSG por las próximas elecciones vascongadas y gallegas, y un PP que debe estar a la altura y establecer un criterio único para todas las comunidades, donde primen los intereses de España y no de cada CCAA por separado.

Lo cierto es que este esquema autonómico español lo podemos considerar único en el mundo, y esta unicidad no es fruto de la originalidad organizativa española, sino fruto de la desastrosa capacidad política y negociadora tradicional de los dirigentes políticos españoles durante casi un siglo.
Las diferencias significativas en materias fundamentales en las vidas de los españoles hacen que sea necesario plantear seriamente qué competencias debe tener en exclusiva el gobierno de la nación y qué competencias deben tener las CCAA.

La educación, la gestión de recursos naturales, la energía, la administración de justicia son materias que deberían ser de competencia exclusiva estatal. Defiendo la descentralización administrativa y la cercanía de la administración al administrado, así como no establecer más burocracia que la que la igualdad de trato exige, defiendo la defensa del patrimonio nacional, su historia, sus lenguas, sus tradiciones, pero también defiendo la identidad de España como ente político y social indivisible, y abogo más por una mayor cuota de autogobierno municipal que autonómico, y esta postura siempre ha coincidido con la defendida por el PP, y esa postura es la que el PP seguirá defendiendo.