España se define como una Monarquía Parlamentaria, por la que la soberanía nacional se ejerce en las Cortes por representantes elegidos por los ciudadanos, que son los poseedores de dicha soberanía. Esta declaración teórica, influida por las tesis rousseaunianas, de sufragio universal, y de ensalzamiento del ideal democrático, tiene en la práctica una implementación que casa muy poco con esos ideales.
Me centraré en los derechos pasivos, es decir en la posibilidad de ser elegido, y dejaré para otro momento los activos, el derecho a elegir. Como sabemos, nuestro calendario electoral consta de cinco comicios (Ayuntamientos, Asambleas de CCAA, Congreso, Senado y Parlamento europeo), y cada elección es diferente, pero el sistema de selección de los candidatos es similar: son las élites de los partidos los que deciden, no se sabe muy bien por qué, quiénes son los candidatos a cada comicio.
Existe un debate suscitado en la sociedad acerca de si las listas de candidatos deben ser abiertas o cerradas, lo que también dejaré para más adelante, pero en todas las listas se cumple el mismo patrón: los líderes del partido se autoproclaman candidatos a cada tipo de elecciones.
Como bien apuntan, entre otros, Manin o Held, el sistema representativo ha ido evolucionando desde el parlamentarismo, caracterizado por la selección de notables por parte de un cuerpo electoral muy restringido, hacia una sistema de democracia de partidos, como consecuencia del aumento del sufragio, a una democracia de audiencia, por la que los partidos se convierten en meros gestores de los recursos de los líderes políticos que son los que acaparan el interés de los ciudadanos a través de los medios de comunicación masivos. Este sistema está generalizado en todas las democracias modernas, el problema es que en España, este sistema ha derivado hacia la oligocracia: solo unos pocos tienen posibilidades reales de ejercer sus derechos políticos pasivos.
El asunto no es baladí. Si hacemos una comparación con lo que ocurre en el mercado de trabajo, las empresas tienen desarrolladas técnicas muy eficaces en la detección del talento, y sus esfuerzos se encaminan, sobre todo, al mantenimiento de ese talento en sus organizaciones. En los partidos políticos esto no ocurre. Nadie se encarga de detectar el talento y todos los que ya están dentro tienen muy pocas necesidades de buscarlo, porque ello supone una amenaza a sus propias posiciones de privilegio.
La representación práctica de la democracia se basa, según la CE, en los partidos políticos y los sindicatos, a los que se exigen procedimientos democráticos en el seno de sus decisiones, y ello se traduce en unos simulacros de elecciones en los diferentes Congresos de selección de las élites de los partidos y sindicatos, que se convierten en líderes totalitrios que toman todas las decisiones del partido, nombran la mayortía de los cargos del mismo, fijan la estrategia del partido y hasta deciden en un momento dado si deteminados principios ideológicos deben ser puestos en práctica o no, en función de sus intereses personales.
Este sistema es aplicable a todos los sindicatos y partidos políticos, y la causa es tan sencilla y antigua como el Mundo: el que ya está no se quiere ir. El ansia de poder y notoriedad social hace que entre ellos se refuercen para seguir ocupando sus respectivos sillones, lo revisten de un esperpento de elecciones y se presentan ante la sociedad como líderes elegidos democráticamente por sus afiliados.
La consecuencia es la esperada: los líderes políticos ni son las personas que tienen unas características diferenciales que les hacen acreedores de esa denominación de líder, ni despiertan el más mínimo interés y respeto por parte de la sociedad a la que pretenden representar y ésta contesta a través de una creciente desafección hacia la clase política, ampliamente repudiada, pero todo eso da igual: ellos ya están donde querían.
Y desde luego existen soluciones. Las más sencillas pasan por eliminar las barreras de entrada para que los afiliados puedan presentar sus proyectos políticos en el seno de sus agrupaciones locales, regionales y nacionales, como ocurre ahora con los famosos avales, o la designación de los candidatos principales por parte de todos los afiliados a través de un sistema básico de primarias, o el establecimiento de estructuras permanantes de selección de líderes, al estilo de un departamento de RRHH dentro de los partidos políticos, pero para éstas u otras soluciones es necesario voluntad y generosidad y esto no abunda, más bien escasea entre los lídeeres políticos, más preocupados por su imagen personal que por el servicio al que se supone se deben.
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