Es el momento de que los dirigentes políticos demuestren si están o no a la altura de las circunstancias. La crisis económica se agrava, los datos macro y microeconómicos, así lo atestiguan. La confianza de los ciudadanos desciende rápidamente y las empresas (patronos y asalariados)perciben cómo descienden los rendimientos de su cada vez más escaso trabajo.
En este escenario los ciudadanos necesitan de sus dirigentes, por un lado, percibir que quienes tienen la posibilidad de inducir un cambio en la tendencia económica tienen claro en qué aguas navegamos y qué medidas están dispuestos a tomar, qué riesgos asumir y qué sacrificios tendrá la ciudadanía que soportar.
En este sentido, y apelando a la responsabilidad política de los dirigentes, existen diferentes formas de enfrentarse a esta situación: podríamos hablar de una visión socialista o más intervencionista, y una visión liberal o más confiada en el mercado.
El PSOE, nefasto en sus predicciones o muy mentiroso, rápidamente achacó el origen de la crisis en el voraz capitalismo de Estados Unidos y la crisis del petróleo. En cuanto a España, la política desarrollada por el PP en sus ocho años de gobierno supusieron la peor política posible para España, lo que ha provocado que la crisis se cebe especialmente con nosotros.
Eso es precisamente lo que no necesita España: demagogia barata, no asunción de responsabilidades y deformar la realidad.
El PSOE insiste en profundizar en lo que denominan gasto social, pero que no terminan de concretar. Si por gasto social se entiende sanidad o educación, esas competencia están transferidas a las CCAA, y los resultado no pueden ser más desalentadores para los socialistas: las CCAA gobernadas por el PSOE están a la cola en esas competencias.
Si por gasto social se entiende lo que atañe a las prestaciones contributivas y no contributivas del Estado, solo faltaba que éste no cumpliera con sus obligaciones legales.
Las famosas políticas sociales en materia de igualdad, infraestructuras o seguridad no dan los resultados esperados y las políticas sobre agua o transportes son titubeantes en el mejor de los casos.
Para lo único que ha quedado el Estado es para distribuir el resultado de nuestro trabajo, los impuestos, y parece que la prioridad es apaciguar el apetito voraz e insaciable de los políticos independentistas del PSC, CiU o ERC.
Frente a ello, considero necesario contraponer otro modelo político y económico: favorecer a las empresas el camino para que sean ellas las que salgan de la crisis.
Serán la competittividad y productividad de nuestros trabajadores las que amortiguarán las distintas fases del ciclo económico. La política de la subvención, muy extendida por Andalucía y Extremadura, ha demostrado ser ineficaz en términos económicos y rentable en términos electorales.
El clientelismo y el desarrollo de políticas electoralistas en momentos en los que se requiere rigor presupuestario y medidas no siempre populares, puede producir efectos fatales en las empresas y las familias.
La formación, la identificación de ventajas competitivas son tarea de los empresarios. Favorecer el comercio exterior allí donde somos competitivos, donde nuestros productos y servicios son demandados es tarea compartida con el Gobierno, por ello no consigo entender los viajes al extranjero de nuestro Ejecutivo en estos meses.
Reducir las trabas burocráticas a las PYMES es prioritario, favoreciendo una financianción especial y temporal para que los emprendedores tengan estímulo a la inversión.
Fomentar la competencia para que las empresas apuesten por el trabajo de calidad y no por la mediocridad es fundamental para la supervivencia de las empresas y sus trabajadores.
Evitar la subvención sin control y sin pedir cuentas sobre el resultado de la subvención, y que el despilfarro sea sustituido por el rigor empresarial, los planes de negocio realistas y la puesta en marcha de nuevos negocios de forma creíble y solvente.
Ajustar la carga fiscal para favorecer la actividad económica, disminuyendo los impuestos sobre resultados económicos y contrataciones, para estimular la actividad económica.
Perseguir el fraude fiscal y laboral, el trabajo sumergido, la contrtación irregular, para evitar el sangrado que supone sobre las arcas públicas.
Favorecer la movilidad laboral nacional e internacional, sobre todo entre los jóvenes, que normalmente no tienen responsabilidades familiares, en materia formativa y fiscal, lo que les permitirá, además de conocer otras formas de dirección empresarial, obtener una experiencia laboral y personal que será de utilidad en el futuro.
Establecer rigor en el aparato estatal, como ejemplo de austeridad necesaria en estos tiempos, evitando el clientelismo político con las administraciones autonómicas por la proximidad de elecciones, aunque sean en Cataluña, Galicia o País Vasco.
Son todas ellas medidas que se pueden adoptar desde una perspectiva diferente de la empleada por los socialistas, porque sí existe otra forma de hacer las cosas.
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