Cien días de gobierno

Ya hemos vivido los primeros cien días del resto de nuestras vidas. Rajoy y su Gobierno han tenido tiempo de conocer el sarao heredado y empezar a tomar medidas drásticas a golpe de decreto. En este tiempo, tres han sido los ejes de gobierno: reducción del gasto, reformas estructurales y reposicionamiento internacional de España. No sabría decir cuál de los tres es más importantes, y bien pueden describir un triángulo equilátero.

A corto plazo, que es como a los españoles les gusta opinar y valorar acciones políticas, y no solo políticas, la situación, como ha descrito la ínclita Elena Valenciano, es desoladora: aumenta el paro, el despido es más barato, aumenta el gasto y disminuyen los ingresos. Claro, que no explica que toda esa descripción es una consecuencia irrenuncialble de los ocho años más desastrosos de la política española de los últimos doscientos años. Habría que remontarse a finales del XIX para recordar tamaño desaguisado. Pero afortunadamente, eso es agua pasada, por mucho que andemos sobre estos lodos.

Sin embargo, y apostando por un análisis algo más serio y menos simplista y demagógico, cabe destacar que se presentan una serie de reformas de amplio calado, como la reforma del código penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley del Aborto, o la ya realizada reforma laboral. Yo, sin embargo, y vistas las últimas versiones de las huelgas que se han producido en España, que nada han tenido que ver con los derechos de los trabajadores y todo con el seguidismo político, echo en falta una profunda reforma de la Ley de Libertad Sindical, de la Ley Electoral, de la Ley de Extranjería y la promulgación del Estatuto del Príncipe de Asturias y que la Ley de Transparencia, recién estrenada, se hubiera ocupado también de la Casa Real y su Familia.

En cuanto a la actual desequilibrio de ingresos y gastos, parece razonable la ya planteada disminución de presupuestos de ministerios como el de Fomento, Exteriores o Presidencia, pero es necesario más que nunca, incrementar las partidas de I+D, incrementar las partidas que aseguren un incremento en la calidad y en la productividad de la Administración,  y cabe resaltar que el presupuesto de un ministerio puede y debe reducirse sin necesidad de que determinadas partidas se vean perjudicadas. Los casos típicos tienen que ver con Educación o Sanidad: recortar en esas áreas no debe suponer disminuir en investigación o en la calidad en la prestación del servicio. Se puede y se debe investigar más y mejor y asegurar que la prestación de los servicios educativos y sanitarios se realicen cada vez con mayores cotas de calidad. La pregunta a plantearse es si nos podemos permitir el lujo de que sanidad, educación o justicia sean universalmente gratuitos. Ésta es buena ocasión para que los inmigrantes ilegales dejen de gozar de estos servicios, de que sea más difícil obtener la nacionalidad, básicamente como hacen en el resto de países, y de perseguir los excesos de los ciudadanos, como alumnos permanentemente repetidores o "pacientes" abusones.

En cuanto a los ingresos, la subida de impuestos no es la solución, no lo es ni a corto ni a largo plazo. Ello supone, como estamos viendo, que los resultados no son los esperados. Reducir las trabas para la creación de empresas, reactivar el consumo interno y las exportaciones, limitar las importaciones de determinados productos de países ajenos a la UE, son medidas que bien podrían haberse planteado antes de la subida brutal e indiscriminada del IRPF. Una buena gestión del fraude fiscal y favorecer la internacionalización y virtualización de las start ups,  introduciría el "aceite" necesario para poner en marcha el proceso. Pero todo eso será inútil si los españoles no tienen confianza y se retraen en el gasto. Si ven amenazados sus empleos y además no encuentran expectativas de encontrar otro nuevo, los españoles bien harán en no gastar inútilmente, puesto que, además, el nivel de ahorro de las familias también se ha visto perjudicado.

Por ello, ya es hora de vender la marca "España", y por ello es muy necesario hacer entender a los Estados extanjeros que España es un país de oportunidades, un país en el que merece la pena invertir, un país dispuesto para acaparar altas cotas de trabajo, y bien puede Rajoy poner a trabajar a la Familia Real en esa tarea y no en otras menos recomendables. Tal vez la confianza interna se vea favorecida por la confianza que desde fuera puedan tener en nuestras posibilidades, y si bien el Ministro de Exteriores debe poner sus esfuerzos en poner a los Embajadores y Cónsules españoles a captar recursos externos, la Familia Real es la que es capaz de llegar allí donde nadie más puede, pues si no es así, alguien podría empezar a preguntarse que para qué nos sirve una Familia empeñada en ser cada vez menos Real y cada más plebeya.