Al amparo de la CE, la clase política socialista ha traicionado, tanto el manido espíritu de la Transición, como lo que es peor, el deseo de los españoles al refrendarla.
Ha sido una traición de las que podríamos llamar legales, pero traición al fin al cabo. Los españoles no votaron la creación ex novo de diecisiete comunidades autónomas, mucho menos votó España en el 78 que el Estado Central se vaciara de competencias, desde luego no votó que las minorías nacionalistas tuvieran más poder de decisión que los principales partidos llamados nacionales (UCD o CDS después, AP o PP después, PSOE, PCE o IU después, UPyD), y en ningún caso los españoles podían imaginar que, con su voto, los políticos tenían un cheque en blanco para vaciar sus bolsillos para financiar los corralitos políticos autonómicos.
La CE ha sido un marco totalmente insuficiente que ha permitido que, leyes posteriores (Estatutos de Autonomía fundamentalmente pero no exclusivamente), que no tienen el mínimo de respaldo popular y menor consenso político, sean las que permitan que España se rompa desde el punto de vista de la igualdad de todos los españoles en cualquiera parte de España.
Y ése ha sido, hasta ahora el final de la historia: tenemos diecisiete sistemas sanitarios, diecisiete sistemas educativos, diecisiete sistemas de protección social, una polícía nacional que en determinadas CCAA tiene que malconvivir con polícías autonómicas, diecisiete sistemas judiciales (y esto sí es grave, no tenemos igualdad jurídica) y, aunque sea lo menos malo, diecisiete corralitos políticos, cada uno más deseoso de captar poder y dinero que del interés general.
Y lo más curioso de todo es que, las tradicionales peticiones nacionalistas y reivindicaciones pseudohistóricas (esto de torcer la Historia es patrimonio de los totalitarios), son negadas en los respectivos territorios: por ejemplo, de la misma forma que Cataluña exige al resto de españoles su diferenciación, los políticos catalanes se la niegan a su pueblo. Es decir, si un día Gerona decidiera dejar de ser catalana no podría hacerlo. Lo tiene negado, a pesar de la CE, que reconoce el derecho a las autonomías, pero el Estatuto Catalán lo impide. Esto todavía está en el Constitucional, pero que nadie crea que van a decir nada en contra de esta perversión del Derecho.
Para este año 2009, tenemos en ciernes dos elecciones autonómicas, gallegas y vascongadas, y para empezar el PSOE ya ha soltado a ambas CCAA 120.000 millones de euros adicionales en la Ley de Presupuestos, para que su marca nacionalista PSG y PSPV pueda presentarse a los comicios con esa carta de presentación. Prima en estas decisiones el interés general, pero no de los españoles, sino de los políticos socialistas, que a mí se me antoja muy , pero que muy particular.
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