El arma por excelencia para moldear una ley es el requiebro jurídico, la interpretación de la Ley. Qué sería de nosotros sin la interpretación de los Jueces de lo que los parlamentarios, representantes de la voluntad popular, han decidido. la Constitución Española de 78 está sufriendo cambios, pero éstos no se encuentran en el Texto, sino en las distintas sentencias del Tribunal Constitucional, más de 2.200.
Me resulta sorprendente la loa compartida a nuestra Constitución que, a mi parecer, proporcionó dos elementos básicos. Coadyuvó a la convivencia y declaró un excelente catálogo de derechos fundamentales. Sin embargo, ni la convivencia ni los derechos fundamentales son objeto de discusión en el seno de la constitución, sin embargo, las indefiniciones, lagunas y vaguedades no resueltas acerca de cómo se organiza y cómo debe funcionar el Estado, han provocado que el TC emita cien veces más sentencias que, por ejemplo, el Tribunal homólogo alemán, cuyo texto sirvió de referente para el español. El TC no hace más que remendar la Constitución.
No caben demasiadas dudas de que nuestro texto responde a un acuerdo de mínimos acerca de cómo se quiere organizar España y que, no cabe plantear una reforma hasta que esos planteamientos no estén claros, y precisamente en el claroscuro se deleitan los caciques regionalistas. ´
Ni los redactantes ni los votantes acordaron una norma por la que los estatutos de autonomía tuvieran el mismo rango que la propia Constitución sobre determinadas materias, que además tampoco quedaron acordadas en el texto. Y de aquellas lluvias estos lodos. Y es que el lodazal en el que nios encontramos nos priva de dedicar los esfuerzos a lo que realmente es importante, y que no es la organización del Estado, aunque ésta sea necesaria.
Para alborotar y embrollar aún más, nada mejor que inventar vocablos vácíos de contenido, como derechos históricos, hechos diferenciales, derechos de las CCAA o derechos colectivos. Todos reclaman derechos por boca de otros, cuando los únicos derechos reconocidos y que cabe proteger son los derechos individuales. Porque individual es el uso de una lengua, o la libertad de educación, o el acceso a la cultura y cuando se declara la guerra insitucional partidista en la que nos encontramos, los ciudadanos se convierten en los rehenes necesarios de políticos con más pretensiones totalitarias que defensoras de derechos.
Grandes académicos han desarrollado una vasta base de discusión sobre la reforma constitucional, sobre el papel que debe desempeñar la segunda cámara o cómo se pueden designar los miembros de las principales instituciones del Estado, sea ésta la Jefatura del Estado o los más importantes Tribunales. El problema es que la decisión corresponde a los políticos, y más concretamente a las élites de unos partidos cártel que se han metastatizado de tal forma que toda la sociedad gira en torno a decisiones partidistas deseosas únicamente de aumentar la cuota de poder.
Las diferencias entre los sistemas de sanidad, educación, defensa de los derechos fundamentales, la justicia o las prestaciones sociales de las diferentes regiones de España es tan palmaria que si tuvieramos que redactar un texto constitucional que recogiera la realidad actual de España, éste no se parecería en nada a nuestra loada Constitución.
Convivimos con una norma mutada, es decir, cambiada de facto y no de iure, sin la anuencia de ese pueblo soberano al que soberanamente le toman el pelo. Todo se hace en nombre del pueblo, pero el pueblo no decide más que qué partido decide todo por él.
Han pasado más de treinta años, los españoles, la mayoría de ellos saben tomar decisiones y sería recomendable contar con todos los ciudadanos para decidir qué queremos que sea España y cómo queremos organizarnos, si estamos de acuerdo en que existan diecisiete sistemas diferentes o un sistema único aplicado a diecisiete regiones iguales en derechos y obligaciones, si queremos que el catalán sea una lengua de España o de Cataluña o si queremos que un juez pueda juzgar una misma cosa en cualquier parte de España según el mismo ordenamiento jurídico.
La Constitución hoy solo sirve para que cada seis de diciembre algunos se hagan una foro con ella, con la violada, con la ultrajada, pero de reformarla, de adecuarla a la sociedad actual, con su internet y sus delitos globales, con su recién estrenado Tratado de Lisboa y con sus piratas que asaltan España y con su eterno terrorismo, con sus diecisiete televisiones pública y con sus Cajas de Ahorros politizadas, con sus Tribunales bloqueados y con sus no se sabe cuántas policías distintas, con su selección de fútbol y su entrenador de Cataluña, con sus menores obligados a hablar en catalán en los recreos y con su anticlericalismo reclacitrante revestido de falsa laicidad. Esta España no es la de esta Constitución.
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