El Estado de Derecho no goza de buena salud

No hace falta ser politólogo ni ser especialmente versado ni leído para darse cuenta de que, en los últimos años, en España, la clase política se acerca a un precipicio de incalculables dimensiones a cuenta del uso torticero de las instituciones del Estado, para fines políticos, que ponen en peligro la consagración del artículo 1.1 de nuestra Constitución, ése que define a España como un Estado social y democrático de Derecho.

Por mor de la aplicación de una ley electoral que no se adecúa a la realidad actual de España (asunto que podré tratar en otra entrada de este blog), los distintos presidentes del Gobierno han tenido que pactar y negociar concesiones a partidos minoritarios, en la mayoría de los casos con intereses y objetivos frontalmente contrarios al interés general español, que hipotecan el futuro y perjudican seriamente la convivencia pacífica de los españoles.

Este comportamiento ha sido constante desde el inicio mismo del actual periodo constitucional, desde Adolfo Suárez hasta el actual Pedro Sánchez, sin embargo, nunca antes estas concesiones habían puesto tanto en peligro el normal funcionamiento de las instituciones del Estado, que garantiza que España sea, efectivamente, un Estado de Derecho.

Por definir brevemente el concepto de Estado de Derecho, diremos que sus instituciones y órganos están sujetos al imperio de la Ley, es decir, el ejercicio del poder, propio del Estado, queda, pues limitado, por lo que la Ley estipule, de forma que todas las instituciones del Estado, desde la Corona a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Ejecutivos, Cortes, Asambleas y Parlamentos, Corporaciones locales y provinciales, Jueces y Fiscales, todos deben acatar y cumplir la Ley, y este precepto está consagrado constitucionalmente.

Sin embargo, hecha la Ley, hecha la trampa, como se dice coloquialmente. El tratamiento diferencial entre Comunidades Autónomas, el ejercicio del poder arbitrario, la dejación de funciones, son ejemplos de que el Estado de Derecho está en peligro.

¿Recibiría Cataluña la financiación que ha obtenido durante los últimos dos años si los votos de los partidos catalanistas no fueran imprescindibles para que Sánchez siga en el poder, a costa de perjudicar la financiación de otras CCAA generando más desigualdad entre las regiones?¿Es acertado que decenas de policías tengan que ser juzgados por cumplir con su deber durante el intento de golpe de Estado del 1de Octubre en Cataluña?¿Debemos asumir que se institucionalice el juicio al pensamiento de alguien porque sea contrario a la moralina imperante?¿Se cumplió la Ley, por parte del Ministerio del Interior, durante el asalto a las vallas de Ceuta y Melilla permitiendo que miles de extranjeros ilegales campen a sus anchas por ciudades españolas poniendo en peligro la convivencia de los ciudadanos legalmente establecidos? ¿Se debe permitir que la Ley de banderas y símbolos nacionales se vea permanentemente conculcada sin que el Ejecutivo obre en consecuencia para no molestar a sus socios de Gobierno?¿Es lícito que desde las Cortes se pueda promulgar una Ley en la que se despenalicen los insultos y las injurias a una persona en concreto, en este caso, el Jefe del Estado? ¿Es moral una Ley, como la "ley trans" que lapida el papel de los padres en un asunto tan trascendental como la salud física y mental de un hijo o hija que con catorce años decide, sin más requisito que desearlo, cambiar de sexo sin que ni sus padres tengan conocimiento siquiera? ¿Quién firma el consentimiento legal previo a una operación quirúrgica de un menor y asume los riesgos de dicha operación? ¿Se responsabilizará de los daños psicológicos posteriores la ministra de Igualdad cuando algunos menores de edad se arrepientan de esa decisión, como ya ha ocurrido en repetidas ocasiones en otros países como Suecia, alegando falta de madurez, depresión, falta de información, etc? ¿Se asegura la libertad de conciencia de un médico al que se le obligue a practicar una eutanasia? ( la nueva Ley asegura en todo caso que quien sea susceptible de morir asistidamente pueda hacerlo, y obliga al médico objetor a desistir con anterioridad y por escrito... ¿Y si todos los médicos desisten?)

La sociedad española lo que está sintiendo es que el cumplimiento de la Ley es subjetivo: si los poderes públicos se pueden saltar las normas a la torera y, según quien seas y de qué colectivo o partidos vengas, puedes hacer de tu capa un sayo, pues cada cual a su antojo: se permiten botellones multitudinarios incumpliéndose múltiples normas jurídicas, sin que los poderes públicos pongan coto a ese ejercicio de egoísmo colectivo, se permiten manifestaciones sin el preceptivo permiso atentando contra la integridad de los miembros de la policía (manifestaciones de la izquierda radical en Plaza de España en Madrid), se permiten contramanifestaciones  en las que los manifestantes que legalmente han solicitado permiso para ejercer su derecho de reunión y manifestación sean cohibidos y atacados por contra manifestantes que no pidieron el preceptivo permiso (mitin de Vox), sin consecuencias para los atacantes. Hemos asistido, durante meses, a una suspensión de derechos fundamentales ilegal, a través de la declaración de un Estado de alarma inconstitucional, sin que se produzca ni el menor atisbo de arrepentimiento o disculpa, hemos visto cómo una Ministra de Igualdad, públicamente ha obviado la presunción de inocencia de hombres, por ser hombres, que, a su criterio, son culpables de violencia contra las mujeres antes de ser juzgados (e.g. Antonio David Flores), se está perpetrando el mayor de los delitos de Estado de tiempos recientes: la eliminación de la figura parental de la educación de los menores, que deben aprender lo que el Gobierno estima correcto, etc., etc., etc. 

Son muchos los ejemplos en estos últimos meses en los que la degradación institucional y el ejercicio arbitrario del poder está llegando a cotas que no se veían desde los tiempos de Fernando VII o la Segunda República, que fue la antesala de lo que todos sabemos que pasó...Ya ha llovido desde entonces y parece que no aprendimos nada (claro, como la Historia de España se reescribe al antojo del Gobierno).

España necesita volver a la normalidad institucional: el Ejecutivo debe cumplir y hacer cumplir la Ley siempre y en todo caso y debe velar por el igual trato de españoles y regiones ante la Ley; los Jueces deben juzgar a todos por igual, tengan el pedigrí que tengan, los Fiscales deben velar por los intereses judiciales del Estado y no del Gobierno, que no es lo mismo, salvo en las dictaduras; los cuerpos y fuerzas de seguridad deben poder emplear su poder de disuasión acorde a la Ley, sin miedo a las represalias desde el propio Gobierno. En conclusión, preservando el Estado de Derecho, los españoles, poco a poco, irán recordando que es el cumplimiento de la Ley lo que garantiza la vida pacífica de los ciudadanos, la igualdad efectiva, la seguridad jurídica y la libertad individual y colectiva.

La libertad de pensamiento en entredicho

En últimas fechas, estamos asistiendo a toda una suerte de proclamas en favor de colectivos tradicionalmente agredidos. Concretamente, y entre todos ellos, las mujeres y los homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales y toda la gama de relación diferente a la heterosexual.

Hemos pasado, de herir los sentimientos de estas personas y ningunear sus derechos, a todo lo contrario. Hemos pasado a una suerte de discriminación positiva que, lejos de acercar estos colectivos hacia una correcta integración y una necesaria y esperada convivencia en paz y armonía, a una "caza de brujas" por parte de determinados sectores sociales, concretamente las propias asociaciones LGTBI y determinadas asociaciones feministas, por la que marcan a la sociedad una forma de pensamiento que, va camino de convertirse en único.

Si cualquier persona piensa, que las demostraciones ostentosas, libertinas, y cada vez menos reivindicativas, de estos colectivos no son de su agrado, y se le ocurre decirlo, o aún peor, escribirlo, sufrirá, sin compasión, los ataques furibundos de estas asociaciones y del resto de la "sociedad correctamente concienciada". Tachada de homófoba, machista, retrógrada, fascista y otras lindezas, esta persona deberá esconderse, y retirarse de la vida social, aún cuando se disculpe, por pensar de forma distinta.

Lejos del paroxismo que estos colectivos demuestran, cabe reflexionar acerca de si somos, en realidad, libres para poder expresar nuestros sentimientos y pensamientos sin ser juzgados por ello. Hoy no hay programa en televisión en el que estos colectivos tengan su cuota de representación (véase el reality First Dates, programas del corazón y realities, series televisivas, españolas y extranjeras, etc), de forma muy artificial y forzada, estos programas pretenden que cada uno de nosotros aceptemos por buenos determinados comportamientos que, para muchas personas, no tienen por qué serlo, y me refiero a los comportamientos, no a los sentimientos.

No seré yo quien juzgue quién debe amar a quién, pero a lo mejor hay personas que no aceptan determinadas fórmulas de congenialidad, porque a lo mejor, y para la moral de algunos, determinadas muestras de cariño o amor, lejos de ser una muestra de tal, se convierten en un show esperpéntico, con el único fin de provocar, precisamente a quien no piensa como ellos.

Como dije antes, y lejos de querer justificarme, no es que esté en contra de quién debe amar a quién, pero, hay personas que se pueden preguntar ¿es necesario estar recordándonos que eres homosexual o transexual o lesbiana o bisexual? ¿Vamos los heterosexuales demostrando y justificando que lo somos? Pero, el sentido de esta reflexión no es la del comportamiento en sí, ni siquiera de su demostración u ostentación, sino de la preocupante falta de libertad de pensamiento y la hipócrita doble vara de medir de estos colectivos.

Si pienso diferente soy tildado de ..., pero si son los demás los que piensan de forma diferente a mí, siempre que concuerde con el pensamiento único, están en su libre derecho y además tienen la razón, cómo si ésta fuera absoluta y además coincidiera con los postulados "socialmente aceptados"

¿Cuál será el siguiente paso? ¿Me dirán cómo educar a los hijos? O, peor aún, ¿debo aceptar, sin rechistar, una forma de educación únicamente válida según estos postulados? Y, por fin, ¿Quién decide lo que se debe pensar o decir?

Lo siento, pero no puedo aceptar que nadie me hurte mi forma de ser, pensar, o expresar, sea o no coincidente con el pensamiento general o el pensamiento "políticamente correcto". Exigen no ser juzgados, pero son los primeros en juzgar, exigen no ser maltratados ni insultados, pero son los primeros en hacerlo, exigen comprensión y tolerancia, la misma que a ellos les falta, quieren vivir en paz y armonía, pero cada vez más enconan sus posicionamientos contra los que no piensan como ellos.

Puede que mi forma de pensar no sea coincidente con la mayoría, y hasta puedo estar equivocado, pero es mi forma de pensar, la mía, y de eso estoy seguro.

Conmigo que no cuenten

Todos los políticos y analistas mediáticos han hecho un análisis de las elecciones europeas recién celebradas que consiste en anunciar lo obvio: PP y PSOE han perdido apoyos y los partidos de ultra izquierda han aparecido en la arena política con la fuerza que les dan más de un millón de votos, pero ¿qué ha pasado, por qué los votantes de PP y PSOE han decidido no votar o cambiar su opción de voto?

