A partir de hoy se inicia el debate acerca de los Presupuestos Generales del Estado, PGE, para el año 2010, que vienen antecedidos por una serie de negociaciones que aseguren al Gobierno la aprobación por las Cortes de la que probablemente sea una de las leyes más importantes del año.
Es una de las leyes más importantes del año por la razón de que en base al presupuesto que se apruebe, se da cuenta de qué y cómo se va a hacer el próximo año y cómo se va a financiar. El problema es que más importante que lo que se va a hacer, en los últimos años tiene más importancia para los diputados dónde se va a hacer, lo que no deja de ser paradógico e irregular.
Si bien los diputados y senadores son elegidos por una provincia, cuando juran o prometen el cargo se convierten en representantes de todos los españoles, y es el interés de España lo que representan y no el interés particular de su provincia o de su comunidad autónoma. Sin embargo el arco parlamentario español se caracteriza, gracias al sistema electoral que tenemos, por que los partidos minoritarios de índole nacionalista cuando no existe un partido con mayoría absoluta, tengan un papel fundamental en la vida política en general y en la aprobación de los PGE en particular, y son estos partidos los que tradicionalmente más se han olvidado de a quién juraron o prometieron representar.
A nadie le sorprende que el PNV negocie el apoyo al proyecto de ley o a las enmiendas en función de lo que consiga para su comunidad autónoma. Igualmente ocurre con CiU o CC, por citar algúnos otros, y esta normalidad resulta escandalosa, y es motivo para que la sociedad se resista a admitir que una minoría de ciudadanos, representados por una minoría de diputados y senadores, decidan o tomen partido tan flagrantemente en función de las prebendas que consiguen para sus territorios. y este hecho se repite inexorablemente cada último trimestre del año.
Con esta argumentación pretendo poner de manifiesto que el sentido liberal de representación política queda supeditado por la representación nacionalista o territorial o lo que es lo mismo, prepondera el particularismo, en términos orteguianos, sobre el interés general de todos los españoles.
Y esto no es bueno, y no lo es, precisamente porque la mayoría de los españoles se sienten estafados. Sienten que fiscalmente son tratados en régimen de igualdad, pero a la hora de repartir la solidaridad exigible a todos y recogida como valor fundamental en nuestra Constitución se sustituye inmoralmente por el conchaveo político territorial. Este conchaveo lleva asociado el oscurantismo propio que se lleva a cabo en las negociaciones que los políticos no realizan en el foro destinado a ello, que son las Cortes, y lo peor de todo es que ningún partido, de los llamados mayoritarios, puede levantar la voz porque en su día igualmente necesitó o necesitará esos mismos apoyos.
Debe ser la ciudadanía la que clame por una reforma total de nuestro sistema político y concretamente de nuestro sistema electoral. España ha derivado, al albur de una más que sospechosa interpretación de nuestra Constitución, hacia un autonomismo que los españoles no han elegido, pero que peligrosamente están consintiendo. Pero aquí nos encontramos con otro escollo, artificialmente construido por las élites políticas, que es la participación ciudadana, el activismo político.
Los españoles padecemos, sin duda la peor clase política que se recuerda, por varios motivos, por el uso torticero de las instituciones políticas al servicio del Gobierno, por la sustitución casi definitiva de la iniciativa legislativa del Gobierno sobre las Cortes, pero sobre todo por la deriva nacionalista que la clase política ha realizado a espaldas de una ciudadanía apática, debido al creciente desapego que los ciudadanos sienten hacia sus representantes, lo que permite a estos últimos campar a sus anchas en sus decisiones, marcadas por su propio interés y no por aquello por lo que se supòne que juraron: proteger el abstracto interés general. Y la mejor plasmación de lo expuesto es el esperpento anual de la aprobación de los PGE.
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