Me cargo la educación concertada

Desde este rincón siempre he sido contrario a la denominada enseñanza concertada y hoy quiero explicar por qué.

En España, tradicionalmente han existido dos modelos de enseñanza: público y privado. El sistema privado, casi siempre en manos de congregaciones religiosas, gozaba de mayor aceptación en la población por su calidad respecto al sistema público.

Fue el PSOE en la III Legislatura cuando creó el sistema de enseñaza concertado, fundamentalmente para acercar esa enseñanza de calidad a todos los ciudadanos que, por desgracia no podían hacer frente al coste que suponía.

Podía el PSOE haber optado por la inversión en enseñanza pública y elevar sus cotas de calidad, pero prefirió desinvertir en el sistema público en la enseñanza obligatoria, como también hizo en Formación Profesional. El objetivo era, que vía subvención el Estado interviniera en el ideario de los centros que se acogieran al concierto que, repito, en muchos casos estaba en manos del clero.

Desde entonces, y una vez finalizada la trasferencia de las competencias educativas a las CCAA, todo el que lo desea puede acceder a una enseñanza privada de calidad.

Parece la cuadratura del círculo: los padres tienen la enseñanza que quieren, el Estado interviene en el ideario del colegio, a los padres se les da voz y voto en la gestión interna del centro a través de las asociaciones de padres de alumnos, y el clero mantiene su cuota de clientes. Todos contentos.

El problema reside en que siguen existiendo centros privados que no han querido "prostituir" su ideario a cambio de dinero, y la Constitución reza, aunque torpemente, que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita (vamos, que se paga entre los contribuyentes), por lo que ese 13% de padres que llevan a sus hijos a centros privados están siendo estafados por el Estado.

La respuesta no puede ser que existen centros públicos sustitutorios, pues, si mañana todos decidieran asistir a centros públicos, el sistema se vendría abajo, y además se limitaría el derecho de los padres a educar a sus hijos como crean oportuno y no como lo crea oportuno el Estado.

Por este motivo, estoy especialmente a favor de la medida propuesta por el PP de Madrid de que los gastos en educación sean desgravables. Ello supone una medida no inflacionista, como ocurre con el famoso y demandado cheque-educación, y permite asegurar la libre elección de los padres, y los centros no tiene por qué renunciar a su ideario.

Y el principal motivo por el que estoy en contra del concierto es precisamente porque los padres desconocen hasta qué punto el centro debe modificar ese ideario y hasta qué punto la Administración incide en el currículo del centro o en las decisiones del claustro. Esto es totalmente ajeno a los padres.

La alternativa es clara: volver a los dos modelos de enseñanza, público y privado, con deducciones (no desgravaciones) en la base por los gastos incurridos en la enseñanza privada obligatoria y desgravaciones en los gastos incurridos en la enseñanza privada no obligatoria, y en la que los padres solo hagan frente a los gastos de las actividades extraescolares, comedor, uniformidad y horarios ampliados, siendo el transporte, libros de texto, material escolar y la enseñanaza propiamente dicha a cargo de las CCAA en su etapa obligatoria, de 6 a 16 años.

No es justo que las Adeministraciones subvencionen la enseñanaza no obligatoria desde las escuelas infantiles de cero a tres años hasta la enseñanza universitaria, mientras existan padres que tengan que pagar la enseñanza obligatoria a sus hijos.

De esta forma, se deja a la iniciativa privada la apertura de centros de enseñanza en función de la demanda, y el Estado llegaría donde la enseñanza privada no llegue, para asegurar que todos los ciudadanos reciben la educación obligatoria, y no como ahora, que existe una presión de demanda sobre los centros concertados que está provocando, desde situaciones dantescas de padres que hacen lo que sea para que sus hijo accedan a un centro concertado, las medidas que adoptan algunos centros concertados para limitar el acceso de alumnos "no deseados", hasta la estéril discusión sobre el modelo público y el privado.

Al Estado le corresponde, por un lado, el establecimiento del currículo educativo, y por otro ser el agente subsidiario que llegue donde la iniciativa privada no lo haga, amén de soportar el coste de la enseñanza obligatoria como le manda la Constitución, lo que no ocurre hoy, como lo demuestra el hecho de que no existen plazas públicas suficientes en ninguna Comunidad Autónoma para todos los alumnos que actualmente están en el sistema privado.

Y todo esto es, en mi opinión, la visión liberal de la enseñanza: libre elección de los padres en la educación de sus hijos, libre acción a la iniciativa empresarial laica o religiosa sin tener que renunciar a su ideario educativo, y al Estado se le reserva el papel de unificador de la enseñanza en España, a través del currículo académico, el papel subsidiario donde la iniciativa privada no llegue, y el sostenimiento de la educación obligatoria.

Cualquier otra componenda es cualquier cosa menos liberal.