El perfil de los candidatos, el desgaste de gobierno, la falta de propuestas para Europa, el tipo de elecciones, son causas que se repiten en todos los procesos de elección al Parlamento Europeo, por lo que no cabe aceptar como tales el cambio notable producido en el electorado. ¿Qué mensaje están enviando los ciudadanos? Es alto y claro.
Los ciudadanos no quieren políticos que sigan en sus puestos mientras están imputados por corrupción, los ciudadanos no quieren a políticos que tienen como prioridad seguir en sus poltronas y aprovecharse del cargo para llevar una vida que de otra forma no serían capaces de obtener.

Los ciudadanos no quieren una formación política vacía de ideología, quieren ver representados sus intereses, que den soluciones a sus problemas y sentirse identificados con un partido  que no adopte políticas en función del rédito político y que respete sus principios fundacionales y que han sido la base ideológica por la que los ciudadanos se sienten identificados y representados.

No es admisible que Rubalcaba no haya hecho declaración alguna sobre la imputación de Magdalena Álvarez, ni que Rajoy mire a otro lado en los casos de imputación de cargos del PP. No se puede permitir que los políticos se crean una casta aparte de la sociedad, no pueden dedicarse a la política como primera y única opción laboral, sin preparación ni interés por prepararse, ni vivir sin pisar la calle, ni oír a los ciudadanos, que están cansados de gritar y que nadie les escuche.

PP y PSOE se han convertido en cementerios políticos que dan cobertura a sus  familiares y amigos, que fomentan la endogamia, donde sus oficinas y sedes están repletas del marido de, la mujer de, el cuñado de, que han convertido el Senado en el retiro dorado de políticos amortizados, que creen que el Parlamento Europeo es el limbo dorado de políticos con más prebendas y menos responsabilidades de Europa.

PP y PSOE se han descargado ideológicamente, sobre todo el PP, que piensa que el centro político es el espacio de la indefinición,, de las políticas erráticas y de la falta de batalla política, como ha ocurrido con la educación, el aborto, los nacionalismos excluyentes o la corrupción política. El PP presentó recursos de inconstitucionalidad a leyes que ahora podía derogar y transformar,  y que no ha hecho por cobardía.
 Piensan que sólo deben acometer reformas en materia macroeconómica, pero sin querer poner ningún cascabel a ningún gato, y menos si el gato  habla catalán. Siguen sin obligar a las CCAA a que no gasten más de lo que ingresan, la deuda sigue aumentando y se legisla a golpe de oportunismo político. No hay definidas políticas en materias judiciales, educativas, o de asistencia sanitaria. El PP anunció recuperar competencias cedidas a las CCAA y, ¿qué ha hecho? Nada, total sólo tienen mayoría absoluta en las dos cámaras y en la mayoría de CCAA y ayuntamientos.

No hay líderes que lleven menos de veinte años en la primera línea politica, tan acostumbrados a ganar dinero y tener prebendas que no sabrían qué hacer fuera de la política. No saben reclutar ni detectar talento político nuevo, no joven, que algunos piensan que a la política deben llegar algunos imberbes que todavía no han acabado sus estudios y ya se creen salvadores de la patria, y eso no les interesa, porque eso supondría una amenaza a su statu quo y, con este panorama los ciudadanos dicen y bien claro, conmigo que no cuenten.

Del aborto y otras cosas: la renuncia a la batalla ideológica

Cuando un partido político que es opción de gobierno, renuncia a su ideología por el simple hecho del rédito electoral que una decisión o aspecto político pueda suponer, ese partido está destinado a su desintegración.
El Partido Popular corre un serio peligro en este aspecto. Centrados en la recuperación económica de España, que no es asunto baladí, renuncian a la batalla ideológica con el resto de fuerzas políticas. Esto se ha puesto de manifiesto, de forma clamorosa, en tres aspectos fundamentales: el apoyo a las víctimas del terrorismo y la persecución de ETA, la defensa de la españolidad en Cataluña y el País Vasco, y el aborto.

En los aspectos más ideológicos que la sociedad plantea en la arena política, el Ejecutivo prefiere un "perfil bajo" de gobierno. Lo peor de esta decisión es que ello se asume para no soliviantar al conjunto de votantes, llamados indecisos, que votan, no por referencias ideológicas sino por razones pragmáticas, pero se está renunciando a un ideario que las bases no toleran, porque, además de la legítima lucha por el poder de los partidos políticos, éstos cumplen con otra función irrenunciable, como es la agrupación de intereses.

En la clasificación típica de formaciones políticas, estamos en una suerte de partidos "atrapalotodo" (all catch party) que buscan que bases más amplias de electorado se sientan cómodos votando a una formación concreta. El problema de "estirar" este apoyo es que, los fieles se pueden sentir defraudados. Ellos que en las buenas y en las malas han apoyado a sus líderes, se sienten ahora ultrajados por la tibieza de sus gobernantes.

Tal es el caso que está ocurriendo, por primera vez desde la refundación del Partido Popular allá por los finales de los ochenta en el Congreso de Sevilla, en la derecha española, y una nueva formación se ha presentado estos días para acaparar ese voto descontento, VOX. Si el Partido Popular no ve el riesgo que esto supone es que no ha aprendido del error de su adversario, el PSOE, cuando aparecieron Ciudadanos o UPyD.

En los últimos meses estamos asistiendo a una acción de gobierno de perfil muy alto en lo económico, renunciando a promesas electorales, como la subida de impuestos, con amplios recortes a los ciudadanos, que no a las administraciones que siguen gastando y endeudándose a la carta, como Cataluña, pero con un perfil muy bajo en lo ideológico.
Todos los españoles, incluidos catalanes y vascones, sabemos que la deriva independentista de CiU no llegará a ningún sitio, de forma legal, pero está sembrando las semillas paa que en próximas décadas se enfrenten la legalidad de las normas constitucionales, con la legitimidad que los catalanes y vascones creen que tienen en sus reivindicaciones, porque nadie les hace ver que la tergiversación de la historia de España y la educación de los jóvenes en el odio al resto de España, no son argumentos suficientes, ni siquiera argumentos válidos, para tales reivindicaciones.

Algo similar ocurre con el aborto: mientras se instale en el debate político la confrontación de dos derechos: el de la mujer a ser madre y el del feto a vivir, algunos pensarán que uno u otro debe prevalecer. Sin embargo, el hecho de que la mujer sea o no madre no es un derecho, sino la consecuencia de un acto previo, en la mayoría de las veces consentido (aunque sea sin sentido), y por tanto no se puede confrontar la inoportunidad de una mujer a que sea madre al derecho a la vida.
Y si, hasta ahora, había un colectivo digno de respeto y de recuerdo, como son las víctimas del terrorismo, el Gobierno, con su ineficaz gestión penitenciaria, y su falta de resolución ante los actos de ensalzamiento terrorista ha vuelto a poner en el disparadero a estas víctimas que ahora sienten su dolor traicionado por aquéllos que juraron defender siempre y en toda ocasión. ¿Recuerdan que hace casi seis meses, Bolinaga salió de la cárcel porque su muerte era inminente?

Tres ejemplos que ponen de manifiesto una estrategia de gobierno, a mi modo de ver, equivocada que prefiere renunciar a sus principios ideológicos fundacionales, para en el corto plazo obtener réditos políticos, como consecuencia de una buena gestión económica, y renunciar a dar la batalla ideológica en el medio y el largo plazo, aunque ello suponga un tiempo para hacer ver a la sociedad que los modelos socialistas ni son mejores para la sociedad ni para los colectivos que pretenden abanderar, como mujeres, homosexuales, ecologistas o intelectuales y artistas, entre otros. Y mejor oportunidad, con mayoría absoluta en ambas cámaras,  con la mayoría de parlamentos regionales y ayuntamientos, con un amplísimo apoyo electoral, no se tendrá en el corto y medio plazo. Se trata, pues, de una oportunidad histórica perdida.

El Racismo Ideológico de la Izquierda en España

Que cuando la izquierda en este país pierde unas elecciones, se lanza a la calle a generar conflicto social no es una casualidad, como tampoco lo es que, los grupos de presión de izquierdas se alíen con las estructuras políticas para exacerbar posturas políticas en la sociedad, con el único fin de ahondar en la conflictividad social.

La acción política de la izquierda, tanto en el Gobierno como en la oposición, pasa por establecer unas pautas sociales con fuerte carga ideológica, establecer como únicamente válidos sus presupuestos y denunciar, como si de un delito se tratara, a aquél o aquéllo que no se ajusta a sus principios ideológicos.A esta práctica política la denomino, racismo ideológico.

Pongamos ejemplos concretos a estas tesis: la izquierda se autoproclama defensora de la educación pública en este país, mientras que el PP es el partido que quiere acabar con la educación pública. Esta bandera, largamente flameada por la izquierda, encierra una de las mentiras más flagrantes de nuestra historia política reciente. España, desde hace décadas, cada vez presenta peores resultados en lo que a calidad de la educación se refiere y todas las leyes de educación vigentes desde hace cuarenta años han sido socialistas, fueron los socialistas los que, en vez de invertir en los centros de educación pública apostaron por el concierto de centros religiosos, fueron ellos los que acabaron con la Formación Profesional, y fueron ellos los que apostaron por el desarrollo geográfico de la universidad, pero con nula aplicación de criterios de calidad en sus recursos y su gestión, de ahí que solo algunas facultades de universidades muy concretas tengan cierto prestigio reconocido internacionalmente. Pero, he ahí la izquierda, cuando no está en el poder, por más que la legislación vigente sea suya,  que se presenta como adalid de la educación pública con el eslogan: La Educación pública no se vende, se defiende. Y la defienden ellos, claro.

La Sanidad es otro de los patrimonios que los españoles nos hemos dado desde hace más de cien años, pero ahora nos quieren hacer entender que es la izquierda su única y verdadera defensora. Sin embargo, resulta que fue el PSOE quien, a través de la mutualidad de funcionarios civiles y miltares (MUFACE e ISFAS), negó a los funcionarios ser atendidos en centros públicos y, hoy día, cualquier funcionario solo puede elegir entre los centros médicos privados su atención médica y la de sus familias, es decir, los garantes de la sanidad pública de calidad impide a sus funcionarios ser atendidos en los hospitales públicos. Raro, raro,...Pero, lo clamoroso del caso, no es esta contradicción. Desde que la competencia de sanidad fue transferida a las CCAA, resulta sencillo comparar las políticas de gestión sanitaria entre comunidades de un signo y otro, y aquí nuevamente se desliza la siguiente desfachatez. Los modelos de gestión privada en centros públicos se viene realizando en Andalucía, País Vasco, Cataluña o Madrid desde hace décadas (he citado cuatro CCAA con diferentes partidos en el Gobierno), nadie se extrañó, ni siquiera los socialistas, de una práctica que generaba  reducción de costes sin merma de calidad asistencial y generaba confianza entre los pacientes. Sin embargo, cuando recientemente se cambió de modelo de gestión en algunos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, la izquierda más casposa, junto con el sindicalismo más ramplón, se fueron a la calle, y asaltando a enfermos y ancianos en las puertas de los hospitales,decidieron dar la batalla contra un modelo de gestión que ellos mismos venían realizando en Andalucía desde hace décadas, por seguir con el ejemplo. Evidente ejercicio de hipocresía.

