No hace falta ser politólogo ni ser especialmente versado ni leído para darse cuenta de que, en los últimos años, en España, la clase política se acerca a un precipicio de incalculables dimensiones a cuenta del uso torticero de las instituciones del Estado, para fines políticos, que ponen en peligro la consagración del artículo 1.1 de nuestra Constitución, ése que define a España como un Estado social y democrático de Derecho.
Por mor de la aplicación de una ley electoral que no se adecúa a la realidad actual de España (asunto que podré tratar en otra entrada de este blog), los distintos presidentes del Gobierno han tenido que pactar y negociar concesiones a partidos minoritarios, en la mayoría de los casos con intereses y objetivos frontalmente contrarios al interés general español, que hipotecan el futuro y perjudican seriamente la convivencia pacífica de los españoles.
Este comportamiento ha sido constante desde el inicio mismo del actual periodo constitucional, desde Adolfo Suárez hasta el actual Pedro Sánchez, sin embargo, nunca antes estas concesiones habían puesto tanto en peligro el normal funcionamiento de las instituciones del Estado, que garantiza que España sea, efectivamente, un Estado de Derecho.
Por definir brevemente el concepto de Estado de Derecho, diremos que sus instituciones y órganos están sujetos al imperio de la Ley, es decir, el ejercicio del poder, propio del Estado, queda, pues limitado, por lo que la Ley estipule, de forma que todas las instituciones del Estado, desde la Corona a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Ejecutivos, Cortes, Asambleas y Parlamentos, Corporaciones locales y provinciales, Jueces y Fiscales, todos deben acatar y cumplir la Ley, y este precepto está consagrado constitucionalmente.
Sin embargo, hecha la Ley, hecha la trampa, como se dice coloquialmente. El tratamiento diferencial entre Comunidades Autónomas, el ejercicio del poder arbitrario, la dejación de funciones, son ejemplos de que el Estado de Derecho está en peligro.
¿Recibiría Cataluña la financiación que ha obtenido durante los últimos dos años si los votos de los partidos catalanistas no fueran imprescindibles para que Sánchez siga en el poder, a costa de perjudicar la financiación de otras CCAA generando más desigualdad entre las regiones?¿Es acertado que decenas de policías tengan que ser juzgados por cumplir con su deber durante el intento de golpe de Estado del 1de Octubre en Cataluña?¿Debemos asumir que se institucionalice el juicio al pensamiento de alguien porque sea contrario a la moralina imperante?¿Se cumplió la Ley, por parte del Ministerio del Interior, durante el asalto a las vallas de Ceuta y Melilla permitiendo que miles de extranjeros ilegales campen a sus anchas por ciudades españolas poniendo en peligro la convivencia de los ciudadanos legalmente establecidos? ¿Se debe permitir que la Ley de banderas y símbolos nacionales se vea permanentemente conculcada sin que el Ejecutivo obre en consecuencia para no molestar a sus socios de Gobierno?¿Es lícito que desde las Cortes se pueda promulgar una Ley en la que se despenalicen los insultos y las injurias a una persona en concreto, en este caso, el Jefe del Estado? ¿Es moral una Ley, como la "ley trans" que lapida el papel de los padres en un asunto tan trascendental como la salud física y mental de un hijo o hija que con catorce años decide, sin más requisito que desearlo, cambiar de sexo sin que ni sus padres tengan conocimiento siquiera? ¿Quién firma el consentimiento legal previo a una operación quirúrgica de un menor y asume los riesgos de dicha operación? ¿Se responsabilizará de los daños psicológicos posteriores la ministra de Igualdad cuando algunos menores de edad se arrepientan de esa decisión, como ya ha ocurrido en repetidas ocasiones en otros países como Suecia, alegando falta de madurez, depresión, falta de información, etc? ¿Se asegura la libertad de conciencia de un médico al que se le obligue a practicar una eutanasia? ( la nueva Ley asegura en todo caso que quien sea susceptible de morir asistidamente pueda hacerlo, y obliga al médico objetor a desistir con anterioridad y por escrito... ¿Y si todos los médicos desisten?)
La sociedad española lo que está sintiendo es que el cumplimiento de la Ley es subjetivo: si los poderes públicos se pueden saltar las normas a la torera y, según quien seas y de qué colectivo o partidos vengas, puedes hacer de tu capa un sayo, pues cada cual a su antojo: se permiten botellones multitudinarios incumpliéndose múltiples normas jurídicas, sin que los poderes públicos pongan coto a ese ejercicio de egoísmo colectivo, se permiten manifestaciones sin el preceptivo permiso atentando contra la integridad de los miembros de la policía (manifestaciones de la izquierda radical en Plaza de España en Madrid), se permiten contramanifestaciones en las que los manifestantes que legalmente han solicitado permiso para ejercer su derecho de reunión y manifestación sean cohibidos y atacados por contra manifestantes que no pidieron el preceptivo permiso (mitin de Vox), sin consecuencias para los atacantes. Hemos asistido, durante meses, a una suspensión de derechos fundamentales ilegal, a través de la declaración de un Estado de alarma inconstitucional, sin que se produzca ni el menor atisbo de arrepentimiento o disculpa, hemos visto cómo una Ministra de Igualdad, públicamente ha obviado la presunción de inocencia de hombres, por ser hombres, que, a su criterio, son culpables de violencia contra las mujeres antes de ser juzgados (e.g. Antonio David Flores), se está perpetrando el mayor de los delitos de Estado de tiempos recientes: la eliminación de la figura parental de la educación de los menores, que deben aprender lo que el Gobierno estima correcto, etc., etc., etc.
Son muchos los ejemplos en estos últimos meses en los que la degradación institucional y el ejercicio arbitrario del poder está llegando a cotas que no se veían desde los tiempos de Fernando VII o la Segunda República, que fue la antesala de lo que todos sabemos que pasó...Ya ha llovido desde entonces y parece que no aprendimos nada (claro, como la Historia de España se reescribe al antojo del Gobierno).
España necesita volver a la normalidad institucional: el Ejecutivo debe cumplir y hacer cumplir la Ley siempre y en todo caso y debe velar por el igual trato de españoles y regiones ante la Ley; los Jueces deben juzgar a todos por igual, tengan el pedigrí que tengan, los Fiscales deben velar por los intereses judiciales del Estado y no del Gobierno, que no es lo mismo, salvo en las dictaduras; los cuerpos y fuerzas de seguridad deben poder emplear su poder de disuasión acorde a la Ley, sin miedo a las represalias desde el propio Gobierno. En conclusión, preservando el Estado de Derecho, los españoles, poco a poco, irán recordando que es el cumplimiento de la Ley lo que garantiza la vida pacífica de los ciudadanos, la igualdad efectiva, la seguridad jurídica y la libertad individual y colectiva.