A estos ejemplos, bien les podían acompañar otros sobre al unidad de España y sus bandazos ideológicos en Cataluña y País Vasco, su continua falta de respeto a la Constitución, con ataques a la Corona y los símbolos de España con la profusión de banderas inconstitucionales en sus actos políticos, o los derechos sociales, casi llevados a la bancarrota por el Gobierno Zapatero.

Lejos de hacer autocrítica sobre sus modelos de gestión, seleccionar nuevo talento político o revisar algunos supuestos ideológicos que se han demostrado ineficaces y trasnochados, la izquierda, en la oposición, alienta la práctica del scrattche, se dedica al asalto de la propiedad pública (como el jaleado efecto Gordillo o la presión ejercida sobre dirigentes del PP en actos públicos), o directamente y sin tapujos engañan a la sociedad a través de las llamadas mareas blanca y verde.

¿Qué ocurriría si un Alcalde del PP  atracara un supermercado, o si cientos de militantes del PP acosaran en su domicilio a Zapatero o Rublacaba, o si Nuevas Generaciones impidiera que líderes socialistas hablaran en la Universidad mediante empujones y gritos, o si "voluntarios" del PP se dedicaran en colegios y hospitales a "informar" a niños y ancianos sobre las políticas del PSOE? ¿Qué día de qué año los ciudadanos de este país le otorgamos a la izquierda el derecho a campar por España a su antojo al margen de la Ley?

Que aquél que no piensa como la izquierda de este país es tachado de fascista, retrógrado, neocon, por éstos no es noticia. Estamos tan acostumbrados al racismo ideológico que, algunos piensan que ése es el estado natural en el que España debe vivir, y algunos no estamos dispuestos a pasar por ese aro.

La corrupción, un problema intrínseco a la acumulación de poder

Durante los últimos años, proliferan los casos de corrupción política en España. Así, Según reza en el Informe de Abril 2013 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los Juzgados y Tribunales tramitan un total de 2.173 procedimientos de especial complejidad, de los cuales 1.661 afectan a tipos penales de corrupción política y económica: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, estafas o apropiaciones indebidas, entre otros.

Por este motivo, no es de extrañar que los españoles consideren la corrupción política, como uno de los principales problemas de España, sólo por detrás del paro y la situación económica (Datos del CIS, mayo 2013). Además la percepción de España como un país de corruptos supera en casi el doble, 70%, frente a la percepción que tienen de nosotros en el resto de Europa, un 35%, según datos del Informe del Instituto Elcano, lo que tampoco nos debe extrañar, toda vez que siempre los españoles hemos sido el pueblo más autocrítico jamás conocido.

No debe cabe duda que ser corrupto u honrado es un rasgo de la personalidad y, por tanto, son las personas y no las instituciones, partidos, organizaciones o Gobiernos, las que son o no corruptas, aunque ese rasgo de la personalidad se potencia cuando la persona acumula poder, y aunque los corruptos no están asociados a ninguna actividad específica, lo cierto es que cuando un persona posee una posición de poder en una relación o en una actividad de ejercicio de poder,  de ahí que puede dar la falsa sensación de que los políticos, por el hecho de ser políticos, son corruptos, y debo asegurar que, no todos los corruptos son políticos, ni todos los políticos son corruptos.

Con ello, quiero hacer notar que las persona demostramos nuestra falta de honradez cuando, cada día, decidimos no cumplir con nuestras obligaciones laborales o económicas, cuando decidimos no pagar, o no cobrar el IVA en nuestras compraventas, y, por otro lado, hacer entender que los políticos son personas extraídas de nuestra propia sociedad, por lo que no es justo no cierto asimilar la corrupción a los políticos.

Pero, qué duda cabe, que los políticos basan su actividad en el ejercicio del poder y ello provoca que se den multitud de situaciones proclives a actos corruptos, por lo que se hace imprescindible que la sociedad se dote de mecanismos que impidan o dificulten la práctica corrupta, pues si criticable es esa actitud en cualquier persona, resulta imperdonable en los políticos, pues ellos gestionan recursos ajenos, no lo suyos propios, y desarrollan su actividad gracias a la confianza que el resto de la sociedad deposita en ellos, y por tanto, es necesario que las personas corruptas que se dedican a la res pública, sean expulsadas y fuertemente castigadas por sus delitos.

Cabe destacar que la corrupción no es patrimonio de los políticos españoles ni propio de nuestro tiempo. Se trata de una práctica extensamente realizada en el tiempo y en el espacio y siempre asociada al ejercicio del poder. De hecho, cabría destacar que tres cuartas partes de los europeos consideran la corrupción un problema creciente en su país, según muestran las encuestas de la Unión Europea. En 2012 se llevaron a cabo juicios de corrupción de alto perfil en Francia e Italia. Los escándalos políticos de corrupción implicaron gastos de miembros del parlamento (Reino Unido), fraude de pensiones (Noruega), clientelismo (República Checa, Rumania) y conflictos de interés (Bulgaria, Finlandia, Eslovenia), entre muchos otros casos.

Las causas más significativas que, a mi juicio, facilitan la práctica corrupta en la política española son las siguientes: 

• El consentimiento social de la práctica corrupta entre todos los españoles: quien más quien menos, todos consentimos que no nos cobre el IVA de una obra, que no se cumpla la legislación para abaratar costes, no cumplir con los horarios o las tareas asignadas. Es decir, de alguna manera, se hala instalada en nuestra sociedad la sensación de que estas prácticas son lógicas y por ello, socialmente permitidas.
• La falta de control y auditoría de los líderes políticos municipales y autonómicos: nadie replica lo que un Alcalde, Consejero, Presidente o Director General hace o dice, de forma que, aún en un sistema democrático como el que tenemos, en España el poder municipal y autonómico se parece más a una especia de absolutismo representativo, de forma que sólo cada cuatro años se rinde cuenta ante la sociedad, lo que no se corresponde con sociedades democráticas avanzadas y sí se corresponde con sociedades populistas. donde el caciquismo y el poder de los lobbies se acrecienta allí donde la sociedad civil se arruga o se acomoda.
• La opacidad de las relaciones Administración- Empresa, sobre todo en los procesos de adjudicación en los que los gerifaltes hace y deshacen a su antojo.
• La acumulación de cargos y mandatos: en el primer caso, porque el poder aumenta, y por tanto aumentas las posibilidades de prácticas corruptas, y en el segundo caso, con múltiples mandatos se crean y desarrollan redes clientelares al acomodo del líder, lo que degenera los principios de imparcialidad que debieran regir la práctica política.
• El nepotismo político: si es bien conocido el carácter vocacional de la Política, es menos conocida su capacidad de contagio, y es que parece que cuando alguien llega al poder, de forma misteriosa, los familiares del político rápidamente se ven contagiados de esta vocación, lo que resulta muy dañino para nuestro sistema político

Sin duda, hay más razones que favorecen la corrupción política, pero las anteriormente citadas están detrás de la mayoría de los casos de corrupción en nuestro país.

Por supuesto, es posible establecer medidas que dificulten o impidan estas prácticas nada recomendables, pero no parece que en el ánimo de muchos políticos esté dotarse de las siguientes medidas para atajar la corrupción:

• Más poder para el funcionario para que pueda controlar al político
• La agrupación de municipios
• Mejora de los mecanismos de control interno en los partidos y resto de organizaciones
• Limitación de cargos y mandatos propios y de familiares
• Separación real de los poderes políticos y judiciales
• Procesos de adjudicación y contratación externalizados
• Eliminación de beneficios e indultos a  los acusados por corrupción
• Mejora de los medios de la Fiscalía Anticorrupción

Estas medidas se llevan acometiendo en otros países con gran éxito, como Finlandia, Bélgica u Holanda, aunque la naturaleza humana, que fácilmente se predispone para hacer el mal, muy posiblemente encontraría nuevas formas de corrupción, pero de igual forma surgirían nuevas medidas para contrarrestarlas. ¿De qué depende todo? De un cambio en la conciencia nacional, que las sociedades deben ser conscientes que deber estar alerta en sus pueblos y ciudades y denunciar lo que consideren una mala praxis, y pedir explicaciones a nuestros dirigentes de sus medidas y adjudicaciones, y debemos comprender que la Política debe reunir en la persona los más excelsos principios del hombre: la generosidad, la capacidad de servicio, la honestidad y la competencia, y aquella persona que sea consciente de que no reúne estos considerandos no debe postularse para ser elegido y si, una vez llegado el caso, siente flaqueza en sus decisiones, debe dimitir de su cargo antes de producir más daño, pero claro, en este país, dimitir...

Negro futuro en España

Hacía muchos meses que no escribía una nueva entrada. La situación económica y política ha sido, durante estos meses, una constante desoladora en el acervo colectivo. Corruptelas, desaires a la conciencia nacional,      mentiras preelectorales, ajustes que afectan a los de siempre mientras, también los otros de siempre se enriquecen gracias a esos "ajustes necesarios". Tampoco es nueva la falta de valentía política para aplicar los ajustes donde de verdad hacen falta, como tampoco es nueva la hipocresía de quienes hace décadas se arrogaron la capacidad de negociar y decidir cuándo hay que protestar y cuándo meter la cabeza bajo tierra.

No encontraba motivo alguno para pensar en voz alta, pero dos datos me han dado que pensar, y no porque sean nuevos sino por su enorme importancia para nuestro futuro como nación, como sociedad que aspira a ser avanzada y como una más que urgente necesidad de revisar el sistema de valores instalados en nuestro deprimente y decadente entorno.

La emigración española se ha incrementado  un 22% desde 2008, en su mayoría jóvenes. Sólo en lo que va de año, 54.912 españoles (Dato procedente del INE), han decidido poner tierra de por medio. El dato no es que sea preocupante por su cantidad, que es lo que curiosamente han difundido los medios de comunicación. Lo que a mí más me preocupa es la calidad de esa emigración.

Mientras que el Ejército debe proteger las fronteras en Melilla para que personas de nula o muy escasa cualificación profesional no sigan accediendo a nuestro país, miles de universitarios deciden ir a trabajar a países donde esperan ser mejor utilizados: Alemania, Suiza, EEUU, Canadá o Chile, son destinos favorecidos, y éste es un dato que no nos podemos permitir.

La formación de cada ingeniero, arquitecto o licenciado cuesta al Estado español más de un millón de euros, desde el inicio de su etapa escolar hasta que finalizan sus estudios universitarios, y cuando empiezan a ser productivos, cuando pueden devolver parte a la sociedad que los formó, con sus capacidades y sus retenciones a cuenta, nuestro panorama empresarial es incapaz de retenerlos. Mientras, y aquí viene el segundo dato escalofriante, España encabeza, por número, la generación "ni-ni",. es decir, los vagos, los fracasados se quedan, mientras eso sucede, los que valen se van. Importamos mano de obra barata, no cualificada y sin formación, y exportamos capital humano de gran valor, lo que seguirá esquilmando las arcas del Estado y empobrecerá al país de talento y oportunidad.

Ya no solo cabe hablar de futuro, sino que el presente se muestra peligrosamente descompensado: personas de experiencia cuyo pecado es cumplir cincuenta años son despedidas cada día, amortizamos los puestos de trabajo que se pueden y el resto de suple con mano de obra de nula experiencia y poca empleabilidad. Las familias junto al Estado, soportan el coste de mantener un 30% de los jóvenes españoles sin trabajar ni formarse, mientras que, la sociedad española lucha por mantener un status quo inasumible. Los llamados "sindicatos de estudiantes" (una contradicción en sus términos), lejos de exigir un futuro profesional digno, luchan por unos supuestos recortes que, digámoslo claro, ellos despilfarran. Los sindicatos, cómplices mudos durante años de gobierno socialista, ahora protestan mientras se aprovechan de aquello sobre lo que protestan.

Mientras países como Canadá, Estados Unidos, Suiza o Alemania, por poner destinos migratorios preferidos de nuestros jóvenes, tienen menos gasto en educación que España, ésta muestra las cifras más desastrosas de calidad en la educación. Malos estudiantes, universidades perdidas en los principales rankings, estudiantes fracasados, sindicatos que gangrenan la educación y políticos que se amedrentan cuando intentan modificar un sistema que se ha manifestado ineficaz, costoso, improductivo y donde sindicalistas y políticos de medio pelo se hacen de oro a costa de la educación. Subvenciones sin fin a la formación continua, subvenciones al transporte, a los libros, a las actividades extraescolares, encontraban en los sindicatos o en las asociaciones de padres y madres, perceptores agradecidos, donde no se exige ninguna contraprestación, como por ejemplo, aprobar para recibir estas subvenciones. Donde los alumnos (y sus padres) se niegan a cumplir con la única obligación que nuestra Constitución les exige, donde se puede repetir años y años sin que ello suponga ningún perjuicio económico para esa familia permisiva., en ese lugar, llamado España, los estómagos agradecidos braman porque el Gobierno mantenga el despilfarro. Y mientras, los ni-ni, con sus móviles de última generación, sus modas, sus botellones, su nula preocupación por algo que no sean ellos mismos, ellos se convierten en los Reyes del Mambo.

Treinta años de leyes educativas socialistas nos han llevado a esta situación, la peor de la Historia. Nunca antes nuestro sistema educativo ha salido tan escandalosamente mal parado n cualquier comparación, nunca antes se había despilfarrado tanto y nunca se había producido tal cantidad de vagos. Y, aquella minoría, preocupada por su futuro, sin saber que su futuro es el de España, que ha conseguido una formación de cierto nivel, emigra. Y lo hace ante la falta de expectativas y oportunidades, y lo hacen sin mirar atrás, porque lo que hay atrás no merece atención. Y lo que hay detrás es, España.

Soberanía Nacional, cada vez menos nacional

El artículo 1.2 de nuestra Constitución reza... " La soberanía reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado". Éste es un precepto indispensable en aquellas constituciones que establecen Estados democráticos, que se rigen bajo el imperio de la Ley y que limita el poder de los poderes públicos, a través del Estado de Derecho.
Sin embargo, desde la incorporación de España en el contexto europeo, y a partir, sobre todo del Tratado de Maastrich, España, como el resto de Estados de la Unión, ceden parte de sus competencias, y por tanto de su soberanía, a los órganos comunitarios.
Pero, en la Unión Europea, a nadie se le escapa que los Estados integrantes no comparten el poder igualitariamente, ni siquiera alícuotamente. Alemania y Francia se distribuyen las decisiones más relevantes y que afectan, no solo a la Unión en su conjunto, sino a Estados concretos, como ocurrió con Grecia o Portugal, o ahora con Italia y España.
Es fuera de nuestras fronteras, son extranjeros los que están definiendo la política monetaria, a través del BCE, y son esos mismos extranjeros los que en breve armonizarán la segunda herramienta macroeconómica de que disponían los Gobiernos nacionales, la política fiscal.
De esta forma los ingresos, a través de los tributos, y el nivel de gasto, el nivel de deuda y de inversión, a través de los tipos de interés, serán impuestos desde allende nuestras fronteras. Y lo peor es que, con el prestigio perdido durante la pasada década de infausto recuerdo, España no tiene ni la voz cantante, ni siquiera el segundo coro. España no decide, ni sus representantes ni sus ciudadanos, y en la situación económica que tenemos, en la que necesitamos endeudarnos y nadie nos fía, debemos transigir con lo impuesto desde fuera.
Mientras tanto, los españoles, desolados como no se recuerda, más preocupados por subsistir y por mantener  la dignidad a través del trabajo, no caen en la cuenta de que poco a casi nada podemos hacer.
Pero si algo podemos hacer es exigir a nuestros representantes algo muy sencillo y que solo requiere generosidad y posponer posiciones partidistas para mejores tiempos: necesitamos reforzar la imagen de España, del pueblo español, al que se le vilipendia gratuitamente dentro y fuera del España: desde el Sr. Beteta  a los guiñoles franceses. La oposición debiera cerrar filas, tanto el PSOE como los partidos nacionalistas, deben vernos fuera como una única fuerza, un único Estado fuerte, que sabrá hacer sus deberes, como ya lo hicimos antes. Debemos reforzar el sentimiento de orgullo de ser español, seas de Madrid, de Cataluña o de Galicia. Debemos exaltar a nuestros deportistas que llevan nuestra bandera por todo el mundo, debemos ser respetuosos con España, lo que significa ser respetuoso con nuestro Jefe del Estado o nuestros símbolos, y esto no significa que el Rey deba quedar impune de lo que hacen él o su familia, pero de ahí al insulto o a la agresión, la diferencia es notable, y fuera se interpreta con una jaula de grillos, no merecedores de ayuda, porque "ni ellos mismos se aguantan ni se soportan".
Es el momento de que el Gobierno actúe sabiendo que, en los aspectos fundamentales que tienen que ver con la Unión Europea, la oposición será leal y apoyará la acción del Gobierno aunque no la comparta, porque si no nos vemos fuertes dentro, será imposible que nos vean merecedores de ayuda fuera, y en estos momentos de extendida soledad y tristeza, más que nunca nos necesitamos los unos a los otros, sin disensiones internas que perturben la imagen de España. ¿Que difícil de conseguir con clubes de fútbol más interesados en la política que en el deporte, o en políticos más preocupados por su poltrona que por el interés de los españoles, o de organizaciones más preocupadas en sus subvenciones que en el servicio a los demás?
¡ Qué difícil resulta ser español en estos días!

España sólo vale para el flamenco y el vino tinto

La afirmación no es mía, sino del Embajador de EEUU en la OCDE, pero ésta se une a las declaraciones de Sarkozi y Monti, que no dejan en buen lugar a nuestro país. Lejos de caer en la bravuconada y el aspaviento fácil, lo cierto es que en otras ocasiones, líderes españoles han dedicado afirmaciones en el mismo sentido con respecto a otros estados (célebre la afirmación de Zapatero en EEUU afirmando que España pasaría económicamente a Francia y que y había pasado a Italia), por lo que sería conveniente analizar el trasfondo de esa afirmación, por otra parte, falta de estilo, gusto y educación.

Nuestra economía no mejora, nuestro empleo cada vez escasea más, diecinueve de las empresas del IBEX cotizan por debajo de su valor contable, nuestros políticos, sobretodo los del Gobierno, dan muestras de inseguridad y del valor necesario para acometer las "verdaderas reformas", y para colmo, Froilán y la prima de riesgo se disparan mientras el Rey se hace añicos la cadera matando elefantes por África (como si no hubiera "elefantes" en España que matar).

He citado las "verdaderas reformas"; Esperanza Aguirre, así como UPyD, parcialmente, han pedido al Gobierno la recuperación de competencias en materia sanitaria, educativa y judicial, así como la fusión de ayuntamientos. Yo, por mi parte, ya he citado con anterioridad la necesidad de eliminar subvenciones a instituciones de dudosa representatividad, como sindicatos y patronales, la eliminación o privatización de cadenas de radio y televisión públicas en aquellas comunidades con más de una licencia de cada medio (Andalucía y Cataluña tienen tres canales autonómicos, todos ellos, deficitarios), la eliminación de prestaciones a los inmigrantes ilegales y el endurecimiento para que los extranjeros obtengan la nacionalidad, o la reducción de competencias de ayuntamientos que han impedido a la iniciativa privada entrar en sectores en los que las AAPP han impuesto unas barreras de entrada que hacen inviable que las empresas inviertan (efecto crowding- out). Hay que recordar que la formación de municipios y CCAA no se realiza atendiendo a criterios económicos, sino de identificación y adscripción, aunque sí es posible centralizar o fusionar servicios públicos, y ese campo, en España está, prácticamente, inexplorado.

Desde luego, de la misma forma que soy contrario a la amnistía de los presos y miembros de ETA, lo soy de la amnistía fiscal (¿Las AAPP también se podrán acoger a la amnistía fiscal?), como estoy en contra de que las rentas más altas paguen por la sanidad, puesto que ya las retenciones a cuenta son progresivas y, seamos sinceros, no imagino a Botín o Alierta en la sala de espera del Hospital Puerta de Hierro o La Paz. La dudosa eficacia de la reforma laboral, con innegables avances en determinadas partes de la Ley, pero con aspectos de la misma claramente mejorables, puesto que nos acercan más que a un mercado competitivo, al vasallaje, puesto que le da al empleador toda la ventaja en situaciones laborales injustas, del tipo " si quieres seguir trabajando aquí, lo harás con un contrato de cuatro horas pero trabajando diez o doce, y si no aceptas en los tribunales nos vemos dentro de algunos años mientras te mueres de hambre" (en Andalucía saben muy bien de qué estoy hablando).

Es evidente que el Gobierno todavía no ha terminado de coger el pulso de la nación y todavía presenciaremos, o peor todavía, sufriremos las consecuencias de esa improvisación impuesta desde fuera y también desde dentro, y nuestro escaparate nacional dista mucho de ser atractivo para los mercados y las empresas extranjeras. Nuestra política de comunicación es simplemente desastrosa, descoordinada y, por tanto, ineficaz. Nuestra capacidad de autocrítica inexistente, nuestro talento ejerciendo fuera de nuestras fronteras (Alemania, Brasil, Chile han pedido a nuestros investigadores, ingenieros y emprendedores que trabajen en esos países). Nuestra oferta de trabajo anticuada, escasa y mal remunerada. La calidad de nuestro trabajo se mide en criterios de coste y no de economía o inversión.

Sí, muchos han criticado la imagen de la Corona de safari mientras España se rompe, pero la imagen de los andaluces bailando flamenco y bebiendo vino (blanco), o la de los valencianos, o los de las diferentes partes de España que a falta de pan, bienvenido sea el vino, tampoco desmerecen a la imagen real, y a lo peor, España solo vale para el flamenco y el vino tinto.Los españoles sabemos que no es así, pero el escaparate que se ve desde fuera de España no puede dar una idea más certera en la expresión.

Cien días de gobierno

Ya hemos vivido los primeros cien días del resto de nuestras vidas. Rajoy y su Gobierno han tenido tiempo de conocer el sarao heredado y empezar a tomar medidas drásticas a golpe de decreto. En este tiempo, tres han sido los ejes de gobierno: reducción del gasto, reformas estructurales y reposicionamiento internacional de España. No sabría decir cuál de los tres es más importantes, y bien pueden describir un triángulo equilátero.

A corto plazo, que es como a los españoles les gusta opinar y valorar acciones políticas, y no solo políticas, la situación, como ha descrito la ínclita Elena Valenciano, es desoladora: aumenta el paro, el despido es más barato, aumenta el gasto y disminuyen los ingresos. Claro, que no explica que toda esa descripción es una consecuencia irrenuncialble de los ocho años más desastrosos de la política española de los últimos doscientos años. Habría que remontarse a finales del XIX para recordar tamaño desaguisado. Pero afortunadamente, eso es agua pasada, por mucho que andemos sobre estos lodos.

Sin embargo, y apostando por un análisis algo más serio y menos simplista y demagógico, cabe destacar que se presentan una serie de reformas de amplio calado, como la reforma del código penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley del Aborto, o la ya realizada reforma laboral. Yo, sin embargo, y vistas las últimas versiones de las huelgas que se han producido en España, que nada han tenido que ver con los derechos de los trabajadores y todo con el seguidismo político, echo en falta una profunda reforma de la Ley de Libertad Sindical, de la Ley Electoral, de la Ley de Extranjería y la promulgación del Estatuto del Príncipe de Asturias y que la Ley de Transparencia, recién estrenada, se hubiera ocupado también de la Casa Real y su Familia.

En cuanto a la actual desequilibrio de ingresos y gastos, parece razonable la ya planteada disminución de presupuestos de ministerios como el de Fomento, Exteriores o Presidencia, pero es necesario más que nunca, incrementar las partidas de I+D, incrementar las partidas que aseguren un incremento en la calidad y en la productividad de la Administración,  y cabe resaltar que el presupuesto de un ministerio puede y debe reducirse sin necesidad de que determinadas partidas se vean perjudicadas. Los casos típicos tienen que ver con Educación o Sanidad: recortar en esas áreas no debe suponer disminuir en investigación o en la calidad en la prestación del servicio. Se puede y se debe investigar más y mejor y asegurar que la prestación de los servicios educativos y sanitarios se realicen cada vez con mayores cotas de calidad. La pregunta a plantearse es si nos podemos permitir el lujo de que sanidad, educación o justicia sean universalmente gratuitos. Ésta es buena ocasión para que los inmigrantes ilegales dejen de gozar de estos servicios, de que sea más difícil obtener la nacionalidad, básicamente como hacen en el resto de países, y de perseguir los excesos de los ciudadanos, como alumnos permanentemente repetidores o "pacientes" abusones.

En cuanto a los ingresos, la subida de impuestos no es la solución, no lo es ni a corto ni a largo plazo. Ello supone, como estamos viendo, que los resultados no son los esperados. Reducir las trabas para la creación de empresas, reactivar el consumo interno y las exportaciones, limitar las importaciones de determinados productos de países ajenos a la UE, son medidas que bien podrían haberse planteado antes de la subida brutal e indiscriminada del IRPF. Una buena gestión del fraude fiscal y favorecer la internacionalización y virtualización de las start ups,  introduciría el "aceite" necesario para poner en marcha el proceso. Pero todo eso será inútil si los españoles no tienen confianza y se retraen en el gasto. Si ven amenazados sus empleos y además no encuentran expectativas de encontrar otro nuevo, los españoles bien harán en no gastar inútilmente, puesto que, además, el nivel de ahorro de las familias también se ha visto perjudicado.

Por ello, ya es hora de vender la marca "España", y por ello es muy necesario hacer entender a los Estados extanjeros que España es un país de oportunidades, un país en el que merece la pena invertir, un país dispuesto para acaparar altas cotas de trabajo, y bien puede Rajoy poner a trabajar a la Familia Real en esa tarea y no en otras menos recomendables. Tal vez la confianza interna se vea favorecida por la confianza que desde fuera puedan tener en nuestras posibilidades, y si bien el Ministro de Exteriores debe poner sus esfuerzos en poner a los Embajadores y Cónsules españoles a captar recursos externos, la Familia Real es la que es capaz de llegar allí donde nadie más puede, pues si no es así, alguien podría empezar a preguntarse que para qué nos sirve una Familia empeñada en ser cada vez menos Real y cada más plebeya.

Entre huelgas y recortes la imagen de España se deteriora

Hacer, a estas alturas, una recopilación, aunque sea somera, de las causas y causantes que nos han llevado a esta situación sería costoso e irrelevante, pero merece una breve reflexión el hecho de que, casi todos los que nos llevaron a esta situación, siguen al frente de sus posiciones, a excepción del Gobierno: empresarios de las principales empresas, élites sindicales, responsables de los órganos de control, magistrados de los Altos Tribunales, élites bancarias, diputados y senadores, regionales y nacionales, Alcaldes y concejales. Casi los mismos que estaban, están.

Todos ellos con recetas basadas o bien en recortes, o en irresponsables algaradas callejeras. Ayuntamientos y Gobiernos han decidido meter la tijera. Ahora se dan cuenta de que mucho de lo que se paga en impuestos, lo debemos emplear en el pago de la deuda y exigen a todos los ciudadanos que muchos de los servicios y prestaciones del Estado se acaban, y apelan al control del gasto. Curioso.

Digo curioso porque, ellos mismos, ese mismo Estado, entendido en este caso, como el conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP), fueron los que gastaron en exceso, entrometiéndose en muchos casos en áreas propias de la iniciativa empresarial privada. Y ahora apelan a la responsabilidad, sin recordar que ellos, y no los ciudadanos, fueron los irresponsables.

En estos meses de nuevo Gobierno, la receta es clara: recortar. Y cuando se haya recortado, recortar otra vez. Ello supone tomar medidas impopulares, políticamente suicidas, pero necesarias. Es necesario recortar el gasto público, pero nuevamente la polémica está servida: ¿dónde recortar y cuánto? Sanidad, prestaciones sociales, educación, fomento y obras públicas, defensa, I+D, y todas las partidas serán objeto de recorte. Eso no supone que recortar en educación suponga recortar en calidad de la educación, sino en poner orden y concierto en los desmanes que se producían en esta, como en el resto de áreas. El problema para los dirigentes es decidir el criterio de recorte y la valoración de los servicios públicos. Y este vuelve a ser un hecho curioso.

Los dirigentes han preferido mantener las subvenciones a sindicatos y partidos políticos, mantienen las prestaciones sociales a los inmigrantes ilegales y siguen permitiendo la concesión de la ciudadanía española a personas sin el conocimiento mínimo del idioma, el apego a la nación y un contrato de trabajo, que bien se podrían endurecer.

Mientras, los sindicatos a lo suyo: ¿la defensa del trabajador?No, esa no fue nunca la prioridad de los sindicatos, ya ni siquiera es ser el varapalo del Gobierno. Su único interés reside en mantener su cuota de poder, sus subvenciones, sus horas sindicales a costa del erario público y su papel preponderante y de práctico monopolio, en la gestión de la formación continua y ocupacional. No es que sean irresponsable, son simplemente egoístas y avaros. Los irresponsables son los que permiten esos dispendios. Buen momento sería éste para modificar la Ley de Libertad Sindical, de 1985. Espero ver llegar ese momento.

Las empresas, por su parte, a lo suyo: deshacerse de la "grasa" sobrante y aprovechar el actual marco legal de la reforma laboral para despedir a obsoletos, indeseados y personal altamente remunerado y cada vez menos cualificado. Esto sería aceptable si no es porque las empresas son las que han aceptado mejoras salariales ajenas al cumplimiento de objetivos, a la nula formación del trabajador y la inexistente gestión del talento y de la motivación de los trabajadores. Ahora resulta que la culpa de que el sindicato y la empresa hayan decidido aumentar el sueldo a un trabajador sin exigir a cambio mejoras en el rendimiento, es del trabajador, y no será el sindicalista ni el empresario el que vaya a la calle, será el más débil de la cadena, el de siempre, el que pague el pato de tanto y tanto desmelene.

Bien harían los empresarios responsables recapacitar y seleccionar muy bien quien merece ser despedido y quien merece conservar su empleo, pero eso es pedir más de lo que se espera de alguien cuya mayor preocupación es ahora, blindar su salida millonariamente.

Este Gobierno va proponiendo cosas, reformas que serán positivas y así se están valorando, pero cuántos y cuántos cadáveres quedarán por este suplicio que otros nos trajeron...

La clase política y sus excesos a cuenta de La Semana Santa vallisoletana

Parece que en las últimas fechas, ha habido cierto revuelo porque el Arzobispo Blázquez ha pedido que se reflexione acerca de la idoneidad de que una mujer casada por lo civil, es decir, desde un punto de vista católico, una amancebada, sea pregonera en las próximas fiestas de Semana Santa de Valladolid.

La razón parece obvia: una mujer que presume (digo lo de presumir porque de ello se ha jactado públicamente en campaña electoral) de no seguir el dictado de la doctrina católica, y por mucho que el Alcalde de Valladolid haya pretendido apuntarse un tanto oportunista, debiera haber declinado participar en un acto de marcado carácter religioso. Sin embargo, aceptó. El Arzobispo, en el papel que se le exige por su condición, hace una reflexión en contra de esta decisión y, aquí viene lo sorprendente, el ateo Jáuregui le exige a la Vicepresidente, que le pida explicaciones por estas declaraciones.

Resulta más que evidente que la Semana Santa, la fiesta más importantes de los cristianos, ya no es solo una fiesta religiosa, también es un reclamo turístico y un periodo de fiesta retribuida en el calendario laboral, y es posible pensar que, puesto que el pregón se trata de un acto civil y religioso (no estamos hablando de los pregones de carnavales, por ejemplo), parece adecuado que se tenga en cuenta la opinión de la Iglesia, aunque   se puede opinar que el Alcalde no tiene porqué hacerlo, pero lo que resulta esperpéntico es que este asunto se lleve a sede parlamentaria por parte de un irresponsable PSOE.

Aquí parece que todo aquél ajeno a la Iglesia tiene más voz y voto que los propios integrantes de la misma, aquí se politiza toda la vida social, religiosa, marital e individual, y si un Arzobispo que tiene la máxima autoridad en la provincia en lo que a asuntos eclesiásticos se refiere opina, opina, no decreta, no exige, no manda, éste debe ser recriminado pero, por contra, cualquier advenedizo se envuelve de una autoridad inexistente para exigir rectificaciones, nada menos que en el Congreso. Cualquiera diría que en el Congreso no están para las cosas para las que se les ha votado, que no es en ningún caso, exigir responsabilidad a un Arzobispo por opinar sobre un asunto religioso.  Y mi pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a soportar que cualquier aspecto de nuestra vida deba pasar el tamiz de lo político? Creo que, mi obligación como católico es pedir a estos representantes que se ciñan a su actividad política, que dejen la religión o falta de ella, el deporte, las relaciones personales, el ocio, los medios de comunicación, el arte, a la sociedad civil, a las personas, con los límites que exigen la Ley, las costumbres y el derecho de los demás, y que permitan que un religioso opine de religión sin necesidad de que un ciernecebollas exija rectificaciones de una opinión. Sabemos, porque ha quedado demostrado ( a diferencia de cuestiones de fe) la ineptitud de estos políticos que, incapaces de hacer bien su trabajo se meten en arenas que no les corresponden. Lo próximo será que la Chacón exija rectificaciones a Gasol por hablar en castellano, o que la Pajín exija rectificaciones a Santiago Segura por no hacer películas de la Guerra Civil. Todo se andará...

Nuevo Gobierno para una "vieja España"

Recién estamos estrenando, al menos, la primera línea del Gobierno, pues quedan por decidir las segundas, terceras líneas y los miembros de algunas instituciones que tienen su importancia. El perfil de los nuevos Ministros o reministros (pues algunos regresan a sus antiguas Carteras) puede dar confianza, pero esta confianza tiene las patas muy cortas, tan cortas como el tiempo que lleve tomar las primeras decisiones del Consejo de Ministros. Hay mucho que hacer y las primeras decisiones son importantes: control exhaustivo del gasto, elegir bien las inversiones, reducir el déficit, aumentar nuestra credibilidad en Europa y el resto del mundo. Es importante empezar a tomar medidas duras a todos los niveles, una de ellas que acabamos de conocer congela el salario mínimo, otras tienen que ver con la congelación de salarios públicos, la práctica anulación de oferta de empleo público y, para la primavera se prevén las medidas más impactantes, una vez que se hayan celebrado las elecciones en Andalucía.
Sin embargo, lo que me pregunto es si España está preparada o concienciada para aceptar y acatar las reformas necesarias, si seremos conscientes de que nos están sacando de nuestro error, de que el nivel de vida que disfrutábamos era insostenible y que "papá Estado" ha dejado de ser omnipresente y omnipudiente. Los particulares, las empresas, las Administraciones, todas deben entrar por la senda de la racionalización del gasto: las familias y las empresas ya lo vienen haciendo desde hace años, sin embargo, esas mismas personas y empresas siguen exigiendo del Estado el mismo nivel de gasto, y eso, se diga como se diga, es insostenible.
Las políticas basadas en la permanente subvención, el despilfarro acumulado de sindicatos, partidos políticos, televisiones públicas, cajas de ahorros, nos llevan a una cultura de exigencia permanente hacia el Estado que debe finalizar; pero no solo cortando esos grifos será suficiente. Es hora de poner el foco en las actitudes personales.
La educación, la sanidad, los llamados asuntos sociales, la justicia, no pueden ser universalmente gratuitos ni permanentemente gratuitos. Los españoles deben saber lo que cuesta una plaza educativa, una consulta médica, una hospitalización, un proceso judicial, o un viaje del imserso, y además de conocer el coste de tantos y tantos servicios que universalmente han sido dispensados, los españoles debemos empezar a responsabilizarnos de que cada servicio gratuito, en realidad es un servicio sostenido por todos y recibido por uno. Por ello, los responsables públicos, además de reducir los gastos de su propia gestión, deben empezar por pedir responsabilidades pecuniarias a los ciudadanos: las plazas educativas públicas podrían dejar de ser gratuitas cuando el alumno repita curso, los pacientes que asistan a consulta o deban ser hospitalizados para ser atendidos por causas sobrevenidas o imprudencias, es decir, todo aquello que nos achaque que nosotros mismos hayamos favorecido (accidentes por imprudencia, consecuencias del tabaco, el alcohol, las drogas, etc), que participen del coste de la atención. Éstas y otras similares son medidas impopulares, que ningún político que quiera seguir siéndolo adoptaría, pero que son las únicas que resuelven la situación en la que nos encontramos. Otra medida sería la de acotar el universo del servicio: ¿debemos asumir el coste de todos estos servicios a cualquier persona que se encuentre en España independientemente de su procedencia y situación legal?¿Se debería adquirir la condición de ciudadano español tras el correspondiente tiempo de permanencia en España?
No parece que este Gobierno pueda acometer las reformas necesarias sin coger de verdad el toro por los cuernos. Todo lo demás será parchear una situación de la que sin duda saldremos pero, ¿con cuántas víctimas inocentes?¿Cuántos puestos de trabajo destruidos, carreras profesionales truncadas, familias separadas podemos asumir por no poner cada cosa y a cada uno en su sitio?

Cuando hablar de España se hace doloroso

España es y será siempre lo que los españoles quieran que sea, un país, una nación, muchas naciones, muchos estados, un solo Estado. Por muchas administraciones que en ella convivan y se solapen, no es más que lo que sus ciudadanos sean y quieran ser. Y esto que parece obvio, en absoluto es baladí.

España, inicia una nueva etapa marcada por el desastre económico, la falta de confianza, ausencia de la inversión y el consumo, altas tasas de paro con una más creciente inflación (¿nos encaminamos hacia un periodo de stagflacion?, y lo que es peor, los españoles han dejado de tener sueños, los jóvenes prefieren no hacer proyectos y parece que nos abocamos a un duro proceso de autocrítica similar a lo ocurrido en el 98... En 1898.

El Gobierno que salga de las urnas tiene un duro trabajo y debe adoptar aún más duras decisiones, sobre todo en los ámbitos políticos y económicos. El nuevo Presidente deberá hacer todo el trabajo de "venta" de la marca España (visto que la Corona no está pasando por sus mejores momentos de popularidad). Y es importante que fuera de España nos perciban como un mercado de oportunidades, que debe hacer una serie de reformas de hondo calado: ley electoral, reforma del mercado de trabajo, ley de libertad sindical, reforma de las pensiones y de la Seguridad Social, ley de huelga, ley de enjuiciamiento, entre otras. Debemos hacer atractiva España "a los de fuera", pero eso no será posible si no lo hacemos atractivo "para los de dentro", y para ello, es importante reforzar el sentimiento nacional, la idea de una nación que lucha unida por salir adelante, y por ello, se hace idispensable la recuperación de los símbolos nacionales que nos representan a todos: una mayor presencia de España en la vida de los españoles es crítico para que los españoles se sientan partícipes de una misión que va más allá de su propio interés, y esa misión es España.

Pero, duele hacerse la siguiente presunta ¿serán capaces los nuevos dirigentes de abanderar esta misión? Todos sabemos que hay decisiones urgentes que se deben tomar, pero ello no es óbice para que no se tomen las decisiones importantes, y éstas lo son. No se trata de hacer apología filonacionalista, sino de hacer entender a todos (incluidas algunas administraciones regionales)de que en este barco todos reman, y además lo hacen en la misma dirección.

El cambio que se aventura no puede ser un simple cambio de personas, debe incluir un gran cambio de proyectos, de valores, de iniciativas, en definitiva, un cambio general y profundo. Ya hemos conocido lo que el socialismo revolucionario ha hecho por España y por los españoles: menos idea de España (dentro y fuera), menos expectativas, más desigualdad (curiosa nueva clase de ricos en España: los banqueros defenestrados) y un futuro más negro. Que estamos ahora peor que hace ocho años no creo que nadie sea capaz de ponerlo en duda, pero ¿serán capaces lo snuevos dirigentes de aventurarse por los derroteros liberales en lo económico y democristiano en lo social? Eso queda por ver

¿SUPONEN LAS POLÍTICAS IDENTITARIAS UNA AMENAZA PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS INDIVIDUALES? PRIMER ACERCAMIENTO

“A la hora de abordar el espinoso tema, los derechos colectivos, la gran mayoría de teóricos liberales denotan un asombroso acuerdo en términos de ignorancia e, incluso, animadversión”. Para comenzar con la discusión teórica de la posición del federalismo asimétrico o de los Estados multiculturales, he elegido esta cita de Juan Jesús Mora como muestra de qué les ocurre a los que no comparten un punto de vista o, más concretamente, su punto de vista acerca de este visceral asunto: o se es ignorante o no te mueves por principios del método científico, sino con las vísceras.

He echado en falta, en la producción literaria de este profesor sevillano, la explicación de qué es un colectivo, cómo se accede a él, cómo se deja de pertenecer, quién reconoce al colectivo, qué características ha de cumplir un colectivo para ser considerado como tal por los poderes públicos, por qué esas características y no otras, qué derechos se han de reconocer, por qué esos y no otros, qué ordenamiento jurídico lo debe recoger, qué sistema representativo está bajo este ordenamiento jurídico, y por tanto, quiénes son los representados.

Me surgen muchas preguntas que no obtienen respuesta, ni en el prólogo ni a lo largo de la obra en la que se realiza la cita. Y, efectivamente, en mi caso, es de aplicación la ignorancia, pero desde luego, no la animadversión. Sin embargo, también he estudiado y me cabe el honor de conocer personalmente a alguno de los teóricos referenciados, como es mi admirado profesor De Blas y, desde luego, ellos ni son ni parecen ignorantes, ni se han olvidado de establecer sus tesis sin la escrupulosidad que el método científico obliga, por tanto, y a priori, aprecio cierto estado de incitación a la gresca intelectual. Quien la provoca, desde luego no tiene el prestigio que tiene quien es prologado, Will Kymlicka, posiblemente el teórico de los derechos colectivos de las minorías más renombrado actualmente.

Kymlicka se define, precisamente como liberal, aunque Mora lo considere una voz discordante entre los liberales, y mantiene que no tiene por qué existir una contradicción entre los derechos individuales y los derechos colectivos, porque todos caben en el marco protector del liberalismo. Quisiera guardarme esta afirmación para el final de mi exposición teórica, pues es la base de este análisis y objeto de mi refutación.
El mismo autor, esta vez acompañado de Banting, dos años más tarde, desea establecer la relación entre los derechos de grupo y los derechos individuales, en lo concerniente a la naturaleza de la ciudadanía y de la comunidad política y a la relación entre el liberalismo, el nacionalismo y el pluralismo cultural.

Comienza por catalogar de errónea una postura tradicional del Estado de neutralidad frente a la etnoculturalidad, porque la capacidad de permanecer como tales depende de las políticas gubernamentales que incluyan cuestiones como los derechos lingüísticos, la política migratoria, el diseño de los confines subestatales y la fijación de las fiestas oficiales. Acusa al nacionalismo estatalista de realizar esfuerzos deliberados de construcción nacional que incluyeron la consolidación y difusión de una cultura común basada en una lengua común usada en las instituciones sociales, y el conocimiento de una Historia compartida.
Denomina “minorías nacionales” a los grupos no inmigrantes concentrados, cuyo territorio histórico ha sido incorporado a un Estado más amplio y, por tanto, dichos Estados no son Estados- nación, sino Estados multinacionales.

La religión, o mejor dicho, su expresión, es parte de la cultura de los pueblos. En España, la inmensa mayoría de las fiestas nacionales y locales, como expresión de la cultura más popular, hacen referencia a algún hecho religioso o se instaura por devoción a un motivo religioso. De forma que el Estado no puede ser neutral ante las expresiones procesionales de Semana Santa, las romerías religiosas u otras, y además de ser elementos aglutinadores de la identidad, es una buena fuente de ingresos para España la visita de sus monumentos religiosos: catedrales o iglesias, como manifestación del arte de un pueblo que posee, disfruta y conserva una determinada cultura, expresada en muchas formas artísticas: pintura, arquitectura, cine, música, y hasta cocina si del caso se tratara. Así que esta separación más hecha con escalpelo que de forma natural, no me parece tan obvia como le parece a Kymlicka.

Así que creo poder demostrar que la expresión religiosa compartida por un mismo pueblo (existen por toda España, cofradías de la Virgen del Rocío), es un elemento aglutinador de un sentimiento de pertenencia a una nación y que preexiste a la misma existencia del Estado nacional, y por tanto, muy anteriores a las pretensiones neofederalistas o a las directamente secesionistas. Por tanto, y en el caso español, el Estado no es neutral en materia religiosa ni lo puede ser, pues se conforma como garante del ejercicio de libertad religiosa. Es la religión católica la mayoritaria, no la única desde luego, en España desde los reinados visigóticos, declarada oficial en diferentes periodos de la Historia de España, por lo que la religión se convierte en un elemento integrador de toda la nación española (posiblemente con las excepciones de Ceuta y Melilla), y por tanto no se utiliza como cleavage tradicional en España y los mismos autores que demandan reconocimiento etnoterritorial niegan a la expresión religiosa el carácter distintivo de un colectivo.

Por tanto, cabe concluir que la religión es un elemento distintivo de la identidad grupal, pues su ejercicio es, en el caso católico, de celebración colectiva. Es importante, en este punto, que los sacerdotes, presbíteros, obispos y el resto de la jerarquía eclesiástica, ya no celebran sus actos en latín, pero sí lo hacen en español de forma mayoritaria en todas las regiones, incluidas las nacionalistas, precisamente para asegurar que todos entienden el mensaje.

El otro elemento que tanto Kymlicka, como Requejo o Fossas reclaman para la identificación de un determinado colectivo que denominan nacional, es la lengua. Éste es el argumento que considero más estéril de todos, no porque la lengua no sea un elemento identificador de un pueblo, que lo es y es el principal, sino que no son las lenguas regionales ni las más utilizadas habitualmente ni son consideradas como lengua materna, vehicular o de uso común por la mayoría de las poblaciones en las que existe el reconocimiento de una lengua cooficial: Cataluña, Vasconia, Baleares, Galicia, parcialmente en Navarra y Comunidad Valenciana
En concreto, Requejo considera la política lingüística un elemento esencial en el proceso de “nation building” y que éstas no se llevan a cabo con el fin de promover una homogeneización cultural, sino para consolidar la identidad nacional, y establece como ejemplo de coexistencia de lenguas a Cataluña y Escocia, cita como divisiones culturales los casos de Vasconia y Gales, y sitúa en un estadio intermedio a Quebec . El concepto abstracto de identidad nacional aparece de consuno, para estos autores, como la justificación de las políticas identitarias, no solo lingüísticas.

Observo que en Cataluña, Vasconia , Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y Navarra, todas ellas tiene reconocida la cooficialidad de las lenguas, lo que ocurre es que la lengua más utilizada, la lengua vehicular, es el español que, siguiendo las consideraciones de Jon Juaristi me permito denominar idioma español, por ser en toda España donde se habla, y en algunas de ellas seguramente la segunda lengua más hablada y cada vez con más diferencia, y por razones obvias más pragmáticas que románticas, es el inglés. Por tanto, es por la vía de la imposición por parte de los Gobiernos regionalistas nacionalistas excluyentes desde donde se exige el uso de la lengua cooficial aún a costa de prohibir, directamente de prohibir, el uso del español, en una pretendida y necesitada discriminación positiva a favor de la lengua propia, como principal impulsora y protectora de la cultura minoritaria.

Por tanto, no parece que la lengua propia no sea más que un activo cultural objeto de especial promoción y protección, pero no es una reivindicación ni necesaria ni obligatoria pues la mayoría de la población, aunque la conoce ni mucho menos la usa, por lo que se podría llegar a la conclusión de que esta reivindicación se está construyendo, donde no la había, a partir de la imposición institucional y gubernativa, y por tanto de limitación de derechos otorgados y consolidados constitucionalmente.

ESPAÑA ¿ Pluralismo lingüístico, religioso y económico?

El Reino de España ocupa la mayor parte de la península Ibérica, incluye las Islas Baleares, las Islas Canarias, y las ciudades de Ceuta y Melilla al norte de África. Su población actual es de aproximadamente 47.150.819 habitantes de derecho (CIS, 2010), de los que el 85% (casi cuarenta y un millones) son nacidos en España. De ellos, aproximadamente el 25% tienen una lengua materna diferente del español. Cataluña, Vasconia, Galicia, Baleares y la Comunidad Valenciana poseen una lengua cooficial a la lengua española . Navarra es un caso distinguido y único, pues dispone de lengua cooficial sólo en parte de su territorio, lo que ya pasa por el localismo más trepidante. En términos globales, la población catalana habla en cada uno de los dos idiomas en una proporción de 35.5% en catalán y 46% en español . En el caso de Vasconia, la relación es de un 17% para el uso principal del euskera y un 76% para el uso principal del español . En el caso de Galicia la relación es de 60% para el gallego y 40% para el español . En Baleares, el uso es de un 30% para el catalán y un 50% para el español . Y, por último, en el caso de la Comunidad Valenciana, los usos lingüísticos se dividen en 35% para el valenciano y un 65% para el español . De forma genérica podemos tomar como punto de acercamiento global que el 25% de los españoles hablan habitualmente en la lengua cooficial y el 75% lo hace en español . También es significativo que, según los datos consultados, el 95,5% de la población de estas CCAA conoce el español y el 70% conoce su lengua cooficial, lo que contrasta con los deseos de su uso. (Datos procedentes de las diferentes Agencias de Estadística de las Comunidades Autónomas) Con respecto a la religión, la mayoría de españoles se declaran pertenecer a la tradición católica el 73,4%, a otras religiones el 1,7%, y no creyentes o ateos el 22,6% . A excepción de las ciudades de Ceuta y Melilla en las que los musulmanes representan el 30% de la población, la religión católica se desarrolla mayoritaria y uniformemente en todas las CCAA. La Constitución consagra la libertad de credo y el Estado ha firmado acuerdos de cooperación con católicos, musulmanes, judíos y protestantes, si bien explicita acuerdos con la Santa Sede, debido al hecho de que la gran mayoría de la población española dice sentirse católica. En términos económicos, las diferencias entre CCAA no son grandes, por lo que la economía no representa un cleavage diferenciador de la población española. La Renta Per Cápita varía desde los 16.579 euros en Extremadura a los 30.662 de Vasconia. La media española se sitúa en los 22.946 euros . Ello supone que los casos más alejados suponen una relación 2:1. (Datos INE) Desde el punto de vista jurídico institucional, España se encuentra bajo el amparo de la Constitución sancionada y ratificada en 1978. Se estructura bajo un estado unitario con altas dosis de descentralización política que afecta a todo su conjunto, y que guarda reminiscencias del modelo regional italiano. El modelo político español no debe ser confundido con un sistema federal, aunque muchos son los autores que lo declaran como cuasi federal, pero lo cierto es que el pluralismo político se acepta tácitamente, pues hasta la CE no declara un modelo explícito de distribución territorial. Por ello, resulta necesario exponer los argumentos que unos y otros declaran a favor de la consideración de estado unitario compuesto o de estado federal. Estos son los datos, sin embargo las élites nacionalistas abogan por lo que autodenominan "inmersión lingüística", y que bien podríamos llamar simple y llanamente "obligación lingüística". De forma y manera que los españoles que desean expresarse en el idioma de todos se ven perseguidos y maltratados desde las instituciones, y con evidentes problemas para que sus hijos puedan estudiar en el idioma que sus padres desean. Es una clara conculcación del artículo 3 de nuestra Constitución, pero no parece que eso importe a nadie, y menos ahora que nos encontramos en periodo preelectoral, cuando ya el candidato del PSOE, que sabe que Barcelona dio la última victoria a este partido, incluso defiende el modelo lingüístico de los nacionalistas, lo que da idea de lo timorato que este partido puede llegar a ser en su defensa de España y de los españoles, y lo mezquino que se presenta con tal de llegar al poder. Son malos tiempos para España, y no solo en lo económico. Mayor Oreja ya lo advertía hace años: nos encontramos ante una profunda crisis, pero de valores.

ESPAÑA, NACIÓN HISTÓRICA

España es el país sobre el que más se ha discutido sobre su propio ser histórico, muchas veces desde el extremismo y con no mucha lucidez, y casi siempre desde el pesimismo. Esta autocrítica severa se ha agudizado en el último siglo como consecuencia de la proliferación de los nacionalismos excluyentes, lo que ha llevado consigo, como consecuencia principal, la resistencia a la adaptación de las estructuras del Estado a los nuevos tiempos.

Para el profesor Luis González, el revisionismo histórico realizado desde estas regiones ha traído como consecuencia que “… cada doctrina nacionalista y cada historiografía nacionalista ha aportado su propio espejo deformante, fabricado a base de sus particulares emociones.” Para el autor la historia de cada pueblo de occidente tiene sus propias particularidades y que, España no es más original que otros pueblos, pues ni sus rasgos esenciales ni los de sus regiones pueden entenderse fuera de la luz de la Historia general del Occidente europeo. El pecado que las visiones nacionalistas cometen es el de caer en la tentación narcisista de situar el universo de su estudio en unas coordenadas espacio-temporales hechas a la medida.

El desarrollo de España, como nación histórica, pasa por tres hitos secuenciales históricos: el primero es el de la consolidación en la España medieval de reinos separados con estructuras políticas diferentes, aunque no opuestas, pues se desarrollan insertas en las coordenadas que marca la época.

El segundo hito debemos situarlo en los siglos XVI y XVII debido al conservadurismo practicado por los Austrias que provoca la anormal permanencia de modelos heredados del Medievo, lo que provocó que en las puertas del XVIII los modos políticos, jurídicos y sociales fueran más arcaicos en unas regiones que en otras, lo que ha dado pábulo a doctrinas mitificadoras y equívocas sobre los motivos de tales diferencias, con lo peligroso que el resulta para la Historia los mitos políticos.

El tercer hito lo constituye el retraso en la entrada del espíritu liberal en el XIX, que retrasó la construcción del Estado contemporáneo y vertebrar la “nación española”, al ejemplo de Francia, también de raíces milenarias y cuya existencia nadie pone en duda. El liberalismo español, cicatero y amedrentado, permitió la persistencia de arcaísmos propios del Antiguo Régimen, con la disculpa de encontrar la pacificación entre absolutistas y liberales, lo que no fue exclusivo de España, pero que en el resto de países se resolvía con nuevas oleadas revolucionarias (1830- 1848), mientras que en España se resolvía a través de concesiones al pasado. Ello sigue pesando en la actualidad.

Esta indeseable cohabitación de modelos facilitó el desarrollo de la mitología romántica nacionalista acerca de las Españas, que engendraron y alimentaron a los regionalismos conservadores, con una muy peculiar visión de su historia local, o de cada reino medieval, si se prefiere.
El problema en sí de la deformación de la imagen colectiva de España no viene de los problemas históricos pasados por España sino en la interpretación que los nacionalismos hacen de esos problemas. Como afirma García de Cortázar, los nacionalismos imponen un designio colectivo que entra en conflicto con el derecho de la persona a elegir su propio proyecto de vida, de ahí que el nacionalismo vasco, en el caso estudiado por Cortázar, se configure como un memorial de agravios contra España .

En 1996, el político nacionalista Durán i Lleida afirmaba que “ni por lengua, ni por cultura, ni por historia podemos hablar de España como una nación”, mientras exigía aceptar la plurinacionalidad del Estado para adaptarlo a la realidad del siglo XXI. Se recuperaba la vieja idea barroca de la “nación de naciones”: Cataluña es una nación, pero España no. España es “una cosa” formidable y muy importante . Para el Presidente Ardanza, “aquí no se pueden resolver las cosas hasta que no se supere la idea de nación española”. Son ejemplos de la negación histórica, de la exclusión manifiesta, pues Cataluña es nación, pero no lo es Canarias, ni lo es Asturias: los son Galicia, Vasconia y Cataluña.

La necesaria reforma constitucional

Que la Constitución Española debe ser reformada no es un deseo, más al contrario parece una necesidad, tanto democrática como institucional. Desde un punto de vista democrático, la actual Constitución Española fue votada y ratificada en condiciones muy precarias de cultura política en la España de 1978, y cabe destacar que la mayoría del censo político de la España actual no votó esa Constitución. También institucionalmente se reuiere de revisión: el papel del senado, El Ejecutivo, la Corona, los Tribunales Constitucional y Supremo. Casi todas las instituciones más importantes del Estado requieren de profunda revisión y actualización.

España cada vez cede más soberanía, bien sea a niveles regionales bien a niveles supranacionales. Lo hace debido a sus obligaciones internacionales en el segundo caso, pero desde luego no en el primer caso.

En 1978 no existían las Comunidades Autónomas, ni existía internet, ni los fenómenos derivados de la globalización. España no era un país receptor de inmigrantes, y no tenía conciencia democrática.

En sus inicios era una democracia atípica en cuanto que, la mayoría de la población adulta de aquellos últimos años setenta del siglo anterior, había vivido siempre privada de libertades civiles y políticas. Los españoles desconocían la competencia política, el pluralismo de partidos e ideologías, no sabían lo que significaban los derechos individuales ni para qué podía servir una Constitución, limitados estos conceptos a élites intelectuales, políticas y académicas. En esa situación tan precaria desde el punto de vista de la cultura política, las élites dirigentes del momento que, aún habiéndose desarrollado con la Dictadura, anhelaban la Democracia, fue extraordinariamente coherente en los principios que pretendía establecer.

De forma generosa y casi temeraria depositaron su confianza en el pueblo español- un pueblo homogéneo en lo cultural y uniforme en lo religioso, con escasos focos de reacción a lo legalmente impuesto, con una tasa de analfabetismo del 25% entre los mayores de dieciséis años , con muy poca experiencia en cuanto a la tenencia de un pensamiento crítico en términos políticos y neófita en términos democráticos, que debía ratificar toda una Constitución que, por un lado, garantizaba un completo catálogo de derechos individuales, civiles y políticos, ofrecía la posibilidad de pecar religiosamente, con el reconocimiento del derecho al divorcio y la libertad de credo, y establecía una Monarquía como forma de Estado: una Monarquía parlamentaria; y le otorgaba al pueblo la fuente legítima de soberanía, al estilo del resto de democracias europeas occidentales. Todo ello era, más o menos comprensible.
Pero, además, esa Constitución, que este pueblo falto de preparación y experiencia políticas debía ratificar, establecía una forma de organización territorial del Estado, y en ella se introduce el concepto de autonomías, que nadie sabía lo que eran o significaban ya que no existían ni habían existido, y se hablaba de nacionalidades, que tampoco se sabía muy bien qué podían suponer para una convivencia pacífica en la mayor parte de España, y que en el acerbo español se identificaba con las regiones existentes.

Por último y no menos importante, los españoles tenían un miedo compartido: que se volviera a anteriores periodos de confrontación y lucha fratricida. Esta Constitución avalaba una convivencia pacífica y eran ellos, los españoles sin distinción, quienes iban a votar, lo que fue suficiente para que mayoritariamente se echaran a la calle a refrendar aquel texto que muy pocos leyeron y que, prácticamente nadie lo acertaba a entender en su totalidad.

El pueblo, ya soberano, desconocía el sistema de pactos que permitió que todas las formaciones políticas, embriones de los actuales partidos políticos, se sintieran cómodas votando sí o, al menos permitir con su abstención que el Texto Constitucional saliera adelante en el trámite parlamentario constituyente . Tampoco los constituyentes eran conscientes de lo que el desarrollo y evolución del sistema político daría de sí al abrigo de esta Constitución y está fuera de toda duda, científica y moral, el sentido de Estado de aquellos políticos que, con más generosidad que ambición, dieron una oportunidad a una nueva versión de España, que en menos de ochenta años había vivido dos Dictaduras, una República, una Monarquía cuasi absolutista y, por último, una Monarquía parlamentaria.

Sí, ya parece llegado el momento de reformar un texto garantista y ya casi acabado, donde los Tribunales interpretan el Texto con tal libertad que muchas veces nos recuerdan quiénes y por qué los pusieron ahí. Estamos en el siglo XXI, la era de la comunicación global, el momento de los movimientos sociales apegados a la tecnología y la economía, los dos grandes ignorados por nuestros políticos, incapaces de relacionarse en otro idioma que el suyo propio y con una aversión a los momentos de cambio que estamos sufriendo que les provoca pánico e inmovilismo. Es momento de cambiar, pero de hacerlo de verdad, sin miedo, sosegadamente y con la participación de todos, y desde luego no para hacerlo a finales de agosto y por un Presidente que ya no preside.

De vuelta

Queridos blogueros

Largo ha sido el periodo de inactividad de este blog, y de justicia es que explique el motivo: una dolencia de espalda. Me ha traído por la calle de la amargura, pero, como todo en la vida: ni bien ni mal, cien años dura. No es que me encuentre recuperado, porque la dolencia es crónica, pero al menos, puedo escribir estas líneas.

Y, ya de vuelta, creo oportuno hacer un repaso a la situación política y social de España, que no es muy halagüeña. En los últimos años nos hemos convertido en los tristes protagonistas de una de las mayores crisis sociales, económicas y políticas de los últimos cien años. Insisto en que es la más grave y profunda porque, a diferencia de las anteriores, esta sociedad nuestra es más rica en lo material y más débil en lo moral, al contrario de lo que ocurrió aproximadamente hace cien años.

Nos encontramos con una sociedad acostumbrada a "lo bueno", que en typical spanish significa "ganar más haciendo menos", una sociedad acrítica consigo misma, con poca capacidad de adaptación y con mucha tendencia a la subvención. En el otro extremo, unos poderes públicos liderados por políticos de medio pelo, salvo honrosas excepciones, en los que prima más la captación del voto a través del clientelismo político que de la gestión responsable. Y en medio del desaguisado, los que manejan los hilos económicos del païs: empresarios y sindicatos.

Entremos algo más en detalle: Las Administraciones Públicas (AAPP) se encuentran en una situación financiera tan desastrosa que les resulta difícil cumplir con sus propias atribuciones y responsabilidades. A nivel central, muchas de las competencias han tenido que ser cubiertas por las CCAA, diputaciones, cabildos y ayuntamientos, bien sea en materia de seguridad, con la creación de las policías autonómicas, o en materia de servicios sociales, como las ayudas a mayores que viven solos o mujeres y niños maltratados o medioambiente por poner algunos ejemplos. En el caso de las CCAA, junto con los ayuntamientos, han entrado en una deriva de gasto público para cumplir con la estúpida regla de " en mi comunidad o ayuntamiento, más", lo que ha provocado una espiral de servicios prestados desde las Administraciones, que bien deberían estar cubiertas por la iniciativa privada, que en multitud de ocasiones debe quedar fuera porque no es posible competir con la Administración en régimen de igualdad, y cuando se pretende invertir la cuota de mercado ni siquiera lo permite, habida cuenta que las Administraciones son dueñas del suelo. Así, vemos cómo los empresarios no pueden competir en materias tan dispares como el deporte, con esos fabulosos polideportivos municipales que irán quedando desfasados, o la televisión, con esas magníficas tecnologías audiovisuales, que en poco tiempo se privatizarán, la cultura o la prestación de servicios. El resultado, no puede ser más explícito: deuda, deuda y expulsión de la iniciativa privada en multitud de mercados locales y regionales. Todo perfecto cuando la rueda avanza, pero es que la rueda está parada, y nos preguntamos ¿quién asumen esto ahora?
Asistimos a una sesión de desinversiones públicas de mucho impacto en el servicio público, y el criterio de desinversión no suele ser el cumplimiento de las competencias aribuidas, sino a quéllas que menos impacto electoral tenga. Así, se desinvierte, por ejemplo a nivel local, en asfaltado de viales antes que en festejos. En el caso de la sanidad, aumentarán las listas de espera, en materia de RRHH, se amortizarán las plazas laborales y los funcionarios se recolacarán en tareas que, en el mejor de los casos, intentarán desarrollar competentemente, en otros por desgracia... ¡Que Dios nos coja confesados!

En el otro extremo, una sociedad que traga con ruedas de molino, a la espera de que el temporal escampe, pero manteniendo una actitud pasiva ante el cambio. Y el cambio sólo desde la propia sociedad se puede producir. El problema subyacente es si esta sociedad tiene los reaños para hacerlo. Los jóvenes más avispados tienden a mirar fuera de España, los otros, intentarán vivir de sus mayores el mayor tiempo posible. Los mayores, reacios a la formación continua, descartan la recolocación sobretodo la geográfica, y los más mayores, asisten perplejos a una crisis que, en otros tiempos, si les pillara con algunas décadas menos... A todo esto, la población inmigrante, mucho más acostumbrada a este tipo de situaciones, se amolda con mayor facilidad, lo que se debería convertir en un acicate para el resto. Caso aparte merecen los inmigrantes ilegales que nadie parece dispuesto a echar, porque siguen detrayendo recursos del sistema, sin apenas aporte, pues el dinero sigue saliendo, no pagan impuestos y siguen disfrutando de sanidad, educación, justicia, ...

Y nos faltan los cuerpos intermedios: sindicatos, patronales, banqueros,... Todos ellos han demostrado su capacidad de gestión: EREs, bancos rescatados, sindicatos comprados, vamos, el acabose.

Sí, la imagen actual no invita más que a la reflexión serena, y la acción. Este toro lo debe coger cada unos de nosotros, nosotros debemos torear esta situación, sin esperar de nuestros políticos actuales más que pongan otra piedra en el camino. Formación, recolocación laboral y geográfica, austeridad y perocupación por el trabajo bien hecho. España debe salir adelante sin rescates externos ni subvenciones, porque las herramientas están, las posibilidades existen, a pesar de nuestros polìticos y nuestras instituciones, a pesar de los grandes empresarios multimillonarios preocupados por pactar un buen expediente de regulación comprado a los sindicatos, con mecanismos de control y justicia al servicio del poder político, con un ICO al servicio de la deuda pública. No, no podemos esperar nada más que de nosotros mismos, y los que antes se enteren de ello, más posibilidades de éxito y satisfacción obtendrán.